EDITORIALES: La hora de que Rajoy concrete sus propuestas

La hora de que Rajoy concrete sus propuestas

MARIANO RAJOY presentó ayer la alternativa económica del Partido Popular con la que, en principio, quiere gobernar a partir de 2012. Una propuesta que ha nacido tras una jornada de reflexión y debate de la cúpula del PP con reconocidos expertos en economía que se celebró el jueves en Madrid. Después de escuchar a Rajoy, se puede decir que el presidente del PP tiene muy claro qué hay que hacer en la economía española, pero debe esforzarse en contar cómo va a llevar a cabo esas reformas, que en conjunto van bien orientadas a solucionar los males -coyunturales y estructurales- de la economía. Rajoy propuso siete campos de actuación, desde la reforma de las cajas de ahorros hasta la de las administraciones públicas pasando por un nuevo modelo energético o cambios impositivos.

En general, la música suena bien, a la espera de conocer la letra. Por ejemplo, Rajoy habló ayer de una «rebaja selectiva de impuestos» -IVA y Sociedades- para determinados sectores empresariales y dijo que no era partidario de subir el impuesto al ahorro. Esa rebaja de impuestos a las pymes o en sectores clave de la economía española, como el turismo, tiene todo el sentido para dinamizar la actividad, pero para hacer creíble su propuesta, el líder del PP debería explicar su repercusión en las finanzas públicas, sobre todo si tenemos en cuenta que incluso los gobiernos más liberales -el último ha sido el de David Cameron en el Reino Unido- no han tenido más remedio que subir impuestos como solución de emergencia contra el déficit público. Rajoy se refirió también a la reforma laboral y, tras calificar de «parches de dudosa eficacia» la que acaba de aprobar el Congreso, abogó por la necesidad de una «regulación clara, sencilla y aplicable de la extinción de los contratos». El PP está en lo cierto y esta indefinición puede llevar al fracaso la reforma tal y como salió el martes del Parlamento, pero también se echa de menos su propuesta concreta para remediar esta importante carencia del decreto ley. Como ocurre en el tema de la negociación colectiva, al hablar de que «hoy tiene más sentido una negociación entre empresarios y trabajadores dentro de la empresa». ¿Cómo se llevarán a la práctica esas conversaciones bilaterales en cientos de miles de microempresas españolas? Rajoy sí aportó ayer una novedad significativa al hablar de la formación profesional: propuso que cada trabajador tenga registrado en la Seguridad Social su itinerario formativo para poder identificar de forma inmediata la formación recibida.

Quizá donde el presidente del PP se excedió un tanto fue en su intención de «constitucionalizar los principios de estabilidad presupuestaria»; en otras palabras, regular en la Constitución el límite de déficit público en que puede incurrir el Gobierno. Primero, porque la Constitución está para regular derechos y el control del déficit es una cuestión de buen gobierno, pero también una opción política; segundo, porque si en 32 años nadie ha conseguido tocar una coma de la Carta Magna, es muy difícil que se consiga para esto y tercero, porque basta con una Ley de Estabilidad Presupuestaria que se cumpla de verdad y que no pueda ser puenteada por ningún Gobierno.

Se podría argumentar que el PP hace bien en no descubrir sus cartas ante las próximas elecciones, pero las propuestas que ayer explicó Rajoy se refieren a asuntos de vital importancia que el Gobierno, los partidos y los agentes sociales están negociando actualmente y por eso, al principal partido de la oposición se le puede requerir que presente ya a los ciudadanos las medidas concretas para ayudar al país a poner los cimientos de un crecimiento estable cuando llegue la recuperación.

Consenso para aprobar una Ley integral

Las víctimas merecen justicia legal y política

HOY cabe celebrar que todos los partidos están a punto de superar una asignatura pendiente de nuestra democracia, con la aprobación de la esperada Ley Integral de Víctimas del Terrorismo. De lo conocido se desprende que acabará con la actual arbitrariedad legal y da reparación a muchos ciudadanos a los que todavía hoy no se ha hecho justicia. Así, por ejemplo, se establecen unas tablas de indemnizaciones fijas a las que tendrán derecho los afectados, con efectos retroactivos hasta 1960. El apartado menos claro es el que pide «autorregulación» a los medios sobre el tratamiento informativo a las víctimas. No sería bueno que se tratara de limitar el derecho a la información. Tanto esta ley como el primer acto institucional de homenaje que mañana tendrá lugar en el Congreso con asistencia del Rey vienen a demostrar que las víctimas ocupan el lugar que se merecen en la sociedad. En este sentido, los poderes públicos deben tener en cuenta el manifiesto de todas las organizaciones en el que piden el fin de las especulaciones sobre un final dialogado de ETA, que sólo alimenta las expectativas de la banda.

El Alto Tribunal desestima los recursos

Montilla no logra parar la sentencia del TC

EL CONSTITUCIONAL notificó ayer a la Generalitat catalana la resolución por la que desestima su recurso para que al Alto Tribunal desista de pronunciarse sobre el Estatuto. El escrito presentado por Montilla alegaba que el mandato de varios magistrados ha terminado y que estamos ante una «desproporcionada y arbitraria» prórroga. Pero también cuestionaba la «legitimidad» del Constitucional para decidir sobre una norma que había sido votada en referéndum. Hacerlo sería, según dice el recurso, una «extralimitación». En su respuesta, el Constitucional recuerda que la demora en la renovación de cargos no es «imputable» al Tribunal y respecto de la votación en referéndum señala que la ley es «inequívoca» y establece que compete al Tribunal decidir sobre la constitucionalidad de los estatutos autonómicos. En realidad, la estrategia de Montilla era aplazar la sentencia para impedir que ésta se hiciera pública antes de las elecciones catalanas de otoño. Ha fracasado, y el próximo lunes los magistrados empezarán a votar, punto por punto, la ponencia definitiva del Estatuto.

Vence a Chile y se medirá con Portugal

España vuelve a creer ahora en su selección

LA victoria de España anoche ante una correosa Chile le permite acceder a octavos de final del Mundial como primera de su grupo. El triunfo reconcilió a los aficionados con el equipo que dirige Del Bosque. La falta de efectividad frente a Suiza y Honduras, partidos en los que se sucedieron las ocasiones marradas, se trocó en acierto gracias a las botas de Villa -otra vez- e Iniesta. La selección había llegado como favorita a Sudáfrica y la derrota en el estreno enfrió la euforia hasta caer incluso en el derrotismo. El episodio vuelve a demostrar con qué facilidad este país pasa de un extremo a otro con facilidad: pasamos en sólo un día de tener el mejor equipo a cuestionar a los jugadores y al técnico. Aunque la selección no se ha reencontrado aún con su mejor versión, ofrece motivos a los españoles para enchufarse a La Roja. España se medirá ahora con la Portugal de Cristiano Ronaldo y ahí ya no se puede fallar.

Y ZAPATERO HIZO QUEBRAR AL ESTADO ESPAÑOL: Rajoy propone reformar la Constitución para limitar el déficit público

C. REMÍREZ DE GANUZA / Madrid

Rajoy propone reformar la Constitución para limitar el déficit público

Rajoy rescató ayer su propuesta de cambiar la Constitución con un motivo: «constitucionalizar los principios de estabilidad presupuestaria». Atajar el déficit es su prioridad.Sigue en pág. 10

Editorial en página 5

Viene de primera página

Una prioridad que está incluso por encima de la reforma laboral y de la reestructuración del sector financiero, a las que tanta importancia confiere. Para el presidente del PP, que ayer desgranó en Madrid su alternativa económica en medio de la mayor expectación, no sólo hay que «reducir de una manera drástica nuestro déficit», sino que hay que prohibirlo para siempre, desde la Constitución, para condicionar las leyes de futuros gobiernos.

Claro que, con este anuncio, Rajoy dilataba su propuesta ad calendas grecas, o sea, al terreno de los hipotéticos pactos de Estado. Pero, al día siguiente de haber acordado PP y PSOE que no suba la luz, cualquier cosa parecía digna de no tomarse a risa. Ni siquiera un Gobierno de coalición, esbozado «a medio plazo» por Javier Arenas, y que el propio Rajoy se ocupó de descartar, al menos mientras siga Rodríguez Zapatero.

Pactos sí, coalición, no. Ésta vino a ser la posición política de un líder de la oposición al que el empresariado de la city le celebró las encuestas con una nutrida presencia, pero al que, a la vez, la ausencia de Emilio Botín, Francisco González, César Alierta y el resto de los primeros espadas del Ibex 35 le evidenciaron el tiempo y la distancia que aún le quedan hasta La Moncloa.

Claro que allí estaba todo el glamour de los número dos, como Alfredo Sáenz o Ángel Cano; y de las grandes constructoras, como Florentino Pérez (ACS), Baldomero Falcones (FCC), o Luis del Rivero (Sacyr); amén de los gurús de las eléctricas, como Rafael Villaseca (Gas Natural) y Víctor Urrutia (Iberdrola), y de las energías renovables, con José María Entrecanales (Acciona).

Ante semejante plantel -a todos agradeció luego su asistencia con un correo firmado-, Rajoy se mostró tan previsible como otras veces, aunque algo menos gallego. Previsible, porque apenas introdujo novedades en su ya conocida alternativa de recortes y reformas estructurales, más enunciadas que detalladas; hecha excepción de la reforma constitucional y de una singular propuesta de reforma laboral.

Rajoy apostó por «el reconocimiento de la formación continua como un verdadero derecho de los trabajadores». Y, en particular, propuso «la creación de una cuenta de formación, asociada al número de cotización a la Seguridad Social, que permita identificar de forma inmediata la formación recibida por cada uno y contribuya a personalizar y mejorar los itinerarios formativos».

Pero lo cierto es que sorprendió a su propia gente cuando, no sin algunos rodeos, contestó a algunas preguntas comprometidas. Así, si durante la conferencia Rajoy se apuntó a la vía Merkel de la modificación constitucional para «establecer techos de gasto y de endeudamiento en todas las Administraciones» -la Constitución alemana limita al 0,35% del PIB el déficit del Estado, y el derecho federal limita al 0,15% el de los länder-, durante el coloquio se desmarcó del nuevo impuesto a los bancos. «Es poco prudente un impuesto a la banca. No parece lo más razonable». El presidente del PP limitó sus exigencias al sector financiero a «que vuelvan a dar crédito». Eso sí, dijo en relación con las malas prácticas que «el que la hace, la paga».

Por otra parte, se mostró especialmente contundente en la defensa de la energía nuclear. No sólo prometió pedir al presidente del Gobierno «que revise su decisión sobre la central de Garoña», sino que apostó por «más centrales nucleares o por aumentar la capacidad de las actuales».

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Carmen Remírez de Ganuza sobre la alternativa económica de Rajoy.

DAVID VIGARIO / Mérida

González ve 'inexplicable' la reforma laboral

Ante un auditorio socialista atónito pide que el salario se vincule a la productividad y afirma que «el empleo continuado, fijo y para toda la vida» es indefendible

Corresponsal

Lástima que no estuviera presente en la conferencia de Felipe González el otrora buque insignia del añejo guerrismo, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, para comprobar qué cara ponía al escuchar las palabras del ex presidente del Gobierno en la Asamblea de Extremadura.

