VARIOS:

MARISA CRUZ / Madrid

El abogado del Estado rechaza la primera demanda de objeción contra la EpC

Alega que, de admitirse, «mañana podría objetarse la asignatura de Ciencias Naturales»

La Abogacía del Estado ha remitido al Tribunal Constitucional sus alegaciones contrarias al primer recurso de objeción de conciencia contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) que llega al Alto Tribunal planteado por los padres de una niña que cursaba segundo de la ESO.

Los padres consiguieron que el Tribunal de Justicia de Castilla y León les reconociera el derecho a que a la niña no se le impartiera la citada asignatura, pero posteriormente el Tribunal Supremo anuló la sentencia. Ahora el caso llega al Constitucional y la Abogacía del Estado alega en contra de su admisión por entender que los padres pretenden vincular su libertad religiosa e ideológica con el derecho a objetar «a fin de lograr la dispensa para cursar una asignatura».

Así, advierte que «hoy se trata de objetar sobre Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y mañana podría objetarse la asignatura de Ciencias Naturales por la teoría de la evolución, incompatible con la letra del relato bíblico de la creación».

Este argumento encuentra su fundamento, según los servicios jurídicos, en el hecho de que los padres pretenden objetar contra la asignatura en su totalidad, impartida en educación primaria, secundaria y bachillerato -aun cuando la chica ya había pasado la educación primaria y no pensaba cursar el bachillerato- y, además, no contra un contenido específico de la misma.

Es por ello, que la Abogacía del Estado insiste en que «la obligatoriedad de la enseñanza básica abarca todo el currículo» y apunta que «la objeción de conciencia con carácter general, es decir, el derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar que lo estuviera en nuestro Derecho o en Derecho alguno, pues significaría la negación misma de la idea del Estado».

En otras palabras: la libertad de conciencia no faculta para dejar al albur de las propias convicciones el cumplimiento de deberes impuestos por una norma jurídica.

Según el abogado del Estado, «no cabría imaginar mayor inducción al más completo desorden público que dejar al real o pretendido criterio ideológico de sus destinatarios el cumplimiento de los deberes impuestos por la norma jurídica dictada por el legislador democrático».

Además, se destaca que el recurso de objeción de conciencia ha sido planteado por los padres de la niña «sin que se sepa si la hija comparte o no sus convicciones ideológicas». Se hace constar en este sentido que segundo curso de la ESO es impartido a chicos de 13 o 14 años que tienen «suficiente discernimiento». E insiste en que, «más que objeción de conciencia, debería hablarse de desobediencia a unas normas reglamentarias».

La Abogacía del Estado argumenta también que los padres no tienen el monopolio de la educación de sus hijos y responde al argumento que esgrimen éstos de que la citada asignatura se asienta en el «relativismo moral», afirmando que «la democracia no tiene que pedir perdón por ser un régimen esencialmente relativista, sanamente relativista».

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, dijo ayer que el archivo por parte de la Audiencia Provincial de cuatro de los cinco delitos fiscales entre 2000 y 2003 que pesaban sobre él por prescripción «es tanto como la absolución». Acusó al juzgado de Nules y a la Fiscalía: «No han hecho los deberes cuando deberían haberlos hecho». E incluso afirmó que «han dejado pasar el tiempo para que esto prescribiera».

DAVID VIGARIO / Mérida / Madrid

Madrid busca a la menor explotada para tutelarla

Esperanza Aguirre dice que lo más recomendable es acogerla «cuanto antes»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció ayer que los Servicios Sociales, en colaboración con el Grupo de Policía de Menores (Grume), está buscando a la menor del barrio de Salamanca de Madrid que fue retenida y explotada sexualmente durante tres meses en Arroyo de San Serván (Badajoz).

La decisión que han tomado las autoridades, según explicó Aguirre, es hacerse cargo de su tutela a petición del Ayuntamiento de Madrid, aunque de momento la búsqueda no ha dado sus frutos porque ni la niña (Helena, que cumplió 15 años en pleno cautiverio) ni sus padres (separados hace unos meses) aparecen en el hogar familiar.

Hasta en tres ocasiones en el último mes ha acudido a la vivienda, situada en la calle de Cartagena, el personal de la Consejería de Familia y Servicios Sociales sin resultado positivo.

Hay que recordar, en este sentido, que la menor, tras ser liberada por un policía local, fue trasladada por la Guardia Civil desde Extremadura a Madrid para entregarla a sus padres el pasado día 18 de diciembre. Los progenitores habían puesto en la Comisaría de Chamartín una denuncia por su desaparición el 3 de octubre.

Con anterioridad, y en el último año y medio, habían presentado otras 15 denuncias por parecidas circunstancias. En este sentido, en la decisión de quitar la tutela a sus padres pesa el hecho de que no era la primera vez que la niña se fugaba de casa antes de este último episodio. Incluso, la niña ya había pasado una temporada en el Centro de Acogida de Menores de Hortaleza.

En este sentido, según explicó Aguirre, el pasado día 7, «los Servicios Sociales del Ayuntamiento se dirigieron a la Comunidad de Madrid para que asumiera la tutela de la menor» debido a que «la situación familiar [de la niña] lo hacía recomendable», informa Europa Press.

La presidenta regional informó de que, tres días después, se reunió la Comisión de Tutela «y acordó asumirla». Ahora se ha dado un paso más y se ha pedido una orden judicial para que la Grume pueda entrar en el hogar, y así poder asumir su tutela «cuanto antes».

