EL FUTURO DE LA ENERGÍA / El coste de los residuos
Francia 'sablea' a España con las nucleares
El Gobierno ha pagado más de 200 millones desde 1994 por el alojamiento de residuos
RAÚL CONDE
Madrid 
El 19 de octubre de 1989 no es una fecha cualquiera en la historia de la energía nuclear en España. La central de Vandellós I (Tarragona) registró un incidente calificado de nivel 3 en la escala INES (de 0 a 7). Sólo el hecho de que el reactor no terminara de fundirse evitó una tragedia mayor. Sin embargo, la extrema gravedad del suceso provocó un año después el cierre y el primer desmantelamiento de una planta nuclear en España. Llevaba 17 años funcionando y era de primera generación. Sobre el papel, una garantía. Pero falló.
Aunque el reactor de Vandellós I tiene que permanecer 25 años en reposo antes de poder ser definitivamente clausurado, la gestión de sus residuos de alta actividad obligó al Gobierno a buscar una solución transitoria. Al no disponer España de un Almacén Temporal Centralizado (ATC), decidió enviar el combustible gastado a Francia y pagar un alquiler por el servicio. Y no precisamente barato.
Hifresa, la empresa franco-española propietaria de Vandellós I, firmó un acuerdo en 1994 con la francesa Cogema para depositar sus desechos radiactivos de alta actividad. Desde esa fecha, España ha pagado más de 200 millones de euros. La factura del alquiler de los residuos nucleares le ha salido al Gobierno por 40.000 euros al día.
En el fondo, quien está pagando esta elevada factura es la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Lo hace a través de su fondo, pero éste en realidad procede de la aplicación de una tarifa sobre la recaudación por venta de energía eléctrica. Esto quiere decir que, indirectamente, quienes están costeando este gasto son los ciudadanos a través del recibo de la luz.
El acuerdo con Francia finaliza el 21 de diciembre de 2010 y establece la vuelta a España de los desechos atómicos. La previsión era que, para entonces, España tuviera listo su almacén nuclear. Sin embargo, el Gobierno todavía no ha establecido su ubicación y el retraso obligará a mantener el combustible en la planta francesa por un periodo de tiempo sin determinar. Al menos, hasta que el futuro ATC esté construido.
La demora supondrá una penalización económica de 20.000 euros, de tal manera que España deberá pagar desde finales de este año 60.000 euros al día por el alquiler de la basura nuclear de Vandellós I. En total, 22 millones de euros al año.
La cuestión que subyace en este asunto es el tratamiento de los residuos, el gran problema de la energía atómica. Como no se pueden destruir, la ciencia ha desarrollado varias estrategias para su gestión. Pero sólo una está cuajando: agruparlos en un almacén temporal que tiene aspecto de instalación industrial y cuya vida útil ronda los 60 años.
El almacén es una vieja aspiración de la industria nuclear española que se ha ido retrasando, año tras año y gobierno tras gobierno, por una mezcla de indefinición política y opacidad. Fue hace cuatro años, con José Montilla como titular de Industria, cuando el proyecto terminó por relanzarse. El Congreso aprobó una proposición en la que se instaba al Gobierno a promover el ATC. Sin embargo, no fue hasta el verano pasado cuando el ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunció el concurso de adjudicación, para luego pronosticar que habría «pelea» entre los ayuntamientos.
El 23 de diciembre de 2009, la Secretaría de Estado de Energía emitió una orden que abría el periodo para que los municipios presentaran sus solicitudes. Este plazo termina el próximo 30 de enero y, hasta la fecha, sólo Yebra (Guadalajara) se ha sumado de forma oficial
EL FUTURO DE LA ENERGÍA / El coste de los residuos
El alcalde 'popular' trabaja para la empresa del cementerio nuclear
Figura en nómina de una subcontrata de la pública Enresa
RAÚL CONDE / CARMEN REMÍREZ DE GANUZA
Madrid 
Juan Pedro Sánchez, alcalde de Yebra por el PP, no es ajeno a la industria nuclear en su actividad laboral. Desde 2007, trabaja en la central de Zorita, propiedad de Unión Fenosa-Gas Natural y ubicada también en la misma zona, en el sur de Guadalajara. Tras el cierre de esta planta, su trabajo ha pasado a depender de la Empresa Nacional de Residuos Sólidos (Enresa), que es la encargada de pilotar el futuro almacén nuclear al que opta Yebra de forma oficial.
