EDITORIALES: El PSOE sigue disciplinadamente los bandazos de su líder

EDITORIALES DEL DÍA
EL PSOE SIGUE DISCIPLINADAMENTE LOS BANDAZOS DE SU LÍDER

HACE casi veinte años, cuando González pretendió regular el derecho de huelga, una parte del partido -los guerristas- se rebelaron abiertamente y frustraron la tentativa. Ayer no sucedió lo mismo: el Comité Federal del PSOE avaló el pensionazo de Zapatero tras un discurso en el que el líder socialista justificó esta medida por su «sentido de la responsabilidad».

Zapatero señaló que «lo cómodo habría sido no hacer nada», pero que él no acepta por «carácter» esa actitud pasiva y quiere poner ahora las soluciones a un problema que se plantearía «en el 2020 o el 2025». El presidente hizo referencias a «los caminos difíciles», a «los tiempos duros», pidiendo a los dirigentes socialistas que asuman el ajuste de las pensiones, el recorte del gasto y las medidas en las que trabaja el Gobierno para que España pueda salir de la crisis.

Zapatero se comprometió a presentar una serie de propuestas para la reforma del mercado laboral el próximo viernes, afirmando que «buscan afrontar la dualidad entre contratos indefinidos y temporales». Estas ambiguas palabras parecen dejar abierta la posibilidad de un nuevo contrato indefinido con una indemnización por despido más reducida que la actual, aunque lo significativo es que nadie le pidió que aclarara su sentido.

Todo indica que Zapatero se está acercando a las tesis defendidas por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que siempre se ha mostrado a favor del alargamiento de la vida laboral y la flexibilización del mercado de trabajo. Hay que recordar que el presidente y Corbacho subrayaron en su día que el Ejecutivo no haría ni una cosa ni la otra.

No cabe duda que Zapatero ha dado un importante bandazo en su política, por lo que era importante saber el nivel de apoyo con el que iba a contar en el Comité Federal, formado por 248 dirigentes. Salvo dos representantes de la corriente Izquierda Socialista, el resto votó a favor de la moción de respaldo a la política del Gobierno.

Esta práctica unanimidad dice muy poco en favor del PSOE, maxime cuando se trataba de avalar una rectificación que supone recorte de derechos sociales adquiridos. Pero la gran mayoría ha optado por seguir a su líder sin atraverse a cuestionar una decisión que contradice todo lo que Zapatero había defendido.

El ajuste de las pensiones y el recorte del gasto público son dos iniciativas que van en sentido contrario de la ruta que había seguido Zapatero. Pero es que además el presidente no ha discutido el pensionazo ni con sus ministros ni con la dirección del partido ni con nadie: lo ha impuesto por sorpresa. ¿Dónde queda aquella «democracia deliberativa» de la que se jactaba?.

Zapatero ha actuado en este asunto, salvando las distancias, como cuando Aznar optó por apoyar la intervención en Irak. Desgraciadamente se ha convertido en habitual que los líderes sólo consulten con su almohada a la hora de tomar decisiones de Estado. Esto es lo que ha sucedido con las pensiones, que muestra de nuevo la falta de democracia interna de los partidos

PROTESTAN POR LA PROHIBICIóN DE ROTULAR LOS COMERCIOS EN CASTELLANO:
Los no nacionalistas se unen contra Montilla

PARTE DE la sociedad catalana ha empezado a reaccionar contra el sectarismo del Gobierno tripartito en materia lingüística. Ayer unas 400 personas se manifestaron en Arenys de Mar para protestar contra la prohibición de rotular en español. No son muchas personas, pero es el comienzo de un proceso de rebelión popular contra la imposición del Gobierno que preside Montilla. Lo más importante del acto es que, por primera vez, se unieron los tres partidos no nacionalistas -PP, UPyD y Ciudadanos- para defender la libertad en Cataluña. Destaca especialmente la presencia de Alicia Sánchez Camacho, responsable del PP en Cataluña, que marchó codo a codo con los dirigentes de las asociaciones ciudadanas que promueven la lucha contra la discriminación del castellano. Tres personas multadas explicaron la persecución de la que han sido objeto. Parece increíble pero es algo bien real: que en Cataluña no existe libertad para rotular los comercios en el idioma en el que cada uno decida. Ello revela la intransigencia del Gobierno tripartito, cuya mentalidad inquisitorial es patente

EL MUNDO PROPONE A LA FUNDACIóN VICENTE FERRER PARA EL PREMIO:
Un Nobel para un milagro
POCOS hombres, pocas obras han alcanzado la unanimidad conquistada por Vicente Ferrer. Por eso no es de extrañar que ahora, cuando aún no se cumple un año de su desaparición, se unan las cuatro esquinas de la sociedad española reclamando el Nobel de la paz para una obra que ha devuelto la esperanza y la posibilidad de ser a cientos de miles de personas. La Fundación Vicente Ferrer y RDT (Rural Development Trust o Consorcio para el Desarrollo Rural) han obrado el milagro en uno de los estados más pobres de la India y han conseguido, a través del apadrinamiento de los más pequeños y de la imaginación y el sueño de un hombre, que más de 2,5 millones de personas de 1.900 pueblos del distrito de Anantapur hayan recuperado la dignidad: hospitales para los que nunca tuvieron donde caerse muertos, escuelas para los que nunca antes pudieron aprender, bibliotecas para los que jamás habían leído, casas para los que nunca tuvieron un techo, embalses para los que jamás disfrutaron del agua… Ésta es la obra de un hombre que tuvo un sueño y lo convirtió en milagro. Un milagro que merece un Nobel

CARTA DEL DIRECTOR | PEDRO J. RAMÍREZ: Elecciones anticipadas

CARTA DEL DIRECTOR PEDRO J. RAMÍREZ
ELECCIONES ANTICIPADAS
(Para que cuanto antes haya un perdedor)

«En España se están creando las condiciones de la Tormenta Perfecta», comentaba el otro día una de las figuras clave del mundo financiero, aludiendo a esa combinación de factores climatológicos extremos que, siendo ya peligrosos de uno en uno, se convierten en devastadoramente letales cuando interactúan entre sí. En la famosa película de George Clooney, inspirada en la novela de Sebastian Junger, los elementos perniciosos que concurren son el choque de una masa de aire caliente y otra de aire frío -los científicos denominan el fenómeno ciclogénesis explosiva-, además de la avería de una máquina congeladora y la proverbial codicia humana. En el escenario de nuestra miserable realidad no es difícil identificar a un gobierno víctima de su incapacidad, a una oposición agazapada en su esclerosis política y a unos agentes sociales convertidos en penosa caricatura de sí mismos.

Todo indica que detrás de la máscara de jovialidad que cubre su rostro impenetrable, Zapatero acaba de cruzar ese punto crítico en el que el capitán de un barco descubre con espanto que ha estado guiándolo en el rumbo equivocado y que si no hace algo pronto, será inevitable estrellarse contra el acantilado. Entonces llegan los golpes bruscos de timón a la desesperada, siempre tardíos o incompletos, que, en la mayoría de los casos, no sirven sino para aumentar la violencia del impacto.

Dos años de advertencias, ante las que ha venido haciendo oídos sordos, han cristalizado estos días en los más demoledores datos de coyuntura: el brutal repunte del paro, el descuelgue de España de la caravana de la recuperación del crecimiento en el mundo desarrollado, el vertiginoso incremento del déficit que vuelve a hacer parpadear a las agencias de rating, la afloración de la inconmensurable -e incobrable- deuda del sector inmobiliario que lastra a los bancos buenos y condena a muerte a las cajas golfas, la pérdida de competitividad agravada por el incremento de unos costes laborales en los que pesan desproporcionadamente las indemnizaciones por despido o la caída de la renta per cápita por debajo de nuevo del nivel de Italia y cada vez más lejos de la envidiada Francia.

Todo esto ha configurado la gélida acogida con que Zapatero se ha encontrado en Davos. Ya no se habla de los PIGS, sino de los PIGSSSS, arrastrando la ese final para enfatizar que los mayores peligros para la eurozona no residen ni en la atonía crónica de Portugal, ni en el ineficiente derroche endémico de Italy ni en la peritonitis aguda de Greece, sino en la frívola marcha de Spain hacia el desastre. Que el jefe del Gobierno se haya visto obligado a subrayar que somos «un país serio», lo resume todo.

Por increíble que parezca, tras lo variado y nutrido que era últimamente el coro de Casandra, todo esto se le ha venido encima a Zapatero como una inesperada y fulminante ducha escocesa. El optimista crónico capaz de cambiar a Solbes por Salgado y quedarse tan ancho, capaz de firmar el irresponsable cheque de la financiación autonómica y quedarse tan ancho, capaz de asumir los dogmas, la retórica y las supersticiones de un sindicalismo y un ecologismo rancios y quedarse tan ancho, acaba de caerse del guindo.

Y así, de repente, sin aviso ni previo, han llegado el bandazo, el mazazo y el pensionazo del incremento de la edad de jubilación, la ampliación del periodo de cómputo y demás recortes sociales. Al margen de la sensación de injusticia que puede embargar a quienes ven cómo les alejan la línea de meta cuando ya afrontan muy justos de fuerzas los últimos tramos de la carrera, son medidas cargadas de racionalidad, pues en estos momentos la esperanza de vida media de quienes llegan a los 65 anda ya en el entorno de los 19 años y, si no se toca nada, el sistema de pensiones entrará pronto en números rojos. Pero la trascendencia de este paso es tal que nunca debería ser fruto de la improvisación y la ocurrencia unilateral como si se tratara de un cheque bebé o una deducción de 400 euros de quita y pon.

