Madrid Mientras el Gobierno abría ayer el debate sobre la necesidad de aumentar la edad de jubilación, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) ponían en evidencia la dramática situación de 1,2 millones de hogares que ya tienen a todos sus miembros activos en el paro.
España cerró 2009 con un total de 4.326.500 de desempleados, un nuevo máximo histórico, después de que 1.118.600 de personas perdieran su empleo en el año más duro de la crisis. Tras el alivio que los datos de la EPA dieron en el tercer trimestre del año, en el que la temporada turística permitió reducir en un leve 0,3% el número de desempleados, el paro se cebó entre octubre y diciembre y dejó sin trabajo a 203.200 personas más.
El dato es nefasto, pero empeorará en 2010, según advirtieron ayer el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa.
En diciembre, la tasa de desempleo en España se situó en el 18,83% (la más alta desde 1998) y según las previsiones de Campa, podría alcanzar «puntualmente» el 20% en el primer semestre de 2010.
Y esto a pesar de que el número total de activos, es decir, de personas en disposición de trabajar, ha caído en 92.200 en los últimos 12 meses. Un descenso motivado por el hecho de que jóvenes e inmigrantes han dejado de buscar trabajo ante las remotas posibilidades de encontrarlo.
La EPA pone de manifiesto que sólo en los tres últimos meses de 2009, la crisis se llevó por delante 224.200 puestos de trabajo. Todos los sectores destruyeron empleo excepto la agricultura, que gracias a la recogida de la aceituna, ocupó a 45.500 personas más que en el trimestre anterior.
La construcción, que sufrió los últimos coletazos de los efectos del fin de las obras promovidas por el Plan E, acabó con 47.700 empleos menos en ese trimestre, el sector los servicios arrasó 183.400 puestos de trabajo y la industria 38.600, siempre comparando con las cifras del periodo julio-septiembre.
El efecto más demoledor de la destrucción de puestos de trabajo lo sufren los jóvenes de entre 16 y 29 años, ya que el número de ocupados mayores de 50 años aumentó en 39.800 personas.
Muchos autónomos tuvieron que cesar su actividad antes de acabar el año. El número de trabajadores por cuenta propia disminuyó en 68.900 en el último trimestre de 2009 y en 394.400 en el conjunto del ejercicio.
Tras reconocer que los datos son «malos», Corbacho afirmó que la EPA muestra que «el paro va atenuándose y que podríamos estar ante el final del ajuste del empleo».
El ministro de Trabajo, que pasó el día en Barcelona como anfitrión de un acto de la agenda de la presidencia rotatoria española de la Unión Europea, auguró que en el segundo semestre del año, podría iniciarse la recuperación económica, lo que «podría actuar sobre el empleo».
En esta misma línea, el secretario de Estado de Economía explicó que 2010 no será un año de «creación de empleo neta», aunque a partir de verano habrá una «pequeña» reactivación del mercado laboral gracias al impulso del sector servicios y la industria.
No obstante, según Campa, la destrucción de empleo en la construcción, el viejo motor económico, aún no ha tocado suelo.
Además, los expertos recuerdan que cuando España vuelva a la senda del crecimiento, habrá que esperar un tiempo para que la actividad económica anime de nuevo el mercado laboral.
Mientras llega ese esperado momento, la caída de la ocupación sigue rebajando la tasa de temporalidad, que acabó el año en el 25,08%, tras retroceder 77 centésimas en los últimos tres meses.
De los 815.000 asalariados menos con los que cerró 2009, un total de 668.000 tenían un contrato temporal.
Otro dato relevante, es que el número de ocupados a tiempo parcial subió entre octubre y diciembre en 154.600, hasta llegar a 2.470.700 trabajadores, en su mayoría mujeres.
No obstante, la EPA refleja que en el último trimestre del año, el paro no discriminó entre sexos y afectó casi por igual a hombres que a mujeres, con un crecimiento de 101.700 y 101.500 respectivamente.
