EDITORIALES: El TC se burla de todos al cerrar los ojos a la realidad

El TC se burla de todos al cerrar los ojos a la realidad

EL BORRADOR de sentencia que maneja el Tribunal Constitucional y que será hecho público dentro de unos días convalida la legislación en materia de lengua y educación de la Generalitat. Es una vergüenza, una abdicación en toda regla.

Vale la pena analizar lo que dice la ponencia votada por seis magistrados a favor y cuatro en contra porque tras un canto a las excelencias del bilingüismo y una defensa entusiasta del castellano como lengua oficial se esconde una absoluta dejación de responsabilidades del Constitucional, que finge que las normas del derecho operan en un mundo ficticio y no en una realidad concreta.

Esto vale especialmente para la interpretación conforme del artículo 35 del Estatuto, que señala que «todas las personas tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán» como «lengua normal vehicular». Luego se afirma en el mismo artículo que «los alumnos tienen derecho a no ser separados en centros ni en grupos de clase distintos por razón de su lengua habitual». Si la lengua vehicular es el catalán y los alumnos no pueden ser separados, entonces es imposible estudiar en castellano.

Poniéndose una venda en los ojos, el Constitucional señala que «no puede entenderse que el silencio del Estatuto» sobre el castellano como lengua vehicular «obedezca a un propósito deliberado de exclusión». A continuación, subraya que «el precepto se limita a señalar el deber de utilizar el catalán como lengua vehicular pero no la única, sin impedir por tanto -no podría hacerlo- igual utilización del castellano».

Lo cierto es que, según establece la recién aprobada Ley de Educación, la lengua vehicular de la enseñanza es el catalán, con exclusión manifiesta del español, que queda como una lengua marginal. Dicen los magistrados del Constitucional -al igual que lo hizo el Supremo en su día- que la Generalitat «no podría» excluir al español, pero esto es lo que está sucediendo. Hay cientos de escuelas en Cataluña donde se enseña en catalán y ni una sola en castellano, lo cual resulta bastante difícil de explicar teniendo en cuenta que la mitad de la población declara que el español es su idioma natal.

Lo coherente con su doctrina es que el Alto Tribunal hubiera declarado inconstitucional el artículo 35 en su totalidad, que debería haber sido redactado de forma que se dijera que Cataluña tiene dos lenguas vehiculares para la enseñanza. Pero no ha sido así porque esos seis magistrados han escondido la cabeza como el avestruz: no se puede defender una cosa y cerrar los ojos a que ocurra la contraria, como hace el Constitucional.

La misma filosofía se palpa en las interpretaciones de los artículos 6, 32, 33, 34 y 35, referentes a los derechos y deberes lingüísticos. El Alto Tribunal llega a decir que «sería inconstitucional y nula la pretensión de imponer un deber de conocimiento del catalán equivalente al que se desprende del deber constitucional de conocimiento del castellano», pero luego convalida que los funcionarios tengan que hablar catalán y que éste sea «la lengua de uso normal» en las Administraciones, sugiriendo, por tanto, que el uso del castellano es anormal.

Es evidente que la redacción de la mayoría de los artículos referentes a la educación y la lengua es tramposa y leguleya y que han sido escritos en una deliberada ambigüedad que permite la imposición del catalán y la exclusión del castellano sin decirlo abiertamente. El Constitucional se convierte en cómplice de Montilla y los nacionalistas al aceptar su lógica, fingiendo que los hechos son lo de menos y que las leyes pueden ser interpretadas en el vacío. Zenón de Elea también demostró mediante un famoso sofisma que el movimiento no existe, pero la realidad nos indica todos los días lo contrario.

Deudores presidentes y viajes gratis a Perú

Dos episodios del mangoneo de las cajas

LAS CAJAS DE AHORRO han sido y siguen siendo el escenadio donde los partidos mangonean a su gusto, sin que el acuerdo entre Zapatero y Rajoy permita divisar un final de esta escandalosa ocupación partidista. La actualidad nos dejó ayer dos episodios -nada anecdóticos- que ilustran la situación. Por una parte, el promotor inmobiliario Santos Llamas, presidente de Caja España se postula -con el respaldo del PSOE y la UGT- para dirigir la fusión entre esta entidad y Caja Duero. El Banco de España y la Junta se oponen porque, aunque parezca mentira, Llamas tiene una deuda con estas cajas de 80 millones de euros. De Castilla y León a Castilla-La Mancha, el PP denunció ayer que el presidente socialista, José María Barreda, y su mujer viajaron a Perú con los gastos pagados por la caja que posteriormente quebró. Les acompañaron el máximo responsable de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó y otros directivos de la entidad. Al margen del escándalo que supone que Hernández Moltó no haya pagado por una gestión desastrosa, Barreda debe dar explicaciones de un asunto que resulta muy comprometedor.

El PSOE ya ha recibido la invitación formal

¿Acudirá Zapatero a Rodiezmo con la UGT?

A PESAR DEL giro que ha dado Zapatero a su política económica y de las críticas de los sindicatos, la UGT le ha hecho llegar la invitación para participar en la fiesta minera de Rodiezmo (León), donde el presidente suele abrir el curso político. El sindicato que lidera Cándido Méndez quiere respetar así la tradición, como si no le hubiera convocado una huelga general, prevista para unos 20 días después de la fiesta del sindicato minero astur-leonés. Aunque Zapatero aún no ha decidido si acudirá o no a esta cita, su presencia en Rodiezmo sería, desde luego, todo un espectáculo. Si bien hay datos para pensar que el enfrentamiento con los sindicatos tiene mucho de escenificación. La reforma laboral que prometió «sustancial» fue rebajada por presiones de UGT, mientras que los sindicatos no quieren hacer daño al Gobierno con la huelga general, sino cubrir el expediente.

Casi el 93% de los contratos fueron temporales

Baja el paro pero se mantiene la precariedad

EL PARO se redujo en 83.834 personas en junio, la mejor cifra en este mes desde 1997. El desempleo ha bajado ya durante tres meses consecutivos, y el número de parados cae por debajo de los cuatro millones por primera vez desde diciembre. Sin embargo, estos buenos datos no camuflan los defectos del modelo económico ni las penurias del mercado laboral. Las principales causas de la creación de empleo han sido factores coyunturales como el consumo anticipado a la subida del IVA y la estacionalidad -sólo en siete de los últimos 60 años creció el paro en junio-. Pero el dato más preocupante es el incremento de la temporalidad: casi el 93% de los contratos firmados en junio eran eventuales, precisamente la modalidad que la reforma laboral quiere reducir. Además, un tercio de las escasas contrataciones indefinidas corresponden a trabajos a tiempo parcial. El panorama, por tanto, es todavía inquietante, especialmente para los jóvenes: el colectivo sin empleo anterior es, junto con el sector agrario, el único donde el desempleo ha seguido aumentando en junio.

El Mundo en dos minutos
Las 'advertencias' de Mas a Zapatero

DELINCUENCIAS ZP, EL INCONSTITUCIONAL ESTATUT: CiU amenaza con tumbar a Zapatero/ Aznar culpa a Zapatero de haber llevado a España «al borde de una p

DANIEL G. SASTRE / Barcelona

CiU amenaza con tumbar a Zapatero

Mas le recomienda que «mida muy bien sus palabras porque la vida es muy larga»

El espíritu de la CiU de Jordi Pujol de mediados de los 90, la que decidía gobiernos en Madrid, planeó ayer sobre la rueda de prensa de su sucesor en la formación nacionalista. Artur Mas amenazó al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, con dejarle caer en el Congreso si persiste en dar por cerrada la ampliación del proceso autonómico tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto.

Mas se refirió al plan de ajuste para reducir el déficit que se votó el pasado 26 de mayo en la Cámara Baja. El Gobierno de Zapatero pendió de un hilo hasta que el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, anunció desde la tribuna la abstención de los 10 diputados de su grupo. El decreto salió adelante por sólo un voto de diferencia y CiU lleva presumiendo desde entonces de su «responsabilidad», de haber dado oxígeno a la economía española.

Pero la satisfacción del presidente ante la sentencia ha provocado que CiU tenga ahora ganas de recordarle su soledad en el Congreso. Al PSOE cada vez le cuesta más encontrar apoyos para sacar adelante las votaciones, y Artur Mas le dijo a Zapatero que, quizás, los nacionalistas no serán tan benevolentes la próxima vez.

«Zapatero debería ser prudente. Hace un mes la continuidad de su Gobierno dependía de CiU en el Congreso. Tiene que ser cauteloso: que no tiente al riesgo y mida muy bien sus palabras porque la vida es muy larga, y Zapatero tiene muchas necesidades, como mínimo durante unos meses», dijo Mas.

La amenaza está clara. Sin embargo, el líder de CiU insistió en que su grupo no apoyaría una hipotética moción de censura del PP. Los próximos Presupuestos Generales del Estado son otro cantar.

Mas también dijo que, si Zapatero considera que la sentencia del TC «pone fin» al desarrollo del proceso autonómico, el presidente «ha dejado de ser un interlocutor válido» para la federación nacionalista. Según él, la actitud de Zapatero «es frívola y tiene un punto de cinismo».

Convencido de que la mayor parte de los recortes al Estatuto «no son recuperables» mediante leyes y que «el daño ya está hecho», Mas interpreta que el presidente «se alinea» con el PP para convertir la Constitución de 1978 en «un corsé cerrado y rígido» en el que los nacionalistas no se sienten cómodos. Contra la lectura que se hace en el PSOE, Mas considera que la sentencia «afecta a los órganos vitales del Estatuto, como el concepto de nación, la lengua, las competencias y la financiación».

El líder de CiU también pidió al presidente catalán, José Montilla, que «ponga orden» dentro del PSC, e hizo referencia a la renuncia de la ministra de Defensa, Carme Chacón, a acudir a la manifestación del 10 de julio en defensa del Estatuto: «No puede ser que en el PSC haya estas contradicciones flagrantes, no ayuda a la posición de Cataluña».