Y es que las tesis para salir de la crisis expuestas por González en Mérida estuvieron mucho más cercanas a las de cualquier neoliberal que a las del ya «caduco» progresismo. Adiós las chaquetas de pana y a los descamisados. De hecho, el mismo González lanzó un aviso en este sentido a su partido: «El discurso de hace 20 o 25 años, aunque entonces nos sirvió para ganar, ya no nos sirve porque la sociedad no es la de antes», proclamó. De ahí que, en su opinión, esas antiguas recetas socialistas deban enviarse al limbo.

Muchos de los presentes, la plana mayor del socialismo extremeño, están todavía atónitos al escucharle razonamientos como el de que «al menos las dos terceras partes del salario deben vincularse a la productividad porque no se pueden permitir sueldos iguales para todos». Para González, este factor equitativo «premia a los que menos trabajan y castiga al más emprendedor, que termina siendo el tonto de la pandilla».

Sus palabras sonaron para los presentes como una inesperada ducha de agua fría. Pero él insistió: «El problema que tenemos en España es de productividad». Llegó a defender con uñas y dientes al empresario («son mucho más importantes que el empleo, porque ellos lo generan»), también a la construcción («esa industria en España es muy buena») y hasta criticó a los sindicatos («el ajuste es inevitable en España porque ya no se puede defender que el empleo sea continuado, fijo y para toda la vida en el mismo sitio»).

Tras subrayar que ya no es tan importante «la ideología de los gobiernos sino su falta de previsión», centró sus críticas en la reforma laboral: «Es que es un farro (sic) legislativo que obliga a los pequeños empresarios, para entenderla, a hacer un máster en economía, una fonda inexplicable, un enredo para provocar un nivel de judicialización imposible que además necesita a unos jueces superespecialistas, que no los hay, en economía de la empresa».

Especialmente se refirió a las pensiones, pidiendo una «urgente» y «profunda» reforma. «Si no lo hacemos, nos quedaremos pronto, en 15 años, sin el sistema público de pensiones, porque ahora cada vez somos más los viejos». De esta manera, insistió en prolongar la vida laboral más allá de los 65 años, «porque nadie puede decidir por uno si quiere seguir trabajando». «Eso debe de ser un derecho -el de trabajar- y no una obligación», agregó ante un aforo aún atónito.

Cayo Lara (IU): «Zapatero no lo puede estar haciendo peor»

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, afirmó ayer que el presidente del Gobierno «se ha marchado de su base social», que debería ser la izquierda, «y se ha ido con los mercados», a los que «tendrá que pedir el voto en las próximas elecciones». «Zapatero no lo puede estar haciendo peor», subrayó.

Considera que el PSOE y el PP practican la misma política económica: «El neoliberalismo, que es un cuerpo con dos brazos, a la izquierda y a la derecha».

Hizo un llamamiento a Zapatero para que no se vaya «con el nuevo partido de los trabajadores», indicó con ironía, en referencia al PP por las declaraciones que vienen haciendo sus líderes a propósito de la reforma laboral. «Que se venga con la izquierda del Parlamento y con la izquierda política y social del país», añadió.

Lara realizó estas afirmaciones durante la presentación de la Asamblea de Refundación de IU, que se celebra hoy con la asistencia de unos 750 delegados, de los que la mitad no pertenecen a IU sino a distintos colectivos sociales.

Pese a la satisfacción de los organizadores, la asamblea comienza con algunos problemas. IU de Asturias tenía previsto ayer no asistir, porque el PCE asturiano lleva en su delegación a personas que fueron expulsadas de IU.

DELINCUENCIAS ZP, LA NEGOCIACION CON ETA: Las víctimas exigen que no se 'alimente' el diálogo con ETA

FERNANDO LÁZARO / Madrid

Las víctimas exigen que no se 'alimente' el diálogo con ETA

Las asociaciones alertan sobre las «especulaciones» que dan a la banda «expectativas de obtener contrapartidas políticas por dejar de matar»

Declaraciones públicas. Informaciones de lo más variado. Ruido y más ruido político. Los tambores de una inminente negociación entre el Gobierno y ETA están sonando cada vez más fuerte, tanto que la mayoría de las víctimas del terrorismo han decidido salir a la palestra y dar un toque de atención al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Y piden que no se «alimente» siquiera el diálogo con los etarras.

En un comunicado firmado por siete asociaciones, éstas advierten de que están allí, de que están vigilantes y de que no aceptarán un nuevo proceso de negociación o de diálogo con la organización terrorista.En una breve declaración de cinco puntos, las diferentes asociaciones claman por «la derrota» de la organización terrorista ETA.Sigue en página 6

Y es que las declaraciones del presidente del PSE, Jesús Eguiguren, en favor de la legalización de la izquierda abertzale y las informaciones sobre beneficios penitenciarios a presos etarras considerados blandos han hecho temblar los pilares de las asociaciones ante el riesgo de que el Ejecutivo de Zapatero retome sus negociaciones con los asesinos. El escrito comienza diciendo que «ante las crecientes especulaciones sobre un posible final dialogado con ETA que incluiría la legalización de su brazo político y beneficios penitenciarios para los presos etarras», las víctimas lanzan una serie de exigencias.

La primera y más clara: «Instamos al Gobierno de España y al Gobierno vasco a que mantengan una política antiterrorista encaminada hacia la derrota definitiva de ETA mediante el acoso policial y judicial; la ilegalización de cualquier candidatura o partido político que sirva de instrumento o altavoz para la legitimación del proyecto de ETA, y el cumplimiento íntegro de las condenas, así como el aislamiento y deslegitimación social de ETA y de su entorno».

Las víctimas están en alerta y no terminan de fiarse cuando entienden necesario difundir un manifiesto suscrito por la mayoría de las asociaciones. Así, el texto está firmado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Fundación Miguel Ángel Blanco, Dignidad y Justicia, Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT), Asociación Murciana de Víctimas del Terrorismo (Amuvite) y la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite).

No están todas. Faltan algunas como la asociación Verde Esperanza-Voces contra el Terrorismo quien, en conversación con EL MUNDO, indicó que este manifiesto avala la defensa de los postulados que esta asociación, liderada por Francisco José Alcaraz, defiende desde hace 10 años. Si les hubieran llamado, también hubieran suscrito este texto. Las víctimas son muy claras en sus peticiones del punto 2, claramente dirigidas a los políticos que durante las últimas semanas han vuelto a lanzar el debate sobre la negociación con ETA a la opinión pública. «Reclamamos que cesen los discursos, debates y especulaciones sobre un posible diálogo o negociación con ETA. Estos discursos y debates no hacen más que alimentar las expectativas de los terroristas de obtener contrapartidas políticas o penitenciarias por dejar de matar».

Pero no se quedan en ese punto. La Fundación de Víctimas, que aglutina a todas las asociaciones, denunció en el último número de su boletín que aún está por resolverse un gran número de atentados y que muchos de ellos pueden prescribir en breve. Por este motivo, las víctimas insisten: «Instamos a los poderes públicos a que trabajen para el esclarecimiento de los muchos casos de atentados terroristas que todavía están sin resolver (en el caso de asesinatos de ETA, más de 300) y que se informe a las víctimas y sus familiares de la situación de cada uno de ellos».

Además, vuelven a defender esos principios con los que las víctimas llenaron las calles cuando el Gobierno negociaba con ETA. «Exigimos que se respeten, defiendan y promuevan los principios de 'Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia' frente a todo aquello que favorezca el olvido o la impunidad».

Por último, las asociaciones de víctimas firmantes de este manifiesto esperan «que los homenajes y actos de reconocimiento a las víctimas del terrorismo, que valoramos y agradecemos, vengan acompañados de la que siempre ha sido nuestra principal reivindicación y objetivo: la derrota de ETA. Ése sería el mejor homenaje a quienes han muerto y sufrido por la causa de la libertad».

El PNV pide ayuda a Europa para alcanzar la paz en el País Vasco

Se muestra a favor de la reinserción social de terroristas de ETA

En el PNV creen que un hipotético abandono total de las armas debe acarrear políticas de reinserción social dirigidas a los terroristas de ETA e impulsadas desde Europa. La europarlamentaria nacionalista Izaskun Bilbao participó ayer en una sesión titulada Tengo una pregunta para Europa y dejó entrever que las «medidas de paz» aplicadas en el proceso de Irlanda del Norte son válidas para el País Vasco.

En el debate celebrado ayer en el Parlamento vasco, Bilbao compareció ante colectivos sociales provenientes de todo el País Vasco junto a otros dos parlamentarios europeos, Carlos Iturgaiz (PP) y Ramón Jáuregui (PSE-EE).

La primera interpelación a los europarlamentarios fue esbozada por el grupo pacifista Lokarri. En ella, se quiso comparar la resolución del proceso de paz norirlandés con una hipotética renuncia de ETA a la violencia. ¿Potenciará el Estado la reinserción social de terroristas si la banda decide abandonar la lucha armada? Hubo todo tipo de respuestas.

Bilbao desdibujó su contestación poniendo en valor que lo importante es que «Euskadi pueda alcanzar la paz», y destacó que, para lograrlo, la ayuda de Europa se antoja indispensable.

La peneuvista tomó posición a favor de una posible reinserción social tras el final de la violencia y utilizó a Irlanda del Norte como espejo a través del cual mirar el conflicto vasco. Según dijo, las medidas de paz impulsadas desde Estrasburgo para favorecer el proceso norirlandés también podrían iluminar el final del terrorismo en el País Vasco.

«No hay comparación posible, aquí no hay comunidades enfrentadas, sólo terroristas» y una sociedad que aguanta sus embates como puede. Ésta fue la respuesta con la que Iturgaiz dio un portazo al posible apoyo estatal a miembros de la banda. El popular argumentó sus declaraciones y recalcó que, tras el proceso de paz, debe haber «vencedores» y «vencidos». «Las víctimas del terrorismo son los vencedores; los terroristas, los vencidos», insistió.

El europarlamentario socialista, por su parte, se alejó de las posturas de nacionalistas y populares y evitó asumir un posicionamiento claro. Jáuregui destacó la buena fe que Europa demuestra apostando por la reinserción de «ex terroristas», pero quiso matizar su aseveración. Según dijo, a pesar de que la política impulsada desde la Unión Europea «puede ayudar», ésa no es una «cuestión fundamental». Lo que de verdad importa, apostilló, es «que los terroristas dejen de matar».

JOAQUÍN MANSO / Madrid

500.000 euros, máximo por asesinato

El Gobierno pagará 35 millones para indemnizar a 6.500 víctimas desde 1960

Por unanimidad: todos los grupos políticos con representación parlamentaria respaldan la proposición de ley de víctimas del terrorismo que se registró ayer por la tarde en el Congreso y que, previsiblemente, entrará en vigor antes de fin de año. La nueva norma cierra el tope máximo que asumirá el Estado en el caso de que el terrorista se declare insolvente (es decir: en el 100% de los atentados). Para los asesinatos, será de 500.000 euros, cifra inferior a la que han recibido víctimas de atentados recientes. Las del 11-M, por ejemplo, cobraron 900.000 euros.