He aquí la típica iniciativa que habría adquirido todo su sentido en el contexto de ese gran pacto de Estado que el ministro Miguel Sebastián y yo propusimos en mayo de 2008 en El Escorial. Si los españoles hubiéramos asistido a un ejercicio de responsabilidad colectivo en el que partidos, patronal y sindicatos, gobierno central y autonomías hubieran abordado los grandes problemas económicos de la nación, ofreciendo una receta equilibrada para salir de la crisis a base de sacrificios para todos, esta píldora amarga sería mucho menos indigesta.

Pero no podemos olvidar que quien ahora le mete esta estocada hasta la bola a la sufrida clase media asalariada cuyas espaldas cargan con todos los costes del Estado, es el mismo gobierno que ha estado trasteando con las prejubilaciones a los 52 años para podar el monstruo de la televisión pública o sanear los balances de empresas con miles de millones de beneficios. El mismo gobierno que se ha adornado en el centro de la plaza con las florituras de una Ley de Dependencia propia del máximo estadio de la protección social en el Estado del Bienestar. Y el mismo gobierno que ha salido al quite en ayuda de la demagogia sindical cada vez que se ha planteado una nueva modalidad de contrato con menor coste de despido, con la peregrina alegación de que eso podría acelerar la sustitución de los actuales trabajadores por otros de coste menor.

Que se les pregunte a los empleados fijos si no preferirían que los nuevos contratados sólo tuvieran derecho a 20 días de indemnización por año a cambio de que se respetara el derecho de todos a jubilarse a los 65. Y que se le pregunte a ese 91% de los contratados el año pasado, que lo fueron de forma temporal, si no preferirían esos 20 días volando que el pájaro muerto de la nada que tienen en mano. Y que se les pregunte, en fin, a los cuatro millones de parados si no se darían con un canto en los dientes si alguien les ofreciera un empleo estable en esas condiciones.

Pero los sindicatos están atrincherados contra ese ejercicio de flexibilidad que nos acercaría al coste por despido de Francia o Alemania, porque han hecho de ello una especie de prueba de fuego de su poder fáctico. Y a menos que el Gobierno deje de bailarles el agua, en base a la fantasía de que eso legitima su actitud ideológica ante la crisis, la anunciada reforma laboral está condenada a la irrelevancia de unos ajustes menores en relación a la negociación colectiva, la casuística de los convenios o la reducción de jornada.

Este jueves tuvimos a Cándido Méndez en el Foro de EL MUNDO y, además de constatar que su cercanía al poder no ha nublado su sencillez ni atrofiado su ingenio, pudimos comprobar con enorme preocupación hasta qué punto el líder de UGT ha convertido las ensoñaciones zapateriles sobre la economía sostenible en una coartada para su intransigencia. Se le entre por donde se le entre -véanlo hoy en nuestras páginas- siempre sale con el cambio de modelo que ponga fin a lo que él llama «la sobreexplotación del suelo, el agua y el factor trabajo». No tuve más remedio que decirle que su «modelo, modelo, modelo» recordaba al tan utópico como estéril «programa, programa, programa» de Julio Anguita.

Entre las nubes de que «el mundo ha de cambiar de base» y la realidad de la recesión y el paro, los sindicatos sólo proponen más endeudamiento y más gasto público. O sea, engordar para morir, hipotecando no sólo a los españoles de hoy, sino también a los de mañana. Y si no fuera porque existe algo llamado Pacto de Estabilidad y porque Zapatero tampoco está dispuesto a pasar a la historia como el presidente que consiguió que nos expulsaran del euro, está claro que lo conseguirían.

Desgraciadamente, la CEOE parece empeñada en cargarse de descrédito social, precisamente cuando más necesitamos que sea la genuina representación del empre- sario que lucha con coraje por mantener el empleo sin recurrir a las malas prácticas que van aflorando día a día en la trayectoria de su presidente Díaz Ferrán. Que él se empecine en aferrarse al cargo, bien porque crea que eso le permitirá rehacer su imagen, bien porque piense que le ayudará a pactar con sus acreedores y con las administraciones públicas un trato ventajoso, entra dentro del egoísmo y la ofuscación de la condición humana. Pero que la junta directiva de la patronal le respalde indica que la endogamia, la cooptación y el amiguismo han hecho ya estragos incluso entre quienes teóricamente deberían ser los adalides de la sociedad abierta y el respeto al juego limpio y a las reglas del mercado. Si Ferrer Salat, Rodríguez Sahagún y Cuevas levantaran la cabeza dirían lo mismo que se escucha ahora en cualquier despacho empresarial de peso, incluido el del propio socio del interfecto.

En este entorno la oposición debería ser -vamos a ponernos ya washingtonianos- como la «ciudad brillando en la colina», es decir como un faro de claridad, sensatez y previsibilidad, esas virtudes que tanto ensalza Rajoy, pero luego tan poco practica. Justo cuando en uno de esos flujos espasmódicos propios de la ansiedad que origina la torpeza gubernamental mucha gente principal empezaba a perdonarle a Rajoy sus pasados escaqueos, el líder del PP ha vuelto a las andadas con tres asuntos que no son moco de pavo: la energía nuclear, la inmigración y las propias pensiones.

Empezando por lo último, ¿qué hubieran dicho los lectores de EL MUNDO si en nuestra edición del viernes hubiéramos guardado silencio editorial sobre el aumento de la edad de jubilación o nos hubiéramos limitado a decir que no teníamos formada aún una opinión? ¿O si el sábado, además de descalificar, colmados de razón, la ejecutoria económica de Zapatero no hubiéramos entrado en el fondo positivo del ajuste? Siguiendo por lo primero: ¿cómo se puede desaprovechar una ocasión tan clara para denunciar las contradicciones de la política energética del Gobierno, incurriendo en una mayor y dejando de paso con el pompis al aire a Cospedal y a Arenas como si fueran Acebes y Zaplana? Y terminando por lo de en medio: ¿nos quiere explicar el señor Rajoy que es eso de que cualquier «ser humano» -con papeles o sin papeles, empadronado o sin empadronar- tiene derecho en España a recibir sanidad y educación gratuitas? ¿Y por qué no alimentación y vivienda? ¿Y por qué no vestido y empleo? A ver cómo vuelve a arremeter contra el PSOE por fomentar el efecto llamada...

La situación de España es tan crítica -con el patético Montilla dando otra vuelta de tuerca a su represión lingüística y el Tribunal Constitucional abusando indecentemente de la paciencia pública- que ya sólo puede mejorar. Y lo que la democracia ha estropeado, la democracia lo puede enmendar. No perdamos el tiempo pidiendo mociones de censura, que eso no sirve para nada ni va a ningún sitio. Hay argumentos suficientes para reclamar el adelanto de las elecciones generales de forma que se celebren en 2011, antes, a la vez o inmediatamente después de las autonómicas. Nada ha sucedido como prometió Zapatero en la última campaña, estamos en emergencia económica y encima él no aclara si quiere intentar seguir o no en la Moncloa. Una vez que ya ha descartado el gran pacto con el PP por supuesta incompatibilidad de modelos -menudo sarcasmo tras lo anunciado el viernes-, lo mejor es que las urnas otorguen cuanto antes un nuevo mandato legitimador para que el lastre de quien llegue o continúe sea el menor posible.

Esto no es sólo un deseo, sino una creciente probabilidad. El PSOE se ha quedado sólo con el pensionazo, pero el PP no podrá votar en contra de medidas como esas. En cambio, bastaría que ni CiU ni el PNV apoyaran los próximos presupuestos -es obvio que las minorías de izquierdas no lo harán- para que Zapatero se viera obligado a prorrogar las incumplibles cuentas públicas de este año y a disolver las Cortes el que viene. Los españoles acudiríamos a las urnas con limitado entusiasmo, pero con la fuerza del cabreo y la impepinable garantía de que al menos habría un perdedor: es decir, de que pronto tendríamos un gobierno menos malo o, en el peor de los casos, una oposición manifiestamente mejorada.

pedroj.ramirez@elmundo.es

PROHIBIDO HABLAR ESPAÑOL: Contra las multas lingüísticas

Contra las multas lingüísticas

Cuatrocientas personas arropadas por PP, C's y UPyD protestan en Arenys en apoyo a los comerciantes que rotulan en castellano



XIANA SICCARDI

Arenys de Mar (Barcelona)

En protesta por las multas lingüísticas, unas 400 personas se citaron ayer en la población barcelonesa de Arenys de Mar a modo de guiño a su vecina Arenys de Munt que, en septiembre, acogió la primera consulta sobre la independencia de Cataluña. Entre los manifestantes se vieron banderas del Partido Popular, de Ciutadans y de UPyD -también alguna española-, unidos por una misma reivindicación: que se acaben las sanciones a los comercios por no rotular en catalán.

«Discriminación», «Gobierno totalitario» e «inflexibilidad» fueron algunas de las críticas que se dirigieron al Ejecutivo catalán por excluir la lengua castellana en las relaciones empresariales privadas y entre comerciante y cliente, una relación que para los manifestantes debe ser «libre».

Esta manifestación llega días después de la iniciativa de varios empresarios de hacer pública la sanción que han recibido por tener los rótulos o material de su comercio o empresa escritos sólo en castellano.