C. R. DE GANUZA / Navacerrada ( Madrid)

Aznar ve salvados los 'mínimos' del Estado autonómico

Culpa a Zapatero de haber llevado a España «al borde de una profunda sima»

Se esperaba que José María Aznar echara ayer los pies por alto y, a cuatro días de la sentencia del Estatut, sentenciara a su vez la definitiva ruptura de España. Sin embargo, nada más lejos, el ex presidente del Gobierno declaró salvado por la mínima el Estado autonómico, pese a haber quedado, eso sí, en el puro hueso. Aún más, hizo una pública llamada a realimentar al convaleciente, mediante la «reconstrucción del consenso constitucional».

Las duras críticas que dedicó al PSOE y a Rodríguez Zapatero como los «responsables» de «habernos llevado al borde de una profunda sima jurídica y política» y «al límite de un Estado constitucionalmente fallido» sólo para «mantenerse en el Gobierno», sirvieron para reconocer al Aznar de siempre. Pero ningún titular ocultó la sorpresa en el PP por el positivo mensaje de su trágico oráculo.

«La sentencia del Tribunal Constitucional», afirmó en Navacerrada (Madrid), durante la apertura del campus de verano de Faes, en presencia del presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, «plantea a mi juicio eso que el Consejo de Estado, en su informe de febrero de 2006, llamaba 'la superación de la apertura del modelo autonómico'. En otras palabras, plantea los límites del Estado autonómico, sus umbrales mínimos, más allá de los cuales no sólo no hay Estado autonómico, sino que, sencillamente,no hay Estado».

Claro que el ex presidente mantuvo vivo su recelo al advertir que «muchos expertos juristas lamentan que se haya utilizado en exceso la técnica interpretativa» que, entre otras cosas, acarreará «conflictividad jurídica».

Pero fue especialmente significativo que aplicara el tiempo pasado para afirmar que el Estatut «era» -antes de la sentencia- «una pretensión antijurídica de modificar la Constitución por la puerta de atrás».

Pese a enfatizar la «extraordinaria gravedad del problema» que suponía que «un tribunal se vea en la tesitura de votar sobre el sujeto de la soberanía o sobre la existencia o no de una nación», Aznar se congratuló por el trabajo del Alto Tribunal. «Por fortuna, y como no podía ser de otro modo», dijo, «el Tribunal Constitucional ha rechazado la idea de que la Constitución expresa el deseo de la nación española de poner fin a su propia existencia».

Con sus palabras, Aznar construía el primer discurso político del PP sobre el desenlace de un asunto por el que llegó a movilizar a decenas de miles de españoles, hace no más de tres años. Y es que Rajoy había impuesto el silencio, por estrategia electoral catalana, después de limitarse a decir que la sentencia había «mejorado» el Estatut.

No obstante, el presidente de Faes puso buen cuidado en dos cosas: primero, en no comprometer el horizonte de pactos entre PP y CiU, claramente pretendido por su sucesor en la presidencia del partido. Lo hizo al afirmar que «los responsables no están, en este caso, en la formación mayoritaria del nacionalismo catalán, que no pujaba en su programa por un nuevo Estatuto». «Ha sido un lío, es un lío, pero un lío de socialistas», subrayó.

Además, se dirigió a los propios «catalanes, nacionalistas o no», para alertarles de que «lo quebrado» no es «ningún proceso de construcción nacional, sino una obra más bien chapucera de albañilería política».

Segundo, Aznar pasó página como Rajoy, a su manera, con un exhorto: «Debemos dar por concluida esta irresponsable deriva de inestabilidad y deterioro institucional. Hay que recuperar los grandes consensos constitucionales».

Barcelona

Corbacho obediente a lo que le manden (No sabe si irá a la protesta contra el 'Estatut')

El ministro de Trabajo, el socialista Celestino Corbacho, condicionó ayer su presencia en la manifestación del próximo 10 de julio en defensa del Estatut a su disponibilidad y a lo que decida la dirección de su propio partido, el PSC.

Sin descartar ni confirmar su presencia en la manifestación de Barcelona, Corbacho se mostró más cauteloso que su compañera de partido y ministra de Defensa, Carme Chacón, que este miércoles se declaró satisfecha con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut y adelantó que no iría a la marcha de protesta.

Antes de pronunciar una conferencia sobre la reforma laboral en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el ministro fue preguntado sobre si piensa acompañar al presidente de la Generalitat, José Montilla, en la manifestación que promueve.

«Es muy complicado siempre saber qué es lo que hará un ministro de aquí a siete días. Por lo tanto, tendremos que esperar a ver cómo evoluciona la agenda en los próximos días», dijo Corbacho, para evitar dar por segura su presencia o ausencia en la marcha, informa Efe.

Además de su disponibilidad para ese día, su asistencia a la manifestación dependerá de lo que decida el PSC en sus «reuniones internas» de la semana que viene.

«Deberemos esperar a ver lo que deciden los órganos de dirección del partido, si piden que todos los miembros de la dirección estén presentes o no», apuntó Corbacho, que pidió que la marcha del 10 de julio, en todo caso, sea «serena y tranquila».

Corbacho, por otra parte, dijo estar «totalmente de acuerdo con lo que ha planteado el presidente de la Generalitat» tras el fallo del TC, al salir en «defensa del Estatut» y al mismo tiempo «acatar» la sentencia aunque el PSC no la comparta.

DELINCUENCIAS ZP, EL INCONSTITUCIONAL ESTATUT: El borrador de la sentencia dice que Cataluña no excluye el castellano como lengua vehicular

DANIEL G. SASTRE / Barcelona

El TC finge que en Cataluña se puede estudiar en español

Dice que «no puede entenderse que el silencio del Estatut» sobre el castellano como lengua vehicular «obedezca a un propósito deliberado de exclusión»

El Tribunal Constitucional (TC) permanece ajeno a la realidad de que el catalán es, desde hace años, la única lengua vehicular en la enseñanza no universitaria en Cataluña. Así se desprende al menos del borrador de sentencia del Estatuto que ayer publicó El Periódico.

El TC no anula el artículo 35.1 del texto, que dice que «todas las personas tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán» y que «el catalán se debe utilizar normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y en la no universitaria». Pero el tribunal no lo tumba porque interpreta que, aunque es «cierto» que se «omite en su literalidad toda referencia al castellano, no puede entenderse que su silencio [...] obedezca a un propósito deliberado de exclusión».

Según esta versión del texto, que explica qué interpretación debe darse a 27 de los artículos del Estatuto recurridos para que sean constitucionales, nada impide «una igual utilización del castellano» como lengua vehicular. Sin embargo, la realidad es que toda la legislación en la materia, incluyendo la Ley de Educación de Cataluña, excluye al español como lengua de enseñanza.Sigue en página 6Editorial en página 3

El texto publicado ayer establece que los artículos 35.1 y 35.2 -que habla del «derecho a recibir la enseñanza en catalán en la enseñanza no universitaria»- del Estatuto de Cataluña, recurridos por el Partido Popular, son constitucionales siempre que se interpreten siguiendo la doctrina del TC.

Esa doctrina se basa en una premisa: «Nada impide que el Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular».

Se trata de una base aparentemente errónea. Para comprobarlo, basta acudir al debate parlamentario de la Ley de Educación de Cataluña (LEC), en el que los diputados del tripartito se vanagloriaban de haber «consagrado la inmersión lingüística en catalán», el sistema de uso prácticamente exclusivo en Cataluña desde 1983, cuando se aprobó la Ley de Normalización Lingüística.

Pese a todo, el borrador de la presidenta del TC, María Emilia Casas -que ayer sólo admitió que lo publicado es «un texto que parece corresponderse con una versión inicial de la ponencia» que ella redactó- descarta «desde un principio toda pretensión de exclusividad de una de las lenguas oficiales en materia de enseñanza». Sin embargo, el aprendizaje del castellano en Cataluña queda reducido a las dos horas de clase de Lengua Española, las únicas que se ofrecen en ese idioma.

El propio texto de Casas cita una de las sentencias en las que el TC, en 1994, avala el sistema lingüístico de enseñanza en Cataluña. «Corresponde a los poderes públicos competentes, en atención a los objetivos de la normalización lingüística en Cataluña y a los propios objetivos de la educación, organizar la enseñanza que ha de recibirse en una y otra lengua en relación con las distintas áreas de conocimiento obligatorio en los diferentes niveles educativos para alcanzar un resultado proporcionado con estas finalidades», dice el texto de 1994. La única concesión de las leyes educativas catalanas con el castellano es el compromiso de que, al terminar la enseñanza obligatoria, los alumnos serán competentes tanto en castellano como en catalán.

Sin embargo, el tiempo que ocupa una y otra lengua en el aula es muy diferente, en base al criterio de la Generalitat de que mientras el castellano es un idioma con tanta presencia social que apenas necesita a la escuela, el catalán precisa del mimo constante de la Administración para asegurar su conocimiento.

El borrador del TC sostiene, sin embargo, que «no cabe pretender legítimamente que la enseñanza se imparta única y exclusivamente en una de las dos lenguas cooficiales, por oponerse a ello el mandato constitucional implícito a los poderes públicos, central y autonómico, de fomentar el conocimiento y garantizar el mutuo respeto y la protección de ambas lenguas oficiales en Cataluña».

Y así, de espaldas a la realidad lingüística en las escuelas públicas, continúa diciendo que «ambas lenguas han de ser, no sólo objeto de enseñanza, sino también medio de comunicación en el conjunto del proceso educativo» y que «es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares».

El último párrafo de la argumentación de Casas es el que explica en base a qué doctrina se salvan los dos primeros puntos del artículo 35 del Estatuto. El borrador admite que el punto 35.1 -que establece que «todas las personas tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán, de acuerdo con lo que establece este Estatuto», y que «el catalán se debe utilizar normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y en la no universitaria»- omite «en su literalidad toda referencia al castellano como lengua docente».

Sin embargo, a juicio del TC -siempre según el borrador de El Periódico-, «no puede entenderse» que haya «un propósito deliberado de excluir» al castellano, porque «el precepto estatutario se limita a señalar el deber de utilizar el catalán normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje [...], pero no como la única, sin impedir por tanto -no podría hacerlo- igual utilización del castellano».

En consecuencia, sostiene la sentencia, «el artículo 35.1 no es inconstitucional interpretado en el sentido de que con la mención del catalán no se priva al castellano de la condición de lengua vehicular y de aprendizaje». Sin embargo, hace muchos años que la Generalitat lo interpreta, precisamente, de ese modo. «El sólo reconocimiento de un derecho a recibir la enseñanza en catalán no puede interpretarse como expresivo de una inadmisible voluntad legislativa de excepción, de suerte que la interpretación constitucionalmente admisible es la que conduce a la existencia de ese derecho a la enseñanza en castellano», concluye el texto.