En concreto, Sánchez figura ahora en la plantilla de una subcontrata de Enresa especializada en el desmantelamiento de centrales, tal como confirmaron a EL MUNDO fuentes cercanas al regidor, corroboradas por el PP.
El primer edil de Yebra se incorporó a Zorita en un puesto de nueva creación que afectaba a la actividad exterior de la central. Su labor incluía ser responsable de las comunicaciones con organismos externos, instituciones, colectivos y municipios, además de la preparación de informes y comunicaciones oficiales.
Tras el cierre de la planta, decretado en 2002 con el PP en el Gobierno y ejecutado en 2006 ya con el PSOE, alrededor de una veintena de trabajadores pasaron a pertenecer a una comisión de servicios dependiente, en última instancia, de Enresa. Fue a este grupo al que se incorporó Juan Pedro Sánchez.
Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Yebra aprobó el pasado jueves su candidatura oficial, la primera de un municipio en España, al Almacén Temporal Centralizado (ATC). Enresa, junto al Consejo de Seguridad Nuclear, tiene el cometido de elevar un informe al Consejo de Ministros determinando la mejor candidatura para esta instalación.
Antes de ser empleado de una central nuclear, el alcalde yebrano no ejercía ninguna profesión. En realidad, trabajaba para una fábrica de confección de jerseys propiedad de un tío suyo. Este negocio, ubicado en la comarca sur de Guadalajara, acabó cerrando y fue entonces cuando Sánchez tuvo que buscarse otra salida laboral. En 2007, salió elegido alcalde de Yebra tras obtener el PP la mayoría absoluta
EL FUTURO DE LA ENERGÍA / División popular
Arenas desautoriza a su jefa Cospedal en la polémica sobre Yebra
Rajoy afirma que «en algún sitio tiene que ir» el almacén nuclear, pero fuentes de Génova apuestan por la sanción al edil
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA
Madrid 
Nuevo choque de trenes en la cúpula del PP, entre María Dolores de Cospedal y Javier Arenas. Nuevo y especialmente atronador, el que aconteció ayer en Madrid sin que su líder, el jefe de estación, ordenara a tiempo un cambio de vía.
Y es que, al día siguiente de que la número dos del partido, en su doble condición de secretaria general y candidata a la Junta de Castilla-La Mancha, anunciara medidas disciplinarias contra el alcalde de Yebra por postular a su pueblo para albergar el cementerio nuclear, Javier Arenas aseguró que el partido respetará la decisión del edil popular.
En una entrevista concedida a Punto Radio, el vicesecretario de Política Local y Autonómica del PP -y también candidato a la Junta de Andalucía-, se mostró convencido de que el alcalde habría meditado mucho esta decisión y que la habría tomado «en función de los intereses de sus vecinos». «La posición del partido es respetar la decisión del alcalde, aunque no haya coincidido con el planteamiento general del partido en Castilla-La Mancha», agregó.
El estruendo del choque entre los dos pesos pesados de Génova alcanzó hasta Cataluña, donde Mariano Rajoy celebraba un acto de partido en Barcelona, que quedó completamente eclipsado por la polémica.
El presidente del PP, en el estilo que le es más propio, ni siquiera se dio por aludido ante la gresca de los suyos. Hasta tal punto que, preguntado por Catalunya Radio sobre si está conforme con la ubicación del cementerio nuclear en Yebra, afirmó no tener una «opinión fundada». No obstante, y tras subrayar el propio conflicto abierto en el PSOE entre Miguel Sebastián y José María Barreda,, el jefe de estación dijo algo revelador: «Lo que sí es «evidente es que a algún sitio tiene que ir». Unas palabras con las que se mostró muy lejos de respaldar a Cospedal. Al menos, de momento.
Y es que la de ayer bien pudo ser la reedición de pasadas batallas -la forzada retirada del tesorero Luis Bárcenas, el cese de militancia a Ricardo Costa...- en las que la secretaria general, paso a paso, y a contrapié de su poderoso vicesecretario, se ha ido imponiendo. «El alcalde será sancionado», aseguraron ayer, abonando esta apuesta, fuentes de la dirección del PP.