Del mismo modo, en todas las comunidades autónomas se cerró el año con más desempleo. Pero, en crecimiento interanual, la Comunitat Valenciana (194.400), Cataluña (187.300), Andalucía (183.700) y Madrid (153.200) fueron las más afectadas.
Como viene siendo habitual, las reacciones de oposición, sindicatos y empresarios a los datos de la EPA no se hicieron esperar, aunque se vieron empañadas por el debate de las pensiones.
Desde el PP, Mariano Rajoy subrayó la «incapacidad» del Gobierno para dar una vuelta a la situación del mercado laboral y calificó los datos como «inasumibles» e «impropios» para un país como España.
Por su parte, el secretario de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, describió la cifra del paro como una «barbaridad», mientras que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, recordó la alarmante situación de los más de 1,2 millones de hogares que viven en estos momentos con todos sus miembros en el paro, informa Efe.
Por su parte, la CEOE recordó en una nota de prensa que es «imprescindible» aplicar medidas estructurales para mejorar la competitividad española y volver a generar empleo.
La tasa de paro puede llegar al 20%
>El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, reconoció ayer que el paro puede seguir creciendo en el primer semestre de 2010 hasta alcanzar una tasa del 20%.
>El Ministerio de Economía y Hacienda espera que el sector servicios y el inicio de la recuperación económica empiecen a generar empleo a partir de junio. No obstante, el año acabará con un saldo negativo en creación de empleo, de acuerdo con Campa
Moncloa filtra un documento protegido
Envía el borrador de las pensiones mientras el Consejo de Ministros lo estudiaba
Madrid
La tecnología delata. Moncloa filtró ayer a un medio de comunicación nacional el documento sobre la reforma de las pensiones que tenía que debatir el Consejo de Ministros cuando éste todavía permanecía reunido.
Las deliberaciones del Consejo son secretas y la filtración de documentos está penada por la ley. Pero lo cierto es que sucedió.
Cualquier usuario que se descargara el documento colgado en la web del medio de comunicación y clicara dos veces encima del archivo podía descubrir el nombre de su autor, el jefe del Gabinete del presidente del Gobierno, José Enrique Serrano.
El documento permaneció colgado durante toda la mañana. Sin embargo, a partir de las 14.00 horas y ante el escándalo suscitado entre el resto de medios de comunicación, a quienes Moncloa les negó el acceso al documento, la web decidió modificarlo para eliminar el nombre del jefe de Gabinete de Rodríguez Zapatero.
Esto no quiere decir necesariamente que él lo hubiese enviado por correo electrónico aunque sí evidencia que fue la persona que lo convirtió en el documento PDF que se ha filtrado a este medio de comunicación.
ELMUNDO.es contactó durante la mañana de ayer con la Presidencia del Gobierno, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía para lograr el documento, organismos que se negaron a facilitarlo pese a que ya había sido publicado por este otro medio.
La secretaria de Estado de Comunicación, Nieves Goicoechea, negó ayer que la filtración saliese ni de José Enrique Serrano ni de Moncloa. Según explicó, el documento había sido distribuido entre varias personas pertenecientes a Moncloa y al Ministerio de Economía y Hacienda, por lo que desconocía el origen de la filtración
Zapatero se queda sin apoyos para sacar adelante el 'pensionazo'
Todas las minorías lo rechazan, el PP habla de «recorte de derechos» y los sindicatos piden que el Parlamento lo tumbe. Sólo la CEOE y el comisario Almunia ven «muy positivo» el recorte de prestaciones para «controlar y reducir el gasto». Tras la peor EPA de la historia, el Gobierno admite ya que el paro superará la barrera del 20% y que el déficit está en el 11,4%
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / AGUSTÍN YANEL
Madrid
En pocos asuntos de importancia suele haber tanta unanimidad. Ayer, todos los partidos políticos de la oposición y los sindicatos se mostraron en contra de la propuesta del Gobierno -que algunos ya denominan pensionazo- de ampliar de los 65 años a los 67 años la edad de jubilación. Únicamente los empresarios de la CEOE y el comisario europeo Joaquín Almunia apoyaron esta iniciativa.