Fueron los casos de Xurde Rocamundi -comerciante de Arenys multado con 1.200 euros por no rotular sus escaparates en catalán-; del subdirector de la Escuela de Criminología de Cataluña, José Luis Giménez -también sancionado por tener sus folletos sólo en castellano-, y de Feliciana Piris, sancionada porque no rotuló en catalán. Los tres acudieron a la concentración de ayer, en la plaza de la Iglesia de Arenys de Mar.

Les arroparon los máximos representantes de los partidos políticos que han apoyado la iniciativa, algo que los presentes consideraron «un hito» que les animará a proponer nuevas concentraciones, como por ejemplo defender el bilingüismo en las aulas catalanas. Se pudo ver a la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, que se mostró partidaria de «la libertad y la igualdad para el castellano y para el catalán, igual que se hizo en el País Vasco», y acusó al presidente catalán, José Montilla, de ser «el responsable de relegar la lengua castellana». Entre los populares se vio también a Daniel Sirera y a Xavier García Albiol.

De Ciutadans acudió su máximo dirigente, Albert Rivera, que acusó a Montilla de centrarse en esta polémica «en lugar de sacar a los ciudadanos de la crisis». De UPyD, destacó la presencia de su coordinador territorial, Ángel Hernández.

Eduardo López-Dóriga, presidente de la Asociación por la Tolerancia, calificó de «éxito» la concentración, convocada por la coordinadora Por una Cataluña en Libertad. No a las multas lingüísticas, en la que participan, también, Ágora Socialista e Impulso Ciudadano, organización liderada por el diputado del Grupo Mixto en el Parlament José Domingo. El periodista Juan Carlos Girauta, acompañado del también periodista y articulista de EL MUNDO Arcadi Espada, afirmó que son «unos denunciantes anónimos y subvencionados» quienes se encargan de notificar a la Agencia Catalana del Consumo los casos en que los comerciantes vulneran la Ley de Política Lingüística, aprobada por la Generalitat en 1998.

elmundo.es Vídeo: Marcha contra las multas en Cataluña por no rotular en catalán.

Baleares incumple la ley de páginas web

El 75% de las páginas web institucionales de Baleares incumple la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Esta norma obliga a que los «contenidos y servicios» de las comunidades con dos lenguas oficiales estén en ambos idiomas. Las páginas web del Gobierno balear, del 'Consell' insular de Menorca y de 51 ayuntamientos no cumplen esta ley al tener gran parte de sus contenidos sólo en catalán. Incluso hay 10 ayuntamientos que no ofrecen ni la opción de castellano. Sólo dos web aparecen por defecto en castellano, las de Calvià y Santa Eulàri

El PSOE asume dócilmente el 'ajuste duro' de Zapatero

ESPAÑA EN CRISIS / Cierre de filas socialista
El PSOE asume dócilmente el 'ajuste duro' de Zapatero

El Comité Federal avala el 'pensionazo', el recorte del gasto público y la reforma laboral con la abstención de dos miembros de Izquierda Socialista

MANUEL SÁNCHEZ

Madrid

José Luis Rodríguez Zapatero abrió ayer el Comité Federal del PSOE con un discurso de izquierda, para explicar unas medidas que no lo parecen. Pero eso le bastó para recibir el apoyo ampliamente mayoritario de un partido dócil, que ha decidido ligar su futuro al de su líder político, aun sin saber -ni atreverse a preguntarle- si se presentará en 2012.

El PSOE, casi sin pestañear, dio su visto bueno a un plan de «ajuste duro» que implica la reducción del gasto en 50.000 millones de euros; una reforma del sistema de pensiones que aumenta la edad de jubilación, y la reforma laboral que se presentará el próximo viernes, sin ni siquiera conocerla.

Zapatero lo disfrazó todo bajo el mando del sentido de la responsabilidad que guía la acción de su Gobierno y que debe ser la marca de identidad de los socialistas. «El Gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer, y lo tiene que hacer ahora», dijo en su réplica final.

Pero, además, el líder del PSOE usó mensajes con tintes churchillianos tanto durante su discurso como en su última intervención, en respuesta a los dirigentes socialistas que tomaron la palabra.

Así, Zapatero presentó sus reformas como «un plan que comporta esfuerzos y algunos sacrificios. Tenemos que saberlo. Tenemos que decirlo. Tenemos que explicarlo a los ciudadanos».

Añadió que hay que ser consciente de «la dificultad del momento y de lo duro de este periodo», y concluyó su discurso con una frase que enfatizó: «En épocas de dificultades, a veces hay que elegir caminos difíciles».

Casi una treintena de dirigentes socialistas pidió la palabra, pero apenas ninguno inquietó seriamente el nuevo rumbo que ha marcado Zapatero y que, en su opinión, está dentro de las señas de identidad socialistas, como argumentó durante su intervención.

Así, Zapatero explicó que es necesario el plan de ajuste. Pero las señas de identidad socialistas se mantendrán porque este recorte no afectará ni a las políticas sociales, ni a la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), ni a las ayudas al desarrollo.

Así también, el presidente del Gobierno defendió como «razonable» la prolongación paulatina de la edad de jubilación, hasta los 67 años. Pero las señas de identidad socialista se mantendrán porque quien propone esta reforma «es quien ha puesto en pie, ha defendido y ha preservado el sistema público de pensiones», dijo, en clara referencia a su partido.

Así, por último, anunció que el próximo viernes planteará una reforma laboral en toda regla, donde apuntó la posibilidad de afrontar «la dualidad entre contratos indefinidos y contratos temporales». Pero las señas de identidad socialista se mantendrán porque «no será una reforma laboral que se salde con la merma de los derechos de los trabajadores. Ésa sería la única reforma laboral que no sería buena», afirmó.

Ya fuera porque Zapatero convenció a los presentes o porque venían convencidos, lo cierto es que el ajuste de calado que ha puesto en marcha el presidente del Gobierno apenas encontró reparos en el máximo órgano del partido.

José Antonio Griñán -uno de los hacedores del Pacto de Toledo y de los dirigentes del PSOE que más sabe de las pensiones públicas- tomó la palabra para animar a Zapatero en su empeño, con la única salvedad de que se explique que «la reforma no es por la crisis económica; es por la crisis demográfica».

En parecidos términos se pronunciaron el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, -«la vieja Europa se está convirtiendo en una Europa vieja»- o el dirigente del PSC, Dani Fernández.

Las principales objeciones a la reforma de las pensiones llegaron de Asturias y, en concreto, de su presidente, Vicente Álvarez Areces, quien reclamó a Zapatero que «los agentes sociales tienen que dar su opinión, porque no podemos causar fracturas con nuestros mejores aliados, que son ellos».

Rodríguez Zapatero recogió el guante en su réplica y garantizó que habrá la «máxima flexibilidad» en la negociación dentro del Pacto de Toledo, así como que la reforma se hará «con diálogo y con consenso» en todos los ámbitos.

También hubo advertencias de varios dirigentes del PSOE -Tomás Gómez, Jorge Alarte o Javier Fernández- sobre la necesidad de considerar que no se puede generalizar la edad de los 67 años para todas las profesiones. Zapatero vino a decir que ningún problema.

El pequeño foco de resistencia lo protagonizaron los dos dirigentes de Izquierda Socialista que están en el Comité Federal: Juan Antonio Barrio y José Antonio Pérez Tapia. Ambos apuntaron que no comparten la propuesta socialista, ni en el ajuste de gasto ni, sobre todo, en las pensiones. Por ello, anunciaron su abstención en la resolución política que viene a avalar las propuestas del Gobierno de Zapatero.

Es cierto que hacía muchos años -casi nadie sabe cuántos- que no había unanimidad en un Comité Federal del PSOE. Pero no es menos cierto que Izquierda Socialista sólo representa a dos miembros de los 248 que constituyen este órgano político.

Más allá de la economía, otro asunto objeto de debate fue la inmigración. Zapatero fue quien lo puso encima de la mesa, con una dura crítica al PP. «En épocas de crisis, las tentaciones populistas suelen emerger. Sobre todo, de los líderes y de los proyectos políticos que no tienen consistencia, ni idea clara de un país, ni compromiso con los asuntos generales. Por ello, he de decir que el Gobierno estará muy firme en contra de cualquier intento populista inaceptable que pueda poner a los inmigrantes en nuestro país en una situación que no vamos a consentir». Aquí hubo aplauso unánime.

Zapatero incidió en que el PP, como ya hizo en las elecciones generales de 2008, vuelve a recurrir a este discurso, «y entonces ya no le salió bien». Por ello, no dudó en calificar a puerta cerrada de «ridícula» la propuesta de Rajoy de asegurar sanidad y educación sin necesidad de estar empadronado.

Pasadas las 15.00 horas, Zapatero partió de Ferraz directamente rumbo a Etiopía. Se le vio salir tranquilo. La casa, todavía, sigue ordenada.

ELMUNDO.es Documento: Lea el discurso de Zapatero. Vídeo: Intervención del secretario general del PSOE.

CONSEJO A MONTILLA

«Ahí clavado, como una columna de fortaleza»

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recomendó ayer al presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, que ante el clima preelectoral de la comunidad mantenga su «serenidad». «Montilla, ahí clavado como una columna de fortaleza, que no haga ninguna concesión a la galería», llegó a decir a puerta cerrada. Zapatero contestó así a los planteamientos del diputado del PSC Daniel Fernández sobre la situación política en Cataluña.

En opinión del líder socialista, por su experiencia y por su convicción si Montilla mantiene este rumbo, «tendrá más apoyo social; es decir, más apoyo electoral». Previamente, Fernández había explicado que, ante la próxima convocatoria electoral en Cataluña, el PSC afronta esta cita «mirando al futuro y ofreciendo un proyecto de seriedad, rigor y fiabilidad», frente a otras opciones.

