PSC Y CIU ACUERDAN DINAMITAR EL ORDENAMIENTO LEGAL
DANIEL G. SASTRE / LEONOR MAYOR Barcelona
CiU y PSC pactan incumplir la sentencia sobre el español
Las sentencias, que instan a la Generalitat a «adaptar su sistema de enseñanza» a esa premisa, no podían llegar en peor momento para CiU: Artur Mas se convertirá hoy en president -gracias a la abstención del PSC- y ya tiene el primer escollo encima de la mesa.
Ante esta situación, los nacionalistas optaron por una estrategia en dos direcciones: por un lado, quitaron hierro a esos fallos aduciendo que «no ponen en cuestión» la inmersión lingüística, obviando párrafos enteros de las sentencias. Por otro, sostuvieron que el Supremo no tiene «jurisdicción para anular normas de rango estatal y autonómico», y que «no puede invalidar» la preeminencia del catalán.
Las sentencias del Supremo, que EL MUNDO adelantó el martes, son las primeras que se fundamentan en el fallo del Constitucional sobre el Estatuto. Y a él se refirió el presidente del grupo parlamentario de CiU en la Cámara catalana, Oriol Pujol, cuando dijo que, aunque era «duro» en términos generales, «en ningún caso declaraba inconstitucional ningún precepto relacionado con la inmersión lingüística».
Con el tono conciliador que emplea desde que ganó las elecciones, CiU sostuvo que la inmersión es un modelo que el TC ya ratificó en 1994, con una sentencia interpretativa que lo consideraba «completamente legítimo». Además, el fallo sobre el Estatut, recordó Pujol, admitía que el catalán fuera «el centro de gravedad» del sistema lingüístico en la comunidad.
Según Pujol, las nuevas sentencias del Supremo tampoco «cuestionan» la inmersión lingüística. «Son dos o tres casos de un total de 1,1 millones de alumnos en las aulas», afirmó, en referencia a las tres familias que denunciaron el modelo y a quienes ahora el tribunal ha dado la razón. Pujol dijo que CiU «no renunciará» a la inmersión y que, en todo caso, «examinará un posible funcionamiento deficiente» en los centros educativos afectados por las sentencias, radicados en Barcelona, Tarragona y Sabadell.
Tampoco el PSC quiso ver en las decisiones del Supremo el fin de la inmersión lingüística. La portavoz adjunta de los socialistas, Laia Bonet, restó importancia a los fallos y afirmó que no ponen en entredicho el modelo, «pues sólo se pronuncian sobre tres situaciones puntuales en tres centros».
«No se pueden derivar conclusiones generales sobre el sistema educativo catalán», dijo Bonet, convencida de que estas sentencias sólo son de aplicación para los tres padres que recurrieron y no para todas las escuelas de Cataluña. «El modelo de inmersión ha funcionado correctamente y ha asegurado la cohesión social en Cataluña», afirmó.
En cambio, el secretario general de ERC, Joan Ridao, hizo un llamamiento a todos los partidos para «blindar el modelo lingüístico» en las escuelas catalanas. Ridao reconoció que no hay soluciones jurídicas a las sentencias, puesto que contra ellas no cabe recurso, al haber sido dictadas por la instancia superior, e invitó a todo el arco parlamentario a buscar «una solución política».
Quizá porque es nuevo en política y todavía no maneja lo de las ambigüedades, o quizá porque es un jurista de amplia trayectoria, el diputado de Solidaritat per la Independència Alfons López Tena fue el más claro al explicar la situación. Aseguró que las sentencias anulan el modelo de inmersión lingüística y explicó que son firmes y, por tanto, no pueden recurrirse.
Relató que, en consecuencia, el nuevo Govern tiene dos opciones: acatar o desacatar la sentencia. «Desacatarla es un delito», subrayó, por lo que llamó a que Cataluña sea independiente «y pueda tener su propia legalidad». «La sentencia existe y tiene consecuencias. La inmersión lingüística ha acabado», resumió el diputado del partido de Laporta.