En el caso de la gran invalidez, la Administración pagará, como mucho, 750.000 euros, muy lejos de los tres millones que se le reconocieron al diputado socialista Eduardo Madina y de otros casos. En general, en los últimos seis años las cantidades tendían a ser superiores.

El Ministerio del Interior estima en unos 35 millones el coste de asumir las indemnizaciones retroactivas que recoge la nueva norma, precio que se antoja barato ante el sensacional acto de Justicia que representa: reparar por igual a todos los afectados desde 1960, incluso aunque no hayan tenido sentencia. Y, por supuesto, de todos los grupos terroristas: desde ETA a los GAL, desde los Grapo al Batallón Vasco Español, desde los Guerrilleros de Cristo Rey al salafismo radical.

Esta aplicación retroactiva es la principal novedad de la que se llamará Ley de Reparación y Apoyo Integral a las Víctimas del Terrorismo. El Estado asumió en 1999 las indemnizaciones que habían sido reconocidas por sentencia desde 1968, pero en algunos casos las cantidades eran ridículas o rayaban el agravio comparativo con otros similares y, en otros, ni siquiera había resolución penal porque los posibles autores del atentado no habían sido identificados, lo que implicaba que las víctimas no recibían nada.

La nueva norma incluye una tabla de indemnizaciones mínimas para todas las víctimas. Para el caso de los asesinados, esa cantidad será de 250.000 euros, superior al suelo indemnizatorio de 220.000 euros que establecía la suma de la Ley de 1999 y la de Medidas Fiscales de 1996. La recibirán el cónyuge y los hijos y, si no hubiese, padres, nietos, hermanos o abuelos, por este orden.

Interior estima que unas 6.500 de las 9.522 víctimas del terrorismo reconocidas en España -1.382 asesinadas- podrán reclamar conforme a la nueva ley, bien porque no se les ha reconocido nada por sentencia, bien porque esa cantidad está por debajo de los nuevos mínimos, en cuyo caso podrán compensarse por la diferencia. Tendrán un año para pedirlo desde que entre en vigor.

Las tablas de mínimos y máximos no vinculan a los tribunales, que podrán establecer las responsabilidades civiles que estimen oportunas. Si son inferiores al mínimo de la Ley, la víctima no tendrá que devolver nada de lo que le haya adelantado el Estado; si son superiores al máximo, podrá iniciar una acción civil contra el terrorista para resarcirse por la diferencia, pero la Administración central ya no asumirá todo el coste.

La nueva norma recoge a las víctimas españolas en el extranjero. Los ataques contra soldados en misiones de paz o de grupos terroristas que operen habitualmente en España -como los guardias civiles de Capbreton- o contra intereses españoles se mantienen equiparados a los atentados en nuestro país. En los otros casos, como el de Silvia San Pío, que murió en el 11-S, o el de los siete turistas asesinados en Yemen, recibirán entre el 30% y 50%.

La ley es eso, pero también mucho más. Recoge por primera vez la figura del amenazado, aunque se limita a decir que «serán objeto de especial atención». Prohíbe el callejero etarra y establece todo un catálogo de derechos laborales, de ayudas educativas o en materia de vivienda y asistencia psicosocial y sanitaria que justifican la coda Apoyo Integral.

Asimismo, se recogen una serie de recomendaciones difusas a los medios de comunicación y a las administraciones para que promuevan códigos de autorregulación a aquéllos. Así, advierte de que instituciones como el Consejo Audiovisual de Cataluña deberán adoptar «las medidas que procedan para asegurar un tratamiento a las víctimas del terrorismo conforme a los principios y valores constitucionales».

El director general de Apoyo a las Víctimas, José Manuel Rodríguez Uribes, valoró como un «éxito de la sociedad española y de las asociaciones de víctimas» el consenso que ha alcanzado la ley, que definió como un acto de «pedagogía democrática».

DELINCUENCIAS ZP, EL INCONSTITUCIONAL ESTATUT: El TC dice que no le influye que el Estatut se aprobara en referéndum/ Valencia acusa a Cataluña de fin

MARÍA PERAL / Madrid

El TC dice que no le influye que el Estatut se aprobara en referéndum

El Tribunal Constitucional considera que el hecho de que el Estatuto catalán fuera aprobado en referéndum no afecta a la plena competencia del TC para controlar su constitucionalidad. Así lo afirma en la resolución por la que rechaza la pretensión de la Generalitat de que el Constitucional se declare incompetente para pronunciarse sobre el Estatut. Sigue en página 8

La pretensión del Parlamento y del Gobierno catalanes de que el actual Tribunal Constitucional no decida sobre el Estatut se apoyaba en la circunstancia de que cuatro de los 10 miembros del TC que deben dictar sentencia están en prórroga de funciones desde diciembre de 2007.

Se trata, para la Generalitat, de una «desproporcionada y arbitraria» prórroga que hace que el TC en su presente composición «carezca de legitimidad» para decidir sobre el Estatuto catalán.

En el recurso -promovido después de conocerse el contenido de la ponencia de Elisa Pérez Vera, que proponía declarar inconstitucionales 14 artículos e interpretar otros 25-, el Govern y el Parlamento catalán sostenían también que «existe una clara extralimitación» en el ejercicio de la función del TC. Según las instituciones catalanas, la capacidad del tribunal para expulsar del ordenamiento jurídico las normas emanadas de un órgano de representación popular «debe ejercerse con la máxima prudencia, cautela y contención, mayor aún cuando la norma ha sido objeto de aprobación mediante la participación directa de los ciudadanos a través de referéndum».

En una resolución conocida ayer, el TC responde a la Generalitat que «ninguna incidencia puede tener en la competencia del Tribunal» la circunstancia de que el recurso de inconstitucionalidad se dirija contra un estatuto de autonomía sometido a referéndum, dado el «contenido inequívoco» del artículo 27.2.a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Este precepto incluye a los estatutos autonómicos entre las normas «susceptibles de declaración de inconstitucionalidad».

Respecto a la extraordinaria prórroga de mandato de cuatro miembros del tribunal -la más extensa que se ha producido nunca-, el TC indica a la Generalitat que «se equivoca en el destinatario» de las críticas, destinatario «que no puede ser este tribunal, al que el estado de cosas acaecido no es en ninguna medida imputable».

«Las alegaciones de la recurrente», abunda, «se basan en el hecho de que los órganos del Estado a los que les es exigible la renovación de los miembros de este tribunal cuyos mandatos concluyeron y la cobertura de la vacante producida por el fallecimiento de otro (Senado y Congreso de los Diputados respectivamente) no han cumplido con el deber que la Constitución les impone». Pero esto «en modo alguno es imputable a este tribunal ni a sus miembros, ni puede afectar al deber institucional del TC de ejercer la jurisdicción que tiene atribuida».

El Constitucional recuerda que el artículo 17.2 de la LOTC obliga a los magistrados a permanecer en sus puestos hasta que tomen posesión sus sucesores. Por ello, la pretensión del Parlamento y Gobierno catalanes de que el tribunal se declare incompetente para resolver el proceso sobre el Estatut «supondría el incumplimiento del deber legal establecido por el citado precepto y sería en todo caso incompatible con la exigencia impuesta por el artículo 4 de la LOTC de adoptar cuantas medidas sean necesarias para preservar la jurisdicción del tribunal».

La resolución argumenta que la prórroga de mandato «impide el menoscabo de la jurisdicción constitucional que forzosamente habría de producirse si, como se pide por la parte [la Generalitat], este tribunal se declarase incompetente para conocer del recurso de inconstitucionalidad [contra el Estatuto catalán] o accediera a dejar en suspenso su resolución».

MARÍA PERAL / Madrid

Un magistrado ve inconstitucional la prórroga de la presidenta

Rodríguez-Zapata dice que «se sustrajo» al Pleno la decisión

La reforma legal que permitió a María Emilia Casas mantenerse como presidenta del Tribunal Constitucional más allá del mandato de tres años y sin someter la decisión al Pleno del TC «es inconstitucional», afirma el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata.

En un voto particular concurrente, Rodríguez-Zapata coincide con el resto del tribunal en la desestimación de la pretensión de la Generalitat de que el TC se declare incompetente para decidir sobre el Estatuto de Cataluña. Sin embargo, discrepa de que esa desestimación se base, en parte, en la doctrina establecida en la sentencia 49/2008, en la que el Constitucional avaló la llamada enmienda Casas.

«La doctrina de la sentencia 49/2008 es correcta al admitir la prórroga de los magistrados, dado que sirve de garantía eficaz del funcionamiento de los órganos constitucionales frente a la inactividad de los poderes a quienes corresponde la propuesta de nuevos nombramientos», escribe Rodríguez-Zapata.

«Sin embargo, discrepo de la doctrina de esa sentencia respecto de la prórroga que introdujo para el mandato de la Presidencia del Tribunal», añade. «Dicha reforma resulta inconstitucional por no respetar la duración de ese mandato -tres años- que se establece de forma taxativa por el artículo 160 de la Constitución, así como por sustraer al Pleno del TC la competencia de elegirla, sin que pueda encontrarse algún fin constitucionalmente atendible que lo justifique».

Jorge Rodríguez-Zapata argumenta que, conforme a la letra «clara y terminante» del artículo 160 de la Constitución, «en nuestro modelo de Presidencia sólo a nosotros -y no a la ley ni a ninguna otra autoridad exterior- corresponde constitucionalmente nombrar y, en su caso prorrogar, al presidente de nuestra institución».

El magistrado precisa que sostuvo ese criterio antes de la enmienda Casas y «sigo manteniendo esa posición ya que, en cualquier caso, la prórroga automática [en la Presidencia] debía aplicarse sólo a las futuras elecciones producidas estando ya en vigor la reforma, pero nunca al caso de la actual presidenta, que había sido elegida por nosotros bajo el imperio de una norma anterior, que no preveía un automatismo en la prórroga de su mandato, sin el concurso obligado del Pleno».

M. G. R. / Valencia

Valencia acusa a Cataluña de financiar una invasión cultural

El Gobierno valenciano no sólo se ha sentido aludido por la recogida de firmas protagonizada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV) por una televisión sin fronteras, sino que ayer valoró la iniciativa de la asociación que preside el editor Eliseu Climent para lanzar un mensaje al Govern catalán con carga de profundidad.

La portavoz del Consell valenciano, Paula Sánchez de León, vinculó las subvenciones millonarias con que los distintos gobiernos de la Generalitat catalana vienen nutriendo las actividades de ACPV a una estrategia meditada y consciente de colonialismo cultural y lingüístico.

El Gobierno valenciano desempolva así un viejo y controvertido contencioso. La consellera portavoz sugirió que ACPV sería el brazo ejecutor de la Generalitat catalana cuando acusó al Govern de estar subvencionando a asociaciones como Acció Cultural, «con el objetivo de extender la lengua y la cultura catalana dentro del territorio de la Comunidad Valenciana».

Sánchez de León aprovechó la rueda de prensa posterior al pleno del Consell para valorar por propia iniciativa el hecho de que ACPV registrara esta semana en el Congreso de los Diputados más de 600.000 firmas para legalizar la emisión de las «televisiones autonómicas en sus comunidades lingüísticas».