PACTO DE EDUCACIÓN Y ETA

Los dos consensos que se buscan con el PP

Más allá del discurso general centrado en la crisis y las reformas, José Luis Rodríguez Zapatero quiso hacer dos apartados en dos asuntos concretos: el pacto por la Educación y la lucha contra ETA. Sobre la primera cuestión, el líder socialista hizo un nuevo llamamiento al PP, «porque estamos hablando de una política de educación no para este año, ni para esta legislatura, no para este Gobierno o para este proyecto político. Estamos hablando de la educación para muchos años en nuestro país».

En cuanto a ETA, Zapatero felicitó al 'lehendakari' Patxi López por las últimas actuaciones de la Ertzaintza, y confirmó que ésta es la línea de su Gobierno, «firme, decidida y que, sin duda alguna, está haciendo mucho más débil al terrorismo». Intencionadamente o no, Zapatero quiere mantener en ambos asuntos el máximo consenso con el Partido Popular.

EL FUTURO DEL LÍDER DEL PSOE

Confirmado: no será el candidato en el... 2020

El debate que no existe sobre la continuidad de José Luis Rodríguez Zapatero y su futuro como candidato a las elecciones generales del PSOE en 2012 planeó por todo el Comité Federal, pero el trabajo previo del aparato del partido hizo su efecto para que siguiera sin manifestarse.

Así, Patxi López, quien más alto y claro pidió a Zapatero que se pronunciara, decidió no hablar. Tomás Gómez, habló, pero no dijo nada del asunto. Sólo el presidente de la Femp, Pedro Castro, así como el dirigente extremeño Ramón Ropero, apostaron por cerrar el debate y que Zapatero siga al frente del PSOE. El líder socialista no mencionó el asunto y sólo a puerta cerrada, y en referencia al debate de las pensiones, bromeó que por muchos años que esté en el Gobierno o que sus compañeros quieran que esté, no llegará a 2020. Confirmado, ese año electoral no será el candidato

ESPAÑA EN CRISIS / La posición del PP
«Hace las cosas tarde, a rastras y sin avisar a nadie»

Rajoy carga contra las iniciativas de Zapatero, «el rey de los bandazos»

DAVID VIGARIO. CORRESPONSAL

Badajoz

El presidente del PP, Mariano Rajoy, continúa con su discurso pegado a los datos económicos que lastran a España. En una semana cargada de debates sociales, anuncios gubernamentales y en la que no han faltado las polémicas internas en su partido, se esperaba con expectación la comparecencia del jefe de la oposición, pero éste, aferrado a las encuestas, no varió ni un ápice su argumentario habitual. No hubo sorpresas ni trazos gruesos ayer en Badajoz: la economía, o mejor dicho, la situación económica que padecen los españoles, fue el eje de su alocución.

Con respecto al pretendido cambio en la edad de jubilación, Rajoy acusó a Zapatero de asustar y provocar alarma social entre los pensionistas. El presidente del PP utilizó para ello sus palabras más duras de todo el discurso: «Está asustando y alarmando a la gente, tras no haber hecho nada durante los últimos cinco años». «Hacen las cosas tarde, mal, a rastras y sin hablar con nadie», concluyó.

Además, le achacó que la propuesta fuese «la contraria a la que planteó 24 horas antes». «De esta manera», dijo, «es imposible generar confianza. Zapatero es el rey de la improvisación y los bandazos». «Por primera vez los pensionistas tienen menos dinero, y eso no había ocurrido nunca en los 30 años de democracia».

En una intervención en Badajoz, el líder de los populares afeó la conducta del presidente del Gobierno cuando señaló que la economía no se podía pactar con la oposición por cuestiones ideológicas: «Ésa es una actitud», reprochó, «más propia de un doctrinario que de un gobernante, y así ha llevado al país a la deriva». «Van a dejar el país peor que en el año 96», remató.

En este sentido, Rajoy volvió a insistir en su receta contra la crisis con el único objetivo de crear puestos de trabajo: bajar impuestos, rebajar el gasto público, el déficit y la deuda para restablecer la confianza y reestructurar el sistema financiero, además de realizar una reforma laboral.

El jefe de la oposición también se refirió a la polémica por los almacenes nucleares: «El Gobierno está para tomar decisiones, aunque no sean agradables, y como en España hay centrales nucleares, los residuos deben estar en algún sitio y ésa es una competencia que corresponde a un presidente; pero como no decide, provoca los líos ridículos que estamos viendo».

ATC RESIDUOS NUCLEARES: Los requisitos/ El antecedente

EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS / Los requisitos
Ascó, en cabeza del pelotón

Es la favorita para albergar el ATC por estar rodeada de centrales y por la conexión por tren

RAÚL CONDE

Madrid

Cinco concejales del PP en un pueblo de La Alcarria votando a mano alzada en un salón consistorial pequeño y modesto. En las paredes, un retrato del Rey y un crucifijo. Y al lado, las persianas de las ventanas cerradas a cal y canto. Quizá para no pasar frío. O quizá también para aislarse del griterío en la plaza entre partidarios y detractores del futuro almacén de residuos nucleares. Aunque la historia viene de lejos, lo cierto es que esta escena durante el Pleno de Yebra (Guadalajara) del pasado 21 de enero hizo que un asunto, en teoría técnico o científico, degenerase en una tormenta política que ha agitado parte del debate público durante los últimos 10 días.

La apuesta del Gobierno para construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC), que agrupará los residuos de todo el parque nuclear español, ha desembocado en una carrera de última hora por optar a su emplazamiento. Sobre todo, entre pueblos pequeños, alejados de grandes ciudades y con escasos recursos económicos. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, avanzó en julio del pasado año que habría una «pelea» por acoger lo que desde el movimiento ecologista llaman «cementerio» y sus defensores, simplemente, un silo nuclear. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, respondió después que si había pelea, «sería para no tenerlo».

Ayer terminó el plazo legal impuesto por Industria para presentar candidaturas y, al menos, 10 municipios han confirmado su opción. Fuentes de Industria citadas por Europa Press ampliaban el número a 12 pueblos. El Ministerio no quiso «confirmar ni desmentir» ninguna cifra alegando que no ha podido recibir aún todas las peticiones.

La orden promovida por Industria exige una serie de requisitos técnicos, físicos y geográficos que deberá cumplir el almacén nuclear, esté donde esté. Para empezar, Industria descartó desde el principio aquellos lugares que tengan una protección medioambiental reconocida o que sean montes de utilidad pública, además de las áreas con patrimonio histórico o donde requieran un transporte por vía aérea o marítima. Más requisitos imprescindibles: el Gobierno pide una superficie mínima de 13 hectáreas para el almacén nuclear y otras 12 para el centro tecnológico que lleva asociado. A ello hay que añadir las infraestructuras necesarias para el asentamiento de empresas.

Además de todas estas premisas, los dos aspectos básicos que Industria va a valorar con especial esmero son, por un lado, estar integrado en un entorno habituado a la actividad atómica, bien con centrales o con otro tipo de instalaciones; y por otro, disponer de conexión por tren, un transporte esencial para el traslado del combustible gastado y los residuos de alta actividad.

Con todas estas condiciones en la mano, la candidatura que tiene más papeletas para llevarse el cementerio nuclear es la de Ascó. Está en una provincia con cuatro centrales nucleares (Ascó I y II y Vandellós II, además de la ya cerrada Vandellós I) y dispone de un tejido económico industrial, rodeado de centrales químicas, petroquímicas y térmicas. Además, goza de una excelente comunicación por tren. Por otra parte, en los últimos días la polémica política en torno a esta candidatura ha bajado muchos enteros. El pasado jueves, José Montilla, presidente de la Generalitat, atemperó en el Parlamento catalán sus declaraciones de días anteriores y recordó que la competencia para decidir la ubicación del ATC es estatal. Sólo un improbable plante frontal de sus socios de gobierno, especialmente los ecosocialistas de ICV, pondría en peligro ese relativo consenso.

El caso de Yebra es distinto. Aunque tiene cerca la central de Zorita, ésta ya se encuentra en proceso de desmantelamiento. Pero la traba más importante con la que se ha chocado es el rechazo frontal de la Junta de Castilla-La Mancha, de todos los partidos y de los principales agentes sociales en Guadalajara. Y aunque es verdad que está cerca de Madrid, no tiene conexión por tren.

En las últimas horas ha cobrado algo de fuerza la candidatura conjunta de Santervás y Melgar, los dos municipios vallisoletanos que se han presentado a la puja. Sus enteros suben porque el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, no ha planteado oposición al proyecto. Eso sí, lo ha condicionado a la revisión de la vida de Garoña, algo que el Gobierno ve difícil aceptar. Fuentes socialistas no descartan que el PP esté tanteando ofrecer alguna ubicación para instalar el ATC (cualquiera menos Yebra, para no dejar en mal lugar a María Dolores de Cospedal). En esta jugada, Castilla y León aumentaría sus papeletas para quedarse con el cementerio nuclear.

El resto de candidatos son municipios pequeños, con unas comunicaciones deficientes y sin conexión ferroviaria en la mayoría de los casos. Todos salvo Zarra, que se encuentra a sólo 20 kilómetros de la central nuclear de Cofrentes.

El objetivo del Gobierno es anunciar el emplazamiento definitivo del ATC a finales de junio o principios de julio. En cualquier caso, antes del verano. El proceso se puede demorar en función del número de participantes y de alegaciones. En todo caso, según la orden ministerial y las intenciones del Ejecutivo, la lista provisional se publicará antes de un mes. El listado definitivo de admitidos y excluidos podría estar a finales de febrero o principios de marzo.