J. M. / Madrid

«La Constitución no conoce otra que la Nación española»

El TC acepta que la solidaridad no puede perjudicar a «las comunidades ricas»

El borrador de sentencia que publicó ayer el diario El Periódico concreta los fundamentos jurídicos en los que el Tribunal Constitucional sostiene su aval a la mayor parte del Estatut. La sentencia se expresaría, según ese texto, en términos ciertamente laxos. Incluso cuando es más contundente evita herir sensibilidades, como cuando rechaza la eficacia interpretativa del término nación o las limitaciones al principio de solidaridad. En este último punto, acepta el argumento de que «las comunidades ricas» no pueden salir perjudicadas en la financiación por haber contribuido más.

LA 'NACIÓN' CATALANA

Una «polisemia» no puede confundir sobre la unidad de España

El Tribunal Constitucional, según el borrador que publicó ayer el diario El Periódico, acepta las referencias que se hacen en el Preámbulo del Estatut a la «realidad nacional de Cataluña» y a la definición de esa comunidad autónoma como «nación», como expresiones de un concepto cultural, histórico, lingüístico, sociológico o religioso, pero no jurídico: «En ese específico sentido, la Constitución no conoce otra que la Nación española».

La sentencia aclara la interpretación que debe hacerse de esos términos para evitar que la norma induzca al «equívoco» o a una «indebida confusión» sobre la unidad de España o que, «al amparo de una polisemia», puedan referirse a un sujeto distinto del pueblo español.

En el análisis acerca de la legalidad del artículo 8º del Estatuto (los símbolos nacionales de Cataluña), el Tribunal entra de lleno en el término nación. «La Constitución no conoce otra que la Nación española, con cuya mención arranca su Preámbulo, que dice fundamentarse en su indisoluble unidad y con la que se cualifica expresamente a la soberanía que, ejercida por el pueblo español como su único titular reconocido, se ha manifestado como voluntad constituyente en los preceptos positivos de la Constitución española».

La sentencia admite que, en un Estado democrático, «cabe la defensa de concepciones ideológicas que, basadas en un determinado entendimiento de la realidad social, cultural y política, pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad nacional». Incluso, afirman, sería legitima la pretensión de transformar ese concepto en una realidad jurídica, pero siempre mediante «la oportuna e inexcusable» reforma de la Constitución.

«En tanto, sin embargo, ello no ocurra, las normas del ordenamiento no pueden desconocer ni inducir al equívoco en punto a la 'indisoluble unidad de la Nación española', establece el Tribunal.

Su razonamiento concluye que «ha de quedar, pues, desprovista de alcance jurídico interpretativo la referida mención del Preámbulo a la realidad nacional de Cataluña y a la declaración del Parlamento de Cataluña sobre la nación catalana, sin perjuicio de que, en cualquier contexto que no sea el jurídico-constitucional, la autorrepresentación de una colectividad como una realidad nacional en sentido ideológico, histórico o cultural tenga plena cabida en el ordenamiento democrático como expresión de una idea perfectamente legítima».

FINANCIACIÓN Y COMPETENCIAS

El Estatut no puede imponer el esfuerzo fiscal a otras regiones

El Estatuto condicionaba la aportación de Cataluña a la nivelación de los servicios públicos y a la solidaridad con el resto de autonomías a que éstas «lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar». Ese inciso del artículo 206.3 es nulo, al vulnerar los principios de coordinación con la Hacienda estatal y el de autonomía financiera de las comunidades.

«La determinación de cuál sea el esfuerzo fiscal que hayan de realizar las comunidades autónomas es cuestión que sólo corresponde regular al propio Estado, tras las actuaciones correspondientes en el seno del sistema multilateral de cooperación y coordinación constitucionalmente previsto. Se trata, en suma, de una cuestión que, en ningún caso, puede imponer el Estatuto a las demás comunidades autónomas», razona la sentencia.

Para convalidar el artículo 206.5 -«el Estado garantizará que la aplicación de los mecanismo de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación»-, el Tribunal realiza una interpretación en sentido negativo del principio de solidaridad: las comunidades ricas tampoco pueden ser perjudicadas si contribuyen más, precisamente una de las justificaciones del nacionalismo catalán para el nuevo sistema de financiación que favorece a Cataluña.

La resolución argumenta: «Adecuación y justicia [los términos que utiliza la Constitución para definir el principio de solidaridad entre regiones] que no pueden redundar para las más ricas en mayor perjuicio que el inherente a toda contribución solidaria para con las menos prósperas en orden a una aproximación progresiva entre todas ellas». Y rechaza que pueda producirse «peor condición relativa de quien contribuye respecto de quien se beneficia de una contribución que dejaría entonces de ser solidaria y servir al fin del equilibrio para propiciar, en cambio, un desequilibrio de orden distinto al que se pretende corregir».

La sentencia convalida el basilar artículo 110 del Estatuto, que excluye la potestad legislativa del Estado en el ámbito de las «competencias exclusivas de la Generalitat». La interpretación conforme matiza que esa previsión sólo es «aplicable a supuestos de competencia plena de la comunidad autónoma y en cuanto que no impiden el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado».

Asimismo, impone una exégesis de los artículos que definen el principio de bilateralidad Generalitat-Estado que excluya «la referencia a una dualidad imposible entre el Estado español y la comunidad autónoma de Cataluña o la no menos inviable participación strictu sensu de la Generalitat en el ejercicio de competencias ajenas». Es decir: la Comisión Bilateral no puede tener una «función distinta de la de cooperación voluntaria en el ámbito de competencia de ambos gobiernos, que son indisponibles».

EL PODER JUDICIAL

El 'Govern' podría participar en la designación de miembros del TC

La sentencia convalida también la disposición contenida en el artículo 95.2, cuando dice que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña «la última instancia jurisdiccional de todos los procesos iniciados en Cataluña, así como de todos los recursos que se tramiten en su ámbito territorial, sea cual fuere el derecho invocado como aplicable, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial [LOPJ] y sin perjuicio de la competencia reservada al Tribunal Supremo para la unificación de doctrina».

Para una mayoría de seis magistrados, ese texto no contradice el artículo 123 de la Constitución, que establece que el Supremo es el órgano jurisdiccional «superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales». El Estatut, según la sentencia, no contrae «la competencia de ese Tribunal [el Supremo] al conocimiento de un determinado recurso jurisdiccional, pues es evidente que sólo la LOPJ es la norma constitucionalmente habilitada para la determinación de los procesos y recursos que son de la competencia de todos los órganos judiciales». Después, delimita la función del Supremo en la «reducción a unidad del ejercicio de la jurisdicción» por el conjunto de los juzgados y tribunales de España.

La resolución abre la puerta a que pueda regularse mediante ley orgánica la participación de la Generalitat en la designación de magistrados del Constitucional o de vocales del CGPJ, ya que acepta que esa disposición del Estatuto (artículo 180) puede ser interpretada como un «propósito de colaboración».

LAS CONSULTAS

Los ayuntamientos podrán 'recabar la opinión'

La sentencia también convalida que la Generalitat se arrogue «la competencia exclusiva» para determinar el régimen para la convocatoria de «cualquier instrumento de consulta popular» (artículo 122), y que los entes locales los organicen. Los magistrados argumentan que «caben consultas populares no referendarias mediante las cuales se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público». Es decir, que se excluye expresamente «el referéndum en su integridad», en su sentido de obtención del «parecer del cuerpo electoral, expresivo de la voluntad del pueblo, conformado y exteriorizado a través de un procedimiento electoral». Ahora bien: la convocatoria del referéndum para reformar el Estatuto (artículos 222 y 223) sí podrá hacerla el Govern en lugar del Rey.

XIANA SICCARDI / Barcelona

Millet quería el Príncipe de Asturias

Envió a Montilla la lista del jurado y remitió cartas para ganar el premio para el Palau

Los intentos de Fèlix Millet por saltarse las normas e influir en las capas más altas de la sociedad no tenían límite. Los centenares de documentos guardados en el disco duro de las secretarias del Palau de la Música así lo demuestran. Una de sus obsesiones era ganar el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Lo intentó varios años. Pero dio un paso más allá al remitir varias cartas a importantes personalidades empresariales y políticas en las que no sólo reclamaba su adhesión a la candidatura del Palau, sino que también les adjuntaba la lista del jurado de aquellos años, 2007 y 2008, solicitando que le ayudasen «haciendo gestiones» para obtener el premio.

Éste es el caso, por ejemplo, de una carta que había en el ordenador de su secretaria, de fecha 12 de febrero de 2007, firmada por Fèlix Millet y dirigida al presidente de la Generalitat, José Montilla; y otra del 13 de mayo de 2008 al alcalde de Barcelona, Jordi Hereu.

En el caso de Montilla, le explica que «serán los presidentes de instituciones barcelonesas quienes presentarán esta candidatura, y está previsto que se haga público el nombre del ganador durante el mes de mayo de 2008». Justo después, añade: «Con estas líneas te hago llegar el listado de patronos catalanes de la Fundación Príncipe de Asturias y de patronos de esta fundación que, no siendo catalanes, tienen una vinculación especial con el Palau de la Música y, de una forma muy especial, la composición del jurado, que ha sido fija estos tres últimos años, en la categoría de las Artes».

«Te agradecería si te fuera posible», continúa, «que pudieras hacer una gestión con los patronos a los que tú puedas llegar y, muy especialmente, con los miembros del jurado, dando apoyo a la candidatura del Palau». La carta con destino a Hereu es similar. Le pide «alguna gestión de apoyo» y, nuevamente, le envía «la relación de componentes del jurado de esta edición». Finalmente, se despide diciendo: «Te agradezco de antemano todo lo que puedas hacer al respecto».

Pero los intentos de Millet no quedaron ahí. Según las bases de estos premios, nadie puede promover una candidatura de sí mismo o de la institución que representa. En el mismo ordenador se encontraron cartas tipo de adhesión a la candidatura del Palau, incluso ya encabezadas a nombre del director de la Fundación Príncipe de Asturias, Graciano García, que se fueron remitiendo a muchos de los patronos.