Sánchez de León tachó de «gran teatro» la recogida de firmas y las actividades de ACPV, y subrayó el hecho de que el levantamiento del secreto de sumario del caso Pretoria ha permitido constatar que esta asociación ha recibido dinero a espuertas de la Generalitat catalana -17,2 millones de euros, según reveló EL MUNDO- con la intención «de extender la lengua y la cultura catalana dentro del territorio de nuestra comunidad», afirmó.

«Víctima»

En este sentido, Sánchez de León subrayó que la Comunidad Valenciana, «lejos de ser una censora, como se ha pretendido trasladar, está siendo víctima».

La portavoz del Consell advirtió de que el Gobierno valenciano seguirá «defendiendo la legalidad» e «impidiendo las emisiones ilegales» tanto de TV3 como de «cualquier otra emisión televisiva que en esta comunidad esté actuando sin licencia y sin cobertura legal». El Consell quiere hacer valer un protocolo de reciprocidad e impedir que TV3 se vea en la Comunidad Valenciana mientras Canal 9 no tenga garantizadas sus emisiones en la autonomía vecina. De las 651.650 firmas entregadas en el Congreso por ACPV, 253.549 provenían de la Comunidad Valenciana.

ABORTO, ENSEÑANZA, BURKA:

AGUSTÍN YANEL / Madrid

Diez días para permitir abortar

El Gobierno da ese plazo para que decida el comité clínico tras solicitarlo la mujer

• El comité clínico encargado de decir si el feto de una mujer en estado de gestación padece una enfermedad grave e incurable, lo que permite interrumpir el embarazo hasta las 22 semanas, tendrá un plazo máximo de 10 días para emitir su dictamen. Se trata, según el Gobierno, de que la madre deba esperar la decisión el menor tiempo posible en una situación tan difícil para ella.
  

Así lo establece un real decreto que aprobó ayer el Consejo de Ministros, que desarrolla la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Ese comité clínico estará formado por dos médicos especialistas en obstetricia y ginecología y por un pediatra. En cada comunidad autónoma existirá al menos un comité, que actuará a instancias de la mujer embarazada. Así se garantiza que ese servicio será prestado, con independencia del lugar de residencia de la afectada.

El real decreto establece la información que debe recibir la madre antes de dar su consentimiento para interrumpir el embarazo. Entre otras cosas, deberá ser informada sobre las ayudas públicas y los derechos que tiene: prestaciones familiares por el nacimiento y por la maternidad, riesgos durante el embarazo o la lactancia, beneficios laborales y fiscales y ayudas al empleo, entre otras.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ese proceso de información refuerza la seguridad jurídica de la mujer, porque será «previo» a la decisión de interrumpir o no el embarazo, «claro y objetivo».

Las chicas de 16 y 17 años que quieran interrumpir su embarazo acogiéndose a alguno de los motivos previstos en la ley -uno de los aspectos que más polémica creó durante la tramitación del proyecto- deberán acreditar que han informado a su representante legal, que deberá acompañarlas al centro médico.

En el caso de que la mujer alegue conflictos graves con sus padres -violencia familiar, amenazas o coacciones para que no aborte, malos tratos, desarraigo o desamparo-, el médico deberá acreditar por escrito que esos motivos están fundados, para lo cual podrá pedir informe a un psiquiatra, psicólogo o trabajador social.

El Consejo de Ministros también aprobó ayer otro real decreto sobre esta materia, con el objetivo de asegurar la igualdad y la calidad en la asistencia para interrumpir un embarazo, con independencia del lugar donde resida la mujer.

La interrupción voluntaria se realizará en un centro de la red sanitaria pública o en los que estén vinculados a ella. En el caso de que el centro no pueda prestar la asistencia a tiempo, reconocerá a la mujer su derecho a acudir a cualquier otro de España autorizado y abonará los gastos.

Los centros actualmente autorizados tendrán un plazo de cuatro meses para acomodarse a las condiciones de la nueva ley, que entrará en vigor el 5 de julio.

CARMEN REMÍREZ GANUZA / Madrid

Pons critica al fiscal por el «'burka' judicial»

El PP pregunta por la celebración del juicio a puerta cerrada contra Antonio Rubio

El vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, registró ayer una pregunta en el Congreso con la que reclama al Gobierno una respuesta por escrito en relación con la celebración, anteayer, de un juicio a puerta cerrada contra el subdirector de EL MUNDO, Antonio Rubio, por presunta revelación de secretos. La decisión correspondió a la juez de Madrid Carmen Viñanas, pero el diputado popular emplaza al Ejecutivo a explicar la actuación de la Fiscalía.

«¿Comparte el Gobierno el criterio seguido por la Fiscalía de excluir la garantía constitucional a un juicio público en el proceso abierto contra el subdirector de un periódico nacional en el que se cuestiona el derecho fundamental a la libertad de información?», reza la pregunta del dirigente popular.

Dado que el periodo de sesiones ordinarias en la Cámara Baja termina el 30 de junio, el diputado no ha tenido opción de preguntar verbalmente al Ejecutivo en sesión de control, pero su propósito, en todo caso, es hacerlo con la reanudación de los plenos, a partir de septiembre.

Así lo aseguraba Esteban González Pons, en declaraciones a este diario, al tiempo que expresaba su protesta por la manera en que se celebró el citado juicio: «Quiero vivir en un país en el que a la libertad de información no se la encapuche para ser juzgada. ¡Esto sí que es un burka judicial!».

«Me parece», añadía, «que celebrar a puerta cerrada juicios contra periodistas es uno de los actos más negros que pueden ocurrir contra los derechos fundamentales y las libertades públicas». Además, puntualizaba que «Antonio Rubio no es el único periodista querellado por la Fiscalía en nombre del Estado».

«¡Qué manía le tiene Cándido Conde-Pumpido a la libertad!», insistía, en relación al fiscal general del Estado. «Cuando se filtran los sumarios no persigue a los fiscales o autoridades que puedan ser filtradores pero, por lo visto, persigue a los periodistas que reciben información y que la transmiten a la opinión pública para que ésta la conozca».

R. B. / Madrid

El Gobierno implanta la reforma educativa que el PP no quiso apoyar

Habrá dos itinerarios en 4º de la ESO, uno hacia Bachillerato y otro hacia FP

El Gobierno cifró ayer en 590 millones de euros lo que vale al año afrontar la modernización del sistema educativo, situada entre las prioridades del Ejecutivo desde la llegada de Ángel Gabilondo al Ministerio de Educación, hace poco más de un año. Al menos en tiempos de crisis, como se destacó en el Consejo de Ministros.

Hubo un intento de pacto de Estado, el más serio que se ha producido en España en décadas, pero finalmente, ante la oposición del PP, el Ejecutivo ha tenido que poner en práctica sus recetas en solitario. No obstante, muchas de ellas requerirán el visto bueno del Congreso, con lo que toca volver a negociar en busca del consenso.

El objetivo es trabajar a 10 años, y ayer se aprobó la primera pieza, el Plan de Acción para el curso que viene. Las novedades, que ya estaban contempladas en la propuesta de pacto de Estado, afectan a todos los ámbitos de la enseñanza, desde la infantil hasta la universitaria, y pretenden atajar el que, para Gabilondo, es el principal problema de la educación en España: el fracaso escolar.

Con la vista puesta en incrementar «el número de jóvenes que se gradúan en ESO [a los 16 años] y que continúan su formación después de ella», desde el próximo curso se modifica 4º de la ESO, para abrir la vía a que los estudiantes puedan optar por la formación profesional, y no sólo y automáticamente por el Bachillerato.

Así, en 4º de la educación secundaria, el último curso de la enseñanza obligatoria, habrá dos opciones con «carácter orientador»: una hacia el Bachillerato -y, por extensión, hacia la universidad- y otra hacia la FP, a la que se quiere impulsar, quitándole de una vez por todas el sambenito de ser la opción de los que fracasan en los estudios.

Los alumnos, por tanto, tendrán que elegir a los 15 años, uno antes que ahora. No obstante, la decisión no será irrevocable, ya que el sistema será flexible y se podrá cambiar posteriormente.

En el Plan de Acción aparece también muy destacado el impulso al aprendizaje de lenguas extranjeras, que para el Ministerio es uno de los grandes déficits de la educación española. Habrá un programa específico para ello que, entre otras cosas, incidirá en la inmersión lingüística en los centros y promoverá estancias de entre tres y 10 meses en países europeos para alumnos de ESO y Bachillerato, de forma similar al Erasmus universitario.

Para disponer de información del nivel del alumnado, se introducen dos nuevas evaluaciones generales al final de los principales ciclos de enseñanza, en 6º de Primaria (12 años) y en 4º de la ESO (16 años). El Congreso debe aprobar la implantación de estas pruebas.

En la universidad, se apuesta por acelerar su modernización, promoviendo su internacionalización y potenciando los campus. Además, se crea un observatorio de becas.

El plan, que supone en la práctica una reforma, mantiene conceptos como «transversalidad» y «flexibilidad» y, por tanto, la esencia del sistema actual no cambiará.

Precisamente, esto es lo que denunció ayer el PP, cuyo portavoz en Educación, Juan Antonio Gómez Trinidad, dijo que el plan sólo «palia los graves problemas que tiene el sistema educativo español». «Las raíces del árbol están podridas y lo único que se hace es tunear el sistema», dijo, informa Servimedia.

ESPAÑA EN QUIEBRA: La Caja expoliada por los socialista de Castilla-La Mancha necesita otros 350 millones más de dinero público a fondo perdido

JUAN EMILIO MAÍLLO / Madrid

CCM necesita otros 350 millones del fondo de garantía de las cajas

Su participación en Banco Liberta puede verse reducida del 25% a sólo un 10%

Caja Castilla-La Mancha se encamina hacia su desaparición. El próximo día 30 de junio tendrá lugar la Asamblea General que decidirá si aprueba el «plan de rescate» de la entidad, según recoge el propio documento de convocatoria. La segregación de la actividad bancaria de CCM se producirá a más tardar el 31 de octubre.

Los consejeros generales de CCM deberán dar el visto bueno a una nueva ayuda del Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas de Ahorros, que ya aportó 1.300 millones de euros de recursos propios a la entidad y estableció un esquema de protección de activos por otros 2.475 millones.

Se trata ahora de una aportación de 350 millones de euros recogida en el acuerdo marco entre CajAstur (que a través de Banco Liberta se quedará con CCM) y el citado fondo de garantía. Esa liquidez servirá para cancelar unos préstamos que CCM tiene con tres entidades alemanas.

Además, la participación que CCM obtendrá inicialmente en Banco Liberta, del 25%, podrá verse reducida hasta el 10%. Todo dependerá de cuánto obtenga el fondo de garantía de las cajas de ahorros de los activos que le aportará CCM en compensación por los 1.300 millones que le entregó para reforzar su solvencia.

Entre esos activos hay 1.106 millones vinculados a Midamarta (sociedad en la que CCM integró activos inmobiliarios que se adjudicó de sus clientes).

Si la cuantía que logra el fondo de las cajas por la venta de esos activos no supera los 700 millones de euros, recibirá hasta un 5% de Liberta. Si oscila entre los 700 y los 1.100 millones, hasta el 10%. Y si supera esa cantidad y es inferior a 1.300 millones, un máximo del 15%.