Unas fuentes a las que se unían ayer las del PP castellano-manchego, unido en bloque detras de su candidata, la primera en la Historia del partido -según aseguran- con posibilidades ciertas de ganar en la comunidad. Sin esconder su interés electoral, justificaban como antigua su posición política. «Arenas era secretario general del partido cuando el PP de Guadalajara aprobó la primera de muchas de nuestras ponencias en contra de albergar cualquier otra central o almacén nuclear después de Zorita, Trillo y los dos almacenes individuales», decía uno de los dirigentes provinciales que remitieron el asunto al Comité Ejecutivo del próximo lunes, para instar la incoación de un expediente disciplinario al alcalde de Yebra. Un alcalde que, dicen, desoyó todas las advertencias, y del que no descartan ya que haya sido objeto de una manipulación política del PSOE a través de la empresa pública para la que trabaja: «Arenas no sólo se ha entrometido en terreno ajeno, sino que va a perder».
Pero entretanto se sustenta el conflicto interno, lo cierto es que no sólo Arenas, sino Esperanza Aguirre, pusieron ayer en evidencia la esquizofrenia política de Cospedal: a favor de la energía nuclear como dirigente nacional, y en contra de su ubicación en la región en la que es candidata. Preguntada por el particular en Onda Cero, Aguirre declaró: «Creo que esta decisión o estas declaraciones no las ha hecho como secretaria general del PP, sino como presidenta de Castilla la Mancha».
EL FUTURO DE LA ENERGÍA
Entregar el acta de concejal
La Diputación de Guadalajara aprobó ayer una moción institucional firmada por el PSOE, el PP e IU en la que rechaza el almacén de residuos nucleares en la provincia y se pide a los partidos que exijan el acta de concejales a los ediles que no actúen en esta línea, como es el caso de Yebra. La Diputación aprobó esta iniciativa un día después de que el Pleno del Ayuntamiento de Yebra sacara adelante, con los votos de los cinco ediles del PP, la candidatura de este municipio para acoger el Almacén Temporal Centralizado (ATC), a la que se opone el PP de Guadalajara y el de Castilla-La Mancha.
En la moción se pide a todos los municipios de la provincia que no soliciten este almacén y, en el caso de que así se haya hecho, como en Yebra, que revoquen el acuerdo.
También se pide a los partidos políticos en la provincia que sean «enérgicos y contundentes» a la hora de imponer sanciones a sus alcaldes y concejales que manifiesten su intención de solicitar este emplazamiento, y que se les requiera el acta el concejal por la que fueron elegidos por un determinado partido político
EL FUTURO DE LA ENERGÍA / División Popular
Barreda ironiza sobre el lío del PP
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, se preguntó ayer: «¿Cómo puede un subordinado desmentir a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, cuando ésta, como presidenta del PP de Castilla-La Mancha, anunció medidas contra el alcalde de Yebra?». Barreda coincidió sobre el fondo de la polémica con Cospedal al rechazar el cementerio nuclear en Castilla-La Mancha, pero arremetió contra su adversaria al afirmar que éste no es el primer «encontronazo» con sus afines. Se apoyó en las palabras de Esperanza Aguirre sobre su doble función en el PP para añadir que «la contradicción de Cospedal radica en su situación imposible»
EL FUTURO DE LA ENERGÍA
La bomba de relojería del 'basurero' alemán
El problema de los residuos nucleares, china en el zapato del modelo germanoROGER BOYES. THE TIMES / EL MUNDO
Berlín
Una antigua mina de sal utilizada como vertedero radiactivo está poniendo en jaque los planes alemanes de seguir apostando por la energía nuclear a pesar de la encarnizada oposición política.
Alrededor de 750 metros por debajo de la superficie terrestre, en la mina abandonada de Asse, en la Baja Sajonia, se amontonan 126.000 recipientes con residuos nucleares. Esos contenedores se están oxidando. Los envases, que, según se dice, contienen residuos radiactivos de baja intensidad procedentes de reactores de investigación, se enterraron allí entre 1967 y 1978.