En un documento del 3 de mayo de 2006, aparece, por ejemplo, junto al nombre del presidente de Telefónica, César Alierta, que «han recibido la documentación, pero todavía no han podido verla. Nos llamarán». Bajo el nombre del presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, dice: «No nos pueden decir nada». El Palau nunca consiguió el Premio.

LUIS GARRIDO / Barcelona

El nuevo partido de Laporta luchará por la Generalitat

Asegura que la independencia será la principal prioridad de la nueva formación

Joan Laporta ha tenido que esperar a terminar su mandato como presidente del Fútbol Club Barcelona para crear su nuevo partido político, Democràcia Catalana, y anunciarlo oficialmente. Y aunque aún no ha confirmado si se presentará a las autonómicas previstas para octubre como cabeza de lista, sí aseguró ayer que la nueva formación concurrirá en los próximos comicios.

«Con la ayuda y el apoyo de muchas personas he constituido un partido político que muy pronto presentaré, un partido catalán, democrático, humanista, progresista, defensor de los derechos humanos individuales y colectivos», afirmó Laporta a través de su página web. El ex presidente del Barça no ocultó su intención de impregnar de tintes independentistas su nueva aventura política y afirmó que, «en pleno siglo XXI y dentro de una sola Europa», no encuentra «ninguna razón para que Cataluña no pueda ser un Estado más dentro de la Unión».

Según Laporta, «la fórmula para la mejora individual y colectiva existe: administrar el cien por cien de los recursos y tener voz propia en Europa y en el mundo». Reiteró que «para conseguirlo es necesario que Cataluña sea un Estado». Asimismo, el nuevo político independentista opina que las propuestas lanzadas hasta ahora por el «Estado Español», a pesar de ser «democráticas y legítimas», «han fallado reiteradamente». Por eso, se inclina hacia el autogobierno como la punta de lanza de su nueva formación política.

Laporta podría tomar la decisión, no obstante, de ir de la mano con la formación independentista Reagrupament, que lidera el ex consejero Joan Carretero, escindido de ERC. Precisamente, la plena sintonía que existe entre ambos podría facilitar que se dividiesen los papeles: el antiguo dirigente culé se presentaría por Barcelona con su nueva formación, mientras Carretero lo haría por Gerona.

Laporta ya ha dejado claro en otras ocasiones que, si se presenta, hará de la independencia su caballo de batalla. Además, lo haría para ser candidato a la presidencia de la Generalitat -aunque podría formar una candidatura conjunta-, motivo por el que nunca se entendió con ERC y CiU.

SALVADOR SOSTRES

Después del Barça, Cataluña

El ya ex presidente del F. C. Barcelona, Joan Laporta, anunció ayer en su blog personal (Laporta2010.cat) que da definitivamente el paso a la política y que va a presentarse a las próximas elecciones catalanas que, salvo sorpresa, se celebrarán el mes de octubre. Laporta tiene ya registrado el partido Democràcia Catalana y sus argumentos electorales serán la independencia de Cataluña y la regeneración de la economía con un programa claramente liberal, inspirado en las tesis y los preceptos del economista Xavier Sala-Martín, profesor de la universidad americana de Columbia, íntimo amigo de Laporta y ex tesorero del Barça.

Los precedentes más relevantes de un presidente de club de fútbol que pasara a dedicarse a la política son dos: Jesús Gil, que después de ser presidente del Atlético de Madrid, y a través del partido GIL, logró ser alcalde Marbella con holgadas mayorías; y también, Silvio Berlusconi que, a pesar de que en España tenemos la costumbre de reírnos de él, es el hombre más rico de Italia y siempre que se presenta a unas elecciones las gana. Por cierto, no es que presida el A.C. Milan, es que es suyo. Luego la gente se escandaliza, pero un tío al que le van tan estupendamente las cosas es normal que, si tiene Villa Certosa, la llene de champán y putas.

Laporta no tiene tanto dinero como Berlusconi y su ambición de presentarse al Parlamento de Cataluña es más complicada que ganar las elecciones de un pueblo. Los independentistas son menos de los que parecen: se movilizan con eficacia, son jóvenes, conocen los manejos de las redes sociales y tienen una capacidad para hacer ruido y parecer legión que luego no se corresponde con los votos que obtienen. El voto en Cataluña suele ser altamente conservador, y a pesar de que ERC es el único partido que se presenta a las elecciones con la independencia en su programa, el partido que más votos recibe del independentismo y que más militantes independentistas tiene es Convergència.

Por otro lado está el descontento con el Estado, la crisis económica y un sentimiento que ahí está y crece, sobre todo entre los votantes más jóvenes, que es claramente independentista y tiene prisa. Mucha prisa. Quieren la independencia y la quieren mañana. Además, la desafección política causada por el monolitismo de los partidos políticos convencionales hace que cada vez sean más los que busquen fórmulas nuevas para participar en la política. ERC ha perdido toda credibilidad después de haberse cavado la tumba con dos tripartitos impresentables.

Así las cosas, Laporta puede recoger este descontento si sabe articular el mismo discurso carismático y hasta visionario que le llevó a la presidencia del Barça, si sabe correr los riesgos oportunos en la campaña y si le salen bien las piruetas, como tan bien le salieron mientras fue presidente deportivo. Aparte del voto más catalanista, Laporta puede tener también éxito en las barriadas del extrarradio y en los suburbios, por su simpatía y por su popularidad, por su manera clara y simple de hablar.

En ERC han recibido la noticia con espanto por la cantidad de votos que calculan que se irán. En Convergència hacen ver que no le dan ninguna importancia, pero luego los hechos demuestran lo contrario. El último día de su presidencia, TV3 tenía previsto emitir en prime time un reportaje sobre lo que habían significado siete años de laportismo en el Barça. La directora de TV3, Mònica Terribas, le explicó al autor del reportaje, Xavi Torres, que había recibido presiones de Convergència para emitir el reportaje fuera de prime time y en el Canal 33 (segundo canal autonómico). Terribas explicó que había sido amenazada, concretamente, con ser llevada ante una comisión parlamentaria si no obedecía. Con lo cobarde que es la mayoría de periodistas de Cataluña, sobre todo los de los medios públicos en épocas de elecciones, no hace falta decir que obedeció.

La semana que viene, probablemente el miércoles, Laporta dará una rueda de prensa para explicar su nuevo horizonte con más detalle. A ver si la dan por la tele.

EL ESTADO DE LA NACIÓN EN ORBYT / 3 / santiago gonzález

'La sentencia del TC ha sido la menos mala que cabía esperar'

El columnista de EL MUNDO ha estado respondiendo a las preguntas de los lectores de EL MUNDO en Orbyt en el marco de una serie de encuentros digitales organizados ante el decisivo Debate sobre el estado de la Nación

Desconozco si es fumador. ¿No cree hipócrita que el estado legisle contra el tabaco mientras ingresa enormes cantidades de dinero vía impuestos? / ANTONIO JIMÉNEZ

Soy fumador gregario. Sólo me dejo llevar por el efecto imitación en alguna cena. Dicho lo cual, estoy absolutamente de acuerdo con usted. Esta pasión por prohibir, que lleva al Gobierno a proscribir el tabaco en los establecimientos públicos, es incompatible moralmente con que Hacienda ingrese cuantiosas cantidades a cuenta de los fumadores. El asunto tiene precedentes. El emperador Vespasiano impuso un tributo a los urinarios públicos, que fueron llamados vespasianas. Al serle afeado por el Senado que obtuviera dinero de una actividad fisiológica, se hizo llevar el cofre de los impuestos y, llevándose un puñado a la nariz, dijo: «Non olet». Creo que es lo mismo que piensan los ministros de Hacienda. Y eso que el uso de los mingitorios es más saludable que el hábito de fumar.

¿Cómo está el ambiente en el País Vasco? ¿Se mantiene el sentido del cambio del Gobierno del PSE? ¿Cómo se toman las denuncias de Mayor sobre nuevas conversaciones? / JESÚS MÍNGUEZ

El ambiente está mucho más relajado de lo que yo haya conocido nunca. El terrorismo está en uno de sus momentos más bajos y el Gobierno vasco ha rescatado en buena medida el espacio público para la convivencia, desterrando las pintadas amenazantes y los retratos de los terroristas. Creo que la experiencia del Gobierno del cambio es en líneas generales muy positiva. Mi impresión es que el Gobierno se va a encontrar con dificultades que pueden desbordar los buenos oficios y la voluntad empeñada por el lehendakari y su socio, Basagoiti. Respecto a las denuncias de Mayor Oreja sobre la proximidad de negociaciones, se toman con cautela. Los socialistas las niegan sin alharacas y los populares vascos se hacen oportunamente los distraídos.

¿Qué papel tendrá la lucha antiterrorista y la izquierda 'abertzale' en el Debate sobre el estado de la Nación? / ANA PÉREZ

Un papel de trámite. La lucha antiterrorista no es en este momento motivo de enfrentamiento entre los dos principales partidos, aunque no han sido capaces de reconstruir el Pacto Antiterrorista, roto en la práctica. El presidente dará datos sobre las detenciones de dirigentes de la banda y las buenas expectativas y el jefe de la oposición las aceptará como buenas.

¿España podrá salir alguna vez de la crispación? / ÁNGEL LUIS

Los españoles no hemos vivido siempre en la crispación. La salida del franquismo, eso que se llamado el espíritu de la Transición, abrió paso a una época que va de 1977 a la segunda mitad de los 80 en la que no vivíamos crispados, ni recuerdo grandes motivos de enfrentamiento. Todo sería cuestión de un profundo examen de conciencia sobre los errores, que han sido muchos, y volver al diálogo entre los demócratas que tanto se invoca y tan poco se practica.

¿Podría valorar la sentencia del Constitucional? / ÁNGEL JIMÉNEZ

El Tribunal Constitucional (TC) ha hecho un papel manifiestamente mejorable en estos años. Sin embargo, llegados a este punto, la sentencia ha sido la menos mala que cabía esperar. Ha soslayado una posibilidad terrorífica, anunciada por María Emilia Casas: someterlo a votación artículo por artículo, con lo cual, en vez de este cachivache, tendríamos un engendro. A la espera de conocer todos los extremos de la decisión, creo que se han conjurado los peligros más obvios del texto estatutario. Para responderte con toda mi subjetividad, me lo esperaba peor.