Si, por el contrario, el fondo de las cajas ganase dinero con CCM (algo harto improbable según fuentes próximas al proceso dada la baja calidad de esos activos), devolverá el 60% de lo logrado.

La entidad manchega, que se convertirá en una fundación que gestionará la obra social, no podrá dedicar más de 11 millones de euros a la misma. Si recibe más dinero vía dividendos de Banco Liberta habrá de constituir un fondo de reserva.

Dentro del proceso de rescate de CCM, Banco Liberta se va a quedar con unos activos de 23.211,2 millones de euros y un pasivo de 22.769,2 millones. Del negocio que irá a parar a la filial de CajAstur -que trasladará su sede social a Cuenca- se excluyen las participaciones en la Corporación CCM, en la citada sociedad Midamarta y otros activos relacionados con el ladrillo, además de los vinculados a la obra social.

Pero todo dependerá de lo que pase en la Asamblea General de este miércoles. El PP, que tiene 40 consejeros generales, anunció ayer que no votará a favor del rescate de CCM. Con que otros 10 consejeros generales voten lo mismo la operación se iría al traste, ya que son necesarios los votos favorables de 100 de los 150 miembros de la Asamblea. «No podemos votar a favor de una cosa en la que no creemos», justificó Francisco Gil-Ortega, diputado regional del PP por Ciudad Real.

FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid

'Usted ha tenido la disponibilidad de fondos en Suiza'

Hacienda impide a los inspectores intervenir en el rastreo de las 3.000 fortunas con cuentas en Ginebra

Hacienda invita claramente a los 3.000 titulares españoles de cuentas opacas en Suiza a regularizar ante el departamento de gestión en lugar de intervenir a través de la Inspección. Lo que significa un trato preferente hacia este colectivo respecto a lo que sucede con los demás contribuyentes.

«Según los datos que constan en poder de la AEAT, obtenidos a través del departamento de Inspección Financiera y Tributaria...», así comienza el requerimiento que la Agencia Tributaria les ha enviado con fecha del 21 de junio y que firma el responsable de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria. Es decir, Hacienda dice que los datos los ha obtenido su cuerpo de Inspección, aunque ha reconocido que se los han pasado las autoridades francesas y obtenidos con métodos dudosos. Sin embargo, no es la Inspección quien el Gobierno ha decidido que actúe en el caso sino el área de Gestión.

Por tanto, ya en el primer párrafo les está dando «el trato de favor» que han denunciado los inspectores y el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), frente a una actuación investigadora completa y a la vez sancionadora directa.

Según estas datos, continua la carta, «usted ha tenido la disponibilidad de fondos situados en Suiza en la/las cuentas del banco HSBC nº..... (aquí se identifican las cuentas) durante el año 2005 y/o siguientes».

Por ello, la agencia requiere para que procedan al «cumplimiento de la presentación de la/las declaraciones a las que resulte obligado...», se señala. Es decir, se les pide que informen si han presentado declaración de la renta y patrimonio. «Lo habitual es que todos ellos, como residentes en España, hayan presentados dichas declaraciones», según los asesores consultados. Otra cosa es que los datos coincidan con los que ahora dispone Hacienda.

En todo caso, la Agencia le matiza en el requerimiento al contribuyente que «si considera que no se encuentra obligado a la presentación de tales declaraciones, deberá comunicarlo expresamente y justificarlo por escrito ante esta oficina, aportando la documentación que considere oportuna».

Y por si había alguna duda de este trato preferente, en el cuarto párrafo se señala que con esta notificación «se inicia un procedimiento de gestión tributaria que tienen por objeto el control del cumplimiento de sus obligaciones formales». Es decir, sólo se le pide que diga si ha presentado o no la declaración.

¿Y si no lo hace? Está en juego el ejercicio fiscal de 2005 por la vía administrativa porque prescribe el próximo miércoles día 31, fecha en que concluye el plazo de la declaración por IRPF del actual ejercicio.

En fuentes jurídicas se señala que a los clientes se les podría estar aconsejando que hagan oídos sordos al requerimiento administrativo y pelear luego en vía penal. Aunque hay un año más de prescripción para este procedimiento, las autoridades suizas ya están diciendo que no van a colaborar. Fuentes del HSBC manifestaron ayer que «no hay ninguna relación» entre la entidad y el Gobierno español. También subrayaron que las autoridades suizas no han recibido ninguna notificación de las francesas para confirmarles que han entregado a España la lista de clientes robada por un ex empleado de su filial de banca privada en el país helvético.

El director de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, negó ayer que los requerimientos efectuados a residentes españoles con cuentas en Suiza representan un trato de favor y afirmó que si estos contribuyentes no consiguen justificar la regularización de patrimonios, se irá «hasta el final».

«No se trata de un trato de favor a grandes patrimonios sino de una investigación puntera singular», afirmó López Carbajo

LAS MILLONARIAS CUENTAS DE LOS DÉSPOTAS DE IRÁN: Las millonarias cuentas del régimen iraní

RICARD GONZÁLEZ / Washington

EEUU castiga hacer negocios con Irán

Las dos cámaras del Congreso aprueban una nueva ronda de sanciones unilaterales
Su objetivo es asfixiar la economía del país a base de cortar el suministro de petróleo

Especial para EL MUNDO

Estados Unidos dio ayer un paso más en su estrategia de presión contra el régimen iraní para que abandone, o limite, su programa nuclear. Las dos cámaras del Congreso aprobaron el viernes por la noche una nueva ronda de sanciones unilaterales contra Irán, que afecta sobre todo a los sectores de la energía y las finanzas. Al igual que la Ley Helms-Burton para Cuba, las nuevas sanciones tienen un elemento de extraterritorialidad, porque introduce n sanciones a las empresas extranjeras que pretendan hacer a la vez negocios en EEUU e Irán.

La propuesta de ley, que aún debe ser firmada por el presidente Obama, fue aprobada con una unanimidad poco habitual en estos tiempos en el Capitolio. En la Cámara de Representantes recibió 408 votos a favor y sólo ocho en contra. En el Senado los 99 votos emitidos fueron favorables, es decir, de momento, el consenso entre republicanos y demócratas en este asunto es total.

El principal objetivo de las sanciones es asfixiar la economía iraní a base de cortar el suministro de petróleo. A pesar de que Irán figura entre los países productores de crudo, su infraestructura para refinar el combustible es menor, por lo que es un importador neto de gasolina.

Por lo tanto, la ley prevé penalizar a las compañías que exporten a Irán este tipo de productos, así como también a aquellas que proporcionan asistencia material o técnica que permita el desarrollo del sector energético. Esto incluye, por ejemplo, a los bancos que ofrezcan dinero a proyectos energéticos, a los que se privaría de acceso al sistema financiero norteamericano. Estas entidades serían «excluidas del sistema financiero de Estados Unidos», explicó ayer el autor del proyecto de ley, el demócrata Howard Berman.

La ley también prohíbe la concesión de contratos federales a firmas extranjeras que exporten tecnología que pueda ser utilizada por las autoridades iraníes para restringir la libertad de expresión, un guiño a la oposición al presidente Mahmud Ahmadineyad.

La aprobación del texto fue recibida con declaraciones grandilocuentes por parte de algunos congresistas. «Constituyen una acción decisiva para obligar al régimen iraní a poner fin a su búsqueda de armas nucleares», declaró la republicana Ileana Ros-Lehtinen, de origen cubano, y representante de Miami. «Con esta legislación hacemos una pregunta a las compañías de todo el mundo. ¿Queréis hacer negocios con EEUU o con Irán?, aseguró el senador John McCain.

Sin embargo, no está nada claro que los efectos de las sanciones sean tan contundentes, y mucho menos que consigan cambiar la actitud de Teherán. Para empezar, en previsión de unas sanciones largamente debatidas, las autoridades iraníes se han preparado para minimizar sus efectos. Gracias a un sistema de racionamiento, el Gobierno ha sido capaz de reducir el consumo y la dependencia del petróleo refinado exterior del 40 al 25%. Además, durante los últimos años, el Estado ha ido incrementando sus reservas y ha explorado el uso de combustibles alternativos.

Por otra parte, esta por ver que se lleguen a aprobar las sanciones a empresas extranjeras, puesto que no sólo la extraterritorialidad es ilegal en el caso de penalizaciones unilaterales, sino que podría dañar las relaciones de Washington con algunos de sus aliados. De hecho, ésta no es la primera vez que EEUU aprueba una ley que castiga a las empresas extranjeras que invierten en Irán. En 1996, se aprobó una legislación para aquellas compañías que invirtieran más de 20 millones de dólares en Libia o Irán. A pesar de que se ha ido renovando cada cinco años, ninguna empresa ha sido sancionada. Si se repite la historia, la nueva ley podría ser un maná para las empresas de otros países como China.

ROSA MENESES

Las millonarias cuentas del régimen iraní

El guía supremo y otras figuras políticas, tienen fortunas secretas en el exterior

Mientras los iraníes sufren cada día las escaseces de la cartilla de racionamiento impuesta desde los tiempos de la guerra contra Irak, sus líderes viven en la opulencia. Cuentas en bancos suizos, chalés en el mar Caspio, suculentos negocios en productos básicos como el azúcar o el arroz... Nada escapa a la avidez de los potentados del régimen de los ayatolás.

El propio guía supremo, Ali Jamenei, no es nada espiritual cuando se trata de amasar riquezas. Se calcula que su fortuna y la de su familia alcanza la cifra total de 36.000 millones de dólares (más de 29.000 millones de euros), de los que 30.000 millones pertenecen sólo al sucesor del imam Jomeini, proclamado de la noche a la mañana como marya al taqlid, fuente de emulación para los devotos chiíes.

Se dice también que su hijo, el temible Mojtaba, posee 1.200 millones de euros en bancos británicos (cantidad que está bloqueada por causa de las sanciones), 2.200 millones de euros invertidos en Alemania y 766 millones de dólares (más de 618 millones de euros) en Qatar. Otro hijo de papá, Mahdi Ahmadineyad -vástago del presidente, Mahmud Ahmadineyad- le va algo a la zaga. Tiene en Bélgica 18 millones de euros, 45 millones en Suiza y otros 44 millones en una banca islámica de Emiratos Árabes Unidos.

Un periódico kuwaití publicó hace unos meses una lista de 66 personalidades iraníes que, todas juntas, manejaban una cifra de 16.000 millones de dólares en el extranjero (casi 13.000 millones de euros). Según sus fuentes, la información sobre las abultadas cuentas de los mandamases de la República Islámica se basa en estimaciones de la oposición iraní, por lo que algunos datos podrían estar exagerados.

Aun así -incluso aunque fuera una mínima parte de lo que dice la oposición-, las exorbitadas cantidades dan cuenta del afán de lucro de los que están en el poder en la República Islámica. Figuras como Ghulam Husein Elham, ex portavoz del Gobierno, negacionista del Holocausto y perseguidor -desde el Ministerio de Justicia- de la premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi. Acantona más de 20 millones de euros en Dubai, 10,5 millones en Turquía, 13,7 en Suiza y 566.000 en Beirut.

A Ebadi, abogada y activista por los derechos humanos, el Gobierno le ha confiscado todas sus propiedades personales y le exige un millón de euros en concepto de impuestos por la suma que recibió de Oslo, aunque la ley exime el pago de tasas a las arcas públicas por este tipo de galardones.

