LA GENERALIDAD SECESIONISTA DE ARTURO MAS: arranca mandato con el Presupuesto prorrogado

LEONOR MAYOR / Barcelona

Mas promete «austeridad» pero arranca mandato con el Presupuesto prorrogado

Asume unas cuentas que considera «insostenibles» hasta que haga las suyas en julio

«Austeridad». Es el principio que regirá la política del Gobierno de Artur Mas, según reiteró ayer el nuevo presidente catalán durante el acto de toma de posesión de sus consejeros. «Con mucho menos tenemos que hacer más y hacerlo mejor», aleccionó Mas a los miembros de su flamante Ejecutivo.

Pero el ahorro prometido por el líder nacionalista no se materializará de inmediato. Por el contrario, la andadura de Mas al frente de la Generalitat arrancará con el presupuesto prorrogado del tripartito. Las cuentas públicas se prorrogan automáticamente cada 1 de enero si no son sustituidas por otras. CiU ha subido al poder coincidiendo con el fin de año, por lo que no tendrá más remedio que acatar el presupuesto de sus antecesores, a pesar de que lo considera «insostenible», según indican fuentes de Presidencia.

Mañana viernes, el Consejo Ejecutivo se reunirá por segunda vez -ayer fue su reunión inaugural- y analizará este asunto. Puede optar por la prórroga presupuestaria automática, lo que supondría aceptar las cuentas que aprobó el Parlamento catalán a finales de 2009 para el año 2010. También puede decantarse por acordar unas pequeñas modificaciones, en concreto, las que fueron introducidas por José Montilla el pasado mes de junio a través de un decreto de medidas de ahorro, que luego respaldó el Parlamento. Esa norma contemplaba la reducción del salario de los empleados públicos y la eliminación de algunos altos cargos, entre otras cosas.

En caso de escoger esa segunda opción, el nuevo Gobierno sólo habría puesto un parche presupuestario muy alejado de los propósitos de Mas para estos tiempos de crisis. Las cuentas de la Generalitat para 2011 podrían retrasarse hasta el mes de julio, según explican fuentes del Departamento de Economía basándose en lo sucedido en ocasiones anteriores, aunque no sería descartable que el nuevo responsable de la Consejería, Andreu Mas-Colell, diese un acelerón y pudiese presentar el presupuesto de la austeridad antes de la primavera.

Estas nuevas cuentas incluirán con mucha seguridad una reducción de los ingresos públicos, fruto de la eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que Mas prometió durante la campaña. Fuentes cercanas al presidente aseguran que ese compromiso tiene carácter prioritario y podría ser aprobado por el Parlament en el mes de enero. CiU, que no tiene mayoría en la Cámara catalana, podría contar para esta supresión tributaria con el apoyo del PP, que siempre se ha mostrado partidario de borrar este impuesto del panorama fiscal.

Mas también prometió durante la campaña electoral que reduciría el número de altos cargos de su Administración. Ayer ya dio un paso en ese sentido al nombrar a 11 consejeros, frente a los 15 que tenía el tripartito. Sin embargo, todo apunta a que los recortes irán más allá. La incógnita está en ver cómo se articulan y a qué áreas afectan.

El nuevo presidente ha descartado públicamente el copago de la sanidad, aunque ha apostado por evitar el abuso de los servicios médicos públicos y por incentivar fiscalmente los seguros sanitarios privados. No obstante, su nuevo consejero de Salud y ex dirigente de la patronal hospitalaria, Boi Ruiz, ha propuesto en varias ocasiones que los pacientes de la pública contribuyan a pagar sus comidas y el transporte en ambulancia para hacer frente al déficit que acumula la sanidad catalana.

Aún no se sabe por dónde meterá la tijera el Ejecutivo nacionalista, pero sí es del dominio público la deuda a la que tiene que enfrentarse. Según comunicó Montilla a Mas en una reunión que ambos mantuvieron el pasado viernes para concretar el traspaso de poderes, la deuda de la Generalitat prevista para este año puede alcanzar los 40.607 millones de euros, incluyendo el endeudamiento de las empresas públicas. El déficit de la Administración catalana no se conocerá hasta la liquidación de los presupuestos, pero, según ese mismo informe de Montilla, rondaría el 3,2% del PIB y se situaría en unos 6.200 millones de euros.

Mas desveló también ayer los nombres de los secretarios generales de sus Consejerías. En este caso habrá paridad entre hombres y mujeres, lo que no ocurre en el Gobierno, que tiene mayoría de varones.

El TS avala la vuelta a Cataluña de los 'papeles de Salamanca'

Confirma la corrección de la orden del Ministerio de Cultura sobre la restitución

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo -la misma que, la pasada semana, ordenó al Gobierno catalán que introduzca el castellano como lengua vehicular de la enseñanza- ha fallado a favor de la Generalitat y de la Abogacía del Estado.

La Sala ha desestimado el recurso que el Ayuntamiento de Salamanca presentó contra la sentencia dictada en diciembre de 2008 por la Audiencia Nacional, el primer tribunal que respaldó el traslado a Cataluña de los llamados papeles de Salamanca.

El Ayuntamiento de la ciudad insistía en su recurso de casación en que dentro de las cajas sacadas del Archivo de la Guerra Civil se encontraban, junto a documentos incautados a la antigua Generalitat (que eran el objeto de la orden ministerial que estableció su devolución), otros documentos pertenecientes a personas y entidades privadas, tales como cartillas de racionamiento o carnés de identidad.

En este sentido, el Ayuntamiento subrayaba que «no fue debidamente practicada» una prueba acordada por la Audiencia consistente en que la Real Academia de la Historia determinara qué documentos no formaron parte del archivo institucional de los órganos de Gobierno de la Generalitat, su Administración, entidades dependientes y Parlamento de Cataluña.

El Tribunal Supremo desestima la objeción. Explica que, «como correctamente observó la Abogacía del Estado», la distinción entre los documentos de las 507 cajas que formaban parte del archivo institucional de la Generalitat o del Parlamento y los documentos que, hallándose en esas cajas, fueron incautados a personas naturales o jurídicas de carácter privado era «absolutamente irrelevante» a efectos del contencioso.

Ni la orden ministerial ni la Ley de Restitución «utilizaron como criterio de identificación de los documentos que han de ser restituidos la naturaleza jurídica de las personas a las que les fueron incautados, sino si dichos documentos pertenecieron al archivo institucional de los órganos de gobierno de la Generalitat de Cataluña, de su Administración o de sus entidades dependientes o del Parlamento de Cataluña», argumenta.

El Tribunal Supremo también rechaza la alegación referida a que en el procedimiento de devolución de los papeles se soslayaron trámites esenciales, como el preceptivo informe del Pleno del Patronato del Archivo.

En opinión del Ayuntamiento de Salamanca, esa omisión debía determinar la nulidad radical de la orden ministerial.

La Sala se remite a los razonamientos de la Audiencia Nacional, que apreció que, efectivamente, el Patronato debe informar de «cualquier propuesta de salida de fondos del Archivo». En el caso de las 507 cajas «no consta» la emisión de ese informe, pero sí se acreditó que el Patronato se reunió el 10 de enero de 2006 y debatió el asunto.

Por ello, el Tribunal Supremo estima que la infracción procedimental denunciada por el Ayuntamiento de Salamanca «no tiene una indubitada trascendencia jurídica para poder acarrear la nulidad de pleno derecho de la orden ministerial impugnada».