En el PP recibieron la propuesta «sólo» como «un recorte de derechos». El equipo económico de Mariano Rajoy exigió al Gobierno que de reformarse las pensiones, se haga «en el marco del Pacto de Toledo». De lo contrario, dicen, se tratará de medidas «aisladas» e «ineficaces».
«Así no», enfatizó el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro. «Así no se hacen las cosas», insistió, poniendo el acento en la forma sobre el fondo, para rechazar el plan de Zapatero.
Y es que los populares se cuidaron mucho ayer de entrar al detalle de unas propuestas que, planteadas en otro contexto, podrían parecerles dignas de estudio. En su opinión, la clave es «recuperar el empleo, la competitividad y el crédito», antes que reformar el marco laboral de manera parcial y aislada, lejos del marco competente y sólo con el objeto de mandar «señales al exterior», finalmente «confusas», y «urgidos por la presión internacional».
Su crítica no se detuvo en el pensionazo sino que se extendió al anunciado recorte del gasto público en 5.000 millones de euros. Montoro se limitó a decir que ese anuncio «es opaco» y que De la Vega no fue «capaz de explicarlo». «No ha dicho cómo van a meter la mano en el bolsillo de los funcionarios», ironizó.
Pero, sobre todo, insistió en la forma y criticó al Gobierno por «no respetar las instituciones», toda vez que su plan requiere una reforma de los Presupuestos, que apenas tienen «cinco semanas de vida», y de la todavía más joven «ley de Financiación Autonómica».
Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), el diputado Gaspar Llamazares indicó que es una propuesta «injusta e injustificable», que constituye «una estafa a los ciudadanos» y un claro ataque al modelo social que existe en España desde hace años. Tanto él como Joan Herrera expresaron su sorpresa porque una iniciativa de este tipo la plantee un Gobierno «que se dice de izquierdas».
Llamazares afirmó que la propuesta de retrasar la jubilación hará imposible llegar al consenso en el Congreso. Indicó que sólo el PP había pedido esa medida y ahora el Gobierno socialista ha decidido «hacer el trabajo sucio a la derecha».
Josep Antoni Duran Lleida, portavoz de Convergència i Unió (CiU), criticó la «improvisación» que, en su opinión, demuestra el Gobierno al anunciar este tipo de medidas. Opinó que es preferible ofrecer la posibilidad de que quien quiera continúe trabajando más allá de los 65 años de manera voluntaria y sin establecerlo obligatoriamente por ley.
El portavoz parlamentario del PNV, Josu Erkoreka, declaró que el Gobierno tendrá que dar muchas explicaciones, porque su propuesta «altera los presupuestos de vida de muchísima gente». Recordó que el ministro de Trabajo dijo hace menos de un año que no iba a ser retrasada la jubilación y ahora tiene que «tragar una propuesta que, por sorpresa, ha puesto en circulación el presidente de su Gobierno, Zapatero».
A Joan Ridao, portavoz parlamentario de ERC, tampoco le convence. No ve necesaria esta ampliación, porque el sistema de la Seguridad Social «no está en riesgo de quiebra inminente».
Desde el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) también rechazaron la iniciativa y dijeron que, en todo caso, debería ser voluntario.
Al rechazo unánime de los partidos se unió el de los sindicatos. Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), expresó su «rechazo frontal» a una propuesta que cree innecesaria e injusta. Espera que «ni pase el primer trámite parlamentario», según declaró a Radio Nacional de España.
En su opinión, con esta propuesta el Ejecutivo socialista está «metiendo miedo a la sociedad».
La misma oposición expresó el secretario general de UGT, Cándido Méndez, quien declaró a la cadena Ser, que esto no estaba en la agenda del Gobierno e incluso que, hasta hace poco tiempo, el ministro de Trabajo negaba esa posibilidad.