Las sanciones han hecho que los líderes iraníes muevan sus millones de los bancos estadounidenses a las financieras asiáticas, árabes y europeas. Hasan Firuzabadi, comandante de la Guardia Revolucionaria, tiene depositados unos 260 millones de euros en Malasia, 52 en Emiratos Árabes, 83 en Kuwait y casi 14 en Turquía.

La nomenklatura iraní no se priva de exquisiteces. Según un iraní exiliado en Francia que estuvo al servicio del ayatolá Jamenei, el guía supremo, de 70 años, tiene debilidad por el caviar y le gusta coleccionar caballos, según publicó el Daily Telegraph. Jefe espiritual de Irán desde 1989 (antes fue presidente), que expande sus negocios particulares a la importación de azúcar y arroz, tiene intereses en la industria del petróleo y el gas.

Se suceden las leyendas sobre el ayatolá, como ya ocurriera en tiempos de la decadencia del régimen de Sadam Husein. Se dice que Jamenei mantiene una «corte imperial» a su alrededor que le sigue y le sirve en los seis palacios que tiene en la antigua Persia. Protege al líder una fuerza de élite de unos 200 hombres. En dos de esos palacios se han construido búnkeres antinucleares. Y entre las joyas arquitectónicas de las que disfruta se incluye la de Naviran, que fue la residencia del sha en Teherán, hasta que el ostentoso monarca fue derrocado por la Revolución Islámica de 1979. Al final, todos los tiranos se parecen.

G-8 y G-20: Mil millones de euros para pagar la cumbre del recorte del gasto

P. P. / Toronto

Mil millones de euros para pagar la cumbre del recorte del gasto

El coste del encuentro bate todos los récords en plena recesión internacional

Enviado especial

El Gobierno de Canadá se ha gastado 1.060 millones de euros de dinero del contribuyente en un encuentro para buscar fórmulas para recortar el gasto público, estabilizar el sistema financiero, sentar las bases de un crecimiento sostenido de la economía mundial y ayudar a los países en vías de desarrollo. De esa cantidad, el 81,7%, es decir, 755 millones de euros, se han ido a medidas de seguridad.

A cambio, lo más que podía mostrar anoche el Gobierno de Canadá era su compromiso para donar 3.000 millones de dólares canadienses, es decir, 2.435 millones de euros, para apoyar la maternidad en los países más pobres del mundo.

El anuncio canadiense era sólo un primer paso hacia un acuerdo que se esperaba que fuera anunciado alrededor de la medianoche, hora española, y que contaría con donaciones significativamente superiores, algunas de ellas de países ajenos al G-8, como China, Noruega y Países Bajos, y también de organizaciones privadas, como la Fundación Bill y Melinda Gates, que el lunes comprometieron 1.217 millones de euros en esa iniciativa.

De hecho, ese paquete de ayudas ya ha dejado claro que el espíritu de cooperación del G-8 y del G-20 se ha ido evaporando a medida que la crisis financiera quedaba atrás. Y es que, como explica el ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) y actual profesor de la Universidad de Chicago, Raghuram Rajan, en la revista Institutional Investor, «no hay ningún grupo que apoye a la economía mundial como tal en ningún país. Las consideraciones domésticas siempre triunfan sobre la situación mundial».

En el caso de las ayudas propuestas por Canadá, esa situación ha quedado más que patente. El Gobierno de Ottawa es conservador, es decir, próximo al Partido Republicano de EEUU, así que dejó claro que sus donaciones no se destinarían a la promoción del aborto. Eso, a su vez, es anatema para EEUU y Reino Unido. Hillary Clinton llegó a criticar la decisión de Ottawa en abril, cuando afirmó que «no puedes hablar de la salud de las madres […] sin incluir el acceso a abortos seguros y legales».

Un programa paralelo

En general, las ayudas al desarrollo eran el eje de la cumbre del G-8, que se celebra en el hotel de Deerhurst, justo a 160 kilómetros de Toronto. En esta ocasión, el Gobierno de Ottawa ha tirado la casa por la ventana para seducir a sus visitantes, y ha llegado al extremo de construir un lago artificial, con canoas incluidas, para mostrar los encantos del país.

Unas canoas en las que ayer tenían previsto pasear las esposas de los mandatarios, con la excepción del marido de Angela Merkel, Joaquim Sauer, que no suele acompañar a su mujer en sus cumbres, ni participar en las actividades de índole decimonónica (visitas a museos, actividades deportivas) reservadas a las primeras damas.

El Ejecutivo del primer ministro canadiense, el canadiense Peter Harper, ha justificado esos gastos alegando que las cumbres del G-8 y el G-20 son la oportunidad perfecta para vender a Canadá en el exterior. Según el Gobierno de Ottawa, sólo el hecho de que el presidente chino, Hu Jintao, viaje con 250 empresarios, justifica los 1.060 millones de euros. Porque el G-20 tiene una cumbre paralela y oficiosa: el B-20, o Business-20, que es como se conoce a las reuniones de empresarios que a menudo viajan con los presidentes y primeros ministros.

En todo caso, esos 1.060 millones de euros podrían elevar en un 20% el Producto Interior Bruto (PIB) de Haití, cuya reconstrucción fue discutida ayer el Deerhurst. O apoyar la reconversión de industrias para que emitan menos gases que producen el efecto invernadero, otro de los temas de la agenda. Una agenda que revela el fracaso de un compromiso del G-20.

En 2005, en Gleneagles, el grupo se comprometió a duplicar, de 25.000 a 50.000 millones de dólares, la ayuda al desarrollo de África. A día de hoy, sólo lo ha aumentado hasta 32.000 millones de dólares, es decir, unos 25.850 millones de euros. Un fracaso que no oculta el hecho de que África y el resto del mundo en desarrollo está hoy mejor que hace cinco años, y no precisamente por la ayuda de Occidente sino por la adopción de reformas económicas y por la demanda de materias primas de China.

PABLO PARDO / Toronto

Obama pasa la factura a la gran banca

Impone la reforma financiera e incluye una tasa para cobrar los 15.400 millones que vale

Enviado especial

Fue un espectáculo político inimaginable en España, aunque no en las cumbres de la UE. A la una y media de la madrugada de ayer, hora local, los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, que llevaban 16 horas negociando la reforma de la supervisión financiera de EEUU, empezaron a tratar la cuestión más espinosa: el tratamiento de los derivados.

Entretanto, los ayudantes de los congresistas tenían que ir al pasillo a recargar sus agendas electrónicas y toda la sala rebosaba de los vasos de plástico en los que los estadounidenses beben café. Así siguieron hasta que a las 5.40 de la mañana, la conferencia terminó. En ese momento, EEUU daba luz verde a la reforma del sistema financiero más profunda en seis décadas. Y el Congreso hacía un regalo a Barack Obama, que cuatro horas más tarde partía hacia las cumbres del G-8 y del G-20 en Canadá con la nueva ley bajo el brazo, como muestra de que EEUU se toma en serio la regulación financiera.

Ahora sólo queda un voto puramente procedimental en el Congreso, y el sistema financiero de EEUU habrá cambiado. Es una transformación con ganadores y perdedores. En general, toda la industria financiera pierde. Pero algunos pierden mucho más que otros. Los más perjudicados son los cuatro grandes bancos universales: Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America y Wells Fargo. Les sigue, entre los damnificados, el número uno de Wall Street: Goldman Sachs. Todos ellos tendrán que asumir una nueva tasa, con la que Obama espera recaudar 19.000 millones de dólares (15.400 millones de euros) para pagar la reforma. Los bancos pequeños y los hedge funds sufrirán mucho menos con el nuevo marco:

CONSUMO. Se crea una Agencia de Protección del Consumidor, bajo la jurisdicción de la Reserva Federal. Ganador: la Fed, que aumenta su poder, y los bancos pequeños y las financieras de automóviles, que quedan fuera de las competencias del nuevo organismo. Perdedores: los bancos universales, que van a ser el blanco de la nueva agencia.

DERIVADOS. Los bancos deberán segregar gran parte de sus operaciones en los derivados más volátiles, colocándolas en subsidiarias que, a su vez, deberán tener unas reservas de capital extra. Tanto los beneficios como las pérdidas de esas subsidiarias no podrán ser consolidados en el balance de los bancos, lo que significa que las entidades pueden perder entre un 10% y un 20% de sus beneficios. ¿Qué ganan los bancos manteniendo estas subsidiarias? Simplemente, que pueden retener clientes que tienen depósitos tradicionales y remitirlos a sus subsidiarias para que realicen operaciones en derivados con ellas. Perdedores: los cuatro grandes bancos universales y Goldman Sachs, que acumulan el 97% del valor nocional de los derivados en EEUU. Ganadores: los hedge funds, que no están regulados y pueden seguir operando libremente con estos productos, y la Comisión de Trading en Futuros y Materias Primas (CTFC, por sus siglas en inglés), que supervisa estos activos.

INDEMNIZACIONES. Los derivados deberán negociarse en su mayor parte en mercados, con cámaras de compensación -formadas por inversores y mercados- que compensarán al tenedor de esos títulos en caso de que una de las partes se declare insolvente. Si las indemnizaciones amenazan con quebrar la cámara, el Estado intervendrá para salvarla. Ganadores: las cámaras ya existentes y la CTFC. Perdedores: las demás instituciones financieras, que han jugado con derivados sobre la base de la opacidad de ese mercado.

AUTOCARTERA. Las operaciones de autocartera, en las que los bancos invierten su propio dinero (a veces, apostando contra sus propios clientes) quedan limitadas. Los bancos no podrán destinar a estas actuaciones más del 3% de su capital en acciones. Perdedores: los cuatro grandes, Goldman y su rival Morgan Stanley. Vencedores: los hedge funds.

'HEDGE FUNDS'. Los hedge funds no estarán regulados, pero sí deberán registrarse en el Gobierno. Perdedores: estos fondos. Vencedor: la SEC (la CNMV de EEUU) que, tras haber caído en una crisis total con Bush, está recobrando rápidamente su prestigio y poder con Obama

INTERVENCIÓN. Liquidación de bancos y otras instituciones financieras. Las autoridades podrán intervenir y partir instituciones financieras que consideren un riesgo para el sistema financiero, aunque no estén en quiebra. Un nuevo Consejo de Estabilidad Financiera, formado por los reguladores y la Reserva Federal, podrá recomendar acciones en ese sentido y endurecer los requisitos de capital o bloquear operaciones empresariales si las considera peligrosas. Ganan, en general, los reguladores, y pierde Wall Street.

CONTROL DE RIESGOS. Los grandes bancos vuelven a perder. Deberán tener mayores reservas que los pequeños y se les aplicarán criterios más estrictos para determinar sus fondos propios. Los bancos hipotecarios tampoco salen bien parados, porque deberán ser más estrictos en la concesión de hipotecas y verán limitada su titulizacion.

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt las claves de la cumbre del G-20, por Pablo Pardo.