Las centrales eléctricas de producción nuclear también depositaron sus residuos en la mina y, por razones políticas, el inventario se ha mantenido intencionadamente en términos más bien vagos. Se cree que en los pozos hay, como mínimo, cien toneladas de uranio, así como 87 toneladas de torio y 25 kilogramos de plutonio. El agua se filtra en las galerías a razón de 12.000 litros diarios y hay geólogos que advierten de que la vieja mina podría derrumbarse.
«Sencillamente, no tenemos ni idea de cuál es el estado de los residuos enterrados», asegura Wolfram Konig, jefe de la Agencia Federal de Seguridad por Radiación. «No hay manera de averiguar con exactitud lo que hay allá abajo. Hay que sacarlo a la superficie».
El descubrimiento de las condiciones ruinosas en que se encuentra Asse representa un contratiempo para el Gobierno alemán, que está intentando ampliar la vida útil de las centrales nucleares. Aunque un anterior Gobierno de socialdemócratas y verdes logró que se aprobara una ley para el abandono progresivo de la energía de origen nuclear, el tema ha vuelto a aparecer en los planes políticos como un medio de sacudirse de encima la dependencia del gas ruso y de reducir las emisiones de dióxido de carbono.
La situación no difiere de la que se plantea en la mayor parte de Europa. Italia ha anunciado en esta semana que va a retomar su programa de construcción de reactores nucleares. Se espera que el número de reactores nucleares pase de los 435 existentes en 31 países en la actualidad a 568 en 42 en el año 2020.
La decisión británica de enviar sus residuos a Alemania ha servido como recordatorio de que los alemanes no han resuelto el problema de cómo y dónde almacenarlos. Esta incertidumbre, además de las noticias sobre la mina de Baja Sajonia, está atizando las brasas del movimiento antinuclear (hay previstas manifestaciones de protesta durante este fin de semana) y reanimándolo como fuerza política.
«Estoy harto de que la eliminación definitiva de los residuos nucleares se decida en función de criterios políticos y no sobre bases de seguridad e idoneidad geológicas», comenta Andreas Blechner, un destacado representante sindical de la fábrica de Volkswagen en Salzgitter. Blechner es uno de los dirigentes del movimiento que se opone al traslado de los contenedores de Asse a otra antigua mina, Schacht Konrad, que estácerca de la factoría de VW.
La gran mayoría del almacenamiento de residuos nucleares de Alemania se ha concentrado en Gorleben, en el estado de Baja Sajonia, y es allí donde irán los contenedores Sellafield procedentes de Gran Bretaña.
Los centros de almacenamiento nuclear de Alemania se planearon en una época en la que las normas de seguridad eran menos exigentes. Todos los emplazamientos se encuentran en el estado de Baja Sajonia, que no es el terreno más aconsejable desde el punto de vista geológico pero sí el que estaba más cerca, antes de la caída del comunismo, a la frontera con la Alemania del este. Los terrenos eran baratos y se trataba de una zona despoblada.
Se supone que Alemania está en un proceso de reducción de su programa atómico, pero sus reactores consumen alrededor de 400 toneladas de combustible nuclear al año. Aunque se mantenga este abandono progresivo de la energía nuclear, habrá que eliminar como mínimo 17.200 toneladas de barras de combustible nuclear ya consumidas, además de tuberías y filtros contaminados por radiación de las plantas que se desmonten, así como 43 contenedores de residuos radiactivos de Gran Bretaña y Francia
EL FUTURO DE LA ENERGÍA / El otro 'Yebra'
Ascó también quiere cementerio nuclear
El alcalde desoye a CiU, su partido, y celebrará un Pleno el martes en el que podría aprobar, con sus cuatro ediles y el del PSC, la presentación de su candidaturaSALUD MUÑOZ
Tarragona
El Ayuntamiento de Ascó (Tarragona) convocó ayer un Pleno extraordinario para el próximo martes, día 26, en el que pretende aprobar su candidatura para acoger un Almacén Tempral Centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta intensidad.