Aunque considera que el asunto puede ser debatido, el líder de UGT recordó que España es uno de los países de Europa con una edad real de jubilación más tardía.
Frente a ese aluvión de críticas, el Gobierno se encontró con el apoyo de la CEOE, del comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, y, lógicamente, del PSOE. Los empresarios consideran positivo que el Ejecutivo proponga retrasar la edad de jubilación, porque se trata de una cuestión que es «muy importante para la sociedad», y los recortes para «controlar, racionalizar y reducir el gasto público». La patronal indicó que, cuando la propuesta llegue al Pacto de Toledo, para debatirla en el marco del diálogo social, la analizará «con la máxima atención».
El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, convocó una rueda de prensa ayer tarde para expresar su apoyo a una propuesta que a él le parece «sensata y razonable». «Ha aumentado la expectativa de vida y hay que pagar más pensiones y a más gente», argumentó. Joaquín Almunia aplaudió la iniciativa y dijo que «lo que España necesita es tomar medidas para mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones».
El cinturón no se aprieta para todos
CARLOS CUESTA
Era el mes de marzo de 2009, y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, no dudaba en subrayar la buena gestión del sistema de pensiones porque «está garantizada su salud hasta el año 2030». Las declaraciones triunfalistas no paraban. Y tampoco las descalificaciones a los analistas u organismos que, desde la UE hasta la OCDE, seguían advirtiendo del riesgo en el que se sumergía el esquema público de pensiones español.
El penúltimo alarde de optimismo inconsciente tuvo lugar el pasado mes de octubre: vino de la mano de la vicepresidenta Salgado, que afirmó que con el superávit recogido por la Seguridad Social en 2009 -del 0,8% del PIB- se alejaba el fantasma de los problemas de financiación futura de las pensiones.
El último ocurría ayer mismo: Corbacho seguía hablando de garantía plena de las pensiones, mientras su vicepresidenta económica presentaba, que no comentaba, el documento en el que se incluye la propuesta de rebaja paulatina de buena parte de las pensiones.
España necesita 22 millones de trabajadores para poder pagar el creciente volumen de pensiones. Todo lo que quede por debajo de esa cifra significa que el esquema de ingresos se empieza a debilitar y que, por lo tanto, en caso de no reformarse, se llegará a la imposibilidad de asumir la totalidad de las jubilaciones. En estos momentos hay 18,6 millones de trabajadores.
Pero la tendencia que ha llevado a estos datos en absoluto es nueva. Todo lo contrario, los expertos llevan más de dos años alertando de que la llegada de una crisis económica confluiría con el fuerte aumento de pensionistas a causa del grave envejecimiento demográfico.
Pero, pese a ello, el Gobierno ha negado la urgencia de la reforma. ¿Por qué? Pues porque tocar las pensiones es lo último que haría un político. Especialmente, cuando esos mismos políticos han inflado los gastos de personal de la Administración central del Estado en nada menos que 8.466 millones de euros desde el año 2005, ejercicio en el que se rompió la tendencia de recorte de esta partida.
Y aún más, si los compañeros autonómicos de esos mismos políticos -de un partido u otro- han disparado en 39.299 millones de euros el gasto corriente -salarios, viajes, equipamiento, dietas o el resto de costes del funcionamiento diario- en ese mismo periodo.
Las cifras recopiladas no reflejan el coste de la Administración. Tan sólo recogen el aumento de esos costes en un periodo en el que no ha habido más traspasos de competencias a las autonomías. Es decir, que plasman el derroche descomunal de casi 50.000 millones de euros en los últimos años.
La reforma de las pensiones es necesaria. Tan necesaria como acelerar el recorte de gastos del aparato público. Tan necesario como poner coto al derroche público. El -más voluntarista que concreto- plan de reducción de, casualmente, 50.000 millones de euros en tres años, presentado ahora por el Gobierno central no servirá de nada sin cortar el descontrol territorial.
