EDITORIALES: Los corruptos sindicatos verticales amenazan con una huelga tan innecesaria como ineficaz/ Los pesebreros de Montilla amenazan con secesi

Una huelga tan innecesaria como ineficaz
LOS SINDICATOS reaccionaron ayer al decreto ley del Gobierno de recorte presupuestario con nuevas y mayores amenazas. El más explícito fue Ignacio Fernández Toxo, secretario de CCOO, que aseguró que «probablemente» habrá una huelga general por «el giro» del Gobierno a favor de «la derecha económica y la especulación financiera».
«La quiebra de confianza en el Ejecutivo se está consolidando e instalando entre nosotros», apuntó el líder de CCOO, lo que «va a derivar en el establecimiento de un clima de confrontación social importante». Fernández Toxo precisó que si el Gobierno impone por decreto la reforma laboral, la convocatoria será inevitable. En un sentido muy similar, se expresó Toni Ferrer, dirigente de UGT, que calificó los recortes de «agresión».
Gobierno y sindicatos se han dado de plazo hasta el próximo jueves 27 para llegar a un acuerdo sobre el mercado de trabajo. Zapatero dijo en su día que, si no se alcanzaba un consenso en la negociación, el Ejecutivo promovería la reforma por decreto. UGT y CCOO coincidieron ayer en que esta iniciativa sería respondida con una convocatoria de huelga general de forma fulminante.
Resulta evidente el endurecimiento del lenguaje respecto a la moderada reacción de hace pocos días, forzado tal vez por el descontento de los funcionarios y de una parte de las bases sindicales, que piden una respuesta más tajante al cambio de política del Gobierno.
Pero, a pesar de estas declaraciones, parece bastante arriesgado dar por hecho que Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo quieran convocar una huelga que supondría un mayor desgaste para Zapatero y daría una importante baza a Rajoy. Esto es lo que argumentaron ambos líderes sindicales cuando se les recriminaba hace semanas su pasividad con el Gobierno.
Posiblemente, Méndez y Fernández Toxo se ven empujados a hacer algo que no quieren hacer y que, además, ellos mismos piensan que no va a servir para nada, ya que ni Zapatero puede ya dar marcha atrás ni la huelga va a contribuir a crear empleo, como el dirigente de CCOO reconoció ayer.
En 1988, las dos centrales lograron paralizar el país y torcer el brazo de Felipe González, que tuvo que retirar su plan de empleo juvenil. Pero ahora los sindicatos, cada vez más subvencionados por el Gobierno, tienen mucha menos fuerza y la crisis que ha provocado 4,6 millones de parados genera un entorno más complicado para que prospere una huelga general.
Lo deseable sería que los sindicatos mantuvieran la cabeza fría y se abstuvieran de convocar unos paros que sólo agravarían los problemas existentes. La misma actitud de prudencia sería exigible a Mariano Rajoy, que ayer acusó a Zapatero de «dar un estacazo al débil» después de haberle pedido hasta la saciedad un recorte drástico del gasto.
El líder del PP fue muy duro con el ajuste presupuestario y afirmó que considera muy injusta la congelación de pensiones. Pero no dijo expresamente que vaya a votar en contra del decreto ley en el trámite de su convalidación parlamentaria.
Por razones distintas, los sindicatos y el PP están haciendo una pinza al Gobierno, que no va ayudar a acelerar la recuperación. Hay que insistir en que Rajoy debería matizar su oposición y ayudar a Zapatero a sacar adelante la reducción del déficit y la reforma laboral, aunque no coincidan exactamente con lo que él defiende. No es el momento de estrategias partidistas a corto plazo sino de contribuir a que el Gobierno pueda impulsar los dolorosos ajustes que necesita nuestra economía.
62 columnistas unidos en defensa del 'Estatut'
Amenazan al TC con la independencia catalana
LOS ATAQUES al Tribunal Constitucional desde el independentismo catalán no cesan. El último ejemplo es el artículo El dilema español, firmado por 62 columnistas, lleno de falsedades y que espira un tono tan amenazante como antidemocrático. Así, los autores se erigen en la voz del pueblo catalán para decir que si el Constitucional dicta una sentencia que recorte el Estatut, los catalanes se verán «obligados a elegir entre la involución y la secesión». Aunque sus veleidades independentistas les nublen el entendimiento, a lo único a lo que estamos obligados todos los ciudadanos españoles -incluidos los catalanes- es a respetar las leyes y la Constitución, cuyo garante es ese Alto Tribunal al que tachan de «caduco y desprestigiado». Además, advierten que «lo pactado debe ser respetado», soslayando el control de legalidad que exige el máximo respeto de toda sociedad democrática. Y, por cierto, que no sufran tanto desasosiego por «el fracaso de España como proyecto político», porque, en más de 500 años de historia, este país ha superado situaciones infinitamente más delicadas. Y ésta no será una excepción.
Imprevisión en la Comunidad de Madrid
40% de paro juvenil y hay que importar socorristas
LOS EMPRESARIOS de mantenimiento de piscinas de la Comunidad de Madrid se han visto obligados a reclamar socorristas de varios países de América Latina porque la improvisación de la Consejería de Empleo va a impedir la contratación de jóvenes españoles para la temporada de verano que empieza el 5 de junio. Los empresarios denuncian que, a pesar de conocer desde el año pasado que se iban a necesitar unos 1.500 socorristas, la Consejería retrasó los cursos de formación previstos en la ley y dicen que ya no hay tiempo para su contratación. La situación es tan acuciante que la Delegación del Gobierno ha tenido que cursar las peticiones a los socorristas latinoamericanos de forma urgente para que las piscinas puedan abrir en la fecha prevista. Es deprimente que con un 40% de jóvenes en paro la desidia de la Administración les impida optar a un puesto de trabajo adecuado a sus características.
Las víctimas denuncian que hubo negligencia
La Justicia investigará al MI5 por el 7-J
PESE a que los atentados del 7-J de Londres apenas han planteado interrogantes -la autoría y las circunstancias de la masacre quedaron pronto esclarecidas- cinco años después la Justicia británica ha decidido interrogar a varios agentes para satisfacer las demandas de las víctimas, que han cuestionado la labor de los servicios secretos. En concreto, las dudas apuntan a si el MI5 pudo prevenir la acción criminal, pues tenían fichados meses antes del 7-J a algunos de los terroristas. De nada han servido los pretextos de los servicios de Inteligencia, que se han opuesto a la investigación judicial con el argumento de que ésta podría sacar a la luz información que pondría en riesgo la seguridad nacional. El caso guarda cierto paralelismo con el 11-M: en ambos episodios hubo una posible negligencia policial y en ambos casos el Gobierno de turno ha tratado de echar tierra sobre el asunto. La Justicia británica ha hecho prevalecer el interés de las víctimas de los atentados a las presuntas razones de Estado. Su ejemplo permite establecer comparaciones entre la calidad de unas democracias y otras.
Los sindicatos han perdido toda credibilidad













