TONTERÍAS DEL BACHILLER PEPIÑO: Primer paso para meter a los controladores en la cárcel

MARISA RECUERO / Madrid

Primer paso para meter a los controladores en la cárcel

La Fiscalía del Gobierno comunica a los juzgados que 175 han podido cometer un delito de sedición castigado con ocho años de prisión

Con la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea como referencia -una norma preconstitucional para sorpresa de muchos-, el fiscal acusa a los controladores de un presunto delito contra el tráfico aéreo, contemplado en el artículo 20 de esta ley. «Serán castigados con la pena de prisión menor, como reos de sedición, los tripulantes, pasajeros, empleados o personas que en aeropuertos o aeronaves se alzasen colectivamente», apunta la norma.

Es más, «si el hecho se comete con la intención de interrumpir la navegación o de variar la ruta [de los aviones]», la pena de prisión será mayor. Dicho de otra manera, los sediciosos podrán ser castigados con penas de entre tres y ocho años de cárcel, consideradas penas graves por la ley de navegación.

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, no dudó ayer al advertir de que la Fiscalía «intervendrá en las diligencias con todas las consecuencias». Incluso señaló que no es «descabellado» que los acusados respondan con sus bienes y dejó claro que nada más recaiga la denuncia en un juzgado concreto, pedirá que su titular tome declaración como imputados a los controladores que se negaron a declarar ante el fiscal.

Hace dos semanas, algunos de los controladores que se ausentaron de su puesto de trabajo fueron llamados por el fiscal para rendir cuentas, pero se negaron a declarar reclamando un tribunal militar por estar militarizados y bajo el control del Ministerio de Defensa.

Aún hay 267 controladores distribuidos por el resto de aeropuertos españoles que también cometieron, presuntamente, el mismo delito del que el fiscal madrileño acusa a los trabajadores de Madrid. No obstante, no hay denuncias.

La acusación del fiscal se produce cuando España se encuentra aún en estado de alarma, prorrogado por el Congreso de los Diputados hasta el próximo 15 de enero, y en medio de la negociación del segundo convenio colectivo del sector.

Precisamente, el Ministerio de Fomento prepara un laudo arbitral de obligado cumplimiento para llevarlo al Consejo de Ministros del próximo 14 de enero, en caso de que la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) y Aena no lleguen a un acuerdo para nombrar a un árbitro antes del día 12, según confirmaron a este diario fuentes cercanas al conflicto.

Aunque con retraso, el Gobierno acertó y decidió, por fin, recurrir al artículo 25 del Real Decreto-Ley 17/1977 sobre Relaciones Laborales para resolver el conflicto con este colectivo. Esta norma establece que «si las partes no llegaran a un acuerdo, ni designaren uno o varios árbitros, la autoridad laboral procederá [...] y dictará laudo de obligado cumplimiento resolviendo sobre las cuestiones planteadas».

La amenaza de presentar este laudo ya se produjo el pasado mes de agosto, cuando el sindicato advirtió de una posible convocatoria de huelga. Sin embargo, el Gobierno prefirió alargar el conflicto, dejando que los trabajadores se rebelasen. Ahora quiere zanjarlo.

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Los controladores aéreos pueden pagar con la cárcel su ira. Y ya no son sólo palabras; desde ayer, es un hecho. La Fiscalía de Madrid dio el primer paso para que los responsables del cierre del espacio aéreo español los pasados días 3 y 4 de diciembre rindan cuentas ante la Justicia. El Ministerio Público remitió al Decanato de los Juzgados de Primera Instancia de Madrid una denuncia contra los 175 controladores que se ausentaron de su puesto de trabajo en el centro de control de Torrejón de Ardoz y en la torre del aeropuerto de Madrid-Barajas los días de la huelga salvaje. Con la ley en la mano, el fiscal acusa a los controladores de presuntos delitos de sedición.

P&R M. R. / Madrid

¿Cómo resolver el conflicto?

El futuro laboral de los controladores aéreos españoles sólo tiene dos caminos. Uno, llegar a un acuerdo voluntario con Aena para cerrar antes de 14 días un convenio colectivo. O dos, resignarse a la imposición de un laudo de obligado cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo.

¿Qué es un laudo arbitral?

Es la resolución que una persona, o personas, calificadas con el nombre de árbitro, dan a un conflicto entre dos o más partes.

¿Qué implica un laudo de obligado cumplimiento?

La autoridad laboral competente está autorizada, por ley, a dictar una resolución que ponga fin al conflicto en caso de que las partes no encontrasen ni siquiera un árbitro que dirima sus discrepancias en la negociación. El laudo obligatorio tiene fuerza ejecutiva inmediata y debe ser aprobado por el Consejo de Ministros.

¿Qué están negociando la Unión Sindical de Controladores Aéreos y Aena en este momento?

Sobre la mesa hay tres frentes abiertos. Primero, la redacción de una propuesta consensuada del segundo convenio colectivo del sector. Segundo, la búsqueda de un árbitro que ponga paz a las discrepancias que puedan surgir entre el sindicato y la empresa a la hora de negociar el convenio. Y tercero, redactar los principales asuntos laborales que se incluirán en el laudo de obligado cumplimiento que prepara el Gobierno.