Por otra parte, ayer fue detenido otro ciudadano rumano como coautor de la retención ilegal de la menor. En la actualidad, cinco de los siete rumanos detenidos anteriormente por el caso se encuentran en la cárcel de Badajoz, acusados de corrupción de menores, explotación sexual, detención ilegal y secuestro. Los otros están en libertad con cargos, al igual que los cuatro vecinos del pueblo acusados (otro más, ex concejal de IU, se suicidó al conocerse su implicación) de abusos de menores y agresión sexual, entre ellos el juez de paz del pueblo.

También han prestado declaración otros dos vecinos de la localidad, pero en calidad de testigos.

Además, el día de Nochebuena, Pedro José Torrado, el policía local que se convirtió en héroe al liberar a la niña por iniciativa propia, fue detenido por la Guardia Civil y acusado, tras conceder varias entrevistas a los medios de comunicación, de «infidelidad en custodia de documentos por funcionario». Luego fue puesto en libertad con cargos.

El caso ha seguido creciendo también a nivel popular. Anteayer, unas 2.000 personas se manifestaron en el centro de Arroyo de San Serván en solidaridad con el policía local que fue detenido en Nochebuena y como protesta contra determinados medios de comunicación, que, consideran, están dando una imagen distorsionada del pueblo.

ANA ROMERO / Madrid

Los diplomáticos rusos expulsados robaron documentos de Exteriores

Una filtración obligó a Moscú a romper el acuerdo con Madrid de limitar el daño

La historia parece sacada de una novela de John Le Carré o de los tiempos lejanos de la Guerra Fría. Pero ocurrió en Madrid, y ha permitido a la ministra Trinidad Jiménez pasar de puntillas por encima de lo que podía haber sido una crisis diplomática que hubiera dado al traste con un ambicioso proyecto personal del presidente José Luis Rodríguez Zapatero: el Año Dual de España y Rusia, que se celebra a partir de la semana que viene. Para el feliz desenlace, se ha sentido de nuevo la mano experta en política exterior de La Moncloa.

A principios de otoño, cuando todavía era ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, los servicios secretos españoles descubrieron que dos diplomáticos rusos adscritos a la Embajada de Madrid se dedicaban a hacer cosas impropias de su cargo: robar documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Gracias al cambio de la matrícula de un coche, los agentes españoles lograron descubrir a los diplomáticos-espías.

En noviembre, Jiménez, siendo ya ministra, firmó la orden de expulsión de los dos supuestos diplomáticos. Los gobiernos de Moscú y de Madrid decidieron mantener en secreto la expulsión para «preservar el buen nivel de la relación bilateral», según fuentes diplomáticas. Sobre todo, el citado Año Dual España-Rusia. Y, a corto plazo, el viaje de la ministra Jiménez a Moscú el 17 de enero para presentar el evento en cuestión.

Así, Moscú se comprometió con Madrid en no aplicar el librillo diplomático y responder a la expulsión de los suyos con otra de españoles. Pasó el mes de noviembre, y todo iba en orden.

Jiménez, irritada

Sin embargo, el pasado viernes 10 de diciembre, el diario La Razón publicó una breve nota narrando la expulsión de los dos diplomáticos-espías rusos. El acuerdo se fue al traste. Moscú tuvo que salvar la cara y hacer lo habitual en estos casos: responder expulsando a dos diplomáticos españoles.

El lunes 13 de diciembre se comunicó a la Embajada de España en Moscú el nombre de las víctimas: Ignacio Cartagena y Borja Bretón-Cortés, dos de los cinco diplomáticos que conforman la legación española en la capital rusa. Los rusos con mala conciencia dieron un tiempo prudencial a los elegidos (normalmente las expulsiones recíprocas son inmediatas). Cartagena y Bretón-Cortés (ambos con rango de secretarios de embajada) salieron el Día de Nochebuena. Atrás dejaron casa y coche, y un puesto sin completar con apenas dos años cumplidos de los cuatro habituales.

La ministra reaccionó con irritación y sopesó cancelar de su viaje dentro de tres semanas, según fuentes diplomáticas. La Moncloa intervino con una consigna: business as usual (aquí no ha pasado nada). Jiménez se tragó el «ataque de gallardía española», según fuentes diplomáticas, y siguió un camino bien distinto al de su homólogo británico William Hague, quien la semana pasada anunció en el Parlamento la expulsión de un diplomático ruso.

Este martes, Día de los Inocentes, se produjo una segunda filtración. Esta vez, al diario El País, que informó de la expulsión de los españoles. En esta ocasión, la filtración fue beneficiosa para el Gobierno. «Si se hubiera sabido durante la visita de la ministra a Moscú, habría sido un desastre para ella. Lo mejor que ha podido pasar es que se sepa ahora», señalan fuentes diplomáticas.

Y ayer, el último capítulo de esta historia de espías y filtraciones: de forma oral, Exteriores informó ayer a quien lo solicitara que España «invitó a salir» a dos diplomáticos rusos «por organizar actividades incompetentes con su estatus». También que Rusia actuó «en reciprocidad» al expulsar a los españoles. Finalmente, se habla de «incidente superado» que no afecta «en absoluto» al Año Dual.

El embajador de Rusia en España, Alexander Kuznetsov, respondió con un «sin comentarios» a este diario.

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Ana Romero sobre la crisis diplomática.