PARTIDOS: Un sondeo da al PP el triunfo en Aragón

MARISA CRUZ / Madrid
Zapatero pide cinco años de pactos para mejorar la productividad
Rodríguez Zapatero quiso imprimir solemnidad y seriedad a sus palabras cuando apeló a la «responsabilidad colectiva» para afrontar los próximos cinco años que, dijo, «serán decisivos para la prosperidad y bienestar de España».
«Llevamos», afirmó, «dos años de lucha contra la crisis, haciendo reformas o proyectándolas hacia el futuro, pero necesitaremos aún cinco años para corregir los desequilibrios estructurales de la economía. Y no es», añadió, «una tarea sólo de un Gobierno, tenga el color político que tenga; es una tarea colectiva».
Por ello, reclamó «una óptica que permita sumar esfuerzos y llegar a acuerdos» con el «hilo conductor» que es Europa y el euro.
Después, se refirió, como segundo ámbito en el que son necesarios «grandes acuerdos», a la reforma de las «instituciones laborales» que han demostrado, dijo, «una rigidez crónica en nuestro país» traduciéndose en una fuerte caída del empleo cuando hay crisis y en una tasa de temporalidad que sólo puede definirse como una «patología».
También mencionó la necesidad de alcanzar un pacto en el sector energético para rebajar los costes de la electricidad que soportan las empresas, que son muy superiores a los del resto de países del entorno, y reclamó espíritu de acuerdo para fortalecer el Estado del bienestar, reducir cargas administrativas y fortalecer la cooperación autonómica con el objetivo último de impulsar la actividad.
Para Zapatero, el principal problema que compendia todos los desequilibrios económicos de España es la falta de productividad y para superar esa brecha resultan imprescindibles todas las reformas citadas. Para sostener su afirmación señaló que en los últimos 15 años la media de crecimiento de la productividad española ha sido de un 0,6%, frente al 1,7 de la UE y el 2,2 de EEUU. «Éste es», recalcó, «un problema de país, un problema de todos» y por ello «merece la pena que profundicemos en la búsqueda de puntos de encuentro».
La respuesta que dio Rajoy a las demandas del presidente no decepcionó. Es más, resultó tan inesperada que muchos socialistas expresaron en los pasillos de la Cámara su desconfianza ante la actitud colaboradora del líder del PP.
Rajoy se estrenó declarando «con absoluta nitidez y del modo más rotundo» su compromiso con la estabilidad financiera de la zona euro y asegurando su voluntad de «contribuir a que las cosas se enderecen y a que España deje de ser percibida como una amenaza a la estabilidad».
En este sentido, aseguró estar convencido de que es necesario aplicar con rigor normas de disciplina fiscal y poner en marcha reformas para reducir costes y mejorar la productividad. En su opinión, «flexibilidad y crecimiento» son las «únicas recetas posibles» y ahí lamentó que «hasta ahora» éste no haya sido «el lenguaje del Gobierno».
Y finalizó citando la antigüedad clásica cuando los griegos «aficionados a enzarzarse en disputas sin fin» dejaban de lado sus querellas para celebrar los juegos en Olimpia. «Con ello», dijo, «quiero hacer hincapié mucho más en lo que nos une, que es mucho, que en lo que nos separa, que es bastante: poner en valor nuestra adhesión conjunta al euro por encima de las políticas que preconizamos unos y otros. He ofrecido apoyos y solicitado consensos y espero que sean bien recibidos».
