EDITORIALES: El Rey lo intenta, pero ni Zapatero ni Rajoy ayudan

EDITORIALES DEL DÍA
EL REY LO INTENTA, PERO NI ZAPATERO NI RAJOY AYUDAN

LA TENTATIVA del Rey de impulsar un gran pacto de Estado contra la crisis ha servido para poner en evidencia el rechazo que suscita esta idea en Gobierno y PP, igualmente interesados -aunque por razones diferentes- en que fracase la iniciativa del Monarca.

Horas después de que Don Juan Carlos recibiera ayer en La Zarzuela a los líderes de UGT y CCOO tras haber declarado el día anterior que «es hora de amplios acuerdos», la vicepresidenta Fernández de la Vega arrojó un jarro de agua fría a quienes esperaban una acogida favorable de la iniciativa del Rey.

De la Vega subrayó que «la responsabilidad de abordar acuerdos es exclusiva del Gobierno» y que el Monarca no está efectuando una ronda de contactos para impulsar un pacto sino haciendo «una labor institucional de mantenerse informado».

Por la reacción de la vicepresidenta, resulta evidente que la iniciativa del Rey no le ha gustado nada al Gobierno, tal vez porque pone de manifiesto su incapacidad para combatir la crisis económica y desarbola la coartada «ideológica» esgrimida por Zapatero para no pactar con Rajoy.

El PP tampoco disimuló su frialdad ante ese pacto. Dolores de Cospedal afirmó que sólo sería posible mediante un giro radical de la política del Gobierno y declaró que Mariano Rajoy no espera ninguna llamada del Rey. Sus palabras pueden ser interpretadas como una invitación a que Don Juan Carlos no le llame porque el PP no ve que existan condiciones para un pacto de ese calado con el Gobierno.

Una de las cosas que ha podido provocar el recelo del PP es que el Monarca haya dado este paso a cinco días de la comparecencia de Zapatero en el Congreso. Rajoy sabe que es una gran oportunidad para poner contra las cuerdas a su adversario en unos momentos en los que los datos económicos son devastadores y parece lógico que reserve para ese día cualquier hipotético ofrecimiento de colaboración.

La reacción del PSOE y del PP es simétrica porque pone en evidencia que ninguno de los dos va a mover un dedo para que se produzca ese pacto de Estado que reclamaban partidos como CiU y un amplio sector de la opinión pública que se da cuenta de que la única forma de adoptar las dolorosas medidas que requiere la situación es con un amplio consenso político.

Los sindicatos tampoco están dispuestos a facilitar ese pacto porque ayer, antes de acudir a su cita con el Rey, anunciaron la convocatoria de manifestaciones el próximo día 23 de febrero para protestar contra el retraso de la edad de jubilación. Su reacción es desproporcionada porque se trata de una medida inevitable, que ya están adoptando otros países como consecuencia del alargamiento de las expectativas de vida. Cualquiera puede comprender que la edad de jubilación no puede ser la misma hoy que hace 100 años, cuando el promedio de supervivencia era 30 años más bajo.

Si al Gobierno no le interesa pactar con el PP por razones «ideológicas» o porque considera que es una estrategia equivocada, si el PP no quiere tender la mano al Gobierno porque cree que Zapatero se quiere aprovechar y va a capitalizar políticamente ese acuerdo y si los sindicatos no quieren ceder en nada y se oponen a cualquier recorte del gasto social, por muy razonable que sea, la conclusión es que ese gran pacto de Estado es imposible.

Ayer decíamos en estas páginas que era muy tarde para el acuerdo, pero que la iniciativa del Rey propiciaba una última oportunidad de alcanzarlo. Ya está claro que ni Zapatero ni Rajoy van a poner las cosas fáciles. Pero uno y otro deben ser conscientes de que la gravedad de la situación exige soluciones y no clichés. Tal vez después de que se vapuleen el miércoles aún quede una remota esperanza de que el atinado planteamiento del Rey se abra camino por su propio peso

MENOS DEL 10% DE LO COMPROMETIDO HASTA 2013:
Raquítico recorte del gasto público para este año

EL PLAN de acción inmediato para reducir el déficit, publicitado por el Gobierno como una muestra de su voluntad de atajar el gasto público, se ha quedado bastante raquítico. El Consejo de Ministros aprobó ayer un recorte del gasto de 5.000 millones de euros, que en realidad se quedan reducidos a 3.500, puesto que otros 1.500 corresponden al fondo de contingencia destinado a imprevistos. Teniendo en cuenta que el Gobierno, hace sólo quince días, aprobó una reducción de 40.000 millones de los gastos del Estado hasta 2013, la cantidad recortada para este año supone menos del 10% del total comprometido para tres ejercicios. El recorte afecta, sobre todo, a los ministerios inversores, como Industria y Fomento, mientras que Igualdad o la vicepresidencia tercera son los que menos sufren la rebaja. Por este camino, será difícil que el Gobierno pueda cumplir el compromiso de reducir el déficit al 3% en 2013. Da la impresión de que el Gobierno se ha relajado porque se siente a salvo, después de sortear la tormenta de los mercados internacionales. Si así fuera, sería un error. Otro más

MUCHO RUIDO Y POCOS ARGUMENTOS JURíDICOS:
Una defensa de Garzón entre verbenera y patética

LA CAMPAÑA que ha iniciado un sector de la izquierda en contra de que se investiguen las posibles irregularidades de Garzón oscila entre lo folclórico y lo patético. Afirmar, como se ha dicho, que procesarle sería lo «peor» que le ha sucedido a la democracia española «desde el 23-F» es algo que se comenta por sí solo. Sugerir que hoy, en 2010, hay una confabulación de franquistas y de la extrema derecha para apartarle de la magistratura es ridículo. Apelar a sus méritos del pasado -como si el currículo concediera patente de corso- o iniciar una verbena de abajofirmantes prueba la orfandad de argumentos para justificar al magistrado. Lo último en esta escalada de disparates ha sido la petición de la nieta de Negrín de solicitar a Dívar, presidente del Poder Judicial, que se abstenga de decidir sobre Garzón porque en su día juró «lealtad al Caudillo». Según esa tesis, todos los que ingresaron en la carrera judicial antes de 1975 estarían contaminados por franquistas. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho y será un

LA AYUDA DEBERá PROLONGARSE ENTRE 6 Y 10 AñOS:
Una oportunidad para construir un nuevo Haití
UN MES después del violento terremoto que destruyó Haití y mató a cerca de 220.000 personas, el país se prepara para una larga travesía en la que la ayuda exterior será fundamental. La ONU calcula que los trabajos para la puesta a punto de las infraestructuras básicas deberán prolongarse entre seis y diez años. Si algo positivo cabe extraer de esta tragedia es la magnífica respuesta internacional. En el caso concreto de España, sólo las donaciones de particulares han superado los 70 millones de euros, una generosa aportación que tiene más valor si cabe por la grave crisis económica. Ahora el reto de los haitianos y de la comunidad internacional es, más que reconstruir lo que había -lo que entraña el riesgo de repetir los defectos que hicieron del país una calamidad- construir un Haití nuevo, con políticas de desarrollo coherentes y con estructuras
El Mundo en dos minutos
Jornada de escaramuzas institucionales

ESPAÑA HUNDIDA: Gobierno y PP desactivan el acuerdo que impulsa el Rey

UN PAÍS EN CRISIS / La iniciativa del Monarca
Gobierno y PP desactivan el acuerdo que impulsa el Rey

De la Vega advierte que «abordar pactos es sólo responsabilidad del Ejecutivo» y Cospedal dice que Rajoy «no espera» que le llame el Monarca
MARISA CRUZ

Madrid

Si las esperanzas eran pocas, ayer el Gobierno se encargó prácticamente de rematarlas. No habrá pacto de Estado para salir de la crisis. A lo más que se llegará será a intentar acuerdos parciales sustentados en la fórmula de la geometría variable para salvar la cara y poder mantener la retórica de la mano tendida y la disposición al diálogo.

Tampoco hay voluntad por parte del PP. Ni unos ni otros se muestran abiertos a ceder en sus posiciones de máximos, en sus «motivos ideológicos», como los define Zapatero.

Ni siquiera los llamamientos del Rey, en público y ahora también en privado, al entendimiento y al pacto «ante las graves consecuencias de la crisis económica», han hecho mella en las dos grandes fuerzas políticas.

Ayer, al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, echó un jarro de agua sobre los últimos movimientos del Monarca que, tal y como explicó la propia Casa del Rey, ha intensificado sus contactos «con representantes del mundo económico, empresarial y laboral, dadas las graves consecuencias de la crisis económica en nuestro país».

Los citados encuentros han sido interpretados de forma general como un intento del Jefe del Estado por propiciar un clima de diálogo y entendimiento. La vicepresidenta, no obstante, negó tajantemente que el Rey haya emprendido una «ronda de contactos» para facilitar el consenso ante la imposibilidad de que el Gobierno alcance un pacto de Estado con el PP en materia económica.

De la Vega insistió en que las reuniones mantenidas por Don Juan Carlos con la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ayer mismo, y posteriormente con los líderes sindicales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, deben interpretarse únicamente como contactos habituales de carácter informativo que entran de lleno dentro de la «normalidad democrática de su función institucional».

La vicepresidenta, además, hizo hincapié en el principio de que «cada uno ocupa un papel institucional, y esto lo ha cumplido siempre escrupulosamente la Corona». De la Vega definió en este sentido el papel del Rey como «de contacto y de información».

«Otra cosa», puntualizó, «es abordar acuerdos, que forma parte de la responsabilidad exclusiva del Gobierno». Por eso, la portavoz tachó de «interpretación interesada» el que se sugiera que Don Juan Carlos está actuando a modo de facilitador de un pacto ante la incapacidad del Ejecutivo. Fuentes gubernamentales afirmaron también que Zapatero no ha pedido al Monarca que ejerza dicha labor de mediación.

En cualquier caso, la vicepresidenta afirmó que el Gobierno valora «la voluntad del Jefe del Estado de arrimar el hombro» y lanzar llamamientos a la unidad que, aseguró, «va en la línea de lo que el Gobierno está propiciando».

A partir de ahí, la portavoz abundó en que el Ejecutivo desea pactar las propuestas de su hoja de ruta para alcanzar tres objetivos que, esta vez sí, calificó de «irrenunciables»: crear empleo, renovar el modelo económico y reducir el déficit público al 3%.

Es en este contexto en el que se enmarcan los encuentros que el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, está dispuesto a iniciar a partir de la próxima semana con los representantes de los restantes grupos parlamentarios. Se trata, según De la Vega, de comprobar si sus planteamientos «son coherentes con los objetivos del Gobierno».

Pese a todo, la vicepresidenta se mostró muy poco esperanzada respecto a la disposición del primer partido de la oposición a dialogar y pactar aunque sea parcialmente.

«Para consensuar», dijo, «hay que estar en condiciones de saber aceptar las propuestas de otro y ceder en las propias; no se trata de plantear un contrato de adhesión a una posición cerrada. El problema es que hasta ahora no ha habido ni voluntad política ni responsabilidad por parte del PP».

«Con otros grupos», recordó, «se ha llegado a acuerdos. Deseamos que también se sume el Partido Popular. Nosotros vamos a seguir trabajando a todos los niveles porque creemos que vale la pena», afirmó.