Después, se abrirá un periodo de 10 días para reclamaciones, al que podrán acceder sólo los ayuntamientos, por si hubiera algún error. Una vez pasado este plazo, saldrá la comunicación definitiva de cuáles son las zonas excluidas. En ese momento, se iniciará un proceso de 20 días de información pública y de presentación de alegaciones por todas las partes interesadas, por lo que en ese periodo cualquiera podría exponer su oposición.

Una vez analizadas todas las alegaciones, seguirá una comunicación definitiva de las excluidas y los admitidos deberán presentar los terrenos que, igualmente, deberán ser estudiados. Finalmente, la Comisión Interministerial deberá elaborar un informe y la propuesta del Gobierno deberá ser elevada al Consejo de Ministros para su aprobación.

Una vez tomada la decisión definitiva, la construcción no será inminente porque el proyecto candidato deberá someterse a una declaración de impacto ambiental y a un informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

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Una inversión de 700 millones

La energía nuclear es una fuente 'limpia' que no emite dióxido de carbono a la atmósfera. Pero tiene un problema mayúsculo: la gestión de sus residuos. Aunque no es el único tratamiento inventado, la mayoría de los países europeos ha apostado por albergar todos los residuos de alta actividad que generan no sólo las centrales, sino los hospitales o centros de investigación, en un almacén temporal único. Es temporal porque, como en el caso del ATC español, tendrá una vida máxima de 60 años. Para entonces, el Gobierno confía en que las eléctricas que están investigando hayan dado con una fórmula más adecuada.

El futuro almacén atómico que promueve el Gobierno albergará en seco el combustible gastado por los 10 reactores nucleares españoles (dos de ellos clausurados) y un centro tecnológico para investigación y experimentación. Su capacidad máxima será de 6.700 toneladas, pero hay que tener en cuenta que, ahora mismo, los residuos de las centrales españolas ya acumulan más de 3.569. La estructura ocupará 283 metros de largo, 78 de ancho y 26 de alto, para lo que necesitará una superficie de unas 13 hectáreas. La construcción de un primer edifico de almacenamiento del ATC y de un centro tecnológico durará, según prevé la orden de Industria, unos cinco años.

La inversión total prevista se acerca a los 700 millones de euros. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) entregará seis millones de euros anuales que se dividirán de la siguiente forma: un 40% para el municipio que lo albergue y un 60% para el resto de poblaciones en un radio de 12 kilómetros.

Fuentes de Enresa confirmaron que el mantenimiento del almacén será de 8 millones de euros al año, incluyendo los sueldos de sus 100 trabajadores permanentes, más otros 40 en el centro tecnológico. Si el proyecto del ATC no cuajara, el Gobierno tendría que construir almacenes individualizados. El coste podría multiplicarse por 100 hasta rondar los 1.000 millones de euros

EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS / El antecedente
El Cabril no les hizo ricos

En Hornachuelos avisan de que el cementerio nuclear no fue un revulsivo

Hornachuelos (Córdoba)

Se las prometen muy felices los vecinos de la decena de ayuntamientos que apoyan la instalación en su municipio del Almacén Temporal Centralizado (ATC). Creen que ese regalo multiplicará la población, los ingresos y el trabajo. Sin embargo, les conviene escuchar antes a algunos de los 4.684 vecinos del pueblo cordobés de Hornachuelos, que desde 1961 tienen en su término, aunque a 40 kilómetros del casco urbano, en lo hondo de Sierra Morena, el único cementerio nuclear de España, el Almacén Centralizado de Residuos de Baja y Media Actividad de El Cabril. Porque su experiencia matiza las posturas: ni les ha ocasionado un desastre ni les ha hecho ricos.

«Aquí hay el mismo paro que en todas partes... ¡O más!», exclama José Antonio López Vázquez en la puerta de su Joyería Rosa. Dice que sólo 30 vecinos trabajan allí. Un informe de la empresa estatal Enresa, que gestiona el almacén, precisa que en la plantilla de 117 trabajadores que tenía a finales de 2008, el 19% (22) era de Hornachuelos. La economía siguió girando en torno a la caza mayor, la apicultura, el corcho, la naranja y, hasta la crisis, el ladrillo, que ha dado mucho más trabajo que el cementerio. «Aquí no hay industria ninguna. De crear trabajo, nada; la gente emigra. Con la experiencia que tengo, yo hoy votaría que no».

Nunca pudo hacerlo. Los otros municipios se han postulado libremente, pero a Hornachuelos le impusieron los desechos en secreto en la dictadura de Franco. Cuando llegó la democracia y se enteraron, ya no pudieron revertir los hechos consumados. La población secundó masivamente una huelga general el 21 de diciembre de 1987, convocada por todos los partidos para intentar evitar que el Gobierno socialista de Felipe González mejorara y ampliara el basurero nuclear, como se hizo.

También estaba en contra entonces Julián López, que acabaría trabajando como vigilante en El Cabril. Pidió una excedencia y hoy es el alcalde, por el Partido Independiente. Su descontento ahora es económico. Cree que el canon que reciben aquí «ha quedado obsoleto» y aprovecha el debate para pedir al Gobierno que «revise al alza» esa cantidad. Hornachuelos se queda con el 50% y el resto se reparte entre Fuente Obejuna (Córdoba), Navas de la Concepción y Alanís (Sevilla). En 2009 le correspondieron 950.000 euros de los 1,9 millones a repartir. De los seis millones de ingresos municipales, el 15% se lo deben a la basura radiactiva. Cantidad apreciable, pero no astronómica.

También es muy crítica la dueña de una tienda que no da su nombre. «Hay días que hacemos de caja 10 euros. El Cabril no ha dado vida ninguna aparte de a los cuatro que trabajan allí. En 1990 yo hice las maletas, con 16 años, y me fui a Palma, porque aquí no había trabajo. Y la gente se ha seguido yendo. La gente joven está ahora en la aceituna en Jaén. Lo que hay es lo que se ve, y no se ve un pueblo beneficiado».

El joven Antonio, que trabaja en un negocio del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, también estima que El Cabril «no ha dado muchos beneficios». Recomienda a la juventud de los municipios candidatos que estudien si quieren colocarse en el ATC. «No van a pasar de agricultores a trabajar allí. No conozco a nadie de Hornachuelos que sea ingeniero en El Cabril». Y añade: «Van a aprovecharse de la necesidad de estos pueblos».

La historia de El Cabril es novelesca. El ingeniero Antonio Carbonell descubrió en 1947 en Sierra Albarrana un yacimiento de uranio. Al quedar en desuso, la extinta Junta de Energía Nuclear empezó en 1961 a usar la mina Beta como almacén de los residuos de las primeras centrales nucleares y de hospitales e industrias. Los bidones se metían en la galería con un tren minero y el Ejército custodiaba la finca. Todo en secreto. Tuvieron que pasar 15 años hasta que en 1976, recién muerto Franco, el periodista cordobés Sebastián Cuevas Navarro reveló la existencia del cementerio nuclear de España y sus deficientes condiciones de seguridad.

En 1986 la actividad quedó paralizada por orden judicial, hasta que la instalación se legalizó. Desde 1992, cuando abrió la nueva planta de almacenaje, los restos se encierran en contenedores enterrados en celdas de hormigón. Enresa dice que la radiación que recibe un trabajador de El Cabril en un año es menor que la de una sola radiografía de tórax.

Recelo. «En aquellos días [de protestas, en 1987] parecía que iban a traer una bomba nuclear e iba a estallar en dos días. Había mucha desinformación», dice el alcalde.

Seguridad. «Me dio radiación. Tuve que ir a una ducha especial. Metieron mi ropa en un contenedor y me dieron otra. No salí hasta quedar limpio», dice Miguel González.

Dinero. «Puede ser bueno si se administra bien lo que paga Enresa», avisa José Antonio López. Cree que aquí no se hizo. «Hay el mismo paro que en todas partes».

EL INDESEABLE Y SUS VOMITIVOS ESCUDEROS: «Hijoputa»

«Hijoputa»

SALVADOR SOSTRES

Lo de los micrófonos abiertos es de vuelo muy raso y se detecta una creciente banalidad en la vida política española. Es verdad que la democracia es fundamentalmente una cuestión formal y que hay una atención que los políticos deben poner en su comportamiento público. Pero muchas veces, lo importante y lo categórico permanece oculto tras la jocosa anécdota, y eso no dice demasiado de una sociedad supuestamente madura y estructurada. Los debates públicos marcan el nivel de lo que luego nos pasa, y llevamos tanto tiempo hablando de chorradas, a propósito de chorradas y con un aire tan chorra, que al final es perfectamente normal que nos pase lo que nos pasa.

A la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, se le ha escapado un «hijoputa» que todo el mundo sabe que iba referido al alcalde de la capital, aunque ella se haya visto en la necesidad de más o menos desmentirlo. El revuelo ha sido fenomenal. Y muy cursi. De un reacto en blanco y negro, como de película de los 50. ¿Alguien se extraña o censura que Aguirre, en la intimidad con sus colaboradores, le llame a Gallardón «el hijoputa»? Francamente, yo creía que le llamaba cosas peores. En privado, que le llame como quiera. También en este caso, la conversación era privada: pero estaba el micro y se oyó. ¿Qué resulta de peor educación, qué debería escandalizarnos más, que la presidenta, en privado, se refiera al alcalde como al «hijoputa» o que se airee una conversación privada porque un micrófono estaba inadecuadamente encendido? ¿Cuál es la jerarquía? ¿De qué valores estamos hablando?

