EL BACHILLER PEPIÑO se ha creído que el hábito hace al Ministro, y no quiere que le sigan llamando Pepiño, sino Don José :-)
Madrid
El PSOE exige al PP que no llame 'Pepiño' a José Blanco
En un comunicado, la dirigente socialista reiteró su petición al PP de «respeto» hacia Blanco, «ministro del Gobierno de España», tras lo que consideró como «nuevas descalificaciones» del Partido Popular.
«No tiene ninguna gracia que el PP se dirija así a un ministro del Gobierno de España». Por este motivo, Elena Valenciano reclamó que «sea la última vez» que el PP hable de Blanco como «Pepiño», recordando a los dirigentes populares que, «aunque es legítimo que discrepe del Gobierno y lance ironías, no lo es que falte al respeto a sus ministros».
El martes, Mariano Rajoy dijo, en un acto de partido en Ciudad Real, que le daba «igual» quién fuese su adversario en los comicios, si «Zapatero, Rubalcaba, Pepiño o la Chacón». Y, ayer, Javier Arenas consideró «sinceramente patético que el señor Chaves o Pepiño hayan adjudicado la subida de la luz a los gobiernos del PP de hace siete años».
«Quien se pica...»
El secretario de Comunicación del PP, Carlos Floriano, aseguró que, cuando los dirigentes de su partido se dirigen al ministro de Fomento con el apelativo de Pepiño no lo hacen de forma ofensiva, sino de «manera cariñosa», y advirtió: «Quien se pica, ajos come».
En declaraciones a Efe, Floriano pidió a los socialistas que «no se rasguen las vestiduras» porque «Pepiño sea Pepiño o porque se comporte como Pepiño», y recordó que el titular de Fomento «ha sido conocido como Pepiño».
«Le pedimos al ministro de Fomento que se comporte como tal, como ministro de Fomento del Gobierno de España, y que no entienda lo de Pepiño como una ofensa o desprecio», añadió.
Y concluyó: «Despreciable es su gestión, pero lo de Pepiño lo decimos de manera cariñosa».
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid
Rajoy se inclina por rechazar a Cascos como cabeza de lista en Asturias
Aunque se trata de un órgano formalmente autónomo, las fuentes consultadas en la cúpula del partido apuntan que la decisión de Mariano Rajoy está prácticamente tomada y que, tras meses de silencio, se inclina por decir no a Cascos. En realidad, éste nunca ha llegado a postularse de manera explícita. De hecho, ése ha sido uno de los hándicaps esgrimidos por Génova, que desde el principio transmitió recelos hacia la candidatura y respondió con desdén y silencio a la «marea» de apoyos de la que el propio Cascos presumía con fundamento.
Una mayoría de alcaldes del Principado y de barones regionales -en especial, Alberto Núñez Feijóo y Esperanza Aguirre- ha dado la cara por una candidatura a la que el grueso de la dirección regional de Asturias se ha opuesto con una beligerancia auténticamente guerracivilista. A su favor, además, han jugado las encuestas internas, que siempre lo han dado por ganador. En su contra ha influido el resultado de las elecciones catalanas, que hizo al propio Mariano Rajoy ufanarse en público del éxito de los «candidatos nuevos» personalmente inspirados por él al frente de las listas en Galicia, País Vasco o Cataluña.
El vicesecretario Javier Arenas ha apoyado formalmente a Cascos, pero no ha secundado, que se sepa, el congreso regional propugnado por sus partidarios. En cuanto a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, pese a haber hecho expresa su no beligerancia, es la que más se ha significado frente al posible candidato con sus silencios en las ruedas de prensa. Fuentes de Génova apuntan a Cascos como un aliado de Luis Bárcenas en la pasada guerra de la secretaria con el ex tesorero.
Pero para silencios, los del propio Rajoy, que prometió meses atrás dar la solución al problema interno más grave del PP. Al final del verano, el presidente popular no sólo habló con Cascos, sino que trasladó la sensación de que éste sería el candidato, a la espera de propugnar, por un lado, su aceptación por parte de la dirección regional y, por otro, su propia voluntad de pacto. Pero el tiempo no sólo no ha traído la paz al PP de Asturias, sino que ha enrarecido la guerra, hasta el punto de haber generado algún error en el entorno de Cascos que Génova ha aprovechado en su contra. El más reciente, el de advertir de la posibilidad de crear un partido al margen del PP. Sea lo que sea lo que se decida hoy, las posibilidades de Cascos son más reducidas que nunca.
C. SEGOVIA / Madrid
El PP reactiva el 'caso Alakrana' y amenaza con emprender acciones legales
El Partido Popular decidió ayer reactivar el llamado caso Alakrana sobre el presunto pago del rescate del atunero vasco del mismo nombre con fondos del Estado.