EL MATONISMO DE LOS SINDICATOS SABOTEADORES DE ZAPATERO: ¿Está Zapatero sufragando la huelga política contra Aguirre con nuestros impuestos?

MANUEL SÁNCHEZ / Madrid

UGT invita a Zapatero a Rodiezmo 24 días antes del 29-S como si nada pasara

En la sede socialista de la calle de Ferraz en Madrid ya tienen la invitación del sindicato minero SOMA-FIA-UGT para que José Luis Rodríguez Zapatero acuda a la fiesta de Rodiezmo del próximo 5 de septiembre.

La paradoja de esta invitación es que Rodiezmo se celebrará sólo 24 días antes de la huelga general convocada también por UGT y que, además, Zapatero compartirá tribuna e intervención con el secretario general del sindicato, Cándido Méndez.Sigue en página 14

José Luis Rodríguez Zapatero siempre ha acudido a Rodiezmo para participar en la tradicional fiesta minera que el primer domingo de septiembre celebra, desde hace décadas, el sindicato minero SOMA-FIA-UGT.

Estuvo muchos años entre el público cuando sólo era un militante del PSOE. Luego, acudió como secretario general del PSOE leonés. Ya tenía derecho a estar en la tribuna, pero no al uso de la palabra.

En el año 2000, apenas mes y medio después de ser elegido secretario general del PSOE, acudió como orador estrella y cerraba el acto político.

Desde ese día, Zapatero convirtió Rodiezmo en su acto de apertura del curso político, en contraposición al que hacía José María Aznar en Quintanilla de Onésimo.

Cuando llegó a presidente del Gobierno -tras pronosticar en 2003 que volvería como jefe del Ejecutivo- el líder socialista no faltó a la cita. Y, además, dio otro plus a la fiesta minera. Era el sitio y el lugar donde -lo hizo durante seis años seguidos- se anunciaba una subida, muy por encima de la media, de las pensiones más bajas. Era el sitio para encontrarse con los trabajadores, los pensionistas, los mineros. Era el sitio para cantar La Internacional -siempre termina así el acto- y levantar el puño sin complejos.

Hasta ahora, nadie tenía dudas de que si el primer domingo de septiembre alguien se daba una vuelta por la campa leonesa se encontraría con toda seguridad con Zapatero... ¡pero han cambiado tanto las cosas en meses!

El sindicato minero, de momento, ha cumplido. Aunque Leire Pajín dijo el pasado lunes que desconocía si había llegado la invitación, ésta ya estaba en Ferraz a nombre del secretario general del PSOE.

Pero lo que no confirmó Pajín ni, a día de hoy, aclara nadie en Ferraz, es si Zapatero estará este año. La respuesta oficial es que debe decidirlo él.

Y es que ya no es sólo por no poder anunciar una subida de las pensiones más bajas para el próximo año -sólo podrá justificar que éstas mantendrán el poder adquisitivo-, sino por el morbo que supondría compartir escenario y micrófono con el secretario general de la UGT, Cándido Méndez, que sólo 24 días después de Rodiezmo -este año se celebra el 5 de septiembre- tiene convocada una huelga general por las políticas de ajuste y de recorte de su amigo Zapatero.

¿Alguien puede imaginarse a Méndez arengando a los mineros a ir a la huelga con Zapatero a tres metros de distancia? ¿Méndez puede permitirse no acudir -siempre ha ido- o hacer un discurso diplomático? ¿Qué puede contestar después Zapatero y qué respuesta de la gente recibiría?

Todas estas preguntas ya se están formulando en Ferraz para valorar su asistencia, aunque todos son conscientes de que la decisión final será del propio líder del PSOE.

Lo que más preocupa, precisamente, es que el sitio emblemático de Zapatero pueda convertirse en un acto hostil contra el líder socialista. «No podemos arriesgarnos a que haya un abucheo», afirmó un miembro de la dirección socialista, proclive a que no acuda.

No obstante, los que mejor conocen a Zapatero no tienen duda de que, le digan lo que le digan sus asesores, el líder del PSOE irá a dar la cara. Le gustan estos retos y no le asusta lo más mínimo cruzar discursos con Cándido Méndez, o con el veterano sindicalista minero José Ángel Fernández Villa. Ni siquiera con Alfonso Guerra, que tampoco ha faltado nunca a la fiesta minera.

NOA DE LA TORRE / Valencia

El Gobierno valenciano 'mete mano' a los liberados sindicales

Educación se ahorrará 2,6 millones al suprimir 54 puestos

El Gobierno valenciano decidió ayer una medida que pone en riesgo la paz social que todavía se respira en la Comunidad Valenciana, pero que sintoniza con la tendencia actual a recortar gasto público a pesar de las protestas surgidas entre los sindicatos.

El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, está dispuesto a ahorrarse 2,6 millones de euros reduciendo el número de liberados sindicales. Es decir, los sindicalistas que cobran sueldo de docente a cargo de la Administración, pero que se dedican a tareas de representación de trabajadores.

Aunque las centrales interpretan la medida como un intento de «acallar su voz», desde Educación la justifican por «optimizar recursos». Una determinación que convierte a la Consejería en la primera que se atreve a adoptar un recorte de este estilo.

Así, se quieren suprimir 54 puestos para pasar en el sector educativo de 250 liberados sindicales a sólo 196, un 28,7% de los actuales.

Los técnicos de la Consejería han hecho números: cada liberado sindical cuesta de media a la Administración unos 48.500 euros anuales. La medida, en consecuencia, «se lleva a cabo en el marco de la situación actual que hace recomendable optimizar recursos, tanto de tipo económico como de personal», según fuentes de Educación.

Ahora bien, el departamento que dirige Font de Mora subrayó ayer que el recorte «se ajusta a lo establecido por el Estatuto básico del Empleado Público, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el acuerdo de 1991 de la Generalitat para promover la acción sindical».

Y así se lo hizo saber por fax el director general de Personal, David Barelles, a los seis sindicatos educativos con representación: STEPV, CCOO, ANPE, UGT, CSIF y USO. A todos se les remitió un escrito para informarles de que «en el procedimiento de concesión de permisos sindicales se observa que el número de funcionarios docentes propuestos no es coincidente con el número de permisos» que resulta de estas normas.

Una vez se aplique la ley, el STEPV pasará de 62 a 49 liberados; CCOO, de 40 a 31; ANPE, de 27 a 17; UGT, de 25 a 19; CSIF, de 24 a 16 y USO, de 10 a dos. La reducción se aplicará únicamente a los liberados del sector público, ya que los 62 de la concertada «no se pueden tocar porque están ajustados a la ley», según las mismas fuentes.

La pregunta entonces es: ¿cómo se ha llegado a esta situación de alegalidad?

«Ahora se aplicará la ley a rajatabla», afirmaron fuentes educativas. Si hasta ahora no se hacía era porque durante años se han asignado más liberados de los necesarios a las organizaciones que firmasen acuerdos con la Administración educativa. De ahí que, en proporción, los sindicatos profesionales sean ahora los más perjudicados.

La Generalitat descarta, por el momento, extender esta medida a otros departamentos de los servicios públicos. El Ejecutivo que preside Francisco Camps entiende que en Educación «sí era factible».

LUJOS, ENRIQUECIMIENTOS DESAFORADOS Y CORRUPCIONES DE LOS CASTELLANOS SOCIALISTAS

CRISTINA CABALLERO / Madrid

El PP denuncia que CCM pagó un viaje de lujo a Barreda a Perú

Los viajes de lujo con que Caja Castilla-La Mancha (CCM) premiaba a sus directivos tuvieron en 2002 un invitado de honor: el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda. Él y su esposa, Clementina Díez de Baldeón, se unieron a uno de los viajes que la caja organizó a Perú.Sigue en pág. 34

El viaje consistió en ocho días a Lima, Cuzco y los principales destinos turísticos del país latinoamericano, cuyos gastos (vuelo, desplazamientos, comidas y alojamiento) corrieron a cargo de la caja manchega, según denunció ayer el PP. En ese año, Barreda era vicepresidente de la Junta, siendo presidente José Bono. Sólo dos años después, José María Barreda accedió a la presidencia de la Comunidad.

Las fuentes consultadas aseguran que el gasto total del viaje pudo estar en unos 10.000 euros por pareja. Una portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha confirmó ayer a este diario que Barreda y su esposa viajaron a Perú con cargo a la caja, aunque aseguró que «eran viajes a los que también iban políticos del PP».

El viaje estaba, en principio, destinado al presidente de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó, quien también viajó junto a su esposa, y a los principales directivos de CCM para premiarles por la buena marcha en la gestión de la caja. Sin embargo, en esa ocasión, se unió Barreda, quien nunca ha tenido ningún cargo en la caja, lo que provocó extrañeza entre los directivos, según relatan fuentes internas de la caja manchega.

El tema se trató incluso en una comisión de control de la entidad, donde se planteó si podría existir alguna incompatibilidad o ilegalidad en el hecho de que el vicepresidente de la comunidad autónoma aceptara un viaje de una caja de ahorros. El PP llegó a pedir que se diferenciaran estos viajes corporativos de los destinados exclusivamente a políticos o empresarios ajenos a la gestión de CCM, pero la iniciativa nunca prosperó.

Según han relatado a EL MUNDO algunos directivos presentes en aquel viaje, fueron ocho días a todo lujo. Viajaron en avión y se instalaron en hoteles de cinco estrellas. Coches y autocares les recogían en el hotel por la mañana para trasladarles a los principales atractivos turísticos. Además, comieron y cenaron en los mejores restaurantes de las ciudades que visitaron. Todo con cargo a CCM. Una anécdota ilustra muy bien el nivel del regalo. Como en Perú no hay vinos, se encargaron cajas del mejor caldo al vecino Chile, que eran servidos especialmente en los restaurantes donde comían y cenaban Barreda y los directivos de CCM.

Sin embargo, este periódico ha podido confirmar que siempre se ha tratado de políticos con cargos directivos en la caja. Nunca un miembro del Gobierno regional había estado presente en este tipo de desplazamientos.

En las cajas de ahorros era habitual este tipo de incentivos para premiar a los directivos, aunque desde que comenzaron los problemas financieros el Banco de España dio orden de contener y eliminar estos gastos extra.