Elegimos a nuestros políticos y, a través de a qué damos importancia como ciudadanos, también elegimos cómo estos políticos invierten su tiempo mientras están en el cargo. Y francamente, yo soy de Barcelona y ya paso suficiente bochorno con lo de Montilla y el tripartito como para ir por ahí dando lecciones, pero me imagino que habrá consenso entre los madrileños acerca de que lo mejor que les puede pasar no es que su presidenta ande malgastando su mandato intentando disimular que, en la intimidad, le llama de un modo u otro al señor alcalde.

No es demasiado coherente pasarse el día hablando de la desafección política, diciendo que los políticos son todos iguales y que no atienden a los problemas reales de la gente, si luego esta gente, a través del debate público, expresa que lo que en realidad le preocupa son los chismes, los chascarrillos, los dimes y diretes y da estas cochambrosas muestras de tan poca inteligencia

EDITORIALES: Un volantazo que deja aislado a Zapatero

EDITORIALES DEL DÍA
UN VOLANTAZO QUE DEJA AISLADO A ZAPATERO

LOS SINDICATOS y todas las fuerzas políticas, excepto el PSOE, rechazaron ayer el retraso de la jubilación a los 67 años y las demás propuestas del Gobierno para recortar el gasto en pensiones. El PP incidió en que estas medidas mermarían «derechos adquiridos», mientras que UGT y CCOO pidieron al Parlamento que no las apruebe. Sólo la CEOE del cuestionado Díaz Ferrán respalda a Zapatero.

El Gobierno se ha quedado casi solo en la reforma que aprobó ayer sobre el sistema de pensiones, que, además de retrasar en dos años la jubilación, alarga el periodo de computo de la cuantía, establece limitaciones en las pensiones de viudedad, restringe al máximo las prejubilaciones y sube las cotizaciones a los autonómos.

Jamás se había aprobado una reforma de las pensiones de esta envergadura en el periodo de la democracia, por lo que sorprende que el Gobierno se haya embarcado en este proyecto sin el consenso ni de la oposición ni de los sindicatos.

Ayer decíamos que la reforma va en la dirección correcta, pero también subrayábamos el brusco volantazo del Gobierno, que se ha cansado de repetir durante casi seis años que no recortaría las prestaciones sociales. ¿Y el pensionazo, expresión acuñada por IU, qué es?

La única forma de abordar con garantías de éxito una iniciativa como ésta era dentro de un gran pacto de Estado, en el que los sindicatos hubieran aceptado la amarga medicina a cambio de otras contrapartidas y en un marco de sacrificios para todos. Pero Zapatero siempre se ha negado a pactar con el PP, alegando -menuda ironía- que era imposible por razones «ideológicas».

Zapatero confiaba en salir de la crisis sin necesidad de ajustes traumáticos pero la realidad es que la economía se ha seguido deteriorando, mientras se encendían todas las luces rojas de alarma, entre ellas, la amenaza de revisar la solvencia de las emisiones de deuda pública y el deterioro de la imagen de España en el escenario internacional.

Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de ayer corroboran que nuestro país se sigue deslizando por una fuerte pendiente hacia abajo. El paro subió 1,1 millones de personas el año pasado, situándose en el 18,8% de la población activa. Por primera vez, el Gobierno reconoció que puede superar el 20% este año, mientras hay ya 4,3 millones de personas en situación de desempleo.

Las cuentas públicas no van nada mejor porque Elena Salgado elevó ayer el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas al 11,4% del PIB en 2009, una cifra que contrasta brutalmente con el 1,9% previsto en los Presupuestos Generales del Estado. La ministra confirmó que el Gobierno va a recortar el gasto en 50.000 millones de euros en el periodo 2010-2013, pero su inconcreción lo hace poco verosímil.

Ante este cúmulo de adversidades, Zapatero se ha visto obligado a rectificar y adoptar medidas que hace tan sólo unas semanas hubieran sido impensables. El problema es la falta de credibilidad de Elena Salgado y sus colaboradores para llevar a cabo esta rectificación tras los gravísimos errores cometidos. Probablemente, el presidente debería optar por un nuevo equipo para acometer estas nuevas tareas.

El giro de Zapatero ha roto la estrategia de alianzas del Gobierno, que se ha quedado más solo que nunca: IU le ha dado un fuerte portazo, CiU ha tomado distancia en función de sus intereses electorales, el PNV ha dicho que no le va apoyar en este ajuste y el PP ha aprovechado la ocasión para debilitar a su adversario. El Gobierno carece, en estos momentos, de respaldo para sacar adelante la reforma de las pensiones en el Parlamento y, lo que es peor, no tiene margen para maniobrar ya que, en lugar de ofrecer dinero, va a verse obligado a recortar

UNA FILTRACIóN A INVESTIGAR:
J. E. Serrano y el sectarismo felipista

LA FILTRACIÓN a un periódico del documento sobre la reforma del Pacto de Toledo cuando aún estaba reunido el Gobierno es un hecho gravísimo que podría suponer una violación del secreto del Consejo de Ministros. Gracias a la electrónica se ha podido comprobar que quien generó el informe que llegó al diario fue José Enrique Serrano, jefe de Gabinete del presidente. Según la versión de La Moncloa, eso no quiere decir que fuera necesariamente él quien pasó el documento, ya que fue enviado a otros funcionarios. Sin embargo, si Serrano no abre una investigación será él quien deba asumir la responsabilidad. El jefe de los fontaneros de Zapatero es el último mohicano del felipismo en La Moncloa -ocupó el mismo cargo con González-y, a diferencia del presidente actual, mantiene una actitud sectaria y excluyente con los medios

PROPUESTA DE INHABILITACIóN:
Moltó y la mirada del Banco de España

EL INSTRUCTOR del Banco de España ha propuesto una sanción de 150.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación a Hernández Moltó por su gestión al frente de Caja Castilla-La Mancha, que tuvo que ser intervenida el año pasado. Dieciséis años después de que el entonces diputado Moltó le pidiera a Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, que le mirara a los ojos, es esta institución la que hoy le exige cuentas a él. Queda la sospecha de que es su vinculación con el PSOE lo que ha impedido la remisión de la investigación a la Fiscalía, dadas las gravísimas irregularidades -especialmente en la concesión de créditos- detectadas en la entidad financiera. El episodio revela los males derivados de la politización de las cajas, cuyo saneamiento paga el ciudadano tras los desmanes cometidos por gestores como el socialista Moltó

DEJA SU ACTA DE DIPUTADO:
Pizarro, víctima de la clase política

DOS AÑOS ha durado la aventura política de Manuel Pizarro, persona llamada a ser uno de los protagonistas del PP. Es muy elocuente que ayer, el día que hacía pública su renuncia, alguien sin su brillantez ni su peso como Cristóbal Montoro fuera el encargado de contestar al órdago lanzado por el Gobierno en materia de pensiones. Pizarro es una víctima más de la mezquindad y la endogamia de la clase política española, que desprecia el talento externo y sólo se siente cómoda con peones ahormados en la disciplina de partido. Aún hoy es un misterio por qué Rajoy, semanas después de ficharle a bombo y platillo, le dejó fuera de la portavocía económica y le aparcó en la bancada del Congreso como un diputado de a pie más. Era lógico que alguien con el currículum de Pizarro y que no necesita del escaño para vivir acabara yéndose

AINISMO EN EL PP MADRILEñO:
Esperanza Aguirre tiene que excusarse

QUE LA presidenta de Madrid haya sido pillada por un micrófono calificando de «hijoputa» a un compañero de partido -ya sea Gallardón, como piensa más del 90% de los encuestados en ELMUNDO.es, ya sea un consejero de Caja Madrid (el expedientado Fernando Serrano), como ella misma asegura- demuestra la visión cainita que sigue marcando las relaciones en el PP madrileño. Aunque el grueso lenguaje empleado es en este caso lo secundario -como dijo ayer Esperanza Aguirre, «nadie resiste la transcripción literal de una conversación privada»-, siquiera por razón de su cargo la presidenta debe pedir excusas a la persona aludida. Las zancadillas que le ha puesto Gallardón en la renovación de cargos de Caja Madrid y los insultos que le dedicó el número dos del alcalde pueden explicar la reacción de Aguirre, pero no la justifican
El Mundo en dos minutos
El 'pensionazo' de Zapatero

ATC RESIDUOS NUCLEARES: Diez municipios se postulan como candidatos al almacén nuclear

TENSIÓN EN EL PP / Una retirada de peso
Diez municipios se postulan como candidatos al almacén nuclear

De la Vega reclama «mayor serenidad intelectual» para afrontar el debate

Madrid

Diez localidades de Cataluña, las dos Castillas, la Comunidad Valenciana y Extremadura han solicitado finalmente albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, cuyo plazo de candidaturas terminó ayer a medianoche, en medio de una tormenta política sobre el modo para elegir la ubicación.

Las corporaciones municipales de Melgar de Arriba y Santervás de Campos (Valladolid), Torrubia de Soria (Soria), Congosto de Valdavia (Palencia), Villar del Pozo (Ciudad Real) y Albalá (Cáceres) fueron las últimas en concurrir a la convocatoria del Ministerio de Industria, como hicieron días pasados los ayuntamientos de Yebra (Guadalajara), Ascó (Tarragona), Villar de Cañas (Cuenca) y Zarra (Valencia).

