EDITORIALES:¿Se debe empadronar a los mismos que se intenta expulsar?
EDITORIALES DEL DÍA
¿SE DEBE EMPADRONAR A LOS MISMOS QUE SE INTENTA EXPULSAR?
EL ANUNCIO de la vicepresidenta De la Vega de que el Gobierno no tiene intención de cambiar la normativa en materia de inmigración pese al aldabonazo que ha supuesto el plante del Ayuntamiento de Vic permite predecir que el problema de los sin papeles y el de la economía sumergida, tan ligados ambos, aumentarán en nuestro país. La crisis ha terminado por encender la mecha que una deficiente legislación había dejado descubierta. Cuando el país vivía en la bonanza y los ayuntamientos no tenían problemas de financiación, podían estirar los presupuestos para atender las necesidades de todos los ciudadanos, sin detenerse en cuál era su situación administrativa. Eso permitía disminuir la conflictividad social y ocultar los evidentes defectos de la regulación legal de la inmigración. Pero hoy, con una Administración Local asfixiada, con niveles de inmigración muy altos en algunas poblaciones y con partidos marginales dispuestos a explotar el asunto, era cuestión de tiempo que algún consistorio dijera basta.
Es simplista, a la par que tendencioso, tratar de deslegitimar la actitud del equipo de gobierno de Vic tachándola de xenófoba. Con mayor razón cabría decir que quien fomenta el odio a los extranjeros no es quien pide que se ponga un orden razonable en la inmigración, sino quien, por no regularla eficazmente, permite que se convierta en un problema. El caso es que descartada la opción, por inviable, del papeles para todos, lo que no cabe es propiciar que la inmigración ilegal se convierta, de facto, en opción legítima a través de la puerta trasera de los padrones municipales. La cuestión hoy no es inmigrantes sí o inmigrantes no. Es evidente que una gran mayoría de extranjeros reside legalmente en España y huelga decir, además, que sin su concurso la economía nacional no habría crecido como lo hizo en los penúltimos años. Nadie plantea tampoco expulsar del padrón a quien ya está inscrito, aunque haya entrado de forma irregular en el país. El asunto es si cabe cambiar la legislación para que el empadronamiento no se convierta, como ahora sucede, en una vía para blanquear la inmigración ilegal y para evitar que, en la práctica, acabe siendo más difícil obtener la tarjeta de residencia siguiendo los cauces oficiales que mediante ese atajo.
El portavoz de CiU en el Congreso, Duran Lleida, que ayer respaldó la medida de dejar de empadronar a los sin papeles, tiene razón cuando señala que un ayuntamiento no puede conocer una ilegalidad «y no denunciarla». Es decir, que si un consistorio sabe que la situación de un inmigrante no es legal, ¿no es lógico que antes de empadronarlo comunique a las autoridades esa situación irregular? La legislación es contradictoria, y mientras por un lado obliga a incluirle en el padrón, por otra, prescribe su expulsión.
Por eso sorprende que la falsa y cínica De la Vega dijera ayer que la ley «es clara» y que, por lo tanto, «no hace falta llevar a cabo ninguna reforma». Y que añadiera además que la economía sumergida tiene «los días contados». Pues bien, hay que decir claramente que ni la normativa es clara, ni creemos que con más de cuatro millones de parados y la crisis galopante actual, el Gobierno vaya a ser capaz de acabar con la economía sumergida, que además se sirve en muchas ocasiones de quienes, por no tener papeles, son víctima fácil para los tramposos. El PP, más realista, pronostica que la subida del IVA que entrará en vigor en julio agravará el fraude.