El PP ha pedido que se abra «de inmediato» una investigación para aclarar el asunto. La portavoz parlamentaria de los populares en la región, Ana Guarinos, ha asegurado que es «más necesaria que nunca la creación de una Comisión de Investigación».

El PP se pregunta cuáles son las razones de «tan generosa invitación», que podría considerarse como «un delito de cohecho tipificado en el Código Penal». La diputada del PP ha asegurado que Barreda «tiene mucho que explicar en las Cortes regionales», si este viaje fue «a cambio de algún tipo de actuaciones en la CCM o a cambio de no realizar alguna actuación».

Guarinos insistió en que Barreda tiene que explicar «por qué ha guardado silencio desde la intervención de CCM, por qué ha impedido comparecer a la viceconsejera de Economía, y ha rechazado la creación de una Comisión de Investigación».

C. M. / León

Un constructor endeudado quiere la caja de Castilla y León

El PSOE intenta que Llamas se quede con Caja Duero y España

Ni el Banco de España ni la Junta de Castilla y León ven con buenos ojos que el constructor Santos Llamas, actual presidente de Caja España, sea el presidente de la entidad que resulte de su fusión con Caja Duero. El empresario adeuda unos 80 millones a ambas entidades, refinanciados gracias a su posición en la caja, y es la propuesta que la entidad leonesa defenderá a partir del 9 de julio, cuando los consejos de ambas se fusionen.

Desde el Banco emisor, principal impulsor de una alianza de compleja génesis y que incluso motivó varias advertencias de intervención, se estima que Llamas no reúne el perfil que se busca con esta reordenación del ámbito financiero. Su condición de constructor y sus intereses personales con la caja no parecen el mejor aval de confianza para los mercados.

La Junta no oculta tampoco su oposición a la maniobra utilizada para la designación del aspirante a la presidencia de la gran caja de Castilla y León, y considera que es «una imposición de un órgano no competente», como ayer denunció el vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Economía, Tomás Villanueva, que calificó la decisión como «precipitada» y como «el peor camino» para la entidad de ahorro.

La candidatura, además, se aprobó en un clima de evidente división. Los votos del PSOE, UGT y el grupo leonesista, UPL, además del propio Santos, que se votó a sí mismo, en decisión unilateral proclamaron al empresario como candidato de la presidencia de la nueva entidad, en el último consejo celebrado el jueves. En contra se posicionaron PP, el sindicato Csica y la agrupación agraria Asaja que rechazaron la propuesta con siete votos en contra y una abstención.

Aunque en el pacto de Tordesillas, marco general de la fusión, Caja Duero acepta que Caja España proponga al presidente, a cambio de quedarse con la dirección ejecutiva, esta decisión debía debatirse en el consejo fusionado de 34 miembros, que se reúne por vez primera el día 9. En cambio los partidarios de Llamas han preferido imponerlo aprovechando su mayoría en el órgano de administración de Caja España. Un golpe de mano que casi es un anticipo de la jugada con la que se pretende invalidar las aspiraciones de otros posibles presidenciables.

El mismo consejo aprobó, además, que el director general, Ignacio Lagartos, se acogiera al generoso plan laboral de la fusión, lo que le permitirá recibir 1,3 millones, mientras el director adjunto, Javier Ajenjo, blinda su retribución salarial. Otros directivos también han sido ascendidos en cargo y sueldo en vísperas de la fusión, que provocará la salida de la entidad de más de 800 personas.

Aunque la propuesta de Santos Llamas a la presidencia de la nueva caja carece de efectividad, porque tiene que ser aprobada por el nuevo consejo de administración, derrocarla implicaría una inevitable guerra política. No hay que olvidar que Santos Llamas accedió a la presidencia de Caja España en 2006 tras la pugna que mantenían PP y PSOE para colocar a uno de los suyos en la cúpula de la entidad. La paridad de las fuerzas políticas en colisión propició que se abriera una tercera vía, avalada por la construcción leonesa, y se buscara a Santos Llamas como figura de consenso.

ANTONIO RUBIO / Madrid

De director del CNI a parado de lujo

Alberto Saiz, que dimitió en julio de 2009, espera que el Gobierno le dé un nuevo cargo

Alberto Saiz, el hombre que más sabía de toda España y quien tenía a sus órdenes a más de 3.100 espías, está en el paro desde hace un año. Ya nadie se acuerda de él, ha aprendido lo que significa el silencio del teléfono móvil y se dedica, en exclusiva, a pasear a su perrita.

Ésa es la actual situación del ex director del Centro Nacional de Inteligencia, después de que se viera forzado a presentar su dimisión tras las revelaciones de EL MUNDO, que informó de que había utilizado el CNI en «beneficio propio» y que se dedicó, entre otras cosas, a «cazar y pescar con dinero público» en países africanos.

Alberto Saiz fue obligado por el Ejecutivo a presentar su dimisión el 2 de julio de 2009, después de que fuera renovado en su cargo 77 días antes, el 16 de abril de ese mismo año. Su renovación se había producido con el apoyo de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y con la oposición de la ministra de Defensa, Carme Chacón, y en menor medida del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Finalmente, las investigaciones internas del CNI corroboraron la mayoría de las denuncias reveladas por este diario y tuvo que dimitir.

Tras la marcha de Alberto Saiz, la ministra de Defensa encargó al nuevo director, el general Sanz Roldán, un informe sobre su antecesor y la manera en que había utilizado tanto los fondos reservados como otras partidas del CNI. Ese informe, según ha podido saber EL MUNDO, en la actualidad permanece en la caja fuerte del director del Centro Nacional de Inteligencia y no hay intenciones de hacerlo público.

Alberto Saiz, de profesión ingeniero técnico de Montes y político de designación, recibió la promesa del Gobierno de que en unos meses sería recolocado dentro de la Administración, pero hasta el momento nadie le ha llamado ni se ha acercado hasta él para comunicarle cuál será su nuevo destino. Mientras tanto, el ex jefe de los espías «se dedica a pasear a la perrita y a esperar que el Gobierno cumpla su palabra» según ha reconocido uno de sus mejores amigos a EL MUNDO.

Este periódico comenzó a informar de las presuntas irregularidades que había llevado a cabo Alberto Saiz al frente del CNI en abril de 2009: «Acusan al director del CNI de cazar y pescar con dinero público». Después, en junio, EL MUNDO reveló que «Saiz usa medios del CNI para fines privados». En esa información algunos directivos de los servicios secretos aportaron datos y detalles sobre cómo Saiz se sirvió de técnicos del CNI para hacer arreglos en su residencia particular.

En el mes de junio también se supo que «Saiz coloca en el CNI a familiares y amigos». A todo esto, Alberto Saiz acababa de ser renovado por el Gobierno para un segundo mandato de cuatro años.

La guinda informativa se produjo el 14 de junio de 2009. EL MUNDO consiguió unas fotos de Saiz pescando en un catamarán, el Blue Albatros, en Senegal. Los servicios de inteligencia, cuando se enteraron de que este periódico investigaba al director del CNI por presuntas irregularidades en la utilización del erario público, cometieron la torpeza de manipular las fotos que aparecerían en la web senegalesa de Albatros Pêche y cambiaron la cabeza de Alberto Saiz, con un pez espada en las manos, por la de un agente del CNI que había a su lado. El gran error fue que se daba la circunstancia de que en la misma foto aparecían dos agentes con la misma cabeza.

Tras esa contundente prueba, todo lo demás se produjo en cuestión de días. El 2 de julio de 2009, cuando ya se había cumplido el mediodía, Alberto Saiz reunió a sus más allegados en el CNI en el salón de actos de La Casa, como se conoce internamente a los servicios secretos españoles, para comunicarles en persona que abandonaba su cargo para «evitar un posible deterioro del funcionamiento del CNI» y no perjudicar «la imagen de España». El resto de agentes escuchó a su ya ex director a través del circuito cerrado del Centro.

VATICANO: El Papa recibe a los patrocinadores de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid

IRENE HDEZ. VELASCO / Roma

«Seguid colaborando en esta bella iniciativa generosamente»

El Papa recibe a los patrocinadores de las Jornadas de Madrid

Corresponsal

Benedicto XVI recibió ayer en la sala del consistorio del Palacio Apostólico del Vaticano a los representantes de cerca de 40 empresas patrocinadoras de la próxima edición de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en agosto de 2011 en Madrid y que será inaugurada por el propio Pontífice. En la audiencia con el Papa, a la que también asistió el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, participaron, entre otros, Emilio Botín, presidente del Banco Santander; Antonio Vázquez, presidente de Iberia, y Antonio Fernández-Galiano, consejero delegado de Unidad Editorial, la empresa editora de EL MUNDO.

A propósito de la cita de Madrid, que según los cálculos de Rouco atraerá a la capital a más de dos millones de personas de todo el mundo, el Papa aseguró que son «muchos los jóvenes que tienen puestos sus ojos en esa hermosa ciudad con el gozo de poder encontrarse en ella dentro de pocos meses».

Pero, sobre todo, Benedicto XVI invitó a los representantes de las empresas patrocinadoras «a seguir colaborando generosamente en esta bella iniciativa», que aseguró que va mucho más allá de ser «una simple reunión multitudinaria», convirtiéndose en una ocasión privilegiada para que los jóvenes «compartan la fe que les une y el deseo que tienen de construir un mundo mejor». En ese sentido, el Papa aseguró a la delegación de empresarios patrocinadores que los recordará «fervientemente» en sus oraciones y pedirá a Dios «que bendiga los esfuerzos» que están realizando de cara a esa iniciativa.

Se calcula que la Jornada de la Juventud de Madrid, que arrancará el 16 de agosto y se prolongará durante seis días, hasta el 21 del mismo mes, costará en total alrededor de 35 millones de euros, un 20% menos de lo que se invirtió para hacer realidad la anterior Jornada de la Juventud, celebrada en 2008 en Sydney.

Tanto el Ayuntamiento como el Gobierno autónomo de Madrid y el Gobierno central colaborarán activamente en la organización del evento, cediendo espacios públicos, garantizando la seguridad, el transporte público y la asistencia sanitaria de los participantes, y premiando con desgravaciones fiscales de hasta un 90% a las empresas patrocinadoras de la Jornada de la Juventud.