Cada euro despilfarrado por las administraciones públicas sale del bolsillo de los contribuyentes y, por lo tanto, habría bastado una mera decisión política para haberlo convertido en recursos del sistema de pensiones, o lo que es lo mismo, para haber evitado una reducción mayor de las pensiones. Eso sí es solidaridad. Lo contrario: despotismo
Todos contra la reforma del Gobierno
>UGT. Cándido Méndez afirmó que su sindicato rechaza esta iniciativa, que hace unos meses ni siquiera estaba en la agenda del Gobierno. Indicó que, en la práctica, España es uno de los países de Europa que tiene una edad real de jubilación más tardía.
>IU-ICV. Gaspar Llamazares indicó que es una propuesta «injusta e injustificable», que constituye «una estafa a los ciudadanos» y un ataque al modelo existente en España desde hace años. Además el diputado auguró que la medida no tendrá el consenso del Congreso.
>PNV. Su portavoz en el congreso, Josu Erkoreka, aseguró que el Gobierno central deberá explicar los «porqués» de su decisión de retrasar dos años la edad de jubilación, puesto que «altera los presupuestos de vida de muchísima gente» y «no se pueden aceptar así por así».
>CCOO. Su secretario general, Ignacio Fernández Toxo, rechaza la propuesta y la tacha de «innecesaria e injusta». Con ella, «el Gobierno está metiendo miedo a la sociedad», añadió, y dijo que espera que «ni pase el primer trámite parlamentario» cuando llegue al Congreso.
>PP. El portavoz de Economía, Cristóbal Montoro, denunció ayer que la propuesta del Gobierno de ampliar la jubilación demuestra que «nos ha estado engañando cuando decían que no había problema con la sostenibilidad del sistema de pensiones».
>CiU. El portavoz de los nacionalistas en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, achacó ayer a la «improvisación» el anuncio del aumento de la edad de jubilación, abogó por fomentar la voluntariedad de seguir trabajando más allá de los 65 años
Las trampas del plan de las pensiones
Un recorte de 40.000 millones de euros
La reforma pretende reducir la cuantía de las pensiones y el número de beneficiarios
FRANCISCO NÚÑEZ
Madrid
El Gobierno se reservará la posibilidad de variar las condiciones en cada momento para calcular la cuantía de la pensión según la evolución de los ingresos de la Seguridad Social, el crecimiento económico o la esperanza de vida. Lo que significa que ningún trabajador podrá tener una idea aproximada de la pensión que le va a quedar. Es una de las propuestas estrella del Gobierno sobre la reforma de las pensiones que ayer aprobó el Gobierno.
Además, sólo con el retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 el Gobierno prevé ahorrarse un 4% del PIB en torno a 2030 (unos 40.000 millones de euros en la actualidad) «en todas las políticas referidas al envejecimiento de la población», según manifestó ayer la vicepresidenta económica, Elena Salgado.
PENSIONES VARIABLES
En la página 43 del documento se recoge la necesidad de que «se analicen diferentes medidas paramétricas» para modular en su caso el periodo de carencia para tener derecho a una pensión, el cómputo de la base reguladora y el porcentaje aplicable a la misma según el número de años cotizados. Es decir, se fijan unos parámetros para poder modificar cuando se quiera los elementos que facilitan el cálculo la cuantía de la pensión. ¿Qué parámetros son? La evolución de los ingresos del sistema, el PIB, la tasa de dependencia, el desplazamiento de la edad de jubilación y la esperanza de vida.