Tan erróneo es que un ayuntamiento determine qué trato se le da a la inmigración, como que se le obligue a servir de coladero de personas en situación ilegal. Urge que los grandes partidos se pongan de acuerdo para revisar la legislación. Eso permitirá además cortar el paso a los demagogos dispuestos a pescar en río revuelto
SONDEO OFICIAL: GANA EL PP POR PRIMERA VEZ:El bastión andaluz del PSOE se tambalea
POR PRIMERA vez desde que existe la Junta de Andalucía, un sondeo oficial del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) sitúa al PP por encima del PSOE en intención de voto en unas elecciones autonómicas. Aunque la distancia no es mucha -43,2% frente al 41,6%- y a la hora de gobernar, los votos de IU le darían la Junta al PSOE, no hay que restar importancia a la encuesta. No sólo por su impacto psicológico-político, sino porque la alternancia, que hasta ahora parecía imposible, ya no lo es tanto, si se confirma la tendencia. Pero además, lo que el sondeo demuestra es que los ciudadanos andaluces comienzan a pasar factura al PSOE por los escándalos y el nepotismo que han caracterizado la etapa de Manuel Chaves, así como por la lastimosa gestión de la crisis económica por parte de Zapatero. Puede que estemos ante el principio del fin del bastión andaluz
SACYR DECLARA LA GUERRA A BRUFAU:
Un choque que amenaza el futuro de Repsol
LA GUERRA entre el mayor accionista de Repsol -el grupo Sacyr, que posee el 20% del capital- y su presidente, Antonio Brufau, es ya abierta. Ayer Luis del Rivero y los otros dos consejeros de Sacyr en Repsol se negaron a asistir al Consejo en el que se iba a refrendar la gestión de Brufau. El resto de los consejeros apoyó al presidente, pero la ausencia de los representantes de Sacyr es un gesto de rechazo hacia Brufau, con el que no están de acuerdo en el reparto de dividendos, entre otros asuntos. Del Rivero no oculta que quiere un nuevo presidente para Repsol, pero La Caixa -que todavía posee el 12%- exige que su sustituto sea pactado entre ambos accionistas. El enfrentamiento ha creado una profunda inquietud sobre el futuro de Repsol, en cuyo control hay interesadas varias multinacionales del sector. Si la situación no se arregla, podría suceder lo que ya pasó en Endesa cuando Enel se movió para hacerse con el control poniendo una fuerte suma sobre la mesa. El Gobierno está a tiempo de buscar alternativas para evitar que Repsol deje de ser una empresa española
UN EMPRESARIO LEGA 30 MILLONES:
La Familia Real no debería aceptar herencias
UN EMPRESARIO inmobiliario de Menorca, Juan Ignacio Balada, recientemente fallecido, ha legado inmuebles y bienes por valor aproximado de 30 millones de euros a la Familia Real: unos 15 millones para los Príncipes de Asturias y los ocho nietos del Rey y otros tantos para una fundación que administraría Felipe de Borbón. Hay algunos problemas para respetar la voluntad de Balada, ya que dos primas del empresario son copropietarias de una parte de los inmuebles legados. Pero al margen de esa cuestión legal, la pregunta es si la Familia Real debe aceptar herencias o donaciones como ésta. Pensamos que cada uno es libre de dejar su patrimonio a quien le plazca, pero el Rey y sus hijos no pueden actuar con la misma libertad porque representan al Estado. No parece correcto que puedan aceptar una fortuna de un ciudadano privado por la alta condición que ejercen, inseparable de sus personas. Lo lógico y lo coherente sería que la Familia Real cediese esa herencia al Patrimonio del Estado tal y como ocurre -o debería ocurrir- con cualquier regalo valioso
El Mundo en dos minutos
Vuelco político al alcance del PP en Andalucía
Etiquetas: Inmigración
posted by e-pesimo | 09:30
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El desembarco fue total, porque no faltó ni un solo dirigente nacional. Y así fue también la ofensiva contra Rodríguez Zapatero, convertido, discurso tras discurso, en autor del «desplome» de España. Antes de que los parlamentarios se distribuyeran en las distintas comisiones para pergeñar los preceptivos documentos de alternativa en materia de energía, financiación o gestión pública, la secretaria general y los tres portavoces ya habían dado un concertado repaso al jefe del Ejecutivo con un estribillo constante: crisis. No la recurrente crisis económica, sino una nueva, la «crisis social», que según insistieron uno tras otro, azota ahora al país. 
UNA RECIENTE resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña supone un giro espectacular respecto a su propia doctrina que, en tres sentencias anteriores, establecía que la Generalitat tenía que preguntar obligatoriamente a los padres en sus formularios la lengua habitual del alumno, «a fin de poder hacer efectivo su derecho a recibir en aquélla la primera enseñanza». 
ZAPATERO volverá a Washington en febrero, sólo cuatro meses después de su ansiada reunión con Obama en la Casa Blanca. Pero en esta ocasión lo hará como presidente de turno de la UE y su agenda incluirá algunos actos muy pintorescos. Sobre todo, su participación en el Desayuno Nacional de la Oración -invitado por el Congreso de EEUU-, un evento organizado por un lobby cristiano muy conservador. Es cierto que al mismo asisten oradores de diferentes credos, y que en años anteriores han acudido gobernantes como el rey Abdulá de Jordania o la fallecida Benazir Bhutto. Pero mientras a todos ellos les une su profesión de fe, Zapatero hace gala de laicismo y es el presidente español más empeñado en despojar de la vida pública todo simbolismo religioso. Por ello, es máxima la expectación por escuchar qué diagnóstico social ofrecerá a un auditorio que no concibe la existencia humana separada del hecho religioso. En todo caso, hay que aplaudir que Zapatero acepte la invitación, porque beneficia a los españoles su presencia en un foro tan importante, apadrinado además por el presidente Obama