Las buenas intenciones y la cordura política irrumpieron en el Parlamento en la última sesión del año. Zapatero y Rajoy coquetearon con el consenso como si acabaran de descubrir que la senda de los pactos es probablemente la única para salir de la crisis. El presidente planteó cinco años de grandes acuerdos para lograr elevar la productividad y el líder del PP lo acogió de buen grado.Sigue en página 8
C. SEGOVIA / Madrid
«Alemania congeló tres años las pensiones y ahora es fuerte»
«Estamos perfectamente en condiciones de poner encima de la mesa las reformas que ha hecho Alemania desde el año 2000», advirtió ayer el presidente del Gobierno al portavoz de Esquerra, Joan Ridao. Zapatero se mostró dispuesto a imitar la llamada Agenda 2010 lanzada en 2003 por el entonces canciller socialdemócrata, Gerhard Schröder, pese a que incluye medidas impopulares. «Fue una agenda de reformas con reducción de gasto social y de derechos sociales muy notable, porque querían mantener lo sustancial del Estado del bienestar», describió Zapatero presentándola como un modelo a seguir. Destacó especialmente su ajuste en el sistema de pensiones. «En Alemania congelaron las pensiones durante tres años seguidos, en una crisis mucho menor que la que tenemos. Ahora Alemania es fuerte, robusta, es el ejemplo», afirmó. Zapatero sólo ha aprobado hasta ahora la congelación durante 2011 del grueso de las pensiones, pero sus palabras de ayer apuntan a que ésta es una de las medidas que puede tomar en los próximos ejercicios para cuadrar las cuentas públicas. Para ello deberá modificar la Ley General de la Seguridad Social que consagra que las pensiones crezcan en función de la inflación.
«En Alemania y Suecia establecieron ya hace unos cuantos años la edad de jubilación en 67 años y otras reformas. Si queremos mirarnos en un espejo, señor Rajoy, estaremos de acuerdo en mirarnos en Alemania o Suecia», afirmó dirigiéndose al presidente del PP. Resaltó además que en Suecia tomó la decisión un Gobierno socialdemócrata y también en Alemania, aunque en este caso en coalición con la democristiana CDU de Angela Merkel. «Si queremos tener sus resultados, ¿no debemos hacer los esfuerzos de Alemania o Suecia como país? Mi respuesta es sí».
El jefe del Gobierno destacó también que en la Agenda 2010 hubo «una reforma de instituciones laborales y del mercado laboral en la que se ha ampliado enormemente la flexibilidad en el mercado laboral, porque era muy rígido, lo cual les ha permitido tener los datos de paro tan razonables que han tenido con esta crisis». Schröder redujo a 12 meses el periodo con derecho a prestación por desempleo sin encontrar trabajo. La tasa actual de paro en Alemania es del 7,5% y los analistas apuestan que alcanzará el pleno empleo en 2015. El Gobierno alemán también introdujo el copago en la Sanidad.
El jefe de la oposición, Mariano Rajoy, también se mostró partidario de la línea ortodoxa alemana. Apoyó implícitamente que la actual canciller alemana, Angela Merkel, mostrara resistencia a ampliar el llamado fondo de rescate europeo y a dotarlo de flexibilidad para que pueda ayudar de forma preventiva a los países que tienen dificultades de financiación internacional.
«Al no aprobar estas iniciativas, el Consejo Europeo emite un claro mensaje a todo el mundo: no caben atajos. Cada uno de los estados miembros tendrá que hacer sus deberes con las coberturas ya establecidas, pero sin ningún otro tipo de ayuda. Quedan, por tanto, las cosas claras», resaltó el líder del PP.
LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid
Un sondeo da al PP el triunfo en Aragón
Ocurrió en Andalucía el lunes y ha vuelto a pasar ayer en Aragón: una encuesta encargada por el Gobierno regional socialista da la victoria al PP y pronostica un vuelco electoral en las próximas autonómicas.
Según el sondeo que se hizo público ayer y que ha encargado la Diputación General de Aragón, el PP obtendría hoy un 23,3% del voto directo de los aragoneses frente a un 18,9% del PSOE. Una ventaja de 4,4 puntos que podría variar si la encuesta no se limitara a medir el voto directo declarado y lo cruzara con otras respuestas como conocimiento de los candidatos o simpatía que despierta cada partido. El Partido Aragonés (PAR), regionalista moderado, sería el tercero con un 6,6% de los votos.