Una vez concluido el plazo, habrá una evaluación técnica del Ministerio de Industria y, entonces, se tomará una decisión por parte del Gobierno, teniendo en cuenta las mejores condiciones para ubicar el ATC, la seguridad y el «nivel de consenso», según dijo ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. «Es un debate que debemos afrontar con la mayor serenidad intelectual y abordarlo desde las razones y con la idea de que se trate de una alternativa viable, buena. Para el lugar donde se instale va a crear adicionalmente posibilidades de reactivación económica y dinamización de la economía», indicó De la Vega, informa Efe.

Se trata de una «opción segura», reiteró, y «avalada» por expertos, por el Consejo de Seguridad Nuclear y por la experiencia de algunos países europeos, dijo De la Vega.

Desde Cataluña, el líder de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, quiso hacer «autocrítica» por su oposición inicial a ubicar el futuro silo nuclear en Ascó y reconoció que lo «normal» es que estos residuos «se almacenen cerca de las centrales».

«Políticamente», reconoció, «no iremos bien hasta que los dirigentes no seamos capaces de afrontar decisiones necesarias, aunque puedan resultar impopulares y costosas electoralmente».

Este mensaje contrasta con el de los presidentes de Cataluña, José Montilla, y de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y el de la líder del PP en esta región, María Dolores de Cospedal, que se han manifestado frontalmente contrarios a que el ATC se instale en sus territorios. Las Cortes de Castilla-La Mancha celebrarán el lunes un Pleno extraordinario para debatir este asunto.

También el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV ha reclamado al Gobierno que paralice el proceso de selección del municipio, que se garantice el consenso social, ambiental y territorial para ello, y que se concierte el emplazamiento con las comunidades autónomas.

El lío es descomunal y transversal. Por ejemplo, mientras en Congosto de Valdavia votó a favor toda la corporación municipal, formada por concejales del PP y del PSOE, en Albalá los ediles populares y el alcalde, de una formación independiente, se opusieron y la propuesta salió adelante con el apoyo del resto de los concejales independientes

JUAN JOSÉ RUBIO Alcalde de Zarra (Valencia)
«Nunca recibimos nada de la central de Cofrentes»

C. TOLEDO

Valencia

El alcalde de Zarra tiene dudas sobre las opciones reales de que el cementerio nuclear recale en su pueblo. Pero mantiene la esperanza de lograr los beneficios que nunca obtuvo de la central nuclear de su vecino Cofrentes.

Pregunta.- ¿Por qué presentan la candidatura?

Respuesta.- En mi pueblo hay una colonia inglesa muy importante y hay dos señores que han estado trabajando en Inglaterra en un almacén de las mismas características. Uno de ellos me dijo que no pasaba nada, que era mejor que una central. A partir de entonces vino mucha gente preguntándome que por qué no lo pedíamos, porque somos el único pueblo que no cobramos de la central nuclear de Cofrentes. No nos dan vehículos, ni dinero, nos tienen marginados.

P.- ¿Zarra está preparado para una instalación así?

R.- Tenemos el instrumental para medir la radiactividad, el plan de evacuación... todo. Tenemos muy cerca la central de Cofrentes y contamos con todas sus infraestructuras, incluidas las vías de evacuación.

P.- ¿Tienen una ubicación concreta para ofrecer?

R.- Dos amigos han ofrecido fincas importantes. Tenemos hasta cinco sitios donde podríamos instalarlo.

P.- ¿Le explicará el plan a la Generalitat?

R.- Me reuniré con Vicente Rambla (vicepresidente primero del Consell) o con quien sea, porque quiero transmitir que somos un pueblo solidario, al contrario del resto de municipios cercanos a la central, que lo que han cogido se lo han quedado y no se han solidarizado con los demás.

P.- ¿El pueblo cumple todos los requisitos?

R.- Sí. No hay ningún LIC (Lugar de Interés Cultural), que es algo que miran mucho, ni tampoco terrenos protegidos.

P.- ¿Qué piensa el pueblo?

R.- En el pueblo todo el mundo me quiere. Unos bien y otros mal. Pero el pueblo tiene la sensibilidad de que tenemos al lado una central nuclear y que en 20 años no hemos recibido nada pese a que tenemos el mismo riesgo que el que sí recibe.

P.- ¿Qué contraprestación recibiría Zarra si alberga el cementerio nuclear?

R.- Unos seis millones de euros al año. Y todo lo que conlleva: hospitales, laboratorios y demás infraestructuras.

Mucho británico y poco niño

>El 22% de la población de Zarra es británica. Hace unos seis años, empezaron a elegir esta localidad para disfrutar de su jubilación. En el pueblo, las posiciones en torno al cementerio no están claras. Unos opinan que daría un balón de oxígeno económico y otros optan por industrias «menos peligrosas».

>Hace dos años, la escuela de Zarra estuvo a punto de cerrar. Después se impulsó un plan de repoblación infantil que tuvo un éxito relativo: hay 22 niños

JESÚS PASCUAL VICENTE Alcalde de Albalá (Cáceres)
«No seré responsable de futuras muertes»

DAVID VIGARIO

Albalá (Cáceres)

Firme enemigo del ATC, este médico metido a político local ha tenido que convocar y acudir al pleno en el que sus cuatro compañeros de partido votaron contra su opinión y lograron que Albalá solicite al Gobierno el almacén.

Pregunta.- Resulta sorprendente que nadie en el pueblo se hubiera enterado hasta ayer de que su ayuntamiento tenía pensado convocar un pleno para este asunto.

Respuesta.- He estado fuera de la localidad los últimos días. Llegué el jueves y mi teniente de alcalde me dijo que estaban llamando muchos medios de comunicación y que estaban desbordados. Por eso, decidimos convocar un pleno extraordinario y, antes, reunirnos con todos los colectivos de la ciudad para saber su opinión. Pero no se ha forzado nada ni se ha obligado a tomar ninguna decisión a nadie, cada uno ha podido opinar y votar lo que ha querido.

P.- Más incomprensible aún parece que usted vote en contra, al igual que el Partido Popular, y su propio grupo lo haga favor.

R. - Desde el primer momento, pensé que lo mejor era dar libertad de voto a todos los concejales de mi partido, porque además somos independientes. Eso quiere decir que no dependemos de ningún otro partido nacional ni tenemos que pedir consulta de ninguna clase.

P.- ¿Por qué esa divergencia con sus otros concejales?

R.- Yo he votado en contra porque no quiero pasar a la historia por ser el alcalde, después de tres legislaturas aquí, que dio luz verde a un proyecto del cual estoy radicalmente en contra porque puede generar radioactividad. Y no quiero llevar a mis espaldas la responsabilidad de futuras muertes o malformaciones congénitas de mis ciudadanos o de futuras generaciones. Yo soy médico, no soy del pueblo aunque llevo 20 años aquí, y no quiero que me señalen con el dedo ni ahora ni nunca.

P.- ¿No le convencen las propuestas económicas o la creación de empleo?

R.- Para mí, como médico de profesión, lo primero es la salud, mucho antes que los intereses económicos. Creo que existen otras fuentes alternativas de empleo para buscar ese dinero, aunque tengo que respetar la decisión democrática del pleno y aceptarla.

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Una población que busca reciclarse

>La pequeña localidad cacereña de Albalá, de 800 habitantes, ya se barajó en el año 1998 como posible candidata para guardar residuos nucleares, aprovechando las actuaciones de la empresa Enresa para restaurar las antiguas minas de uranio.

>Ahora, además, no existe ninguna empresa o industria en el pueblo, que pierde cada vez más habitantes. Los jóvenes emigran para buscar trabajo, ya que la mayoría de la población se tuvo que reciclar de las minas

EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS / Los candidatos / SANTIAGO BAEZA Alcalde de Santervás de Campos (Valladolid)
«Fuimos los primeros y lo queremos aquí todo»

GEMMA ALISTE

Valladolid

Convencido de su decisión, reitera que albergar el cementerio nuclear sería la «única» solución para el futuro de Santervás de Campos.

Pregunta.- Después de informar al pueblo, ¿ha tenido algún contacto con la Diputación de Valladolid?

Respuesta.- No, imagino que cuando acabe este jaleo, la semana que viene, me acercaré por allí y hablaré con ellos.

P.- ¿Qué le parecen las últimas candidaturas?

R.- Bien. Nosotros fuimos más valientes, nos tiramos los primeros de cabeza al charco y queremos que se quede aquí.

P.- ¿Por qué han esperado hasta las últimas horas para hacerlo público?

R.- Porque teníamos un poco de miedo y respeto. Los vecinos son en su mayoría gente mayor que quieren vivir aquí y que sus hijos se queden, pero la agricultura está como está y la ganadería prácticamente no existe. Creo que es seguro y supone una inyección de dinero y puestos de trabajo.

P.- ¿La partida económica ha sido lo que más ha pesado?

R.- No, es más la vida que le pudiera dar al municipio que el dinero. Aquí descendemos a un ritmo de entre siete y ocho personas por año.

P.- ¿Han tenido en cuenta que los posibles trabajadores se fueran a vivir a otras poblaciones mayores como Sahagún o Villalón?

R.- Sí, hemos contemplado todo, y si salimos elegidos una de las condiciones que pondríamos sería hacer viviendas para facilitar que la gente se quede a vivir aquí.