MENOS DINERO
En el Gobierno reconocen que para calcular la pensión deberían tomarse al menos los últimos 20 años de vida laboral de forma paulatina frente a los 15 actuales. Pero en el documento no se recoge esta periodificación (tampoco la aplicación gradual del retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años en razón de dos meses por año a partir de 2013) y se da una valoración política del asunto para convencer sobre la necesidad del cambio. Así, se dice que debe fijarse un procedimiento de cómputo que no penalice «a los trabajadores despedidos al final de su vida laboral» y que garantice la «equidad del sistema y la correspondencia entre cotización efectuada y prestaciones». Es lo mismo que se dijo en la reforma de 1985 y que redujo de media un 8% las pensiones. Es decir, si se toman más de 15 años, los trabajadores con problemas laborales en los últimos años salen en principio favorecidos porque se les recogen bases de años cotizados anteriormente. Pero esas bases son más bajas. Por lo tanto, su efecto no es tan interesante como dice el Gobierno. Además, con esta fórmula saldrá perjudicado el trabajador que llegue a la edad de jubilación con cotizaciones regulares y elevadas en los últimos años de vida laboral. Si le toman más años de edad laboral, por debajo de los 50 años, se añadirán al cálculo de su pensión las cotizaciones más bajas de esos años, ya que en los últimos años es cuando más se cotiza. En definitiva, este cambio reduce la pensión a largo plazo.
MÁS AÑOS DE CARENCIA
Hasta ahora, el jubilado que hubiera cotizado al menos 15 años, tenía derecho a una pensión resultante del 50% de la base reguladora obtenida con sus cotizaciones. En el documento tampoco se determina el número de años que serán necesarios, pero seguramente serán más. Se menciona en este sentido que al modificarse la edad legal de jubilación ha de considerarse el resto de variables que inciden en la determinación de la pensión. Es decir, se elevará el número de años mínimo para causar derecho a una pensión e incluso reducirse ese porcentaje del 50%.
'PALO' A LOS AUTÓNOMOS
El Ejecutivo propone modificar la actual tarifa de cotizaciones para reducirla «a tres o cuatro tipos». Significará un aumento para los tipos medios y más bajos. El argumento que se da es que los trabajadores con empleos más seguros deben asumir con este aumento parte de los costes generados con empleos de siniestralidad alta. Además, se deberá cotizar por «cualquiera de los trabajos realizados en todos los sectores». Esto supone extender las cotizaciones a becarios, empleadas de hogar y a cualquier colaboración. Y también subirá las cotizaciones a los autónomos. «Deben acercarse a sus rendimientos reales», señala. En este sentido, se comenta que aunque es inadecuado subir las cotizaciones a este colectivo en años de crisis, debe fijarse una cotización por encima de la base mínima sobre todo si tiene contratados a «trabajadores que cotizan por bases superiores». También se revisará las cuotas con que la Seguridad Social financia la maternidad, paternidad y riesgos para el embarazo y lactancia.
REFORMA A LA VIUDEDAD
Se pretende revisar las rentas vitalicias de estas prestaciones «cuando las convivencias familiares han sido breves y no existen descendientes» de los nacidos y nacidas «en las últimas décadas», sobre todo tras la incorporación de la mujer la mercado laboral. En este sentido, se habla de una indemnización «en pago único o de una prestación temporal».
ORFANDAD E INCAPACIDAD
El Gobierno no considera «razonable» que trabajos que se realizan en una parte de la vida, generen pensiones vitalicias, ni que pensiones para cubrir la imposibilidad de trabajar se compaginen con trabajo. Se propone reducir la pensión. También se pretende reformar la prestación por orfandad, por ejemplo en casos de varias unidades familiares en que haya participado el fallecido.