Pero ninguno de los tres Gobiernos destinará ni un euro de sus presupuestos directamente a la organización de la misma. «De ahí lo importante que para nosotros resulta el patrocinio de las empresas», señalaba el portavoz de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, Yago de la Cierva, una vez concluida la audiencia del Papa a los empresarios.

Muchas de las empresas que están colaborando en la organización del evento que, en palabras de Yago de la Cierva, durante seis días en agosto de 2011 convertirá Madrid en el «centro de la cristiandad», tampoco están aportando directamente dinero, sino destinando sus medios o tecnología a la preparación de apartados concretos de la Jornada de la Juventud. El Banco Santander, por ejemplo, ha financiado el 75% del complejo sistema informático de inscripciones; Bankinter se ha encargado de la realización de la página web de la Jornada de la Juventud y ACS se ha hecho cargo de la construcción del escenario de Cuatro Vientos. Y los medios de comunicación, con EL MUNDO a la cabeza, se han comprometido a ceder espacios publicitarios para anunciar el evento.

De hecho, en la delegación de empresarios que ayer fueron recibidos en audiencia por el Papa había un nutrido grupo de representantes de medios de comunicación: desde Antonio Fernández-Galiano, consejero delegado de Unidad Editorial, la empresa editora de EL MUNDO, hasta Francisco Pérez González, del Grupo Prisa; pasando por Santiago de Ybarra, del Grupo Vocento; Catalina Luca de Tena, presidenta de ABC o Mauricio Casals, presidente de La Razón.

ESPAÑA EN QUIEBRA: Menos paro, pero más temporalidad/ El Gobierno recortará 10.600 empleos y 1.300 millones a eólicas y termosolares

FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid

Menos paro, pero más temporalidad

El desempleo baja en junio en 83.834 personas por las contrataciones del verano
De cada 100 nuevos contratos registrados, 93 son temporales y sólo siete fijos

El desempleo encadenó en junio su tercer descenso mensual consecutivo gracias al aumento de la contratación temporal del verano. Bajó en 83.834 trabajadores hasta una cifra total de 3.982.368. Aunque el Gobierno pretendía aumentar los contratos indefinidos con la reforma laboral, los temporales crecen a tasas del 93%.

Es la mejor cifra registrada de paro en este mes desde que existen series históricas (1960). Pero hay que recordar que junio es tradicionalmente bueno para el empleo ya que por ejemplo en estos últimos 50 años sólo subió en siete ocasiones. Todas ellas en periodos de crisis o de recesión. La última vez fue en 2008 (36.849) y la penúltima, en 1993, (35.338).

El desempleo bajó en todos los sectores (salvo agricultura y sin empleo anterior), sobre todo en los servicios (48.268 menos) y en la construcción (21.253 menos). Fueron los hombres por tanto los que más empleo encontraron. Así, de nuevo el desempleo femenino (2.004.067 mujeres) es superior al masculino (1.978.301 hombres).

Que el dato hay que tomárselo con cautela lo demuestra otra cifra. Hace un año, en el peor año de crisis económica, el paro bajó en junio en 55.250 trabajadores. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó ayer que «hay que ser prudentes y no hay que echar las campanas al vuelo» después de que la secretaria de empleo, Maravillas Rojo, señalara que «el comportamiento del paro se acerca a la situación más habitual previa a la crisis».

¿Por qué ha bajado? El descenso de junio se debe a factores estacionales y no a un cambio de tendencia o a los efectos inmediatos de una reforma laboral que no puede funcionar, ni ésta ni cualquier otra, si no hay actividad económica y acceso al crédito por parte de las empresas. La contratación veraniega y al adelanto de las rebajas a este mes son las causantes de esta caída. Sólo ha que ver cómo ha crecido, y de forma espectacular, la contratación temporal.

El caso es que en junio se hicieron 1.198.857 contratos eventuales, 125.021 más que en el mes anterior (un 11,64% de crecimiento en porcentaje). Sin embargo, lo preocupante es que la contratación indefinida, el objetivo esencial de la reforma laboral según el Gobierno, aumentó su también espectacular caída. En este mes se formularon sólo 98.754 contratos fijos, con un descenso de 9.510 contratos respecto al mes precedente (un 8,78% menos). De esta forma, de cada 100 contratos que se realizaron poco más de 7 son fijos mientras que el 93% fueron temporales.

Es decir, como consecuencia de la inexistencia de un modelo económico definido y estable, y de que la actividad depende cada vez más del sector servicios, sólo hay empleo estacional en algunos meses. Mientras, las empresas apuestan casi exclusivamente por la contratación de eventuales que, en muchos casos utilizan para sustituir a fijos, y que más tarde acabarán en el paro.

Ese 7% de contratos fijos es la tasa más baja conocida respecto a la contratación global. Además, de esos 98.754 indefinidos, el 36% (35.297) son a tiempo parcial. Por tanto se trata de empleo fijo por horas, muy parecido en realidad al temporal.

Todas las modalidades de fijos cayeron, incluso el de fomento a la contratación indefinida (con 33 días de indemnización en caso de despido). Éste es precisamente por el que ha apostado el Gobierno en la reforma para incentivar la contratación estable. Pero se ha reducido en un 12,30% en junio. Por comunidades, Galicia fue la única en donde aumentaron (un 12,7%) estas contrataciones. Y en Baleares, ante el empuje de la contratación eventual, bajaron un 36,3%.

En cuanto a la contratación temporal, creció en 16 autonomías. En Cantabria aumentó un 33,2% y un 28,7% en Castilla la Mancha. Sólo en La Rioja descendió un 7,48%.

De los casi 1,2 millones de contratos que se hicieron en este mes, 345.740 (el 26%) fueron a tiempo parcial. Los eventuales por circunstancias de la producción resultaron los más utilizados (con un aumento del 13,69%), hasta los 547.827 (45% de todos los eventuales), junto a los de obra y servicios, que crecieron un 10,10%, hasta casi medio millón de contratos.

En los temporales también se observa otro efecto que se pretendía corregir con la reforma laboral. Y es que aumenta la precarización, ya que esos 1,2 millones de contratos se formularon para 931.115 personas. Es decir, se hicieron 1,3 contratos por persona. Lo que significa que a muchos de ellos se les hizo más de un contrato en este mes porque su duración era inferior a este periodo o porque acumula varios contratos a tiempo parcial.

Este aumento de los temporales sirvió para que Seguridad Social acumulara otros 23.884 afiliados más, pero no en calidad contributiva. Es decir, sus cotizaciones son muy bajas y por poco tiempo. Y como cabía esperar, en la hostelería aparecieron 15.958 afiliados nuevos, 17.709 en los servicios sociales y sanitarios (sustituciones de verano) y en el comercio (15.675) por el adelanto de las rebajas.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en mayo (último dato disponible) descendió por cuarto mes consecutivo el número de parados que cobran el seguro contributivo así como el número de beneficiarios. Mientras, en el seguro asistencial también se notó un crecimiento menor tanto en el gasto como en los perceptores.

El gasto total de prestaciones (contributivas y asistenciales) en este mes fue de 2.660 millones de euros, un 3,51% menos que hace un mes (115 millones). El coste en los cinco primeros meses llegó a los 14.080 millones.

Mientras, el número de personas totales que cobran se situó en 3.037.388, un 3,42% menos que el mes anterior (107.632 parados).

En cuanto a la prestación contributiva (la que causan derecho los que cotizan) se nota que cada vez la perciben menos parados porque comienza a agotarse y que el gasto es inferior. En mayo la recibían 1.493.743 personas, un 10,6 % menos que hace un año (116.689 trabajadores) mientras que los gastos se situaron en 1.894 millones, un 10,5% menos que hace 12 meses (171 millones de euros).

En cuanto a la asistencial, el crecimiento del número de beneficiarios se atenuó hasta el 80,8% frente al del 106% de principios de año. Y en materia de gastos, creció un 76,2% en un año, tasa inferior en casi 20 puntos a la de enero.

J. E. M. / Madrid

El Gobierno recortará 10.600 empleos públicos

Limita las vacantes que puede tener la Administración Central para ahorrar 250 millones, pero salva a la Policía y el Ejército

Nueva vuelta de tuerca del Gobierno en su objetivo de ajustar lo máximo posible el gasto público a través del recorte del personal.

Tras la rebaja media en un 5% del sueldo de los funcionarios y los empleados públicos, el Ejecutivo se decidió ayer por la destrucción de empleos en el sector estatal.

En concreto, según avanzó la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra portavoz, María Teresa Fernández de la Vega, se eliminarán 10.600 empleos de la Administración Central hasta el año 2013.

No es que peligre el puesto de trabajo de los actuales empleados públicos. El Gobierno no puede removerles de su puesto ya que tiene congelado el desarrollo del Estatuto del Empleado Público que establecía esta posibilidad.

El recorte se hará mediante la reducción del número máximo de vacantes en la Administración Central, que pasará del 8% al 5%, mediante la amortización o supresión de determinadas plazas.

El ahorro que prevé el Gobierno con esta medida es de unos 250 millones de euros durante los próximos tres años. Esta limitación de las vacantes tiene como fecha de caducidad el año 2013, que es cuando finaliza el ajuste del Programa de Estabilidad.

La limitación a un 5% de la plantilla de las vacantes afectará a parte del sector público. En concreto, los diferentes departamentos, entidades gestoras y servicios comunes de la Administración del Estado deberán apretarse el cinturón. Lo mismo sucederá con la Seguridad Social, las agencias estatales, los entes públicos y las entidades públicas empresariales.

Sin embargo, quedarán excluidos de la limitación las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Tampoco afectará a la Administración de Justicia ni a los centros penitenciarios. El ajuste no alcanzará, asimismo, a los servicios periféricos del actual INEM ni a los controladores aéreos.

La vicepresidenta primera del Gobierno, de quien depende la Función Pública, dijo esta semana en el Congreso que el recorte salarial y otras medidas de austeridad tienen carácter «excepcional» y que servirán para «garantizar la viabilidad del sistema de protección social».

El Consejo de Ministros dio ayer también su aprobación a la creación del Observatorio del Empleo Público. El objetivo de este nuevo órgano estatal -que «no acarreará costes adicionales», dijo De la Vega-, será analizar la actual situación del empleo en las administraciones públicas, su estructura y servicios, informa Efe.