En los comunicados que ayer hizo públicos la Casa del Rey tras los encuentros mantenidos con Elena Salgado y, después, con Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, se asegura que se trató de contactos «habituales», pero también se señala que se han llevado a cabo en un momento en el que se han producido «importantes noticias sobre la superación de la crisis económica» y cuando todas las instituciones se afanan «por hallar salidas a la crisis y lanzar un mensaje tranquilizador sobre la economía española ante los mercados internacionales».

Igualmente, se hace notar el primer acuerdo alcanzado por los agentes sociales, tras meses de diálogo y «con el telón de fondo de los cuatro millones de parados»; y, por último, se insiste en que «el Rey ha reiterado en numerosas ocasiones un llamamiento al diálogo amplio y al esfuerzo por alcanzar consensos y acuerdos para superar dificultades y asegurar el mayor progreso y la prosperidad de España».

UN PAÍS EN CRISIS / La iniciativa del Monarca
Opiniones ante la mediación real para lograr un pacto de Estado

J. Lluís Carod-Rovira

El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y dirigente de ERC cree «absolutamente imprescindible» el llamamiento que ha hecho el Rey a los grandes partidos para alcanzar un pacto de Estado. Lamentó que PSOE y PP no tengan «la madurez, la responsabilidad y el sentido de Estado» necesarios. «Cuesta entender que, en tiempos de crisis, no se pongan de acuerdo en temas y aspectos esenciales; eso nos deja un poco atónitos», manifestó.

Rosa Díez (UPyD)

La diputada y presidenta de Unión Progreso y Democracia aseguró ayer que el pacto que necesita España para salir de la crisis es «imposible» con el PP y el PSOE, porque estos partidos se comportan como si fueran el consejo de administración de una gran caja de ahorros, en donde «lo único que pactan» es el «reparto de la cuotas» para conseguir más poder. Pidió un anticipo de las elecciones generales para salir de la crisis «política y económica» que sufre la ciudadanía en la actualidad.

>Josu Erkoreka (PNV)

El portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso considera que la ronda de contactos que ha iniciado el Rey responde a «una campaña de imagen» de la Monarquía y auguró que el resultado de estos encuentros no será «efectivo». En ese partido recordaron que «no es función» del Jefe del Estado tomar la iniciativa de reunirse con los mundos económico, financiero, empresarial y sindical para instarles a que se esfuercen por alcanzar acuerdos anticrisis.

> Josep A. Duran Lleida (CiU)

El portavoz de CiU en el Congreso cree que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no impulsará un gran pacto de Estado para salir de la crisis porque «no es consciente de la gravedad» de la situación económica de España. Acusó a Zapatero de «no ir a ninguna parte con su estrategia de dejar pasar los días», y pronosticó que el pacto de Estado no se hará nunca, porque ni PSOE ni PP tienen interés en que se lleve a cabo. El presidente de la formación nacionalista catalana, Artur Mas, considera por su parte «positiva» la ronda de encuentros que ha iniciado el Rey, ya que, en su opinión, permitirá «que haya un acuerdo y una hoja de ruta, y que la gente sepa por dónde vamos».

>Francisco Jorquera (BNG)

Al portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso de los Diputados no le parece mal que el Rey Juan Carlos actúe como mediador en la búsqueda de un acuerdo plural contra la crisis, siempre que actúe por encargo del Gobierno. Recordó que es al Ejecutivo al que le corresponde adoptar la iniciativa política.

>José Antonio Segurado

Este empresario y político durante la Transición elogió que el Rey muestre su apoyo a un pacto de Estado, porque ha percibido que «el país está en una situación dramática desde el punto de vista social». «Está cumpliendo su papel de una manera impecable y soberbia», dijo. Reprochó al Gobierno que las «razones ideológicas» que podrían impedir ese gran acuerdo, según dijo en su día Zapatero, son «precisamente las que nos han llevado a este desastre».

UN PAÍS EN CRISIS / La iniciativa del Monarca

El Rey no ha llamado al PP «ni se le espera»

Cospedal dice que un pacto con el PSOE sin contenido sería «alargar el engaño»

CARLOS SEGOVIA

Madrid

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, aguó ayer también, en inusual coincidencia con el Gobierno, «cualquier expectativa de que el Rey esté intentando auspiciar un pacto de Estado entre los dos grandes partidos para salir de la crisis.

«No ha habido contactos con el Palacio de la Zarzuela», afirmó ayer De Cospedal. «No estamos esperando ningún tipo de llamada», agregó al ser preguntada sobre la iniciativa de Don Juan Carlos. Esta última frase ha de ser interpretada, según fuentes autorizadas del PP, en el sentido de que en la calle de Génova se descarta que el Rey esté manteniendo algún contacto de tipo distinto de los habituales para estar informado sobre la situación del país. Por tanto, «ni hay llamada ni se le espera».

En cuanto a las palabras del Rey del pasado jueves sobre la necesidad de un pacto de Estado, De Cospedal las enmarcó en la «preocupación» que siente el Monarca sobre la situación económica.

En todo caso, dejó claro que el PP sólo aceptará suscribir este pacto de Estado con el PSOE si supone una desautorización de la política económica de Zapatero, lo que deja una rendija más que limitada al consenso.

«El pacto por el pacto, sin contenido y sin incluir medidas ambiciosas, sería alargar el engaño a los españoles sobre la verdadera situación económica», dijo De Cospedal. «Lo que es bueno para España, lo que hemos dicho siempre, es que haya un pacto que tenga como objetivo un cambio radical de la política de José Luis Rodríguez Zapatero», agregó. Y mostró su disposición a alcanzar acuerdos que versen sobre bajar impuestos o recortar el gasto público, entre otros apartados. De Cospedal puso como ejemplo de la política del PP su frustrada oferta al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, para recortar gasto público regional en 1.000 millones de euros.

Barreda la rechazó y De Cospedal señaló que no ve ninguna disposición en el PSOE para alcanzar consensos. En el PP resaltaron ayer que Zapatero no sólo ha ignorado, en su opinión, las propuestas de pacto de Mariano Rajoy, sino que el Gobierno no ha respetado los escasos acuerdos alcanzados. Como ejemplo, pusieron de relieve que la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, ha modificado el reglamento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) tras negociarlo con Bruselas sin siquiera informar al PP. La oposición apoyó al Gobierno en la creación de este fondo de rescate para el sector financiero. De Cospedal también recordó que Salgado ignoró las propuestas del PP en la elaboración de los Presupuestos del Estado para 2010.

La secretaria general hizo estas declaraciones tras un encuentro con periodistas económicos al que no asistió el coordinador del área del PP, Cristóbal Montoro, que se encontraba en Canarias

UN PAÍS EN CRISIS / La iniciativa del Monarca

Llamazares: el Rey puede «moderar», no gestionar un pacto

AGUSTÍN YANEL

Madrid

El diputado Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, acudirá a entrevistarse con el Rey, como ha hecho siempre, si es convocado para hablar de un posible pacto de Estado frente a la crisis económica. Pero ayer recordó que el Monarca sólo puede actuar como «moderador» en ésa o en cualquier otra tarea, mientras que es el Gobierno el que debe gestionar ese pacto.

Según la Constitución, el Rey, como Jefe del Estado, «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones».

Llamazares afirmó ante los periodistas que una cosa es ese papel moderador que la Carta Magna atribuye al Monarca y otra bien distinta la facultad para «muñir un acuerdo» para un pacto de Estado.

Izquierda Unida siempre ha admitido «su papel moderador y su capacidad para dialogar», aseguró el ex coordinador general de esta formación política. Pero alcanzar un acuerdo frente a la crisis económica es competencia del Gobierno.

En cualquier caso, Gaspar Llamazares acudirá a entrevistarse con el Rey si es llamado como representante parlamentario de esta federación de izquierdas, y le explicará las propuestas de IU para salir de la actual crisis económica.

No obstante, Gaspar Llamazares hizo un llamamiento al Gobierno para que busque acuerdos con los sindicatos y con las fuerzas políticas, con el objetivo de alcanzar un gran acuerdo entre todos que permita crear empleo.

En su opinión, en la situación actual es plenamente posible alcanzar un acuerdo de izquierdas y progresista, que debería sustentarse en un reparto justo de las medidas para salir de la crisis.

Gaspar Llamazares recordó que tanto él como Izquierda Unida han planteado sus propuestas «por activa y por pasiva», pero no han encontrado una respuesta positiva y, bien al contrario, el PSOE y el Gobierno han preferido buscar acuerdos puntuales en el Congreso con fuerzas políticas de la derecha para sacar adelante asuntos concretos día a día

UN PAÍS EN CRISIS / Las movilizaciones

Protesta sindical «preventiva» contra la reforma de las pensiones

CCOO y UGT tachan de «regresiva e imprudente» la propuesta del Gobierno

BEGOÑA P. RAMÍREZ

Madrid

CCOO y UGT sacarán a los ciudadanos a la calle de las principales capitales del país en una fecha simbólica, el 23-F, en lo que pretenden ser manifestaciones de «carácter preventivo» contra la propuesta del Gobierno para reformar las pensiones. Una propuesta para la que ayer no ahorraron calificativos: «Excesiva, equivocada, regresiva, insolidaria e imprudente».

Apenas hora y media antes de ser recibidos por el Rey en La Zarzuela, los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, anunciaron la convocatoria de un centenar de manifestaciones entre el 22 de febrero y el 6 de marzo, que comenzarán el día 23 en Madrid, Barcelona y el resto de las capitales catalanas, Valencia, Alicante, Castellón y Oviedo. A juicio de Toxo, no se trata de actos «desproporcionados», sino justificados por el «rechazo rotundo» de la sociedad a la ampliación de la vida laboral hasta los 67 años y del periodo de cálculo de las pensiones. Pero descartó de nuevo la pertinencia de una huelga general. El objetivo de la convocatoria, precisó Cándido Méndez, es conseguir que el Ejecutivo reconsidere «en profundidad» el plan inicialmente propuesto.

«Es temerario que el Gobierno vincule la estabilidad del sistema de pensiones con el plan de austeridad para reducir el déficit público», aseguró el líder de CCOO, «porque envía una malísima señal al país, a los mercados financieros y a la Unión Europea». Por el contrario, destacó, la Seguridad Social es «la institución más solvente» de España.

Méndez reprochó al Gobierno el «inmenso error» que ha cometido «abandonando» el Acuerdo de Pensiones de 2006, el único hasta ahora firmado por la patronal, los sindicatos y el Gobierno. Para Fernández Toxo, además, la sociedad valora que los sindicatos lleguen a acuerdos con los empresarios y, al mismo tiempo, mantengan una «actitud firme y vigorosa en defensa del sistema público de pensiones».

Los sindicatos explicaron cuáles son sus alternativas al recorte de gastos que pretende el Gobierno. Antes de tocar las pensiones consideran prioritario culminar la separación de fuentes de financiación. Es decir, que los denominados complementos a mínimos -que cobran los ciudadanos cuyas pensiones no alcanzan la cuantía mínima, 725,20 euros al mes, y se sufragan a cuenta de la Seguridad Social- pasen a financiarse a cargo de los Presupuestos Generales. Así, dijeron, la Seguridad Social contaría con 4.000 millones adicionales en sus cuentas.