P. P. / Toronto

El Rey Abdullah, el 'Keynes islámico'

El monarca saudí entusiasma al comercio local, que espera que se gaste 1,2 millones

Enviado especial

La reencarnación de John Maynard Keynes, el economista que propuso usar dinero público para reactivar la economía cuando el sector privado está en recesión, llegó el martes a Toronto y se estableció en el hotel Four Seasons, situado en Yorkville, la principal zona comercial de la ciudad. Lo hizo bajo la forma de un venerable anciano de 85 años de edad, con cuatro esposas, 22 hijos, y una fortuna estimada por la revista Forbes en 13.700 millones de euros. Su nombre es Abdullah bin Abul Aziz, y no es ningún gestor de un hedge fund, sino el Rey de Arabia Saudí y Custodio de las Santas Mezquitas del Islam.

Un título al que muchos en Toronto desearían que añadiera el de Protector de las Boutiques y de las Joyerías de Canadá. Porque la asistencia del Rey Abdullah a las cumbres del G-20 suele suponer un verdadero chorro de dinero a las tiendas de lujo de las ciudades en las que se celebran los encuentros. Es, a fin de cuentas, una devolución de rentas, porque la fortuna del monarca procede del dinero que Occidente y las nuevas potencias de Asia se gastan en importar petróleo.

El séquito de Abdullah asciende al menos a 200 personas, aunque la cifra real podría ser considerablemente superior. Entre ellas hay economistas y guardaespaldas, pero también una parte de la Familia Real saudí, que tiene entre 7.000 y 25.000 miembros caracterizados por dos peculiaridades: la primera, que no suelen trabajar; y la segunda, que les gusta vivir bien.

Los hechos avalan esa tesis. Tras la primera cumbre del G-20, celebrada en Washington en noviembre de 2008, en pleno colapso del sistema financiero mundial, el Rey viajó con su séquito a la Clínica Mayo, en Minnesota, donde se sometió a un examen médico, mientras su entorno se dedicaba a arrasar, cuan nómadas del desierto armados con tarjetas de crédito en lugar de alfanjes, todos los hoteles, tiendas y centros comerciales del Estado, donde se gastaron 1,2 millones de euros, según el diario Toronto Star.

Pese a las estrictas reglas del Islam saudí, donde el consumo de alcohol se pena con una tunda de latigazos, el equipo de Abdullah demostró en Minnesota una notable afición a los vinos del Valle de Napa. Aunque su keynesianismo no acabó ahí: desafiando las normas sobre la modestia femenina que rigen en su país, las mujeres del sequito de Abullah se gastaron 2.000 euros en el local de Minneapolis de la cadena de tiendas New York and Co., especializada en «ropa sexy, confortable y a buen precio».

FIRMAS: Federico Jiménes Losantos, Isabel san Sebastian, Arcadi Espada, Pedro G. Cuartango, Victor de la Serna, Manuel Hidalgo, Lucía Méndez,

LA TRASTIENDA

Nuestra mayor pobreza

Isabel San Sebastián

Publicado el Sábado, 26 de junio de 2010

De todas las caras que presenta esta 'crisis horribilis' que nos fustiga, la más siniestra ha pasado prácticamente desapercibida, sin alcanzar la gloria de las portadas: España no quiere hijos. España sufre una grave enfermedad que le impide crecer y multiplicarse. España se muere poco a poco.

Desde la primera infancia de la Humanidad los vástagos fueron siempre fuente de alegría, perpetuación, prosperidad… Hoy se han convertido en una carga. Nunca dispusimos de tanta riqueza y sin embargo nunca cotizó tan a la baja el valor de una nueva vida. El año pasado nacieron menos de 500.000 bebés y fueron abortados más de un millón. ¿Qué clase de futuro aguarda a una sociedad que se mira de tal modo el ombligo? Romperse el cuello.

Se aducen las dificultades económicas como argumento para justificar la escasez de nacimientos, pero se trata de un argumento falaz que se desmonta recurriendo a las cifras de renta per cápita. La razón de fondo que explica esta debacle es mucho más compleja y poco tiene que ver con el dinero. Es una cuestión de consideración, de concepto, de ignorancia suicida. Los niños son percibidos por una alarmante cantidad de hombres y de mujeres como un estorbo para su desarrollo personal, un obstáculo en la carrera profesional, una molestia a la hora de planificar viajes o salidas, un desafío demasiado enmarañado en lo que concierne a su educación. En definitiva, un lastre. Leemos y escuchamos a diario testimonios de personajes y 'personajas' con gran proyección pública que se declaran «no preparados/as» para ser padres o madres, aunque sí para tomar las riendas de un ministerio, por ejemplo. Como si los hijos requirieran otra cosa que amor, ejemplo y algo de tiempo de calidad. Como si no fueran la mejor escuela de generosidad, el mayor de los regalos. Como si nos empeñáramos en empequeñecer deliberadamente el sentido de nuestra existencia agotándola en sí misma.

Caminamos a pasos agigantados hacia el escenario de un país de viejos, abanderado de una Europa senecta en la que hoy ya hay 85 millones de ancianos por 78 de jóvenes. Esa España arrugada, decrépita, exhausta, estará gobernada por los exponentes de esta generación de hijos únicos (la tasa de fecundidad, o sea, el número de criaturas habidas por cada mujer, está ya en 1,33 en las españolas y 1,69 en las extranjeras, que han dejado de suplir nuestras carencias), crecida entre algodones sin la menor idea de lo que significa compartir y acostumbrada a ver satisfechos todos sus caprichos al instante. ¿Quién pagará las pensiones de los abuelos? ¿Cuánto tardará en imponerse la eutanasia como 'solución final'?

Al tiempo...

LA BALSA DE LA MEDUSA

Marx y las bragas

Manuel Hidalgo

Publicado el Sábado, 26 de junio de 2010

Hay muchas personas que lo saben todo sobre la talla de las bragas de Belén Esteban y hay unas pocas personas que lo saben todo sobre las cesuras en la poesía de Virgilio, siendo bien cierto que casi la totalidad del personal no sabe siquiera lo que es una cesura.

Así de mal repartido está el conocimiento. El conocimiento de las cesuras, desde luego, no es lo más importante que hay en este mundo, y para eso están las clases medias del saber, que pueden citar cuatro cuadros de Velázquez por su título, un par de sinfonías de Beethoven de oídas y el número 'pi' -que nunca ha servido p [...]

LA POLÉMICA NACIONAL

Sordina al pacto, que luego los
'duros del PP' van e incordian

Víctor de la Serna

Publicado el Sábado, 26 de junio de 2010

Con solemnidad, EA y la izquierda 'abertzale' firmaban su pacto en Bilbao. Algunos lo denunciaban. Así, Ignacio Camacho, en 'ABC': «Acuciados por la necesidad perentoria de encontrar hueco en las instituciones locales que alimentan su entramado filoterrorista, los batasunos han contratado a Eusko Alkartasuna como vientre de alquiler para incubar el huevo de la serpiente al calor del presupuesto público». Y ratificaba Consuelo Sánchez-Vicente, en 'La Vanguardia': «La pretensión de Eusko Alkartasuna de jugar sola a este juego me parece doblemente lamentable, mendaz y mentirosa. Basta ya de engañar a la gente. Batasuna no es un partido perseguido por sus ideas radicales: hasta que cumpla la ley de partidos Batasuna es ETA. Habría sido estupendo que las cosas fueran de otra manera, pero como dice Rubalcaba, Batasuna está 'incapacitada' para separarse de ETA. Es a ETA a la que los nacionalistas vascos de EA (la escisión del PNV de Carlos Garaikoetxea, que fue lehendakari, por favor) le han puesto el domingo la alfombra».

¿Es EA la culpable del bochorno? Federico Jiménez Losantos, en EL MUNDO, tiraba de historia y discrepaba: «Dice Rubalcaba que 'la historia democrática de Eusko Alkartasuna (EA) es impecable'. Si no recuerdo mal, es lo mismo que dijeron el fiscal general y el Gobierno (Rubalcaba siempre es el Gobierno) cuando ETA eligió el disfraz de Acción Nacionalista Vasca (ANV) para presentarse a las elecciones municipales. (...) A efectos políticos, el que inventa las coartadas legales del terrorismo no es ETA, es el PSOE. Recordemos que el PSOE ha llegado a prohibir y permitir a la vez las mismas siglas etarras según en qué provincia se presente».

Enfrente está 'El País', donde, inasequible al desaliento, Luis R. Aizpeolea repetía: «La que tiene clara su hoja de ruta es la izquierda 'abertzale', que proclama su apuesta por un polo soberanista por 'vías políticas y pacíficas', para las que trata de ganar adhesiones y aumentar con ellas la movilización de sus bases, desanimadas tras la ruptura de la última tregua hace ahora tres años». Pero, quizá escaldados por los patinazos de las últimas semanas, ni un editorialista o columnista del periódico de Prisa decía esta boca es mía.

En cambio, 'El Periódico' daba una de cal y otra de arena en un editorial: «Es precisamente la política de firmeza la que ha llevado a los radicales a interiorizar que sólo podrán hacer política legal si se distancian de ETA (...). Pero algo está cambiando en el mundo de Batasuna. Por eso esa firmeza en lo esencial no debe impedir que se adopten decisiones que faciliten el desenganche. En este aspecto, la discreción es esencial. Entre otras razones para evitar que el ala dura del PP, con Mayor Oreja al frente, ponga constantes palos en las ruedas de una solución. Porque parece que al PP lo que más le molesta es que esa solución pueda llegar mientras aún gobierna Zapatero».

Es cristalino el editorialista del diario filosocialista barcelonés: que sigan los contactos con los 'abertzales' y sus jefes, pero discretitos, porque el peligro no son ellos, sino esos incontrolados del PP.

EL CORREO CATALÁN

'Personal Copyright'

Arcadi Espada

Publicado el Sábado, 26 de junio de 2010

Querido J:

SEQUEIROS

En octubre saldrá a la venta la novela Annexed: The Incredible Story of the Boy Who Loved Anne Frank (Andersen Press), de Sharon Dougar, una escritora británica especializada en adolescentes. En su novela, Dougar utiliza la retórica del falso diario, atribuyéndoselo al joven Peter van Pels, que compartió escondite con Ana Frank. El eje de la atención publicitaria del libro es el enamoramiento y el petting (de la edición final se suprimió un coito) de Ana y Peter. En Gran Bretaña ha provocado una cierta atención polémica. El único pariente vivo de Ana Frank, su primo Buddy Elias, se queja de que las caracterizaciones de los personajes no son fidedignas. Y ha añadido que no se debería hacer ficción con «su horrible destino». La Fundación Ana Frank, por su parte, ha acusado a Dougar de querer hacer dinero a costa de la memoria de la joven y le reprocha que no haya sido capaz de crear personajes desde cero.

La escritora afirma haber tenido las mismas dudas y se ha defendido apelando a la «sensibilidad» con que ha escrito el libro. También ha dicho que en los diarios de Ana Frank la sexualidad ocupa un espacio mayor que en su novela. Y ante los que la acusan de haber incurrido en el anacronismo (es decir de haber materializado la atracción de Ana y Peter, ignorando que en la sociedad de la época la materialización sentimental era mucho más improbable que en nuestro tiempo), se remite a la biología: lo único que han cambiado son las costumbres; porque las hormonas de los adolescentes de hace 60 años eran las mismas que ahora.

Comprenderás, dados mis gustos, que estas cuestiones hayan armado también la habitual polémica en mi cabeza.