Más allá de la decisión de blindar la inmersión lingüística en catalán, el acuerdo de investidura alcanzado ayer entre CiU y el PSC incluye también pactos en materia de lucha contra la crisis -como la simplificación de los trámites administrativos para la creación de empresas-, mantener la plantilla de profesores, médicos y mossos, o impulsar la creación de una Ley Electoral de Cataluña, que en la legislatura pasada volvió a quedarse en el tintero.
El PP y Esquerra también mantuvieron ayer encuentros con CiU, pero ambas formaciones se plantean votar hoy en contra de la investidura de Mas tras conocer el acuerdo que éste ha sellado con los socialistas. El PP se muestra dispuesto a hacer «una oposición real», aunque no descarta secundar a CiU en alguna propuesta económica. Esquerra denuncia que CiU rechazó una propuesta para concretar el concierto económico realizada por los independentistas, pese a que éste fue el tema estrella de la campaña de Mas.
CiU y el PSC hicieron ayer oídos sordos a las sentencias del Supremo que obligan a que catalán y castellano tengan idéntica presencia en las escuelas. Ambas formaciones sellaron un pacto que servirá para facilitar la investidura de Artur Mas como nuevo president. El acuerdo implica «preservar el modelo educativo catalán definido en el Pacto Nacional de Educación, la Ley de Educación de Cataluña y el modelo lingüístico de la escuela catalana». Así, los socialistas secundan a los nacionalistas en la idea de mantener el actual sistema de inmersión lingüística que implica que todas las asignaturas en la enseñanza obligatoria se impartan en catalán, excepto las tres horas semanales de lengua extranjera y las dos de castellano. Sigue en página 4
Editorial en página 3
LEONOR MAYOR / Barcelona
El PP propondrá una ley de bilingüismo en las aulas
Como ya avanzó Alicia Sánchez-Camacho durante el debate de investidura, los populares presentarán durante la legislatura que ahora se inicia en el Parlamento catalán un proyecto de ley educativo en el que se equiparen las dos lenguas oficiales en la comunidad. Ciutadans, por su parte, llevará al nuevo Govern ante los tribunales en el caso de que el castellano y el catalán no convivan con normalidad en la escuela.
Son las primeras reacciones a las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y que hacen una nueva muesca en una batalla vieja.
El PP catalán celebró ayer los pronunciamientos del TS. El portavoz de los populares en el Parlament, Enric Millo, aseguró que estos fallos «vienen a ratificar las tesis del PP» y añadió que su partido exigirá su cumplimiento.
Ayer fue también un gran día para Ciutadans, un partido que nació de la reivindicación lingüística y que se ha pasado los últimos cuatro años en el Parlament reclamando la equiparación del catalán y el castellano en las escuelas: «La inmersión obligatoria ha muerto y debe empezar el modelo de convivencia lingüística», manifestó Albert Rivera, presidente de la formación no nacionalista.
Ciutadans ya tiene en sus manos la sentencia que quería, pero sabe que la decisión del Tribunal Supremo puede convertirse en papel mojado si la Generalitat no la lleva a la práctica. Por eso, Rivera amenazó con «solicitar la inhabilitación de Mas como presidente de la Generalitat por insumisión» si su Govern no acata el fallo emitido por el Alto Tribunal.
«Desacatar una sentencia judicial por parte de un cargo público es un delito, según el Código Penal», indicó Rivera en un comunicado. El líder de Ciutadans insistió en que, «si Mas no se compromete a planificar el siguiente curso escolar cumpliendo las sentencias del Tribunal Supremo, Ciutadans llevará a su Gobierno a los tribunales hasta que se visualice el bilingüismo en las escuelas de Cataluña».
Lo que el partido no nacionalista propone es que los estudiantes de educación obligatoria reciban un 40% de las clases en catalán, otro tanto en castellano y el 20% restante en inglés. Lo que casaría con las tres sentencias dictadas ayer, que imponen un «equilibrio» entre el catalán y el español en los colegios de Cataluña.
Este modelo propuesto por Ciutadans contrasta con la inmersión lingüística que actualmente opera en esta comunidad y que supone que todas las clases de Primaria se impartan en catalán, por ser ésta la lengua vehicular, excepto las tres horas semanales de idioma extranjero y las dos de castellano. Ahora, con estas sentencias, dictadas en aplicación de la reciente resolución del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, el castellano «también es lengua vehicular» en la educación en Cataluña.