También reclaman la integración de los regímenes especiales (agrario, empleadas del hogar) en el Régimen General de la Seguridad Social y la rebaja de la edad de jubilación en sectores de riesgo como la construcción y el transporte. De hecho, una vieja reinvindicación sindical pretende acortar a los 60 años la vida laboral de los obreros del ladrillo.

Y si algún defecto padece el sistema español de previsión social, destacan, es precisamente la escasa cuantía de las pensiones, unos 200 euros por debajo de la media comunitaria. Es más, para recortar el gasto, aconsejan CCOO y UGT al Gobierno que ponga la mira en las fuentes de ingresos. En concreto, le animan a acometer una reforma fiscal «potente» y a luchar contra la economía sumergida. De hecho, Méndez se felicitó por que la vicepresidenta Elena Salgado haya reconocido que existe un diferencial de 10 puntos en la presión fiscal de España con la UE. «Por qué hablar de recorte de gastos?», se preguntó.

«Un clamor casi unánime» en 14 días

Las movilizaciones, bajo el lema 'En defensa de las pensiones. No al retraso de la jubilación. La solución no es recortar la protección social', comenzarán el 22 de este mes con asambleas de delegados. La manifestación de Madrid culminará el día 23 en la Puerta del Sol. Ese día también habrá protestas en Barcelona, Tarragona, Gerona, Lérida, Valencia, Castellón, Alicante y Oviedo, informa Efe. El día 24 serán en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. En La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra están convocadas para el 2 marzo. En el resto de las capitales se sucederán entre el 2 y el 6 de marzo. UGT y CCOO prevén que sean «masivas», fruto de un «clamor casi unánime» de la sociedad

CiU: Subir el IVA es una «animalada» del Gobierno. Mas pide un frente catalán contra el IVA

Mas pide un frente catalán contra el IVA

El líder de CiU anima a los 25 diputados del PSC en Madrid a votar contra el Gobierno

DANIEL G. SASTRE

Barcelona

Artur Mas está decidido a recuperar protagonismo en Madrid para CiU. Se le ha acusado de haber olvidado el Congreso para centrarse en Cataluña y en la recuperación de la Generalitat, pero en las últimas semanas está cambiando la situación. Sobre todo desde que, el pasado lunes, tanto Mas como el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, propusieran un pacto de Estado para acordar medidas contra la crisis económica y la idea haya monopolizado el debate político español.

Consciente de ese éxito, Mas insistió ayer en el ámbito de acción español. El líder de CiU anunció que, aprovechando la celebración en las próximas semanas en el Parlamento catalán de un pleno monográfico sobre la crisis económica, planteará en ese debate la necesidad de crear un «frente común» catalán en Madrid que frene en el Congreso la subida de dos puntos del IVA prevista para julio.

No es una propuesta inocente, porque Mas incluye en ese frente a los 25 diputados del PSC en Madrid. Sabe que los socialistas catalanes nunca se han apartado de la disciplina de voto del PSOE, pero éste es un momento especial. Por un lado, la imagen de Zapatero en Cataluña ha perdido lustre, y, a medida que se acercan las autonómicas, el PSC da muestras de querer distanciarse de su partido hermano; por otro, consejeros del peso del titular de Economía, Antoni Castells, ya critican abiertamente los titubeos del Gobierno español en política económica, que generan un «clima de desconfianza».

Por ello, Mas piensa que su propuesta sobre el IVA puede desestabilizar aún más a un PSC que estos días da muestras de división interna. El debate sobre la «fatiga» del tripartito que abrió el consejero Ernest Maragall está provocando la formación de dos bandos entre los socialistas catalanes.

«Si en Cataluña hubiera una idea clara de no subir el IVA en julio lo podríamos conseguir, porque tendríamos una mayoría en las Cortes españolas», recordó. Sin los diputados del PSC, al PSOE se le haría prácticamente imposible sacar adelante la medida.

«Lo que pasa es que los 25 diputados del PSC en este caso son imprescindibles, y de momento hacen de PSOE como siempre», lamentó el líder de CiU.

Mas apuntó que, «si esta vez se avinieran a sumar esfuerzos con nosotros y otros partidos catalanes, lo conseguiríamos porque todavía se puede dar marcha atrás».

«Me gustaría que, aunque sólo fuera una vez, no estuvieran tan pendientes del PSOE. Propondré que desde el Parlament se proponga este frente común», insistió.

El líder de CiU aseguró que la subida del IVA en dos puntos prevista para el mes de julio «castigaría el turismo, el consumo, la hostelería y las rentas más modestas».

«En plena crisis económica, subir un impuesto sobre el consumo es lo contrario de lo que se debería hacer», afirmó. Esa iniciativa es, en su opinión, una «animalada» del Gobierno. «Creo que para superar la crisis y levantar el país y darle un vuelco a la economía se necesita retrasar la subida de los impuestos», aseguró Mas, que es partidario de otras medidas para estimular el consumo y la generación de empleo, informa Efe

Carod dice que él no está «fatigado» del tripartito

Se posiciona junto a Montilla y Saura, y frente a Maragall

DANIEL G. SASTRE

Barcelona

El debate político catalán se ha convertido en los últimos días en una especie de terapia de grupo. Todos los consejeros del Gobierno catalán parecen sentirse impelidos, para regocijo de la oposición, a comentar si están fatigados o no del tripartito. Ayer le tocó al vicepresidente Josep Lluís Carod-Rovira, que pertenece al bando de los satisfechos. Y no sólo con esa fórmula de Gobierno entre PSC, ERC e ICV, sino también con su propia carrera política, a la que, según dijo, aún le «faltan años» para terminar.

Existe, sin embargo, un problema con este último asunto. El presidente de Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, ya le ha dicho que no cuenta con él para las próximas listas electorales, pese a que Carod se ofreció para figurar en la candidatura del partido para las autonómicas, previstas para otoño.

El debate sobre la «fatiga» lo instigó el consejero de Educación, Ernest Maragall, el pasado martes, cuando afirmó: «Hoy por hoy, Cataluña está fatigada del tripartito y no apoyará elementos ni artefactos inestables». El presidente de la Generalitat, José Montilla, le desautorizó rápidamente, pero otros consejeros socialistas como Antoni Castells (Economía) o Montserrat Tura (Justicia) avalaron las críticas de Maragall.

Carod dijo que él no está fatigado, pero añadió que las palabras del titular de Educación -y hermano del anterior president, Pasqual Maragall- son «legítimas» y que cada uno puede decir lo que crea oportuno.

El vicepresidente catalán, que ayer pronunció una conferencia en Madrid, se mostró partidario de que «los gobernantes se dediquen a gobernar», y que dejen determinadas decisiones estratégicas en manos de los dirigentes de cada partido. Aludió también a que la transformación de Cataluña en las dos legislaturas del tripartito ha sido «espectacular y extraordinaria», por lo que no puede sentirse fatigado.

Entre tanto, Tura insistió ayer en defender a Maragall. La consejera de Justicia sostuvo que el titular de Educación no pretendía cuestionar el tripartito sino pedir la concentración del voto en formaciones con una base electoral potente que puedan formar gobiernos monocolor.

El líder de la tercera fuerza del tripartito, Joan Saura -que tampoco repetirá como cabeza de lista de ICV-, se posicionó junto a Montilla y Carod, y también negó el hartazgo: «Yo no veo a la ciudadanía fatigada. Sobre todo cuando vas por el territorio haciendo inauguraciones veo a la gente contenta. Nos dicen en muchos sitios que hacemos lo que no se había hecho nunca».

El TSJC reclama más incentivos para atraer a los jueces

El CGPJ estudia cómo solucionar el problema de las vacantes en Cataluña

GERMÁN GONZÁLEZ

Barcelona

La falta de jueces en Cataluña se combate con incentivos, ya sean económicos o profesionales. Ésta es la propuesta de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Eugènia Alegret, para combatir la escasez de profesionales en los partidos judiciales catalanes. Alegret explicó que «si no hay suficiente personal se tienen que incentivar las plazas», y se comparó con el mundo empresarial, donde «lo tienen muy claro».

Por eso, la presidenta del TSJC considera que, además de incentivos económicos, también se debe pensar en otras opciones para atraer a los jueces, como viviendas, así como en mejorar la carrera judicial. En este sentido, destacó que se podría considerar como mérito pasar tiempo en Cataluña antes de pedir el traslado a una plaza judicial de difícil acceso.

Alegret hizo un llamamiento al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que estudien las propuestas. También recordó que se tienen que potenciar las ventajas de trabajar en Cataluña, y que los jueces y magistrados de fuera no vean sólo los inconvenientes, como la cantidad de trabajo y los sueldos iguales al resto de España pero con un coste de la vida más elevado. Por eso, destacó que la legislación puede modificarse para incluir estos incentivos.

La presidenta insistió en que la planta judicial no está cubierta. «Antes los jueces venían, se aclimataban y se quedaban», y destacó que los sustitutos sólo deberían usarse para los casos de excedencia y bajas por enfermedad o maternidad. Por eso, recordó que el Ministerio y el CGPJ tienen competencias para dotar de las plazas necesarias en cada órgano judicial.

De momento. Alegret explicó que el CGPJ está preocupado por la falta de jueces y está estudiando las causas por las que se dan estas vacantes en Cataluña y Canarias, las dos comunidades más afectadas.

De las 735 plazas de jueces y magistrados que hay en Cataluña, 159 están vacantes. Hay unos 200 sustitutos trabajando ya que se tienen en cuenta bajas laborales o excedencias. El TSJC destaca que las vacantes se concentran en los órganos unipersonales y en los partidos judiciales próximos a Barcelona, con un 80% de sustitutos. Alegret alertó de que la situación puede provocar la suspensión de juicios

JUEZ SOCIALISTA, PREVARICADOR DE OFICIO: Recusan a Dívar para que no decida sobre Garzón

Recusan a Dívar para que no decida sobre Garzón

La nieta de Negrín dice que no es imparcial por haber jurado lealtad al Movimiento

Madrid

Carmen Negrín, nieta de Juan Negrín, el último jefe de Gobierno de la II República, ha solicitado al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, que se abstenga de participar en la decisión sobre la posible suspensión cautelar del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al entender que incurre en «falta de imparcialidad» por haber jurado en su día «lealtad al Caudillo» al entrar en la carrera judicial.

El pasado martes, la Comisión Permanente del CGPJ, presidida por Dívar, inició los trámites para la eventual suspensión cautelar de Garzón tras recibir la resolución del Supremo en la que rechaza el archivo del proceso abierto contra el juez de la Audiencia Nacional por presunta prevaricación al investigar las desapariciones del Franquismo, y la resolución por la que se le abre otra causa en relación al dinero que solicitó y obtuvo del BSCH -al que luego archivó una querella- durante su estancia en la Universidad de Nueva York.

En un escrito remitido al CGPJ, el abogado de Negrín, Joan Garcés, señala que existe el «temor fundado a falta de imparcialidad» de los magistrados «que juraron ante Dios lealtad al Caudillo y a los principios fundamentales del Movimiento», que era la fórmula utilizada para tomar posesión del cargo de juez hasta el 5 de julio de 1977. Para Carmen Negrín, ese juramento de lealtad al Caudillo podría afectar a Dívar a la hora de pronunciarse sobre la eventual suspensión provisional de Garzón, imputado en un proceso que tramita la Sala Penal del Supremo por un presunto delito de prevaricación al investigar las desapariciones durante el Franquismo.