MENOS PREJUBILACIONES
También se quiere limitar las reducciones de plantilla en las empresas con beneficios y se impone la cofinanciación de los sobrecostes producidos por «la exclusión temprana del mercado de trabajo». Se señala que debe elevarse la edad mínima de 52 años de acceso a la jubilación, y se pretende eliminar el uso indebido del despido para acceder a la jubilación anticipada. Así, los contratos individuales de prejubilación se limitarán para los trabajadores que estén fuera de la negociación colectiva, es decir para los directivos. Pero, para su salida, «deben llevar aparejados compromisos de cofinanciación» por parte de la empresas
...Y Corbacho en Barcelona
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, fue el gran ausente del Consejo de Ministros de ayer. Su posición frente a la propuesta de rebaja de pensiones tiene mucho morbo, ya que, en junio del pasado año, aseguró que «sería enormemente injusto que ampliase por ley la edad de jubilación». Corbacho justificó ayer su ausencia en sus obligaciones como ministro dentro de la Presidencia española de la Unión Europea. De hecho, fue el presidente de la Reunión Informal de ministros de Trabajo y Seguridad Social de la Unión Europea que ayer clausuró en Barcelona. No obstante, insistió en que su postura frente a la jubilación era «la misma» que la del año pasado
El Banco de España pide inhabilitar 5 años al socialista ex presidente de CCM
Propone multas de entre 5.000 y 155.000 euros a todos los consejeros
JUAN EMILIO MAÍLLO
Madrid
Sanción ejemplar del Banco de España contra los ex directivos de Caja Castilla-La Mancha. Para Juan Pedro Hernández Moltó, presidente de la entidad en el momento de la intervención, se propone una inhabilitación de cinco años y una multa de 155.000 euros. Otras 16 personas reciben sanciones, por un importe conjunto de 1.071.000 euros. La cuantía es mayor en función de la implicación en la gestión de la caja.
El Banco de España ha querido dar una clara señal de aviso a navegantes con su propuesta de sanciones. En particular al presidente de CCM en el momento de la intervención, Juan Pedro Hernández Moltó, y al director general, Ildefonso Ortega, a quien también se propone inhabilitar cinco años y una sanción de 150.000 euros.
La providencia consta de 184 páginas, está fechada el 28 de enero y ayer llegó a varios de los ex consejeros. Otros, se enteraron por la prensa de la sanción que les corresponde.
Las penas que proponen las dos instructoras que firman el informe son eso, una propuesta, ante la que se pueden presentar alegaciones en un plazo de 20 días. Después, será el Comité Ejecutivo del Banco de España el que eleve al Ministerio de Economía su propuesta definitiva. Será el organismo que dirige Elena Salgado quien aprobará las sanciones.
De las 20 personas afectadas por el expediente, sólo tres quedan exoneradas por haber abandonado la caja el 23 de julio de 2007. Para los 17 restantes (16 consejeros y el director general), se proponen multas que van de los 5.000 a los 98.000 euros, además de las citadas inhabilitaciones para Moltó y Ortega. La mayor gravedad obedece a la presencia en otros órganos de gestión de la entidad, como la Comisión Ejecutiva, el Comité de Auditoría o el Comité de Dirección.
El Banco de España aprecia la existencia de tres infracciones. Dos son muy graves: deficiencias en el control interno (todos los consejeros pagan por ello) e infracapitalización. Y otra de carácter muy grave, relativa a la falta de control de los grandes riesgos de la caja.
Es particularmente duro con Moltó, presidente de la entidad entre octubre de 1999 y el 29 de marzo de 2009, cuando el Banco de España le apartó del cargo.
El informe de la instructora le reprocha «el excesivo protagonismo que se había autoatribuido» y que ocultara información a los consejeros. Durante cuatro meses no les dijo que el Banco de España había abierto una inspección a la caja. Además, le acusa de contribuir «a distorsionar la normal estructura de funcionamiento de la sociedad».
La propia CCM no se libra de sanciones. Las instructoras proponen que se le amoneste públicamente (a través del BOE) por las tres infracciones, pero no tendrá que pagar nada
LOS SINDICATOS y todas las fuerzas políticas, excepto el PSOE, rechazaron ayer el retraso de la jubilación a los 67 años y las demás propuestas del Gobierno para recortar el gasto en pensiones. El PP incidió en que estas medidas mermarían «derechos adquiridos», mientras que UGT y CCOO pidieron al Parlamento que no las apruebe. Sólo la CEOE del cuestionado Díaz Ferrán respalda a Zapatero.
El sindicato Manos Limpias presentó ayer una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al que acusa de la comisión de «una falta muy grave» por «retardo injustificado en la tramitación del sumario del chivatazo». El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, agrega que el magistrado podría haber incurrido en dos ilícitos penales al retrasar la instrucción de forma «maliciosa». 