José Domingo, ex diputado de Ciutadans y promotor de Impulso Ciudadano, intercedió también ayer en el debate generado por las sentencias y explicó que éstas tendrán incidencia en otras leyes y normativas aprobadas por el tripartito durante su mandato, que ahora finaliza.
Se refirió concretamente al decreto de Dirección de Centros Educativos, una normativa que establece que el catalán, además de lengua prioritaria de estudio, sea también el idioma de comunicación dentro de los centros escolares y entre los docentes y los padres de los alumnos.
Las sentencias del Supremo vienen a incidir también en esta normativa, ya que los citados fallos establecen que los padres tienen derecho a recibir las comunicaciones que les envíen las escuelas también en castellano.
Domingo, que recurrió este decreto de Dirección de Centros Educativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, asegura que, ahora, a la vista de la jurisprudencia del Supremo, los jueces catalanes tendrán que dictar un auto para que se suspenda la eficacia de lo previsto en dicho decreto. El ex diputado de Ciutadans concluye que, con las resoluciones, «hay que dar por finiquitado el modelo de inmersión lingüística obligatoria».
O. R. SANMARTÍN / Madrid
«Provoca segregación pura y dura»
Roser Font, secretaria general de la Federación de Enseñanza de UGT de Cataluña, consideró que son «una agresión a los derechos lingüísticos de Cataluña» que van a «provocar segregación pura y dura por razón de lengua» dentro de los centros educativos. El sindicato sostiene que la decisión producirá «una conflictividad social» que «antes no existía».
En la misma línea se pronunció Vicent Tirado, responsable de Política Educativa de CCOO de Cataluña, que vaticinó que el fallo va a «romper el equilibrio y la convivencia a los que se llegó» entre «la mayoría» de las organizaciones políticas, sociales y económicas de esta comunidad autónoma.
Tirado defendió que el modelo de inmersión lingüística que actualmente se sigue en Cataluña «contribuye a la cohesión social y a la igualdad de oportunidades».
Los dos aseguraron que el nivel de conocimientos del castellano que se obtiene en Cataluña es similar al que tienen los alumnos del resto de España. «Al acabar la enseñanza se dominan las dos lenguas», sostuvo Tirado.
CCOO y UGT mostraron ayer su oposición a las sentencias del Supremo que ordenan que el castellano sea, junto al catalán, lengua vehicular.
El TS rechaza la «exclusión de hecho» del castellano como vehicular en Cataluña
El Tribunal Supremo ha estimado con esta doctrina los recursos de tres padres cuyos hijos estudian en centros educativos de Cataluña financiados con fondos públicos y en los que la lengua vehicular es sólo el catalán.
El Supremo, tal como adelantó EL MUNDO el martes, declara el derecho de los recurrentes «a que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo de la comunidad autónoma de Cataluña».
De acuerdo con el fallo, la Generalitat «deberá» adoptar «cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza» a la introducción del castellano también como lengua vehicular.
El Tribunal declara, asimismo, el derecho de los recurrentes a recibir en castellano las comunicaciones del centro escolar.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo hizo públicas ayer las tres sentencias relativas a los recursos promovidos por padres de alumnos que cursan estudios de enseñanza primaria y secundaria en el centro Sil y en la Escola del Carme, de Barcelona; en el colegio La Salle, de Tarragona, y en el centro Sant Josep de Calassanç-Escolàpies de Sabadell. La primera resolución tiene como ponente al magistrado Santiago Martínez-Vares y las otras dos, con ponencia de la magistrada Celsa Picó, acogen la doctrina de la primera.
Las sentencias se apoyan en la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Destacan, en particular, la declaración del TC de que «el catalán debe ser lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña».
Basándose en la doctrina del TC y en el resultado de las pruebas incorporadas al expediente administrativo, el Supremo revoca las sentencias en las que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechazó la pretensión de los padres de que el castellano fuera «reintroducido» como lengua vehicular de la enseñanza «de forma proporcional y equitativa» respecto al catalán.