Los diputados Arturo García Tizón y Jaime García Legaz formalizaron anoche una batería de preguntas con una exposición de motivos en las que el Grupo Popular amenaza con acciones legales. «Está acabando el año y seguimos sin recibir explicaciones de un asunto que nos preocupa y en el que no vamos a parar hasta esclarecerlo», declaró ayer a EL MUNDO la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría.
Se trata de saber por qué el Ministerio de Exteriores transfirió con urgencia 500.000 euros al entonces embajador español en Kenia, Nicolás Martín Cinto, que negociaba en esos días la liberación del Alakrana. EL MUNDO desveló esta singular transferencia el pasado 2 de noviembre. Cinco días después de que se hiciera efectiva, el atunero fue liberado por los piratas somalíes.
La entonces subsecretaria de Exteriores, María Jesús Figa, dictó una orden interna el 12 de noviembre de 2009 para transferir el dinero a la embajada española para «gastos corrientes» y, al mismo tiempo, aseguró a sus subordinados que el dinero se iba a devolver. Meses después, en abril de 2010, un donante no identificado repuso una parte del dinero en la cuenta de Exteriores en Madrid, pero quedaron pendientes 146.000 euros.
«Este uso de fondos públicos constituye en sí mismo una conculcación notoria de la normativa presupuestaria. Asimismo, parece obvio que la subsecretaria, al dar curso a una orden ilegal, conocía el destino y el destinatario de los fondos, puesto que preveía su restitución futura», señalan García Tizón, y García Legaz.
«No existen dudas de que la actuación de la subsecretaria y de los funcionarios que acataron la orden de la nota interior de 12 de noviembre de 2009 es manifiestamente contraria a Derecho», señalan, anticipando con ello que el PP emprenderá acciones legales.
De momento, los diputados lanzan una decena de preguntas que se añaden a las que ya presentó su partido tras la publicación del escándalo en este diario. Y, con arreglo al artículo 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados, reclaman a la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, que entregue nuevos documentos.
En concreto, le piden la «documentación que justifica los gastos realizados por la Embajada de España en Kenia (...), y la identidad de la persona que hizo uso de ellos y los gastos en los que incurrió». También solicitan «todos aquellos informes que se hayan firmado por los interventores de Hacienda en el Ministerio relacionados con el libramiento del dinero».
SILVIA MORENO / Sevilla
El TS investiga el 'decretazo' de Griñán
El Tribunal Supremo ha iniciado las pesquisas contra el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y sus 13 consejeros tras la querella por prevaricación presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja) a raíz de la aprobación del polémico decretazo de reordenación del sector público, que mantiene en pie de guerra a los empleados públicos andaluces.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en una providencia fechada el 14 de diciembre, da por formulada la querella del sindicato, designa magistrado ponente para este asunto y traslada las actuaciones al Ministerio Fiscal «para que informe sobre competencia y contenido de la querella formulada».
De esta forma, la querella del Sindicato de Funcionarios pasa un primer filtro en el Tribunal Supremo, aunque será más adelante y después de que el fiscal se pronuncie, cuando los magistrados decidan si admiten a trámite la querella y abren un proceso al presidente andaluz por prevaricación con la condición procesal de imputado.
La providencia recuerda que la responsabilidad penal del presidente de la Junta «será exigible ante el Tribunal Supremo», al igual que la responsabilidad penal de los consejeros, aunque «para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía» (TSJA).
Este sindicato ya interpuso una querella similar a la del Supremo en el TSJA, aunque el alto tribunal andaluz declaró su «falta de competencia» y acordó «el archivo» de las diligencias en un auto fechado el 16 de noviembre pasado, en el que sostuvo que no hay «indicio alguno que permita estimar que los hechos denunciados puedan ser constitutivos de delito», aunque a la vez invitaba al Sindicato de Funcionarios a acudir al «tribunal competente», que es el Supremo.
La querella, presentada en el Supremo el 10 de diciembre, se dirige contra Griñán y sus 13 consejeros por «abusar» de su cargo y aprobar un decreto ley para «colar por la puerta de atrás a todo el personal no funcionario, sin oposición, concurso o competencia que presta sus servicios», en el entramado de empresas públicas, fundaciones y otros entes de la conocida como administración paralela de la Junta.
Para este sindicato, es «evidente» que la integración en la función pública de los 20.000 trabajadores de los entes instrumentales de la Junta es «un nombramiento masivo de personas en las que no se dan los requisitos mínimos contemplados en la legislación aplicable, dado que su acceso no se ha realizado bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, consagrados en la Constitución», detalla la querella.
P. ESCRIBANO / Alicante
Seis millones públicos para el Hércules CF
Mientras la Generalitat Valenciana recorta burocracia, el agujero económico del Hércules CF, cuyo máximo accionista es el empresario Enrique Ortiz, implicado en los casos Gürtel y Brugal, se reduce a costa de las arcas públicas, asfixiadas por la coyuntura económica, pero siempre dispuestas a amasar más deuda para que el balón siga rodando.