El pasado 27 de noviembre, según informa Europa Press, Negrín recusó por el mismo motivo a varios magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, entre ellos el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y el también magistrado de esta Sala Carlos Granados. Al igual que Dívar, ambos habrían jurado lealtad al Caudillo al ingresar en la carrera judicial.

Saavedra y Granados forman para de la Sala del 61, que es la que debe resolver sobre la recusación por Negrín de los cinco magistrados de la Sala Penal que admitieron a trámite la querella contra el juez Garzón por presunta prevaricación.

Esos cinco magistrados (Juan Saavedra, Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo), han sido recusados por familiares de desaparecidos y diferentes asociaciones de la memoria histórica. Consideran que estos jueces están «contaminados» para intervenir en el proceso penal contra Garzón porque ya trataron este asunto con ocasión de una anterior querella presentada por Carmen Negrín contra los jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que declararon la incompetencia de Garzón.

«Fidelidad al Caudillo»

> La nieta de Juan Negrín afirma que, desde el 1 de abril de 1939 hasta el 5 de julio de 1977, todos los jueces, fiscales y funcionarios públicos juraron «fidelidad al Caudillo» en «comunión con los ideales que dieron vida a la Cruzada». Desde la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964, uno de los requisitos para adquirir la condición de funcionario era «jurar acatamiento a los principios fundamentales del Movimiento Nacional».

> El actual presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, ingresó en la carrera judicial en 1969. Los otros dos miembros del Supremo recusados por el mismo motivo, Juan Saavedra y Carlos Granados, ingresaron en 1974 y 1972.

Ocho partidos piden suspender la cumbre de la UE con Marruecos

Ocho partidos piden suspender la cumbre de la UE con Marruecos

Presentan una proposición en el Congreso de apoyo a los derechos del pueblo saharaui

LUIS ÁNGEL SANZ

Madrid

Todos los partidos pequeños del Congreso de los Diputados -con la única excepción de Unión del Pueblo Navarro- acaban de registrar una proposición no de ley (PNL) conjunta de apoyo a los derechos del pueblo saharaui. La iniciativa pide al Gobierno que promueva, desde la presidencia española de la UE, la «congelación temporal» del Estatuto de Cooperación Avanzado con Marruecos y «la suspensión de la cumbre bilateral Marruecos-Unión Europea», prevista para principios de marzo, mientras el reino alauí «no modifique su actual política de vulneración de los derechos humanos de la población saharaui».

La propuesta está rubricada por ocho pequeñas formaciones que esperan que sea debatida en el Pleno de la Cámara Baja en las próximas semanas. La firman el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Coalición Canaria (CC), Bloque Nacionalista Galego (BNG), Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) y Nafarroa Bai (NB). En total, ocho partidos, 17 diputados y tres grupos parlamentarios de muy distinta tendencia política, pero con un denominador común: «Instar al Gobierno a defender los derechos humanos del pueblo saharaui con urgencia», como explicaron ayer en una nota conjunta.

La propuesta se lleva negociando desde hace prácticamente un mes y comenzó a gestarse tras la protesta pacífica de la activista de los derechos humanos Aminatu Haidar, que estuvo 32 días en huelga de hambre en noviembre y diciembre de 2009 con una petición muy simple: que el Estado marroquí le devolviera el pasaporte y le permitiera volver a su casa, con sus hijos, en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental.

Ya entonces, varios partidos apuntaron que el Gobierno debería aprovechar el semestre español para cambiar la postura hacia Marruecos y para presionarle con objeto de que respete los derechos humanos de los saharauis y las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, viajó a Lanzarote a visitar a Haidar, que estaba en plena huelga de hambre, y acudió después a El Aaiún para llevar en mano a sus dos hijos un mensaje personal de su madre. Cuando volvió a Madrid, comenzó a preparar la PNL y mantuvo contactos con todos los grupos parlamentarios, incluidos el PSOE y el PP, para discutirla. Otros portavoces, como Gaspar Llamazares, de IU, han mostrado siempre una especial sensibilidad con el problema saharaui, con lo que a los partidos pequeños no les costó demasiado ponerse de acuerdo en torno a un texto común.

Los socialistas, aunque muchas veces han defendido la autonomía del Sáhara frente a Marruecos, no consideraron asumible la propuesta, ni siquiera después de poderla cambiar con enmiendas.

La iniciativa presentada el jueves asegura que, desde 2004, la orientación de la política exterior del Gobierno con Marruecos ha desembocado «en una relación privilegiada» del reino alauí con España y con la UE, pero «a costa de la legalidad internacional en el conflicto saharaui». De hecho, la PNL denuncia que «Marruecos continúa desarrollando políticas absolutamente inaceptables para los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos».

La PNL recuerda y condena la «expulsión ilegal» de Aminatu Haidar cuando trataba de volver a El Aaiún desde Nueva York, adonde había ido a recoger un premio. Y pide al Ejecutivo español que lleve «a cabo con la máxima urgencia cuantas acciones diplomáticas, jurídicas y de presión ante el Gobierno de Marruecos sean necesarias a fin de que tanto la ciudadana Aminatu Haidar como todos los demás activistas» gocen «de plenas garantías para su integridad física y su libertad».

La iniciativa parlamentaria recuerda que el 8 de octubre de 2009 fueron detenidos en Casablanca los ciudadanos saharauis Ali Salem Tamek, Brahim Dahane, Dgja Lechgar, Rachid Sgahir, Nassiri Hamadi, Yehdih Terruzi y Saleh Loubeihi. Seis de ellos siguen encarcelados a la espera de juicio [ver información complementaria en esta misma página]. Por eso, también pide al Ejecutivo español que les preste todo su apoyo «para que recobren su libertad en el plazo más breve posible»

Seis presos saharauis pueden ser condenados a pena de muerte

ERENA CALVO. ESPECIAL PARA EL MUNDO

Bamako

El lunes cumplen cuatro meses en la prisión de Sale, a pocos kilómetros de Rabat. Siete pesos pesados del activismo saharaui fueron detenidos el 8 de octubre en Casablanca tras viajar a los campamentos de refugiados de Tinduf. Los activistas -cuya liberación pide la proposición presentada en el Congreso de los Diputados- fueron transferidos el 15 de octubre a la jurisdicción militar. Los seis saharauis que siguen en la cárcel -la única mujer del grupo está en libertad provisional por su salud mental- denuncian estar aislados y sufrir restricciones en las visitas.

Marruecos les acusa de vulnerar la seguridad del Estado y Human Rights Watch critica que los procesados, al enfrentarse a un juicio militar, pueden ser condenados a muerte. El caso de estos siete activistas, así como la crisis generada por la expulsión de la activista Aminatu Haidar ha deteriorado aún más las relaciones entre Marruecos y el Polisario.

Haidar lleva 22 días en España para someterse a un tratamiento médico tras la huelga de hambre de hace dos meses, que deterioró notablemente su salud. «Fue marcharse y desaparecer la policía de su barrio, presente en su domicilio desde su regreso a El Aaiún», cuenta Djimi el Galia, vicepresidenta de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos

VICTIMAS DEL TERRORISMO: Salamanca recupera la voz de las víctimas

LUCHA ANTITERRORISTA / El homenaje
Salamanca recupera la voz de las víctimas

Miles de personas, con Aznar a la cabeza, piden que el terrorismo no prescriba

FERNANDO LÁZARO

Salamanca

Lágrimas. Puños apretados. Miradas fijas al cielo. Y sobre todo, mucho sentimiento. La plaza Mayor de Salamanca se convirtió ayer en un púlpito para las víctimas del terrorismo del mundo. El acto central del encuentro internacional de afectados organizado por San Pablo CEU tuvo también otro protagonista, José María Aznar. Su llegada se saludó entre aclamaciones, y su salida, al grito de «presidente, presidente».

El medio millar de víctimas del terrorismo que se ha dado cita estos días ha sentido el calor y el cariño de los ciudadanos de Salamanca. Junto a ellos, además de Aznar, el presidente castellanoleonés, Juan Vicente Herrera; la líder de UPyD, Rosa Díez; la que fuera candidata del PP a lehendakari, María San Gil; el que fuera titular de Interior en una de las etapas más duras de la lucha contra ETA, Jaime Mayor Oreja; los diputados populares Ignacio Cosidó y Cayetana Álvarez de Toledo; Antonio Basagoiti, actual líder del PP vasco; la alcaldesa de Lizarza, Regina Otaola, y el que fuera líder del PSE Nicolás Redondo Terreros, entre otros.

Fueron varios miles los ciudadanos de Salamanca que acudieron al llamamiento para arropar a todas las víctimas del terrorismo. La histórica plaza salmantina colgó el cartel de completo.

El acto, sencillo pero intenso, provocó que muchos de los que han sufrido los golpes del terror no pudieran contener su emoción. La entrada en la plaza de las 500 víctimas del terrorismo que asisten al congreso provocó la primera y atronadora ovación. Acto seguido, el alcalde de la localidad, Julián Lanzarote, descubrió la placa que una calle de Salamanca lucirá en recuerdo de las víctimas.

Y es que los afectados por terrorismo estuvieron arropadas por una ciudadanía que, de nuevo, tuvo un comportamiento ejemplar. El minuto de silencio, espectacular. Algunas hijas de víctimas recordaron a sus padres asesinados. Ayer era su cumpleaños. Las lágrimas fueron su regalo.

Y, después, el manifiesto de Madrid-Bogotá-Valencia-Medellín y Salamanca. «Pedimos a todos los gobiernos un compromiso activo y constante en la lucha contra el terrorismo, por encima de cualquier ideología, y un compromiso igualmente activo y constante a favor de las víctimas». Pero, sobre todo, las víctimas reclaman una y otra vez, en cada una de sus convocatorias, que «los crímenes terroristas sean considerados como violaciones de los derechos humanos por la comunidad internacional y que sean incluidos en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. Pedimos a todos los gobiernos que promuevan y apoyen la inclusión de todo terrorismo dentro de los delitos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional».

Y aún más: «Pedimos que se prive de inmunidad a los gobernantes que sean declarados autores, inductores, financiadores o cómplices de actos de terrorismo». El homenaje tuvo una vez más un final sonado: el himno nacional.

Pero las voces no se acabaron en la plaza Mayor. Por la tarde insistieron en la necesidad de que se produzcan las modificaciones necesarias de la ley para que los delitos de terrorismo no prescriban nunca. La vicepresidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, aseguró que, a través de la Red Europea de Víctimas del Terrorismo, se ha elevado una petición en este sentido a la Comisión Europea. Esta es una vieja reivindicación histórica de las víctimas.

Fue la ex responsable del PP en el País Vasco María San Gil la que cerró la jornada de ayer. Y como era de esperar, con contundencia: «Nuestro reto es la Justicia. Confiamos a ciegas en la Justicia. Hablamos de un final justo del terrorismo. Tiene que haber vencedores y vencidos, solo así podrá ponerse un punto final al terrorismo».

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«El jardín del demonio»

Momentos duros. Testimonios emotivos. Recuerdos trágicos. Desde Estados Unidos, Israel, el Congo, Francia, Argentina… Las voces de aquellos a los que la sinrazón les quitó a sus seres queridos. La segunda jornada del encuentro internacional de víctimas del terrorismo celebrado en Salamanca fue para ellos, fue su día, fueron los protagonistas.