El Alto Tribunal afirma que el TSJC «erró» al afirmar que el castellano «no ha sido excluido en la práctica» como lengua de aprendizaje.
«Ello no es cierto», dice el Supremo, que se apoya en la propia contestación que la Consejería de Educación dio a los padres demandantes. La Administración catalana indicó que, «de acuerdo con la Ley de Política Lingüística, la lengua vehicular en la enseñanza no universitaria es el catalán».
La Sala se apoya, en segundo lugar, en los informes elaborados por la inspección educativa en relación a los hijos de los recurrentes. En ellos «se niega categóricamente que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza». Los informes indicaron, igualmente, que la primera enseñanza (educación infantil y el primer ciclo de la enseñanza primaria) «no se imparte en la lengua materna, sino que se utiliza el sistema de atención individualizada en lengua castellana, que es algo bien distinto del derecho a recibir esa educación en su lengua habitual».
En el expediente consta también que alguno de los centros concernidos, como la Escola del Carme, publicitaba en su proyecto educativo que «garantizamos que la lengua catalana es la lengua vehicular de enseñanza y de la comunicación de nuestra escuela».
En tercer término, el Supremo se basa en los decretos catalanes que regulan la ordenación de las enseñanzas. Todos ellos «afirman que la lengua vehicular es el catalán, de modo que el conocimiento del castellano se realiza como materia de estudio y no como lengua vehicular».
De todo ello, el Tribunal concluye que «en contra de la doctrina del TC, esa exclusión de hecho del castellano como lengua vehicular pervierte el modelo lingüístico establecido en la Constitución de conjunción lingüística o de bilingüismo integral, de modo que se implanta un modelo de inmersión lingüística contrario al espíritu y a la letra de la Constitución».
El Supremo considera «inobjetable» que en su día se estableciera una política lingüística tendente a la normalización del catalán como lengua propia y afirma que esa política «ha dado sus frutos y conseguido sus objetivos legítimos». Basa esta afirmación en los estudios del propio Instituto de Estadística de Cataluña, que permiten constatar el «altísimo» nivel de conocimiento y uso del catalán.
Ello hace que «no pueda aceptarse la exclusividad en estos momentos del catalán como lengua única vehicular en la enseñanza». La política de normalización «no puede ir más allá hasta el punto de negar la realidad de la convivencia armónica de ambas lenguas cooficiales en Cataluña, intentando ignorar el deber constitucional de todos los españoles de conocer el castellano y el correlativo derecho a usarlo».
A este respecto, subraya que sería contrario a la Constitución «reducir el castellano a una materia docente más del currículo de las diferentes etapas educativas obligatorias y privarle de su condición de lengua vehicular junto con el catalán».
El Tribunal Supremo ordena a la Generalitat que adapte el sistema educativo «en la proporción que proceda dado el estado de normalización lingüística alcanzado por la sociedad catalana, de modo que el castellano no quede reducido en su uso al de objeto de estudio de una asignatura más, sino que se haga efectiva su utilización como lengua docente y vehicular en la enseñanza».
Las sentencias no determinan en qué proporción debe introducirse el castellano como lengua de aprendizaje, lo que corresponde determinar a la Generalitat. Puede ser «en la misma proporción» que el catalán si se cree que la normalización lingüística se ha conseguido o «en una proporción razonable» si se considera que sigue habiendo déficit de catalán. Pero, en este último supuesto, el Tribunal precisa que el trato diferenciado del catalán debe establecerse «en una proporción razonable que no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia en la obligada utilización del castellano como lengua vehicular».
El CGPJ: «Crea jurisprudencia»
> La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, recordó ayer que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la fijación del castellano como lengua vehicular en los centros docentes vincula al resto de tribunales españoles, por lo que «cualquier ciudadano» que considere que sus derechos a este respecto se han visto vulnerados «puede invocar» la sentencia del alto tribunal.
> «No podemos olvidar que las sentencias del Tribunal Supremo crean jurisprudencia, que vincula al resto de tribunales de nuestro país», dijo.
> De este modo, consideró que el Supremo garantiza en las sentencias «el conocimiento y la educación en los dos idiomas que coexisten en una misma comunidad autónoma de forma equitativa».
posted by e-pesimo | 10:31
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