Algo más de 70 vecinos

>Santervás de Campos está a 90 kilómetros al norte de Valladolid. El censo de población de es de 144 habitantes, aunque reside la mitad. Tiene una alta tasa de envejecimiento y un crecimiento vegetativo negativo

ÓSCAR FERNÁNDEZ Alcalde de Melgar de Arriba (Valladolid)
«Sí, los vecinos se han enterado en el bar»

GEMMA ALISTE

Valladolid

«Dar vida al pueblo» es también el argumento que utiliza el alcalde de Melgar de Arriba, Óscar Fernández, para respaldar su solicitud.

Pregunta.- ¿Cómo surgió la idea de presentar la candidatura al Ministerio?

Respuesta.- Hay que sacar adelante el pueblo, porque cada vez envejece más la población y estar alejados de las capitales frena que se quede la juventud.

P.- ¿Cuándo se planteó la solicitud?

R.- Lo llevábamos pensando desde finales de año.

P.- Entonces, ¿no ha sido a raíz del anuncio de Santervás?

R.- Quiero desmentir que haya sido por eso. No obstante, apoyamos su candidatura si no salimos elegidos.

P.- ¿Por qué esperaron a última hora?

R.- Quisimos ver lo que se comentaba en el pueblo y qué decían los medios de comunicación, esperar a los pros y los contras e informarnos un poco más. Nos dejamos asesorar porque es un tema que para un pueblo como éste se queda grande.

P.- Pero no han contado con los vecinos...

R.- Sí, ellos se han enterado por la televisión o en el bar. No queríamos avisar a la prensa por evitar la repercusión mediática. Queríamos hacerlo en el anonimato. El problema es que saltó la noticia de Santervás y nosotros ya teníamos convocado el Pleno extraordinario desde el 27 de enero.

P.- ¿Cuentan con el apoyo de los vecinos?

R.- Bueno, algunos están a favor y otros en contra.

Un pueblo agrícola

>A cinco kilómetros de Santervás se sitúa Melgar de Arriba. Su censo asciende a 235 habitantes, pero los vecinos rondan los 150. A 99 kilómetros de Valladolid, la gran parte de los vecinos se dedica a la agricultura

EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS / Las reacciones
Barreda: «Han ido ofreciendo el oro y el moro a pueblos deprimidos»

Descalifica a Sebastián por actuar «como en los años 60»

RAÚL CONDE

Guadalajara

Acabado el plazo para presentar candidaturas al futuro almacén nuclear, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, explicó ayer su posición de combate en una batalla política que se prevé larga. La decisión sobre el emplazamiento del almacén temporal centralizado (ATC) se prolongará como mínimo hasta el verano, y Barreda admitió que hará todo lo que esté en su mano para impedir que esa instalación acabe en Castilla-La Mancha. «No lo queremos, no lo quiere la mayoría de nuestros ciudadanos y tenemos derecho a adoptar esta posición», enfatizó ayer tras reunirse con miembros de la Plataforma Anticementerio Nuclear de Guadalajara.

Barreda recordó que «cada comunidad tiene sus competencias y sus prioridades». «Hay cosas en las que tienes convicciones e ideas claras, y las defiendes. Aun con el riesgo de quedarte en minoría», dijo.

Aunque durante la rueda de prensa posterior a la reunión con la plataforma no se refirió expresamente al ministro de Industria, Miguel Sebastián, sí lo hizo por la mañana en declaraciones en Onda Cero, y después durante un almuerzo con la prensa local. Barreda criticó el procedimiento elegido por el Gobierno para impulsar el almacén nuclear, que, a su juicio, «ni ha sido transparente ni representativo, porque se ha hecho de espaldas a las autonomías».

«Con todo el respeto a Miguel Sebastián, esto no es como en los años 60, que se iba pueblo por pueblo prometiendo teleclub. Ahora hay que contar con las comunidades autónomas», proclamó Barreda.

El presidente castellano-manchego se mostró tajante en su diatriba contra el Ejecutivo: «Han ido ofreciendo el oro y el moro, una lluvia de millones a pueblos deprimidos que tienen necesidades. Y no es lógico que una decisión así dependa del pleno de un ayuntamiento al que asisten cuatro concejales».

Barreda quiso ayer dejar claro que va a pasar de las palabras a los hechos. Por un lado, apoyó las movilizaciones inminentes que va a convocar la Plataforma Anticementerio Nuclear en Guadalajara. Y, por otro, avanzó que las Cortes regionales votarán el próximo lunes una moción para fijar una posición política común en esta comunidad.

En paralelo, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego corroboró que los servicios jurídicos de la Junta «están estudiando con lupa» todos los pormenores del Pleno de Yebra en el que aprobó su candidatura al ATC. Esto incluye, según recalcó, «la posible incompatibilidad del alcalde por su relación con una empresa directamente ligada al proyecto». Sobre la candidatura que ayer aprobó Villar del Pozo, Barreda quiso descartarla «por estar muy cerca del aeropuerto de Ciudad Real».

EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS / Las reacciones
Herrera critica la 'rifa' y sugiere que está «teledirigida» a Ascó

Exige a Zapatero que arregle el «entuerto» del cierre de Garoña

Valladolid

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, reclamó ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que solucione el «entuerto» que provocó con el cierre de la central nuclear de Garoña ante la posibilidad de establecer en la región el almacén temporal centralizado (ATC). Se da la circunstancia de que la comunidad autónoma alberga a cuatro candidatos.

Tras recalcar el «respeto y comprensión a la autonomía municipal», manifestó su esperanza en que los pueblos que optan al ATC tengan más información sobre el proyecto que la que dispone la Junta de Castilla y León». Por este motivo, aseguró que el Gobierno regional que preside «no puede aceptar ni rechazar algo que desconoce». Y añadió: «¿Cómo explicaría yo a los ciudadanos que Castilla y León no es el lugar adecuado para mantener operativa una central que reunía las condiciones según los expertos y sí lo es para acoger esta instalación?».

Además, Herrera aprovechó su intervención para augurar que la concesión del ATC está «teledirigida» hacia uno de los primeros consistorios que se sumó a la puja, en una alusión indirecta al municipio tarraconense de Ascó.

En la misma línea se pronunció el alcalde de uno de los pueblos que se sumó ayer a la lista de candidatos. Juan José Rubio, primer edil de la localidad valenciana de Zarra, habló ayer de las «poquitas posibilidades» que tiene de ganar el concurso «porque ya existe un pacto que apunta hacia Ascó». «Para mí que está todo amasado y casi comido», sugirió y añadió una explicación un tanto peregrina: «Hay una serie de municipios agrupados en la Asociación de Municipios Afectados por las Centrales Nucleares y el alcalde de Ascó es hermano del gerente».

La localidad vallisoletana de Palazuelo de Vedija renunció a ser candidata después de que el PSOE recomendara a su alcalde, Salvador Fernández, retirarse de la puja porque «el bacalao está vendido» «Enresa ya se ha puesto en contacto con los municipios óptimos», dijo Fernández que le dijeron

EL VODEVIL DEL CEMENTERIO NUCLEAR
El alcalde de Valladolid carga contra Cospedal...

Valladolid

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva (PP), censuró ayer la falta de coherencia en materia de energía nuclear del presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, pero también de la secretaria general de su propia formación, María Dolores de Cospedal, y defendió la autonomía de los ayuntamientos para decidir si solicitan el almacén temporal centralizado de residuos radiactivos.

León de la Riva se mostró como ferviente defensor de la energía nuclear, por ser la «más limpia, la más segura y la menos peligrosa».

El primer edil de Valladolid afirmó que «no es de recibo decir sí a la energía nuclear pero no a un depósito de residuos radiactivos», incoherencia en la que han caído, según él, tanto Montilla como Cospedal, «que dice 'no' a que se ubique en Castilla-La Mancha pese a que el PP dice 'sí' a la energía nuclear».

EL VODEVIL DEL CEMENTERIO NUCLEAR
...el PP valenciano dice 'so' y 'arre' el mismo día...

A. GARCIA / C. TOLEDO

Valencia

La candidatura de Zarra (Valencia) a acoger el cementerio nuclear ha pillado al PP de la Comunidad Valenciana con el pie cambiado. Si por la mañana el vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, se acogía a la «autonomía municipal» para no vetar las aspiraciones de la localidad, por la tarde, el vicepresidente de la Diputación y uno de los máximos exponentes de la cúpula provincial del partido, Juan José Medina, fijó una posición radicalmente opuesta. Medina rectificó las palabras de Rambla e instó al alcalde de Zarra (de una formación independiente y expulsado del PSOE por un presunto delito urbanístico) a retirar la candidatura.

Las declaraciones del secretario de Organización del PP en la provincia de Valencia enlazan con la posición marcada previamente por la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que se ha negado a la candidatura de un municipio de Castilla-La Mancha, Yebra

EL VODEVIL DEL CEMENTERIO NUCLEAR
...y Castro (PSOE) pide que se deje atrás «la boina»

Madrid

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Pedro Castro, opinó ayer que hay que dejar atrás «la boina y la mochila», y aceptar que estamos en el siglo XXI y que España produce energía nuclear y unos residuos que almacenar, «como hacen todos los países».

Castro consideró que el proyecto del almacén temporal centralizado de residuos nucleares es «de interés del conjunto de España», por lo que instó a «buscar un acuerdo» entre administraciones.

A su juicio, no se debe «tener la sensación» de que el territorio donde se instale «ha perdido», sino que «ganan todos». «En algún sitio tiene que quedarse y, por lo tanto, no es una cuestión de perdedores, sino de ganadores, y el conjunto de los ciudadanos españoles tendremos que agradecer y tener la satisfacción de que prima el principio de solidaridad, la apuesta por el progreso de este país que se llama España», señaló