La idea es convertirlo en un foro de intercambio de información con el fin de hacer «más eficiente» la Administración General del Estado.

La creación de este observatorio era parte del Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la Función Pública, el mismo que el Ejecutivo se saltó para reducir la retribución de los funcionarios.

En este órgano habrá participación del Gobierno central, las administraciones territoriales y de los sindicatos.

Entre sus funciones figurará determinar las necesidades de empleo público o hacer un seguimiento de la calidad de los servicios prestados por las Administraciones.

BALTASAR MONTAÑO / Madrid

El Gobierno se ahorrará
1.300 millones
en primas a las renovables

El pacto energético entre Gobierno y Partido Popular vivió ayer su segundo episodio. Tras el frenazo a la subida de la luz, ahora le ha tocado el turno al recorte de las primas a las energías eólica y termosolar. El ahorro hasta el año 2013 será de 1.300 millones de euros, según los cálculos que ha hecho el Ministerio de Industria. Sigue en página 36

El recorte de las primas a la producción de energía eólica y termosolar cuenta con la aceptación de las empresas del sector, representadas a través de sus respectivas patronales, la Asociación Eólica Empresarial y Protermosolar.

Existía un acercamiento previo con ellas pero, tras el pacto energético con el Partido Popular, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, decidió posponer este asunto, aunque el retraso ha sido de apenas unos días.

Además, la decisión del recorte de las primas cuenta también con el visto bueno del principal partido de la oposición.

Estos acuerdos serán trasladados en el menor tiempo posible a un real decreto, previsiblemente este mismo mes de julio. El recorte será retroactivo, pero sólo sobre la parte de los ingresos de las compañías que proviene de las primas, y no de la derivada de la tarifa. Es algo que permite la legislación vigente, en concreto el real decreto 661/2007.

El pacto entre las distintas partes permite reducir el impacto que estas medidas tienen sobre el precio de la electricidad, ya que las primas se cargan sobre la factura que pagan todos los consumidores. Además, las empresas logran un marco previsible para el futuro, una de sus demandas, con el fin de poder ajustar sus inversiones a los ingresos previstos.

Fuentes de Industria explicaron que el ahorro previsto por este recorte, o dicho de otra forma, el dinero que dejarán de ingresar las compañías, será de unos 1.300 millones de euros hasta el 1 de enero de 2013. Por tipo de energía, el recorte a las primas de la tecnología eólica será del 35% hasta el 1 de enero de 2013.

En el caso de la producción termosolar, se retrasará un año la puesta en funcionamiento de los proyectos que ya habían sido aprobados. Se trata de plantas que suman 2.000 megavatios cuyos ingresos se limitarán a lo marcado en la tarifa, sin prima adicional.

Según las fuentes consultadas por este diario, de esta medida sale entre el 40% y el 50% de los 1.300 millones de ahorro.

Además, tanto la eólica como la termosolar tendrán limitaciones en el número de horas de producción con derecho a obtener una retribución sobre el precio del mercado.

De lo que nada se decía en el comunicado difundido ayer por el Ministerio de Industria era de la energía fotovoltaica, polémica en los últimos tiempos por posibles casos de fraude.

Pero las fuentes a las que tuvo acceso este diario ya apuntaban que el recorte que va a sufrir este tipo de producción será mucho mayor que el registrado por la eólica y el que afectará a la energía termosolar. Las irregularidades admitidas por la propia patronal solar superan los 800 millones.

CRISTINA CABALLERO / Madrid

El PP denuncia que CCM pagó un viaje de lujo a Barreda a Perú

Los viajes de lujo con que Caja Castilla-La Mancha (CCM) premiaba a sus directivos tuvieron en 2002 un invitado de honor: el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda. Él y su esposa, Clementina Díez de Baldeón, se unieron a uno de los viajes que la caja organizó a Perú.Sigue en pág. 34

El viaje consistió en ocho días a Lima, Cuzco y los principales destinos turísticos del país latinoamericano, cuyos gastos (vuelo, desplazamientos, comidas y alojamiento) corrieron a cargo de la caja manchega, según denunció ayer el PP. En ese año, Barreda era vicepresidente de la Junta, siendo presidente José Bono. Sólo dos años después, José María Barreda accedió a la presidencia de la Comunidad.

Las fuentes consultadas aseguran que el gasto total del viaje pudo estar en unos 10.000 euros por pareja. Una portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha confirmó ayer a este diario que Barreda y su esposa viajaron a Perú con cargo a la caja, aunque aseguró que «eran viajes a los que también iban políticos del PP».

El viaje estaba, en principio, destinado al presidente de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó, quien también viajó junto a su esposa, y a los principales directivos de CCM para premiarles por la buena marcha en la gestión de la caja. Sin embargo, en esa ocasión, se unió Barreda, quien nunca ha tenido ningún cargo en la caja, lo que provocó extrañeza entre los directivos, según relatan fuentes internas de la caja manchega.

El tema se trató incluso en una comisión de control de la entidad, donde se planteó si podría existir alguna incompatibilidad o ilegalidad en el hecho de que el vicepresidente de la comunidad autónoma aceptara un viaje de una caja de ahorros. El PP llegó a pedir que se diferenciaran estos viajes corporativos de los destinados exclusivamente a políticos o empresarios ajenos a la gestión de CCM, pero la iniciativa nunca prosperó.

Según han relatado a EL MUNDO algunos directivos presentes en aquel viaje, fueron ocho días a todo lujo. Viajaron en avión y se instalaron en hoteles de cinco estrellas. Coches y autocares les recogían en el hotel por la mañana para trasladarles a los principales atractivos turísticos. Además, comieron y cenaron en los mejores restaurantes de las ciudades que visitaron. Todo con cargo a CCM. Una anécdota ilustra muy bien el nivel del regalo. Como en Perú no hay vinos, se encargaron cajas del mejor caldo al vecino Chile, que eran servidos especialmente en los restaurantes donde comían y cenaban Barreda y los directivos de CCM.

Sin embargo, este periódico ha podido confirmar que siempre se ha tratado de políticos con cargos directivos en la caja. Nunca un miembro del Gobierno regional había estado presente en este tipo de desplazamientos.

En las cajas de ahorros era habitual este tipo de incentivos para premiar a los directivos, aunque desde que comenzaron los problemas financieros el Banco de España dio orden de contener y eliminar estos gastos extra.

El PP ha pedido que se abra «de inmediato» una investigación para aclarar el asunto. La portavoz parlamentaria de los populares en la región, Ana Guarinos, ha asegurado que es «más necesaria que nunca la creación de una Comisión de Investigación».

El PP se pregunta cuáles son las razones de «tan generosa invitación», que podría considerarse como «un delito de cohecho tipificado en el Código Penal». La diputada del PP ha asegurado que Barreda «tiene mucho que explicar en las Cortes regionales», si este viaje fue «a cambio de algún tipo de actuaciones en la CCM o a cambio de no realizar alguna actuación».

Guarinos insistió en que Barreda tiene que explicar «por qué ha guardado silencio desde la intervención de CCM, por qué ha impedido comparecer a la viceconsejera de Economía, y ha rechazado la creación de una Comisión de Investigación».

C. M. / León

Un constructor endeudado quiere la caja de Castilla y León

El PSOE intenta que Llamas se quede con Caja Duero y España

Ni el Banco de España ni la Junta de Castilla y León ven con buenos ojos que el constructor Santos Llamas, actual presidente de Caja España, sea el presidente de la entidad que resulte de su fusión con Caja Duero. El empresario adeuda unos 80 millones a ambas entidades, refinanciados gracias a su posición en la caja, y es la propuesta que la entidad leonesa defenderá a partir del 9 de julio, cuando los consejos de ambas se fusionen.

Desde el Banco emisor, principal impulsor de una alianza de compleja génesis y que incluso motivó varias advertencias de intervención, se estima que Llamas no reúne el perfil que se busca con esta reordenación del ámbito financiero. Su condición de constructor y sus intereses personales con la caja no parecen el mejor aval de confianza para los mercados.

La Junta no oculta tampoco su oposición a la maniobra utilizada para la designación del aspirante a la presidencia de la gran caja de Castilla y León, y considera que es «una imposición de un órgano no competente», como ayer denunció el vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Economía, Tomás Villanueva, que calificó la decisión como «precipitada» y como «el peor camino» para la entidad de ahorro.

La candidatura, además, se aprobó en un clima de evidente división. Los votos del PSOE, UGT y el grupo leonesista, UPL, además del propio Santos, que se votó a sí mismo, en decisión unilateral proclamaron al empresario como candidato de la presidencia de la nueva entidad, en el último consejo celebrado el jueves. En contra se posicionaron PP, el sindicato Csica y la agrupación agraria Asaja que rechazaron la propuesta con siete votos en contra y una abstención.

Aunque en el pacto de Tordesillas, marco general de la fusión, Caja Duero acepta que Caja España proponga al presidente, a cambio de quedarse con la dirección ejecutiva, esta decisión debía debatirse en el consejo fusionado de 34 miembros, que se reúne por vez primera el día 9. En cambio los partidarios de Llamas han preferido imponerlo aprovechando su mayoría en el órgano de administración de Caja España. Un golpe de mano que casi es un anticipo de la jugada con la que se pretende invalidar las aspiraciones de otros posibles presidenciables.

El mismo consejo aprobó, además, que el director general, Ignacio Lagartos, se acogiera al generoso plan laboral de la fusión, lo que le permitirá recibir 1,3 millones, mientras el director adjunto, Javier Ajenjo, blinda su retribución salarial. Otros directivos también han sido ascendidos en cargo y sueldo en vísperas de la fusión, que provocará la salida de la entidad de más de 800 personas.

Aunque la propuesta de Santos Llamas a la presidencia de la nueva caja carece de efectividad, porque tiene que ser aprobada por el nuevo consejo de administración, derrocarla implicaría una inevitable guerra política. No hay que olvidar que Santos Llamas accedió a la presidencia de Caja España en 2006 tras la pugna que mantenían PP y PSOE para colocar a uno de los suyos en la cúpula de la entidad. La paridad de las fuerzas políticas en colisión propició que se abriera una tercera vía, avalada por la construcción leonesa, y se buscara a Santos Llamas como figura de consenso.