Jacob Kimchy perdió a su padre durante la segunda Intifada. En un ataque suicida en 2002 que acabó con la vida de15 personas y otras 85 resultaron heridas. «Mi padre tenía una prótesis en una pierna. Sólo encontraron restos de la ortopedia», narró con entereza. «Aquello era el jardín del demonio. Carne en las paredes, cuerpos destrozados…».

Desde entonces se arremangó y puso en marcha una fundación, One Herat Global, dedicada a ayudar a otras víctimas del terrorismo por todo el mundo.

Alan Jara estuvo más de siete años secuestrado por la guerrilla de las Farc en la selva colombiana. Considera su liberación como un «camino político» para avanzar hacia la reconciliación. Viajaba en un vehículo de Naciones Unidas cuando fue interceptado por las Farc. «Estuve en una especie de campo de concentración», recordó. En la selva coincidió con otra veintena de policías y militares colombianos también secuestrados. Y para sobrevivir crearon una «especie de escuela» donde se intercambiaban conocimientos, aprendían idiomas, «sobrevivíamos», explicó. «Deberíamos insistir en el intercambio. Hay que buscar una solución y ése puede ser el camino. No existe terrorismo de derechas o de izquierdas; solo existe terrorismo», sentenció.

Giorgio Paolo Bazzega perdió a su padre, comisario de policía. Un terrorista de las Brigadas Rojas le descerrajó hasta 15 tiros. La víctima tuvo oportunidad de responder a la agresión, pero en su línea de tiro se pusieron los padres del terrorista. El comisario dejó de apretar el gatillo mientras el terrorista utilizaba a sus padres de parapeto.

Lee Lelpi, de Estados Unidos, tardó tres meses en recuperar el cuerpo de su hijo, bombero de Nueva York, víctima de los atentados contra las Torres Gemelas en el 11-S. También es bombero y dice que él al menos ha tenido la suerte de recuperar el cuerpo de su hijo. Insistió, al igual que el resto de oradores, en lo positivo que es para las víctimas compartir experiencias, vivencias y emociones en este tipo de encuentros internacionales e insistió en que el terrorismo es igual en todo el mundo.

Irina Khalay resultó herida en septiembre de 1999, en un atentado en la pequeña localidad rusa de Volgodonsk. Hubo 19 muertos y casi un centenar de heridos. Se ha puesto al frente de la organización pública regional de víctimas. Pero recibe silencio y miradas desviadas. Recordó que las víctimas de este atentado terrorista recibieron 468 dólares por fallecidos, 116 por incapacitado y 34 dólares por herido. Pero sobre todo, silencio y olvido. Ella lucha por que nadie olvide el nombre de las víctimas.

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Las incógnitas del 11-M

>Sin identificar. «Aún desconocemos los nombres de todos los que cometieron la masacre del 11-M». Quien así se pronuncia es Ángeles Domínguez, presidenta de la asociación de ayuda a las Víctimas del 11-M.

>Justicia pendiente. «Ni la investigación policial, ni la comisión de investigación parlamentaria, ni el juicio han despejado las enormes incógnitas sobre el atentado. No podemos afirmar que se haya hecho Justicia», sentenció.

>Graves irregularidades. Según Domínguez, se han producido «graves irregularidades en la investigación que han evitado el conocimiento de los hechos. La Justicia ha fracasado en el 11-M. Las demandas de las víctimas de Justicia, que no de venganza, no han sido satisfechas aún. Exigimos el cumplimiento de la ley»

ECONOMÍA: El plan de austeridad del Gobierno se queda en el 8,5% de lo prometido a Bruselas

EMERGENCIA ECONÓMICA / El programa de ajuste
Zapatero sólo ahorra 3.500 millones

El plan de austeridad del Gobierno se queda en el 8,5% de lo prometido a Bruselas - Los ministerios de Fomento y de Industria asumen casi dos tercios del recorte

MARÍA VEGA

Madrid

El Gobierno quiere ahorrar, pero no sabe cómo. El Plan de Acción Inmediato contra el déficit que la ministra de Economía, Elena Salgado, llevó ayer a Consejo de Ministros para ajustar el presupuesto público de este año sólo contempla un recorte del 8,5% de los 40.000 millones de euros en los que el Ejecutivo se ha comprometido a rebajar el gasto de la Administración central en los próximos tres años ante Bruselas y ante los inversores internacionales.

La ministra de Economía y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, presentaron ayer su plan para frenar este año el déficit con el que prometieron rebajar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año en 5.000 millones de euros.

La cifra es lejana al tijeretazo de 50.000 millones de euros que Gobierno y comunidades autónomas tendrán que aplicar antes de 2013 para reducir el déficit al objetivo del 3% del PIB en 2013.

Pero, además, de esa cantidad, 1.500 millones de euros corresponden al fondo de contingencia con el que cuenta el Gobierno para afrontar situaciones de emergencia, por lo que el recorte real sólo asciende a 3.500 millones de euros, es decir, algo más del 8,5% de los 40.000 millones que tiene que recortar el Gobierno (los 10.000 millones restantes corresponden a las comunidades autónomas).

El ahorro es todavía menor si se tiene en cuenta que de esos 3.500 millones de euros, la mayor parte del recorte, 1.955 millones de euros, corresponde al capítulo 8 de los PGE (el relativo al crédito del que pueden disfrutar los ministerios), una partida que sólo computa como déficit en caso de ser utilizada.

Según el plan de Salgado y De la Vega, el Ministerio de Fomento será el que más tendrá que apretarse el cinturón, con un recorte de 1.759 millones de euros, de los que cerca del 70% corresponden al capítulo 8. Le siguen Medio Ambiente, con un recorte de 501,6 millones, e Industria, con 439,8 millones menos para este año. Así, entre el Departamento de José Blanco y el de Miguel Sebastián asumirán un 63% del ahorro del Plan de Austeridad.

En el lado opuesto, los ministerios que menos tendrán que ajustar sus gastos serán el de Manuel Chaves, con un recorte de 345.470 euros y el de Bibiana Aído, ya que Igualdad tendrá que recortar su presupuesto en poco más 1,5 millones de euros.

Salgado también prevé bajar el presupuesto inicial de su Ministerio en 170,08 millones de euros, de los que 150 millones corresponden al capítulo 8 relativo al crédito. Mientras que el Ministerio de la Presidencia tendrá que reducirlo en algo más de 31,1 millones.

Por su parte, Defensa contará con 141 millones de euros menos de lo previsto para 2010 y Justicia y Sanidad con 26,6 millones y 17,1 millones menos respectivamente.

Antes de presentar el plan en la mañana de ayer, Salgado remitió a los distintos ministerios una comunicación con el detalle de los capítulos que tendrán que ajustar para cumplir con el ahorro previsto, según consta en la referencia del Consejo de Ministros.

Economía también ha trasladado a todas las comunidades autónomas y a las administraciones locales la propuesta con la que pretende salvar las finanzas públicas en 2010 y en «breve plazo» someterá a votación el documento, afirmaba el citado texto

AJUSTE DE CUENTAS
Malas noticias de Europa

JOHN MÜLLER

La posibilidad de una recaída en la crisis es la pesimista impresión que deja el informe flash de Eurostat sobre el crecimiento de la economía europea en los últimos tres meses de 2009. Los datos son inquietantes porque, aunque en términos interanuales se ve que la crisis se ha ido mitigando, si comparamos el cuarto trimestre con el tercero la economía de la zona euro apenas creció un 0,1%, un ritmo sensiblemente menor que el 0,4% de aumento que había experimentado el trimestre anterior. El motor de la economía europea claramente se ha gripado en otoño.

Y lo más decepcionante para quienes proclaman brotes verdes es que la actividad económica ha sufrido una inflexión en los últimos tres meses de 2009, pese a que se trata precisamente de un trimestre con gran actividad comercial y turística debido a las fiestas navideñas.

Entre las economías denominadas en euros que se han visto más perjudicadas, después de la española que sigue inmersa en un proceso recesivo (séptimo trimestre con crecimiento negativo), figura la alemana que no creció un ápice pese a que parecía que desde marzo había cogido carrerilla y se estaba recuperando. Esto subraya la debilidad del crecimiento económico y pone de manifiesto que la crisis será larga.

El informe también abona las tesis de que aquellos países que han capeado la crisis sin sufrir un gran aumento del paro, caso de Alemania o Francia, podrían ver cómo se incrementa el desempleo en los próximos meses.

Italia, que había mostrado signos de recuperación al crecer un 0,6% en el tercer trimestre, volvió a caer un 0,2% en el último tramo de 2009. Francia, en cambio, ha sumado su tercer trimestre en positivo, aunque los números son bajos y muestran una inflexión en el periodo julio-septiembre de 2009 que se salvó al finalizar el año.

El Reino Unido, entre las economías que no utilizan el euro, habría experimentado su primer trimestre de crecimiento.

En términos interanuales, por primera vez la riqueza de España mengua en mayor magnitud que la media de los 27 países de la UE.

Ayer había caras largas en Bruselas porque si bien se confirma una desigual recuperación, ésta no tiene el ritmo ni la intensidad que a los responsables políticos les gustaría. Para España, que fía su salida de la crisis -y la intensidad del ajuste interno- al buen comportamiento de sus mercados naturales (Alemania y otros países europeos), la noticia es doblemente mala porque podría dejar obsoleto su Plan de Acción Inmediato contra el déficit, ya que los ingresos previstos no llegarán tan pronto como se cree.

john.muller@elmundo.es

EMERGENCIA ECONÓMICA / La situación de los sindicatos
UGT despide a 160 empleados al quebrar una de sus fundaciones

Fundescan debe nueve millones y tiene sus cuentas embargadas

BEGOÑA P. RAMÍREZ

Madrid

El sindicato UGT se ha puesto en Canarias el traje de empresario y va a presentar un ERE para despedir a 160 trabajadores tras haber solicitado en el juzgado el concurso de acreedores de Fundescan (Fundación Canaria para el Desarrollo Social), creada en 1996 como entidad sin ánimo de lucro para dar cursos de formación y orientación laboral.

Hacienda embargó el pasado diciembre las cuentas de Fundescan, que acumula una deuda de 9 millones de euros. Su presupuesto anual no supera los 12 millones. Los acreedores, además del fisco, incluyen a la Seguridad Social, los bancos y la plantilla, que no ha cobrado las nóminas de diciembre, enero, febrero ni la mitad del sueldo de julio. Según explicó en su día el secretario general de la UGT canaria, Juan Francisco Fonte, la deuda puede haberse acumulado desde 2005.

Nada más acceder al cargo en junio, Fonte encargó una auditoría interna y declaró a la prensa local que la entidad se había gestionado «como una tienda de aceite y vinagre de 1920». Por su parte, el actual presidente de la fundación y secretario de Formación del sindicato, José Lorenzo, tacha de «caótico» el modelo de gestión utilizado por los anteriores directivos. «No se ajustaba a la producción de programas subvencionados por las administraciones», explica. Y asegura que será el proceso concursal el que determinará si los anteriores gestores han incurrido en algún tipo de responsabilidad.