La previsión es que voten a favor los cuatro concejales de CiU y el del PSC, que conforman el Gobierno municipal, y consigan otro voto de los Independientes per Ascó (IA). Con esos seis votos, el Pleno aprobaría con mayoría absoluta el sí al cementerio nuclear, aunque para conseguir el respaldo a la instación, el equipo de gobierno sólo necesita la mayoría relativa.
La reunión del Consistorio se celebrará sólo horas antes de que la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC) anuncie, el próximo día 27 de enero en Madrid, todas las candidaturas de los municipios que optan a tener en su territorio el ATC.
La posición favorable del equipo de Gobierno de Ascó ha levantado ampollas en CiU que, según revelaron ayer representantes de la federación nacionalista en las Terres de l'Ebre, ha pedido al alcalde de Ascó, Rafel Vidal, que no presente la candidatura.
Cabe recordar que en marzo de 2008, CiU votó en el Parlament contra la instalación del almacén de residuos nucleares en Cataluña.
La Coordinadora Anticementerio Nuclear, por su parte, ha convocado a una manifestación en Ascó para mañana domingo contra el ATC, a la que dan apoyo las organizaciones ecologistas. Greenpeace y Ecologistas en Acción, además, reclamaron ayer a CiU coherencia con el rechazo que su grupo dio al cementerio nuclear en una moción parlamentaria que también contó con el apoyo de Esquerra e ICV.
El líder de ERC, Joan Puigcercós, encabezará la manifestación. También ICV se opone al cementerio nuclear, lo mismo que la dirección de CiU, que presiona al alcalde para que desista y no presente su candidatura.
El PSC se mantiene al margen de la polémica, porque «es el Ayuntamiento quien debe decidir si se postula, y el Estado quien tiene la última palabra». El presidente de la Generalitat, José Montilla, opta también por no pronunciarse.
A medida que se acerca la fecha para presentar la candidatura, la división en el territorio de la Ribera catalana del Ebro entre pro y anti nucleares se recrudece. Mientras los antinucleares congregaron a más de 500 personas el miércoles en un acto de rechazo al ATC, una iniciativa ciudadana en Flix reúne más de 700 firmas a favor de mantener el modelo industrial de la zona. Estos habitantes, al revés que sus representantes políticos, no descartan dar un sí «claro y rotundo» a la instalación del ATC.
Para decantar la balanza en uno u otro sentido, la Plataforma Volem viure a Flix realizó a última hora de ayer una reunión informativa abierta a todo el pueblo donde Jordi Bruno, de Enresa, y Eduardo Gallego, del Departamento de Ingeniería Nuclear de la UPM (Universidad Politécnica de Madrid), explicaron la instalación que debe acoger en el futuro los residuos radiactivos de las nucleares españolas.
Cabe recordar que 13 pueblos situados a menos de 10 kilómetros de Ascó, directamente beneficiados por las compensaciones económicas previstas por el Gobierno, no se han postulado en contra del ATC
LA UBICACIÓN del cementerio nuclear que quiere construir el Ministerio de Industria ha suscitado una polémica en los partidos, donde los intereses locales chocan con la posición fijada por las direcciones nacionales. 
LA DECISIÓN del Ayuntamiento de Vic de acatar las normas y volver a empadronar a todos los inmigrantes, sin atender a si están legalmente o no en España, resuelve la polémica inmediata planteada por el consistorio barcelonés, pero no acaba con el problema de fondo, que es la vigencia de una legislación disparatada que obliga a facilitar el arraigo a quien al mismo tiempo ordena expulsar. Si el miércoles era el número dos del PSOE, José Blanco, quien asumía que existe esa «incongruencia» en la normativa, ayer era el lehendakari y líder de los socialistas vascos Patxi López quien reconocía la «contradicción». El propio ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, admitía estar abierto a debatir «lo antes posible» sobre la materia. Las manifestaciones de los tres desmienten la versión oficial de su partido de que no existe ninguna incoherencia en la ley, versión miope que sólo responde al interés por intentar que no se abra una controversia en la que el PSOE da por supuesto que quien más tiene que ganar es el PP. Eso explica que Blanco intentara ayer dar marcha atrás en sus declaraciones. Sin embargo, el absurdo en el que incurre la legislación es tan patente que los socialistas se ponen en evidencia cuando pretenden hacer comulgar a los ciudadanos con ruedas de molino. 