¿Por qué el Gobierno limitó al periodo del estado de alarma la búsqueda de un árbitro?

La situación de alarma permite al Ejecutivo usar la ley para alegar que los aeropuertos están paralizados porque no se garantiza su mantenimiento y funcionamiento, y presionar así a los controladores para que acaten una decisión respaldada, presuntamente, por el marco normativo legal.

¿Se puede negociar un convenio colectivo en pleno estado de alarma?

El pasado 5 de diciembre, el ministro de Fomento, José Blanco, advirtió de que, mientras durase esta situación, no se podían seguir negociando las condiciones laborales del colectivo. Apenas 12 días después, el Gobierno dio un giro a sus argumentos y precisó que la negociación era posible, pero siempre que no se hiciese en los centros de trabajo. Un informe jurídico apuntó al Ministerio que el estado de alarma sólo estaba decretado en las torres y centros de control, no fuera de ellos.

¿Por qué está bloqueada la negociación?

El sindicato y Aena no se ponen de acuerdo en las condiciones laborales de los controladores que no están operativos. Además, siguen sin llegar a una solución en relación a la jornada de trabajo.

MARISA RECUERO / Madrid

Aena apartará de las torres al 35% de la plantilla

Reubicará a 840 controladores antes de 2013, tras liberalizar el servicio

«La reforma estructural de la navegación aérea no se va a parar» pese a la pataleta de los controladores. Dicho y hecho. El ministro de Fomento, José Blanco, cumplió ayer el compromiso que adquirió hace apenas dos semanas en el Congreso, y puso en marcha el proceso de privatización de las torres de control de los aeropuertos. O lo que es lo mismo, comenzó a deshacerse de controladores con el objetivo de apartar de las torres al 35% de la plantilla en dos años.

Para ello, entre 2011 y 2012, Aena sacará a concurso público la prestación de los servicios de control de tránsito aéreo de 33 torres de las 47 de que dispone. En total, 840 controladores de los 2.416 que componen el colectivo, según los datos facilitados por la empresa. Las torres restantes son propiedad del Ministerio de Defensa -ocho, en concreto- o están controladas por un sistema de información de vuelo (Afis). En este caso, seis torres.

A través de una orden ministerial, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado, Fomento fijó los primeros 13 aeropuertos cuyas torres saldrán a concurso público de manera inmediata y agrupados en tres lotes, en función de criterios geográficos. Primero, Alicante, Valencia, Ibiza y Sabadell. Segundo, Sevilla, Jerez, Vigo, La Coruña, Melilla y Cuatro Vientos. Y tercero, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Las torres de todos ellos pasarán a manos privadas antes de que termine el año próximo.

Los 840 controladores tendrán tres opciones. Una, aceptar las condiciones laborales de la nueva empresa. Dos, acatar su traslado a otra torre o centro de control, con la consiguiente habilitación. Y tres, rescindir su contrato con Aena.

Aunque la empresa no facilitó la cifra total de ahorro que le supondrá la privatización de estas torres, lo que sí reconoció fue que los costes pueden reducirse en un 50%. El coste medio de un controlador en España, en 2010, fue de 200.000 euros. En Reino Unido, esa cifra es de 110.000 euros y en Francia, de 90.000.

La torre del aeropuerto de El Hierro es la única que está privatizada hasta el momento. En este caso, los costes son de apenas 40.000 euros, siendo la empresa Ineco, dependiente del Ministerio de Fomento, la encargada de prestar los servicios de control aéreo.

Ya hay seis empresas interesadas en gestionar las primeras 13 torres. Se trata de Saerco, Clece (ACS), Ferroser (Ferrovial), Gesnaer, Navsa (FCC) y Tower ATS (Indra). Las únicas condiciones para acceder a la convocatoria son disponer de experiencia como proveedor de servicio de tránsito aéreo y tener controladores con la licencia en vigor. Las empresas adjudicatarias podrán imponer su propio personal o contratar al de Aena.

España rompe así el monopolio de los controladores y homologa su mapa aéreo con el del resto de los países europeos. Así, Suecia y Alemania tienen ya privatizada una parte de los servicios de navegación aérea, sobre todo las torres. En el caso de Reino Unido y Dinamarca, la liberalización engloba tanto las torres como los centros de control. En España, las empresas adjudicatarias sólo se encargarán de controlar los despegues y aterrizajes de los aviones. Las aproximaciones y la ruta seguirán bajo control de Aena.

Blanco prepara así el mapa aéreo de cara al nuevo cielo único europeo, que entrará en vigor en 2013 y reducirá plantilla.

Una empresa hecha por los trabajadores

«Los controladores tienen toda la información sobre el proceso, hasta el punto de que han manifestado que iban a constituir una empresa para presentarse al concurso». Así lo aseguró Aena, que no dudó en advertir, con cierta ironía, de que, por tanto, «los controladores no perderán su empleo». Fuentes cercanas a la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) confirmaron que el colectivo barajó crear una empresa para entrar en el concurso de las torres. No obstante, aún no hay ninguna sociedad hecha por controladores que haya pujado para gestionar una torre.