Para los trabajadores afectados, en cambio, no hay duda de que la gestión ha sido, como mínimo, «negligente». Los retrasos en el pago de las nóminas eran habituales desde hace al menos tres años. Pero también acusan a UGT de haberles dejado «desprotegidos». En una carta que enviaron al secretario general, Cándido Méndez, le reprochan que haya «desplegado una estrategia más propia de la patronal que de un sindicato de clase como la UGT».

De hecho, parte de la plantilla ya se ha manifestado ante la sede de la central sindical en Las Palmas, mientras pide la dimisión del comité de empresa. «No ha velado por los intereses de los trabajadores», asegura un portavoz. Otro muestra su estupor por el hecho de que, en una reunión con ellos, Juan Francisco Fonte acusara a los empleados de Fundescan de ser «copartícipes» en el «agujero» de las cuentas. «Nos dijo que, al manejar dinero público [la fundación trabaja con subvenciones de los gobiernos canario y central], debíamos ser responsables de él».

La plantilla reprocha al sindicato que la única alternativa que les ofrece es acogerse al ERE o esperar a que dictamine el juez del concurso de acreedores para cobrar del Fondo de Garantía Salarial. Y, sólo para algunos, ser incluidos en la lista de sustituciones de la enseñanza pública. «Queremos que UGT se responsabilice de nosotros», reclaman.

«Han dinamitado Fundescan», critican en cambio fuentes sindicales conocedoras del caso. «Se trataba de fulminarla para que la fundación confederal gestione los fondos que hasta ahora recibía Fundescan», explican, «porque Madrid nunca ha querido que Canarias tenga un instrumento propio para gestionar la formación». Según dicen, hasta el mes de junio, cuando cambiaron los gestores, la fundación estaba «al día» en sus pagos a la Seguridad Social, Hacienda y a la plantilla. «Nadie ha metido la mano», recalcan.

Las fuentes sólo admiten retrasos en el pago a «colaboradores y proveedores de material», así como un «déficit en las líneas de crédito». El Gobierno canario, aclaran, no paga por adelantado, así que la fundación recurría a los bancos. «Y esos intereses no se pueden incluir en el coste de los programas» subvencionados.

Sin embargo, el presidente de Fundescan dice que algunos proyectos «nacían con déficit», que cubría la entidad, y otros no llegaban a ejecutarse, «por lo que había que reintegrar el importe de las ayudas, con intereses, a la Administración».

«Es un conflicto laboral privado», aseguró ayer sobre Fundescan una portavoz de la Consejería de Empleo del Gobierno canario. Y rehusó facilitar datos sobre las ayudas que le concede y no quiso precisar si va a pedir su devolución

EMERGENCIA ECONÓMICA / La situación de las empresas
«Un despido de 20 días es razonable»

Díaz Ferrán tacha de insuficiente la propuesta del Ejecutivo de extender el contrato con indemnización de 33 días, aunque tampoco confía en que la reforma cree empleo

Madrid

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, dejó ayer claro que a los empresarios no les convence la propuesta presentada por el Gobierno el viernes pasado de extender el contrato de fomento del empleo indefinido, con una indemnización de 33 días por año trabajado, a nuevos colectivos. Díaz Ferrán defendió la creación de un nuevo modelo que «dé confianza» a los pequeños y medianos empresarios y que anime a la contratación indefinida con una indemnización «razonable», más cercana a la media europea.

Y lo razonable para el presidente de la patronal es una «indemnización de los 20 ó 22 días», según defendió en declaraciones a la Cadena Ser, tras considerar que la propuesta del Ejecutivo «no es suficiente».

Este planteamiento le sirvió para justificar que la patronal no ha pedido el despido libre y «nunca lo hará», al tiempo que se mostró dispuesto a seguir trabajando en el diálogo tripartito para buscar un «acuerdo inteligente» sobre el mercado laboral español.

En este sentido, resaltó el interés de la CEOE en trabajar «con altura de miras» y con disposición para llegar al acuerdo. Sin embargo, restó importancia a la reforma ya que admitió que ni siquiera estos cambios servirán para crear puestos de trabajo si la economía sigue deteriorándose. «La creación de puestos de trabajo depende de cómo vaya la economía», explicó, tras insistir en que lo primero es que la economía funcione y lo segundo, crear un mercado de trabajo con unas reglas flexibles que apoye el funcionamiento económico.

Dejando atrás su postura más beligerante sobre la necesidad de reforma laboral, Díaz Ferrán dijo ayer que el principal problema que tienen que afrontar las empresas es la falta de crédito. Defendió que, a lo largo de 2010, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) facilite créditos directamente a las pymes a través de las consejerías de las comunidades autónomas.

El presidente de la CEOE, olvidando los dos años en los que el diálogo social ha estado bloqueado, destacó la importancia del acuerdo de la negociación colectiva firmado esta misma semana con los sindicatos por ser un ejemplo de «responsabilidad» y que «transmite confianza». Y apuntó que «otros» deberían seguir el ejemplo que han dado los empresarios y sindicatos y llegar a acuerdos para superar la crisis.

«Hemos dado el primer ejemplo y otros deberían seguirlo», tras explicar que el objetivo de estos acuerdos es que todos «empujen el carro» en la misma dirección para sacar al país adelante, informa Europa Press.

Díaz Ferrán consideró «bueno» que todos los partidos políticos puedan sentarse a determinar qué es «lo mejor» para España, ya todo el mundo tiene que «arrimar el hombro» para sacar al país de la crisis económica.

«Este país tiene una economía con suficiente solidez para salir adelante cuando se hagan los retoques imprescindibles», remachó.

La postura de la patronal

>El presidente de la CEOE defiende un contrato con un despido de 20 o 22 días, que «dé confianza a los empresarios» y que anime a la contratación indefinida.

>Pese a que el abaratamiento del despido ha sido su principal caballo de batalla durante estos últimos meses, Díaz Ferrán dice ahora que la reforma no servirá para crear más puestos mientras persista la crisis económica

FIRMAS: Federico Jiménez Losantos, Las cuatro esquinas

#LAS CUATRO ESQUINAS
Pese a los esfuerzos del Rey, Gobierno y oposición no lucharán juntos contra la crisis. El juez Varela tampoco archiva la querella contra Garzón. Las Víctimas del Terrorismo reclaman la vuelta de Aznar. Y los sindicatos quieren salir a la calle, aunque sea el 23-F

FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS

Imposible el pacto de Estado

El Rey pide en vano «grandes esfuerzos»

Aunque seis años tarde, el Jefe del Estado abandonó su habitual neutralidad a favor del Gobierno -incluso en casos tan graves como la investigación del 11-M, la negociación con la ETA, la Ley de Memoria Histórica o el Estatuto de Cataluña- para ejercer ese papel mediador que la Constitución le confiere. Y es que la angustiosa crisis económica ha hecho preguntarse a muchos dónde está el mediador que no media. Hemos superado los cuatro millones de parados (en rigor los cuatro y medio), nos tratan a puntapiés en la Unión Europea y los mismos medios anglosajones ayer arrobados por los «ojos aguamarina» de ZP, ahora sólo alaban a tocateja. Y a veces, ni así.

Juan Carlos I pidió «grandes esfuerzos» y «amplios acuerdos», que tampoco es pedir la Luna, pero como si lo fuera. Alonso repuso que el Partido Popular debería antes «pedir perdón» por su «mensaje catastrofista». Rajoy dijo que ya le había propuesto ese pacto al PSOE y ni caso, o sea, que él ya ha cumplido. Y De la Vega se puso como un basilisco contra un periodista de El País habitualmente meloso.

Para una vez que el Rey hace lo que debe, le atizan.

Garzón, camino del banquillo

Luciano Varela y el auto de su vida

En medios judiciales se considera que el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela, redactor del auto que denegaba el archivo de la querella contra Baltasar Garzón por prevaricación, ha hecho la mejor faena en Las Ventas desde que se vistió de corto. Los amigotes de Garzón, con El País a la cabeza, también parecen pensar que Varela no ha dejado margen en su razonadísimo auto para una sentencia que no sea la condena de Garzón y su desalojo de la Audiencia Nacional, camino de otros banquillos que también por prevaricación le aguardan -el caso de los 50 millones de pesetas pedidos por escrito a Botín; o el de la demora en instruir el caso del chivatazo en el Bar Faisán, por ejemplo-.

Los añosos abajofirmantes que, llamados por la trompetería prisaica, han salido en defensa del cazador de Gürtel no pueden descalificar por franquista a Varela, que proviene de la tribu zurda de Jueces para la Democracia, así que atacan como «fascista» al sistema político presidido por su adorado Zapatero y que permite juzgar a Garzón.

¿Dónde se ha visto que la Ley pueda estar por encima del juez? En Roma, sí; pero así acabó.

Piden su vuelta en Salamanca

Las Víctimas del Terrorismo quieren a Aznar

El Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, coordinado por Cayetano González y el Observatorio del Colegio San Pablo-CEU, ha sido un éxito. La inauguración, a cargo de los Príncipes de Asturias, obligó a última hora al Gobierno a hacer acto de presencia, que no pasó inadvertida por serlo del orondo ministro Caamaño. Entre los testimonios destacaron los de las argentinas Victoria Villarruel y Victoria Paz, víctimas del terrorismo montonero ayer y del montonerismo de los Kirchner hoy, que embellece la siniestra historia de la izquierda peronista prohibiendo, con la complicidad de medios de comunicación, jueces y partidos políticos, la mera denuncia de casos de asesinato con responsables identificados.

Pero la sorpresa llegó tras la ofrenda floral en memoria de las víctimas, cuando entre los miles de salmantinos presentes, con mayoría del PP, se produjo un verdadero clamor pidiéndole a Aznar: «¡Vuelve, vuelve!». El único Presidente que se ha preocupado por las víctimas del terror se dejó querer un poco y tuvo que ser evacuado para evitar mayores males. ¿O serían bienes?

Coincidencia con la 'tejerada'

Méndez y Toxo montan su 23-F

El Secretario General de UGT y, para muchos, verdadero vicepresidente en la sombra, Cándido Méndez, ha decidido manifestarse un poquito contra el Gobierno Zapatero, que tanto caso le hace y con tanto dinero le obsequia. En compañía de su homólogo en Comisiones Obreras, Ignacio Fernández, alias Toxo, ha anunciado sin demasiada estridencia que quieren salir a la calle para «hacerse eco» de la «inquietud generalizada» ante los posibles planes gubernamentales de alargar hasta los 67 años la edad de jubilación. Sorprende que los que vienen aplaudiendo una política de Zapatero que ya ha producido cuatro millones y medio de parados, por los que no han convocado ni un modesto mítin, se manifiesten preocupados por una simple hipótesis. Pero no ha sorprendido menos que la fecha elegida para su mohín de desacuerdo sea el 23 de febrero, aniversario del Golpe de Estado fallido hace casi tres décadas. ¿Será una forma de llamarle golpista a Salgado, pobre niña rica, y amenazar a ZP? ¿O sólo de camuflar la noticia de su movilización inmovilista en las cadenas de televisión haciéndola coincidir con la tejerada?