Empecemos por despejar el campo en la medida en que se pueda. Es obvio que el primo Elias se adentra en territorios pantanosos. No parece que sólo los destinos felices puedan ser materia de las ficciones. La Fundación no debería aludir al dinero. Mucha gente en el mundo hace dinero con la memoria. ¡Si lo sabremos en España! El problema no es la falsa moneda, sino la falsa memoria. En cuanto a hacer personajes desde cero, la réplica es sencilla: no hay personajes, ni siquiera vivos, que estén hechos desde cero. Las ficciones, como ya dijo Christophe Donner hace años, no sólo se alimentan de lo que pasa, sino de lo que no pasa y debiera pasar: «Si tengo sed, imagino que bebo». Y en cuanto a la «sensibilidad» que garantiza la novelista no es más, dicho de un modo benevolente, que el pacto sexual al que parece haber llegado con sus editores, no yendo más allá del petting. Dougar tiene una franca relación con los tópicos: hay por ahí otro momento de sus justificaciones en el que dice, sin rubor, que ella no quería escribir esta historia pero que «la historia la eligió a ella» para ser contada. Ya sabes: mesas que se mueven.

Un reportaje en el Guardian ofrece también el punto de vista de John Boyne, autor de la célebre novela El niño con el pijama de rayas. Sus opiniones sobre el papel pedagógico de la ficción proyectada sobre asuntos como el Holocausto me parecen razonables, o al menos pueden discutirse. Y Boyne dice, como ya dijo nuestro Pombo: «Coloquemos un personaje de ficción en un marco histórico y ese mundo se habrá corrompido.» Creo que le darás la razón, desde luego. Pero no, justamente, si la sentencia se aplica al caso que nos ocupa: Ana Frank no es un personaje de ficción. Y la cuestión clave es, precisamente, si la ficción puede corromperla. No conozco el libro de Dougar y no sé en qué medida sus tesis y sus estética narrativa necesitan de Ana Frank. Más bien me inclino a pensar que son sus derechos de autor los que necesitan a Ana Frank. Aunque ya te he dicho que la cuestión no es el dinero: sólo la forma de ganarlo.

La estrategia de Dougar no es distinta de aquella que utilizó Donald McCaig para escribir la continuación de Lo que el viento se llevó. Un asunto muy interesante: McCaig negoció su proyecto durante doce años con los herederos de Margaret Mitchell, la autora de la novela original. Dougar, en cambio, no ha necesitado del asentimiento de los herederos de Ana Frank: es la diferencia entre las personas y los personajes. Las personas no tienen copyright. Al parecer nadie impide que un novelista invente los besos de Ana Frank. Pero si se trata de los besos de Rhett Butler (¡y no de los de Clark Gable!) habrá de pagar. Debe de ser aquel tributo a la verdad poética que hacen flamear los aristotélicos.

Como sabes bien, yo soy un hombre caracterizado por el sentido práctico y todas las cartas que te escribo aspiran a tenerlo. Después de muchos años dedicado al examen de estos avatares de la fiction y la faction ha llegado la hora pragmática. Estarás de acuerdo en que yo no puedo escribir en un periódico que Ana Frank mantuvo relaciones sexuales durante su cautiverio. El titular provocaría una airada petición de explicaciones. E incluso algún problema judicial: no se puede mentir impunemente en un periódico. Imagínate lo que sucedería si yo escribiera que el ministro Pedro Solbes (una persona viva y coleando) mantuvo relaciones sexuales en un Consejo de Ministros. El derecho al honor y mil etcéteras. Dirás que la diferencia radical está en el género: no es lo mismo escribir en un periódico que en una novela. La objeción habitual. Pues bien, no. Ya no.

La exigencia de veracidad del nombre propio no debe verse afectada por la circunstancia retórica en que se exhiba el nombre. Es decir, por el hecho de que el nombre figure en un periódico o en una novela. La nitidez de esas circunstancias es mucho menos intensa que el nombre propio y sus etiquetas asociadas, es decir, Ana Frank, Ámsterdam, ocupación nazi, cautiverio. Por lo tanto cualquier utilización de los nombres propios en una ficción deberá someterse a las mismas exigencias de veracidad que se darían en el caso de aparecer en un periódico. Y con las mismas consecuencias, en el caso de falseamiento. El nombre propio corrompe la ficción e instala un automático pacto de veracidad.

Estoy seguro de que te parecerá perfectamente razonable esta propuesta. Has dado muestras repetidas de ser un hombre cabal. Pero lo que espero, sobre todo, es que les parezca razonable a todos esos aniñados que están todo el día jodiendo la marrana a propósito de la imposibilidad de distinguir entre realidad y ficción y entre personas y personajes. A su campo me he pasado, y con sus propias armas y bagajes. Yo tampoco distingo. La Ana Frank de la ficción no existe.

Sigue con salud A.

CONJETURAS

A. Rubio

Erasmo

Publicado el Sábado, 26 de junio de 2010

Incalculable Billy Clinton, su affaire sexual estrafalario, Oval Room, fellatios furtivas, su tenor sax y los solos de clarinete de Monica Lewinsky. Apagar el clamor mediático: bombardeó una instalación dizque de armas químicas en Sudán; era una fábrica de aspirinas. Aquí: polo de distracción, controversias con la Prensa independiente. Jueces hitlerianos(obedientes al poder), la Ley de Prensa de Franco, vigente, fiscales (Gobierno) en primer tiempo de saludo y: España condenada por la Corte Europea de Derechos Humanos y.

VIDAS PARALELAS

Predicadores sin fe

Pedro G. Cuartango

Publicado el Sábado, 26 de junio de 2010

JOSÉ ANTONIO ALONSO / SAN MANUEL BUENO

No hay oficio más duro que aquel en el que no se cree. Al ver el pasado martes en la tribuna del Congreso a José Antonio Alonso, sentí una mezcla de pena y admiración por el papel que se veía obligado a hacer: defender al Gobierno.

Alonso es un descreído. Hace mucho tiempo que ha perdido la fe en Zapatero, pero sigue haciendo su trabajo de portavoz por lealtad. Es precisamente la palabra que él utilizó para recriminar a Antonio Gutiérrez el haber roto la disciplina.

A pesar de que es perfectamente consciente del derrumbamiento del proyecto, el portavoz socialista pone todo su talento y su esfuerzo en intentar dar una coherencia a lo que no la tiene.

Me recuerda mucho a aquel personaje de Miguel de Unamuno: San Manuel Bueno, el párroco de Valverde de Lucerna, el sacerdote que simula tener una fe que ha perdido hace mucho tiempo.

Don Manuel finge que cree en Dios para no desmoralizar a los feligreses que le consideran un santo. Igual le sucede a Alonso, amigo personal de Zapatero, que disfraza su escepticismo con la contundencia dialéctica de sus argumentos contra el PP.

Me reprocharán algunos escépticos que compare a Alonso con un santo, lo mismo que cuando revestí a Dolores de Cospedal de algunos rasgos de 'La Pasionaria'. No les quitaré yo la razón, porque el ejercicio de estas vidas paralelas siempre tiene mucho de esperpéntico. Busco deliberadamente la exageración para iluminar una realidad oculta. Que lo logre o no es otra cuestión.

Alonso me produce la misma fascinación que los músicos de la orquesta del Titanic, que interpretan un vals mientras el buque se hunde.

La grandeza de este hombre está en su inmolación al servicio de un Gobierno en el que no cree, lo mismo que el moribundo párroco de Valverde se despide de sus paisanos invocando una fe de la que carece.

Todos en el pueblo juzgan a Don Manuel como un santo por sus obras de caridad y nadie es capaz de imaginar el tormento interior que sufre por su escepticismo.

A Alonso le sucede lo mismo: la gente le ve como alguien que no duda, que siempre encuentra motivos para justificar al Gobierno y a Zapatero. Pero el portavoz socialista sufre una crisis de identidad cuando se mira en el espejo y se da cuenta de que tiene que defender aquello en lo que ha dejado de profesar hace mucho tiempo.

«Sí. Hay que creer en todo lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia Católica», dice el cura a alguien que duda. Es el mismo mensaje que lanza Alonso desde la tribuna del Congreso: el Gobierno siempre tiene razón, aunque la razón sea hoy contradictoria con la de hace un mes.

El PSOE ya tiene su 'San José Antonio Bueno y Mártir', lo que prueba el mérito de este sufrido y leal varón leonés. Como apunta el Evangelio, la virtud de un hombre puede redimir el pecado de otros muchos.

ASUNTOS INTERNOS

La paz de Mariano Rajoy

Lucía Méndez

Publicado el Sábado, 26 de junio de 2010

La vida es un juego de compensaciones. Así como este mes de junio ha sido el peor para Zapatero desde que decidió dedicarse a la política, a Mariano Rajoy le ha sucedido todo lo contrario. Desde que fuera elegido por Aznar para sucederle en aquel lejano agosto de 2003, este mes de junio ha sido el mejor para el presidente del PP. Las encuestas que pronostican su victoria en las elecciones han obrado el milagro de que todo el mundo le deje en paz, que es, como se sabe, su máximo deseo junto al de ser presidente del Gobierno. De pronto han desaparecido las especulaciones sobre su liderazgo, los sobresaltos producidos por los comentarios de Esperanza Aguirre y las tonterías de Francisco Camps. Hasta Gallardón ha pasado a hacer política casi en la clandestinidad, que ya es decir. Contemplando tranquilamente el derrumbe político de Zapatero, el líder del PP cumple escrupulosamente el consejo de sus asesores: «Ya hemos logrado que el PSOE pierda las elecciones, ahora lo único que hace falta es conseguir que el PP no las pierda».

A Rajoy quizá le gustaría meterse en la cama y no despertar hasta el día de las próximas elecciones, pero como no puede, sigue cumpliendo su agenda disciplinadamente. Ayer el presidente del PP había anunciado la presentación de su alternativa económica para España. Tenía toda la pinta de ser un acontecimiento importante para el planeta, aunque a tono con los tiempos en los que vivimos, al final Rajoy acabó hablando de Sara Carbonero y el Mundial. En realidad fue un acto social. Las fuentes que acompañan a Rajoy en la planta noble de Génova, 13 se declararon muy satisfechas de la asistencia de los principales empresarios y banqueros del país. El contenido de la intervención no cumplió las expectativas del enunciado de la conferencia, pero es igual. La alternativa del PP consiste en decir que Rajoy está listo para gobernar España. Claro. ¿Quién lo duda? Listo está desde que fue elegido candidato a la Presidencia del Gobierno en 2003. Y preparado también porque es un político de largo recorrido. Lo único que le falta es ganar las elecciones que, de momento, están previstas para dentro de un año y medio.

No es que sea una eternidad, pero tal y como va el mundo, es mucho tiempo para un único mensaje. Aunque para que no digamos que los políticos sólo se ocupan del corto plazo, hay dirigentes del PP que ya están pensando en 2020. El gran superviviente, Javier Arenas, ha propuesto un Gobierno de coalición PSOE- PP para dentro de seis o diez años. Para entonces, si se cumplen las predicciones del PP, Rajoy estará en su segundo mandato y Zapatero a lo mejor paseando por León. Lo único seguro es que Arenas seguirá en política. De lo que sea