Tras ellos, estarían los nacionalistas de la Chunta Aragonesista (CHA), con un 5,18%, seguidos de Izquierda Unida (IU), con un 3,8%. Los datos son del Barómetro de Opinión de Aragón de Otoño, encargado por el Gobierno regional que preside el actual número tres del PSOE, Marcelino Iglesias.
La nueva candidata del PP y ex presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, gana a su contrincante socialista, Eva Almunia, en conocimiento. Rudi es conocida por el 81,6% de los aragoneses y va seguida no por Almunia, sino por José Ángel Biel (PAR), al que conoce un 79,3% de los consultados.
La candidata socialista y ex secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, es la siguiente, con el 77,6%. Adolfo Barrena (IU) cierra la lista con el 39,3%.
Por el contrario, en simpatía, el PSOE obtiene un 26,1%, seguido del PP, con un 13,3%.
Otro aspecto en el que gana el PP es que a un 23,4% de los aragoneses les gustaría que Rudi fuera presidenta frente a un 17,2% que responde que querría a Almunia.
La encuesta no hace traslación de votos a escaños, pero sí la hicieron los técnicos del PP nacional. Según sus cálculos, el PP tendría entre 27 y 29 diputados (la mayoría absoluta está en 34) y el PSOE, entre 21 y 23. Los minoritarios tendrían de ocho a nueve el PAR, de cinco a seis CHA y dos o tres IU.
Con estos datos, la única fórmula que da mayoría absoluta sería un acuerdo PP-PAR, que sumaría 35 diputados en el peor de los supuestos de ambos. Un hipotético tripartito (PSOE-CHA-IU) sumaría 32 escaños y el PSOE y el PAR -ahora gobiernan juntos- tampoco suman 34. Por último, los dos partidos regionales están muy enfrentados para que se dé una opción PSOE-PAR-CHA-IU.
ROBERTO BENITO / Madrid
Primer paso para poder habilitar a militares
El Ministerio de Defensa ha iniciado el proceso legal con el que, a medio plazo, podrá lograr que un determinado número de controladores del Ejército del Aire estén preparados para sustituir a los civiles en puestos clave en caso de que haya otra crisis.
Así lo desea el Gobierno, que ve en esta opción la única manera de que el espacio aéreo no vuelva a cerrarse, como ocurrió el pasado 3 de diciembre, incluso si todos los controladores civiles volvieran a abandonar sus puestos de trabajo.
El plan que ha diseñado el Ministerio que dirige Carme Chacón, de acuerdo con el de Fomento, exige varias iniciativas legales para que los controladores militares puedan trabajar en centros civiles. El primer paso ha sido cubierto esta semana, con el establecimiento del proceso con el que se concederá a los militares la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo -o un equivalente, ya que la orden ministerial publicada habla de «certificado de aptitud», como los propios controladores militares señalaron ayer-, imprescindible para poder controlar tráfico civil.
Una vez dispongan de ella, Defensa procederá a seleccionar a una serie de candidatos entre los 280 controladores militares y les instruirá en puestos concretos, los considerados críticos, como son los centros de control aéreo, según explicó recientemente la ministra en el Congreso.
El proceso durará varios meses y sólo cuando finalice -como pronto, a mediados de 2011- el Gobierno podrá tener cierta seguridad de que nunca más se podrá cerrar el espacio aéreo por un conflicto laboral con los controladores civiles.
De hecho, desde algunos sectores se ha criticado a Defensa por no haber iniciado este proceso antes. Entre ellos los propios controladores militares, agrupados en la asociación profesional Sodecta, que en muchas ocasiones han denunciado que carecían de la acreditación legal correspondiente para controlar tráfico civil, a pesar de que ya en las bases militares gestionan vuelos que no son de las Fuerzas Armadas.