EDITORIALES: La última oportunidad de un gran pacto

EDITORIALES DEL DÍA
LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE UN GRAN PACTO

LA PRESIÓN política sobre el presidente del Gobierno para que impulse un pacto de Estado contra la crisis está arreciando después de constatarse que la economía española sigue en recesión -el PIB se contrajo un 0,1% en el último trimestre de 2009-, que el paro sigue creciendo, que el déficit está disparado y que los mercados internacionales castigan nuestras emisiones de deuda pública. El propio Rey instó ayer a la consecución de este pacto diciendo que «es hora de grandes esfuerzos y amplios acuerdos» para superar la crisis. No es la primera vez que Don Juan Carlos demanda esfuerzo y generosidad al Gobierno y a la oposición para este acuerdo -lo hizo también en el último mensaje de Navidad- pero en esta ocasión sus palabras adquieren un especial significado, habida cuenta de que la situación económica no sólo no mejora, sino que empeora con el paso del tiempo.

La idea del pacto ha sido resucitada esta semana formalmente por CiU -que ha visto la oportunidad de recuperar la centralidad perdida- y propuesta a Zapatero por sus portavoces en las sesiones de control. Duran Lleida llegó incluso a entrevistarse con Rajoy para hablar del asunto y al terminar dijo que ni el Gobierno ni el PP eran proclives al acuerdo. Zapatero lo ha rechazado hasta la fecha alegando que «razones ideológicas» le impiden pactar con el PP en materia económica.

Este periódico viene defendiendo editorialmente desde el comienzo de la crisis la necesidad de unos nuevos pactos de La Moncloa. A nadie se le oculta que hubiera sido más fácil hace un año y medio, sin elecciones a la vista, que ahora, cuando hay unas catalanas en otoño y unas autonómicas y municipales el año que viene. Aunque José Bono dice con gran voluntarismo que prefiere «ganar las batallas que se libran en favor de los ciudadanos que ganar las elecciones» no todos piensan lo mismo en su partido.

No obstante, podría haber una oportunidad para el pacto si realmente Zapatero estuviera dispuesto a dar un giro a su política económica impulsando un severo plan de ajuste para reducir el déficit público y una reforma para flexibilizar el mercado de trabajo. La iniciativa del Grupo Socialista que anunció ayer una ronda de contactos con el resto de las fuerzas parlamentarias para explorar la posibilidad de un entendimiento podría indicar un cambio de posición, aunque también es posible que se trate de una maniobra de distracción para quedar bien ante los ciudadanos que reclaman por abrumadora mayoría este pacto. De momento, las declaraciones formuladas ayer tanto por la vicepresidenta Salgado como por Zapatero son preocupantes, ya que el Gobierno puede tener la tentación de creer que el respiro que le han dado los mercados ha resuelto sus problemas. La ministra de Economía señaló que no tiene intención de «tocar» el sueldo de los funcionarios -cuando sería necesario al menos congelarlo en cualquier plan de ajuste de las finanzas públicas- y el presidente manifestó que el debate sobre el déficit público español «ha quedado superado».

A Zapatero le corresponde, pues, aclarar cuál es su posición y tiene una oportunidad -la última- en su comparecencia de la próxima semana en el Congreso. Si él hace una propuesta clara, todo el mundo, sobre todo el PP, tendrá que retratarse. Sería impensable que el PP se negara a respaldar un recorte del gasto público o una reforma laboral profunda. Los gobernantes son los que deben tomar la iniciativa, como ha hecho Barreda, el presidente socialista castellano-manchego que ha propuesto a Cospedal un pacto de «gobernabilidad» de la comunidad para una situación de «emergencia». Porque no cabe engañarse. Los pactos de Estado son para exigir sacrificios a los ciudadanos y eso suele ser impopular

EXPULSADOS AYER DE LA AUDIENCIA:
Injusto desamparo de los Latiegui

EL JUEZ Gómez Bermúdez expulsó ayer a la esposa y a la hija de José María Latiegui, asesinado por ETA en San Sebastián en 1981, en el juicio que se sigue contra el etarra José Antonio Zurutuza. Las personas expulsadas pedían con carteles que este etarra -que comparecía ante la Justicia tras ser acusado de otros dos crímenes cometidos en 1982- fuera juzgado por el asesinato de su familiar. Pero resulta imposible desde el punto de vista jurídico porque la Audiencia Nacional declaró prescrito el delito contra Latiegui el año pasado. Para evitar casos tan dolorosos como éste, la única solución sería alargar la prescripción de los asesinatos por terrorismo, que está fijada en 20 años. Se trata de un plazo muy pequeño en relación a la gravedad de la conducta que debería ser sustancialmente ampliado

NOS CUENTAN QUE... El Congreso de los Diputados contó el lunes entre sus visitas la de María Dolores Pradera. La cantante llegó acompañada del alcalde de Valdepeñas (Ciudad Real), el socialista Jesús Martín. Cuando el presidente de la Cámara supo que Pradera estaba en el edificio salió a recibirla de inmediato. José Bono hizo gustoso de anfitrión y recorrió con ella el Hemiciclo y el resto de las instalaciones. La cantante desbordó simpatía y se atrevió incluso a contar un chiste feminista. Explicó que no había estado nunca en el Congreso, pese a que es madrileña, y que hacía tiempo que le apetecía conocerlo. Al evocar recuerdos del pasado, rememoró que durante la Guerra Civil vivió en la calle Viriato, en el castizo distrito de Chamberí, y que pasó un miedo terrible. A varios trabajadores que se acercaron a saludarla y a mostrarle su admiración les firmó autógrafos

LUZ VERDE A UNA DECLARACIóN GENéRICA DE APOYO A PAPANDREOU:
La UE se queda en las palabras pero no pasa a los hechos con Grecia

LAS EXPECTATIVAS suscitadas sobre una intervención de la UE para socorrer a la economía griega se quedaron en una simple declaración de intenciones. Los jefes de Gobierno de la UE acordaron ayer en Bruselas adoptar «las medidas contundentes y coordinadas que fueran necesarias para salvaguardar la estabilidad de la zona euro». Van Rompuy precisó que se había alcanzado «un compromiso político de solidaridad» con Grecia, pero que no se habían tomado iniciativas concretas porque este país no las había solicitado. ¿A qué fue entonces Papandreou anteayer a París? ¿Para que ha servido la frenética negociación entre Sarkozy y Merkel? Todo ha quedado en un comunicado que no compromete a nada y a nadie, para lo cual no hubiera sido necesaria la cumbre de ayer que tantas expectativas había creado. La explicación de esta ambigüedad bien podría residir en que Papandreou, que ha encontrado una fuerte contestación social a su plan de ajuste, no quería aparecer como un lacayo que pide ayuda a Europa. De ahí las matizaciones de Van Rompuy. Sorprende, en cualquier caso, la falta de protagonismo de Zapatero en este acuerdo, fraguado en una reunión a la que no asistió a pesar de ser el presidente de turno de la UE. El euro y las Bolsas bajaron tras las declaraciones de Van Rompuy, que, en lugar de transmitir una imagen de fortaleza, dejan la impresión de que Europa es incapaz de reaccionar con determinación en las situaciones de crisis

TEHERáN ALARDEA DE PODER NUCLEAR:
Vuelve la represión a las calles de Irán

EL RÉGIMEN iraní dio ayer una nueva vuelta de tuerca a la presión que ejerce sobre Occidente y sobre sus propios ciudadanos. Ahmadineyad alardeó de puertas afuera de su poder nuclear mientras de puertas adentro reprimía violentamente las manifestaciones contra él en unos actos que debían servir para conmemorar el 31º aniversario de la instauración de la república islámica. Además, igual que ya sucedió en junio pasado tras el fraude electoral, líderes de la oposición reformista fueron ayer intimidados. Dentro de esa política represora, el Gobierno anunció la suspensión en todo el país del servicio de correo electrónico de Google. EEUU y la UE deben estudiar cómo hacer frente a este nuevo desafío de Ahmadineyad y unir sus fuerzas para plantear nuevas sanciones en la ONU contra el régimen iraní
El Mundo en dos minutos
Grandes esfuerzos, amplios acuerdos

ECONOMÍA: La UE limita su apoyo a Grecia al 'compromiso político' de que será solidaria

EMERGENCIA ECONÓMICA / La estrategia europeas
La UE limita su apoyo a Grecia al 'compromiso político' de que será solidaria

La UE, liderada por Merkel y Sarkozy, dice que sólo rescatará a Grecia en caso extremo- Los Veintisiete se niegan a concretar las medidas de apoyo y exigen rigor a Papandreou

MARÍA RAMÍREZ. CORRESPONSAL

Bruselas

No habrá rescate financiero para Grecia. Al menos, de momento. La Unión Europea, liderada por Alemania y Francia, sorprendió ayer al limitarse a ofrecer «un compromiso político» a Atenas para socorrerle «en caso de que sea necesario», apuntó el presidente de la UE, Herman van Rompuy. Los Veintisiete aseguraron que protegerán a Grecia y al euro del riesgo de quiebra, pero se negaron a revelar cómo. Asimismo, afirmaron que intensificarán su control sobre el Gobierno de Papandreou para que reflote su economía.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE sellaron una declaración escrita por Alemania y Francia, que serán los pagadores, y apoyada por el resto. Los líderes sólo dieron detalles sobre la estrechísima vigilancia a la que someterán ahora al Gobierno de Atenas para que reduzca su déficit del 12,7% al 8% este año, pero no explicaron si comprarán bonos de deuda o darán financiación comunitaria en caso de que el Estado griego no logre afrontar sus pagos.

Las fórmulas de ayuda deben definirlas los ministros de Economía de la zona euro, que se reúnen el lunes en Bruselas. No obstante, puede que ni para ese día haya medidas definitivas, ya que, según insisten los socios europeos, hasta ahora, «el Gobierno griego no ha pedido ninguna ayuda financiera».

Los alemanes no quieren que el caso griego siente precedente y, a partir de ahora, tenga que salir en auxilio de cualquier economía con problemas en la zona euro.

«Es una señal política fuerte», insistió Herman van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, y quien forjó el acuerdo con la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y el primer ministro griego, Giorgos Papandreou. Al ser interrogado por la disponibilidad de la UE a socorrer a otros miembros de la moneda única, Van Rompuy, preciso economista, quiso separar a Grecia del resto. «Hemos hablado de Grecia y sólo de Grecia», reiteró el ex primer ministro belga.

Presionado sobre si la UE se plantea más ayudas, Van Rompuy citó a otro antiguo premier de Bélgica, un país de expertos en anestesiar las dificultades: «Hay que resolver los problemas cuando se plantean», dijo.

Van Rompuy añadió que el acuerdo constituye un «mensaje político» con una doble vertiente: exigencia de «responsabilidad» a Atenas para que sanee sus finanzas públicas y compromiso de «solidaridad si es necesario». «Hoy no es necesario», afirmó Van Rompuy.

Fuentes europeas indican que los gobiernos aún confían en que la disciplina fiscal, por sí sola, sirva para solucionar las dificultades para colocar la deuda pública griega, cuyas primas de riesgo se han disparado en las últimas semanas en relación al bono alemán, de referencia.

Los Veintisiete, de hecho, ponen bajo estrecha vigilancia al Gobierno griego, que deberá rendir cuentas a principios de marzo ante la Comisión Europea, sus vecinos de la UE y el Fondo Monetario Internacional, que prestará su experiencia técnica a la causa.