Una noria a la que sólo faltaba por subirse el conjunto alicantino, uno de los cuatro clubes de la Comunidad Valenciana que esta temporada militan en Primera División. La Generalitat inyectará seis millones de euros a la entidad blanquiazul en los próximos días en concepto de patrocinio de su camiseta, a la vez que despide empleados por su falta de tesorería, un sinsentido que invita a las instituciones deportivas a seguir viviendo por encima de sus posibilidades.
La falta de liquidez que sufre el Hércules desde que arrancara el ejercicio ha obligado a la Generalitat a acudir a su rescate financiero. Y buena parte de la exitosa gestión recae en Miguel Campoy, máxima autoridad del Puerto de Alicante y presidente, desde finales de noviembre, de la Fundación del club alicantino, que hoy se convertirá en la máxima accionista del Hércules gracias al aval de 18 millones de euros concedido por el Instituto Valenciano de Finanzas, a través de Caja Mediterráneo.
Enrique Ortiz, mecenas del conjunto blanquiazul, decidió dar un paso al costado a finales de octubre para, a través de la figura de un reconocido gestor, guiar los designios del Hércules desde la distancia. Obligado por el deterioro de su imagen pública tras su implicación en los casos Gürtel y Brugal y su supuesta compra de partidos en el camino de regreso del Hércules a la primera división.
Antonio Fernández Valenzuela, ex presidente socialista de la Diputación y la Cámara de Comercio de Alicante, fue el primer elegido para presidir la Fundación y conseguir desbloquear la falta de ayudas públicas. Tras su negativa, Campoy dijo sí y, en apenas un mes, ha conseguido sacar al Hércules de su atolladero económico gracias al patrocinio de la Generalitat a través, en principio, de una Conselleria de Turismo que empezará a publicitarse en la elástica herculana en el primer partido de la segunda vuelta de la competición, ante el Athletic de Bilbao.
Junto a Valentín Botella, presidente del club, y Carlos Parodi, director general de la entidad, Campoy se reunió ayer con el cuerpo técnico y los jugadores de la plantilla para «garantizarles» que a mediados de enero «cobrarán» las cantidades que les adeuda el club. El Hércules ha dejado de pagar las nóminas de noviembre y hará lo propio con las del mes en curso ante su falta de liquidez, motivada por el embargo de sus ingresos desde Hacienda y la Seguridad Social, a las que debe alrededor de unos 10 millones de euros.
DAVID VIGARIO / JAIME G. TRECEÑO Mérida / Madrid
Los padres de la menor explotada la entregan a la Comunidad de Madrid
Esta decisión fue tomada por el Gobierno de Esperanza Aguirre a pesar de que el padre se mantenía en su postura firme de rechazar dicha tutela. Aun así, horas antes de que el progenitor entregara a la niña a la Comunidad, un portavoz de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales aseguró que el hombre estaba «colaborando» con los representantes autonómicos «porque está viendo que lo que se le está ofreciendo es positivo para la niña».
«La menor permanecerá en observación varios días en un hospital y lo normal es que pase luego al piso tutelado de la red regional», precisó un portavoz de Servicios Sociales de la Comunidad.
Ante la decisión inicial de la familia, la Comunidad puso ayer por la mañana los hechos en conocimiento de la Fiscalía, del juez de Menores y del Grupo de Menores de la Policía Nacional. «Las diligencias siguen adelante pese a la entrega de la niña», precisó un portavoz regional.
Esa tutela de urgencia se adoptó por parte de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la administración regional el 10 de diciembre y se hizo efectiva y notificó al padre en la tarde del pasado martes en la reunión que mantuvo con los responsables del Instituto del Menor y la Familia.
El padre acudió por iniciativa propia hasta la sede de este organismo oficial horas después de conocer las intenciones de la presidenta madrileña, que había trasladado a los medios de comunicación que la familia no había sido localizada en su domicilio, a pesar de haber sido visitado en tres ocasiones por los Servicios Sociales desde que fue liberada.
La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, desveló ayer que el padre explicó que la niña se encontraba con él y con su madre (ambos están separados). Hidalgo, en todo caso, valoró que será «un juez» quien decida finalmente el futuro de la niña hasta que cumpla la mayoría de edad (en estos momentos tiene 15 años, cumplidos durante su cautiverio, el 5 de diciembre).
Antes de la entrega de la menor, Esperanza Aguirre había señalado que la decisión última la tomará el juez «buscando siempre, con la ayuda del fiscal y del Instituto del Menor, lo mejor para la niña». «Nosotros queremos lo mejor para la niña y la mejor garantía para los padres, que también estoy segura de que están sufriendo mucho», dijo la presidenta madrileña.
Aguirre reconoció que es «muy probable» que se hubiera podido tener «mayor celeridad», aunque matizó que «tampoco es una cuestión de negligencia por parte de nadie». La presidenta autonómica dijo que la chica había acudido a clase con regularidad solo hasta septiembre.
posted by e-pesimo | 09:36
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