Detrás de la reticencia a conceder una homologación legal estaba el temor de que muchos militares se pasaran al ámbito civil, donde pueden disfrutar de sueldos mucho más altos y de mejores condiciones laborales. Ahora, ese temor ha sido sepultado por otro mayor, aunque fuentes militares explicaron que no es descartable que el Ministerio establezca algún tipo de reglamentación para evitar la fuga de miembros del Ejército del Aire al ámbito civil.
Por otra parte, el Congreso aprobó ayer un plan de medidas urgentes para paliar, en la medida de lo posible, los efectos económicos que tuvo el caos aéreo del 3 y el 4 de diciembre, especialmente en el sector turístico. El plan, que era una iniciativa del PP que fue aprobada por unanimidad, insta al Gobierno a que adopte varias medidas para «mejorar la competitividad del turismo», entre ellas reducir al menos un 50% las tasas aeroportuarias y aplicar un IVA súper reducido del 4% en hostelería.
IKER RIOJA ANDUEZA / Vitoria
ETA inquieta menos y pasa a ser la cuarta preocupación de los vascos
La preocupación de los vascos por el terrorismo ha bajado 12 puntos desde mayo, mes en el que era el principal problema de Euskadi para el 31% de los ciudadanos, mientras que ahora sólo el 19% lo considera así.
Estos datos se recogen en el Sociómetro Vasco elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Ejecutivo autonómico, presentado ayer en una comparecencia de prensa por su responsable, Víctor Urrutia.
El sondeo recoge la percepción de los vascos acerca de la gestión de las instituciones, los partidos y los líderes políticos, así como sobre sus principales preocupaciones.
El terrorismo ha pasado de ser el tercer problema más importante en mayo al cuarto en este sondeo, y alcanza así la cota más baja como motivo de preocupación desde 2004. Por delante, y en primer lugar, se sitúan los problemas ligados al mercado de trabajo (70%), seguidos de los económicos (27%) y de la vivienda (21%).
El Sociómetro de diciembre revela, además, que la ciudadanía aprueba buena parte de las políticas del Ejecutivo de Patxi López, incluidas las que absorben el mayor gasto público (sanidad y educación) o la bandera del cambio que el PSE, apoyado por el PP, quiso imprimir en la política vasca. Pero constata también que la desconfianza hacia el primer lehendakari no nacionalista sigue siendo muy grande, con un 49% de personas que sigue creyendo que «este Gobierno no sabe cómo resolver los problemas de este país».
Fundamentalmente, ven deficitaria la gestión del gabinete socialista en políticas de vivienda -el tercer problema más acuciante para los vascos-, en materia económica -crece la percepción de que la coyuntura es mala o muy mala- y en asuntos de inmigración. Explica Víctor Urrutia que no es tanto porque el departamento competente, Empleo y Asuntos Sociales, lo esté haciendo mal, sino porque los vascos sienten que se está concediendo «demasiado» a los extranjeros.
Con todo, la valoración de Patxi López crece. Del 4,1 sobre 10 pasa a 4,3. Destacan de él que conoce la realidad social vasca -4,6- pero le afean que no inspire confianza -3,8-. Pese a la mejoría, no le es suficiente para aprobar, algo que no ha logrado en ninguna encuesta publicada desde que llegó a Ajuria Enea en mayo de 2009.
La nota de López sigue por debajo de la del presidente del principal partido de la oposición, el nacionalista Iñigo Urkullu. ¿El motivo? Los socialistas aprecian más al PNV, mientras los jeltzales son implacables con el PSE. Cuando Urkullu pesca un 4,3 en territorio socialista, López no pasa del 3,7 entre los votantes del PNV. El tercero en discordia, Antonio Basagoiti (PP), no remonta y obtiene apenas 2,9 puntos.
Aintzane Ezenarro, portavoz de Aralar en el Parlamento, sigue siendo la política más valorada por los vascos, aunque ello tampoco le sirve para aprobar. Se queda en un 4,9, lo que certifica, como en anteriores entregas, que la clase política en pleno suspende a ojos de la ciudadanía -el 93% tiene poca o ninguna confianza en los partidos-.







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