Entonces, se hará una primera revisión del programa de recortes presupuestarios de Atenas y se le podrán pedir más medidas. Si aún así, los mercados siguen sin creerse las cuentas griegas, la UE está dispuesta a intervenir con ayuda bilateral y de la Comisión.

«Sin ninguna duda, Grecia no está sola y Grecia está decidida a hacer los esfuerzos que le pedimos: es la respuesta de la UE y es una respuesta extremadamente fuerte», dijo Sarkozy, en una rueda de prensa conjunta con Merkel, una costumbre que está empezando a cuajar en las cumbres de los Veintisiete.

Ante la falta de detalles del compromiso de rescate, el euro y los bancos bajaron ayer en las Bolsas, pero los líderes quitaron importancia a los movimientos del día. «No las he seguido, he estado trabajando esta tarde», ironizó Van Rompuy.

«Debemos tener un poco de perspectiva y una visión más amplia», aseguró también el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que insistió en que, en cualquier caso, los vecinos del euro están detrás de Grecia o de cualquiera cuya deuda sea cuestionada por los mercados. «Lo que sí puede saber la opinión pública europea, los ciudadanos griegos, los mercados, los inversores es que la UE va a apoyar a cualquier país que tenga dificultades graves en su situación, en este caso a Grecia», dijo el presidente.

Los Veintisiete se reunían ayer en una biblioteca junto a la sede habitual del Consejo Europeo en Bruselas en lo que debería haber sido un debate informal sobre el refuerzo de la política económica común y los nuevos objetivos para mejorar la competitividad europea en la próxima década. Pero los cónclaves previos, en la casa habitual del Consejo, ensombrecieron la reunión. Después, a toda prisa, la UE apoyó un documento de Van Rompuy que propone definir líneas maestras económicas en Bruselas y aplicarlas hasta con misiones de expertos de la Comisión y de otros Estados miembros.

El ex primer ministro belga, además, quiere más debates entre los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, que, según él, deberían reunirse en Bruselas una vez al mes

EMERGENCIA ECONÓMICA / La Presidencia española
Zapatero dice que España es «solvente» e incluso que puede rescatar a los griegos

El presidente reitera que los que han criticado su gestión «están equivocados»

MARÍA RAMÍREZ. CORRESPONSAL

Bruselas

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió ayer «la solvencia» de la economía española y la «credibilidad» de su plan de recorte del gasto, e incluso aseguró que el Estado podría ayudar a financiar la deuda griega, si fuera necesario. «Si la situación evolucionara hacia la necesidad imperiosa de ayudar, los países de la UE ayudaríamos a Grecia, y, por supuesto, España también... Sí, es verdad que, para algunos que han opinado la semana pasada lo que han opinado sobre la situación de España, sería extraño. Pero, como están equivocados, España, por supuesto, también [ayudaría]. Siempre asumimos nuestra cuota de responsabilidad en la UE, como en tantas ocasiones los países de la UE han asumido la cuota de responsabilidad con España y lo harían si fuera necesario», dijo el presidente, en rueda de prensa en Bruselas, tras la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete en la que Alemania y Francia se comprometieron a financiar la deuda griega in extremis.

Si bien España tiene este semestre la Presidencia de turno de la UE, Zapatero apenas participó ayer en las negociaciones políticas para posibles rescates en la zona euro. Es cierto que el nuevo Tratado de Lisboa limita el papel de los turnos nacionales, pero España, por ejemplo, sigue presidiendo el Consejo de Ministros de Economía de los Veintisiete.

Zapatero desayunó con Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión, el responsable del Eurogrupo, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, y el del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet. Pero, después, el español no fue invitado por Van Rompuy a su despacho a la reunión crucial con Nicolas Sarkozy, Angela Merkel y el primer ministro griego. El español parecía poco preocupado por no salir en la foto del rescate: «La pasada semana estábamos como Grecia y hoy estamos fuera del problema de Grecia, cada semana tiene su afán», comentó sonriente.

Zapatero se mostró, sobre todo, contento de que España no esté ya en la lista pública de los países más tocados en el mercado y aseguró que la mejoría de la valoración de la deuda nacional por parte de las agencias de calificación de riesgo demuestra que la alerta sobre las cuentas públicas españolas no tenía «fundamento». «Espero que todo el mundo vaya entendiendo que es así, que los análisis se hagan correctamente», dijo.

El presidente de turno de la Unión

>Ayuda a Grecia. José Luis Rodríguez Zapatero se atribuyó un papel relevante en la búsqueda de una solución a la crisis griega en el encuentro de líderes europeos. Pero admitió que hubo una última reunión con Alemania y Francia, en la que no participó España, para facilitar un «último esfuerzo necesario para el acuerdo».

>Solidaridad. «Lo que debe saber la opinión pública europea, los ciudadanos griegos, los mercados y los inversores es que la UE va a apoyar a cualquier país que tenga dificultades graves», defendió. Es más: advirtió que si la situación empeora los países europeos acudirán en su ayuda. «Por supuesto que España también», afirmó.

>La imagen de España. El jefe del Ejecutivo aprovechó para zanjar la polémica en torno a la posición de la economía española. «En pocos días ha quedado bastante clara la solvencia, la fortaleza de las cuentas públicas de nuestro país y la credibilidad del Gobierno para desarrollar el plan de consolidación fiscal y de reducción del déficit», defendió.

>Credibilidad. Rodríguez Zapatero achacó a la falta de información los pesimistas análisis sobre la economía española. «Las agencias de calificación han dejado las cosas claras», subrayó. Y expuso como «datos objetivos» que la deuda española es 20 puntos inferior a la media europea o que España está emitiendo deuda a 10 años a un precio inferior que en febrero de 2004

AJUSTE DE CUENTAS
¿Dónde estaban los guardianes del euro?

JOHN MÜLLER

Uno de los datos más sorprendentes de la economía griega es que hay que remontarse a 1993 para que el total de su deuda pública esté por debajo del 100% de su riqueza nacional. Ese año, según datos de la OCDE, su endeudamiento oficial fue de apenas el 97,6% de su Producto Interior Bruto (PIB).

A partir de 1994, el ratio siempre fue superior al 100% (el 107,8% en 2008 por ejemplo). ¿Y antes? Bueno, antes no había datos fiables y ya se sabe que Atenas no es un prodigio de fiabilidad estadística. De hecho, el Gobierno griego ha sufrido recientemente un tirón de orejas de Bruselas por la falta de credibilidad de sus números.

La noticia no debería ser que los mercados de capitales se han lanzado a degüello contra la economía griega. Lo insólito es que no lo hicieran mucho antes de estas semanas negras en las que también España y Portugal se han visto salpicadas debido a la falta de crédito de sus respectivas políticas fiscales.

Sí, es cierto que la deuda pública española será en 2010 el 55% de su PIB y que en 1996 llegó a estar en el 56,1%, pero también es verdad que a partir del 2000 bajamos al 49,9% y a contar de 2004 nos situamos por debajo del 40% hasta quedarnos en el 30,1% que teníamos en 2007, un récord histórico en 25 años. Esto demuestra que España ha sabido pagar sus deudas de manera consistente, mientras que Grecia no ha sido capaz de romper su patrón de endeudamiento público.

Ahora, para salvar a Grecia, los líderes europeos se han reunido de manera informal y han acordado un «compromiso político» para ayudar a Atenas. Pero el presidente de la UE, Herman Van Rompuy, aclaró que Grecia no ha pedido dinero y que tampoco se trató la situación de otros países de la zona euro.

El acuerdo, por mucha «fortaleza» verbal que pretendan añadirle Angela Merkel y Nicolas Sarkozy (aparentemente llamados a costear la fiesta griega), no pasa de una mera declaración que los mercados acogieron con tibieza a la espera de que el lunes se comiencen a conocer en detalle las medidas concretas que deben afinar los ministros de Economía.

La UE no podía decir otra cosa en relación a Grecia. Dejar a Atenas en manos del FMI, cosa que le ocurrió al Reino Unido en 1975, era un baldón para la eurozona y suponía tirar a la basura la autoridad teórica y real del Bundesbank sobre la unión monetaria.

Lo curioso es que nadie haya enfatizado hasta ahora cómo un país tan indisciplinado desde el punto de vista fiscal como Grecia se ha cobijado en el euro sin que haya sido más que el blanco de algunas reconvenciones de los comisarios europeos y del presidente del Banco Central Europeo (BCE) que no han terminado en sanciones más duras. Y es que a ellos, a los anteriores comisarios económicos europeos que introdujeron el euro, dos de ellos españoles -Pedro Solbes y hasta ayer Joaquín Almunia-, y al presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, habría que preguntarles por qué Grecia ha mantenido estos ratios de deuda pública durante cinco lustros y ha manipulado las estadísticas sin que esto se convirtiera en un escándalo de primera magnitud.

john.muller@elmundo.es

ANÁLISIS
Anuncio gratis de Merkel a ver si cuela

CARLOS SEGOVIA. CORRESPONSAL ECONÓMICO

Madrid

«Los Estados miembros de la zona euro tomarán medidas con determinación y de forma coordinada, si resulta necesario, para preservar la estabilidad financiera de la zona euro en su conjunto». Así, en el último párrafo de una escueta declaración, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE despachaban tres semanas de infarto en los mercados financieros.

«No dejamos sola a Grecia», afirmó la canciller alemana, Angela Merkel, «Es una señal extremadamente fuerte», agregó Nicolas Sarkozy. Pero los inversores esperaban mucho más, por eso el impacto en los mercados fue limitado y nada tranquilizador para el futuro. En estos tiempos no bastan las palabras. Si no hay anuncios precisos de cuántos bonos griegos va a comprar o avalar la UE, la incertidumbre continuará.

El problema ayer fue que Merkel, la líder que al final debe pagar el grueso del rescate de Grecia o de cualquier país del euro que necesite salvación, se limitó a aceptar sólo dar un anuncio gratis de solidaridad a ver si cuela y sirve para calmar a los mercados. No quiso comprometerse públicamente a financiar un costoso rescate de Grecia. Y, al contrario, impuso junto a Sarkozy que las finanzas griegas sean controladas a partir de ahora por la UE de forma mensual y que el vapuleado Papandreou tome «medidas adicionales». «Grecia cuenta con uno de los sistemas de pensiones más lujosos del mundo», retó el economista jefe del BCE, el alemán Otmar Issing.

A cambio, Grecia no obtuvo más de lo que ya prevé el artículo 122 del Tratado de Lisboa: «El Consejo, a propuesta de la Comisión, puede acordar, bajo ciertas condiciones, una asistencia financiera de la Unión al Estado miembro afectado». Pero ayer se vio que no es el obediente Durão Barroso el que propone y el Consejo Europeo el que dispone, sino un revitalizado eje franco alemán, el que decide. Por eso es lamentable la ausencia de Zapatero, el presunto presidente de turno de la UE, en lo que él llamó la «reunión del último esfuerzo para el acuerdo».

El español optimizó como pudo el resultado y lo presentó como válido para España. «Lo que debe saber la opinión pública europea, los ciudadanos griegos, los mercados y los inversores es que la UE va a apoyar a cualquier país que tenga dificultades graves». Pero Van Rompuy dijo que el acuerdo va «de Grecia y sólo de Grecia» y la Bolsa española volvió a caer y apenas mejoró la deuda española. Con compromisos vacíos (y gratuitos) no basta