EDITORIALES: Despilfarro y disparate en el sector eléctrico

Despilfarro y disparate en el sector eléctrico

LA SUBIDA del 9,8% a partir de enero del recibo de la luz ha suscitado una justificada indignación en la opinión pública. EL MUNDO revela hoy el contenido del informe elaborado por el Ministerio de Industria para justificar lo que llama «corrección del déficit tarifario del sector eléctrico», cifrado en unos 16.400 millones de euros.

Ese déficit es achacable en buena medida a las ayudas a las energías renovables, que el año pasado ascendieron a casi 6.000 millones de euros, y a la compra de carbón nacional subvencionado para la producción eléctrica. Todo ello es pagado por los ciudadanos en el recibo de la luz, en el que el 47% se dedica a primas, subvenciones e impuestos mientras que el 53% restante va destinado a remunerar el coste real de la energía.

Las cifras del informe de Industria son verdaderamente escandalosas en lo que atañe a la energía fotovoltaica y al carbón nacional, cuyas subvenciones son las dos grandes partidas que han contribuido a disparar el déficit tarifario.

En concreto, Industria reconoce en su informe que los productores de electricidad por paneles fotovoltaicos cobran una subvención de 450 euros por megavatio/hora cuando el precio al que se comercializa esta energía es de 64 euros; es decir, siete veces menos. No hace falta decir que, desde el punto de vista de la lógica económica, estamos ante un costoso absurdo del que sólo se benefician los cazaprimas del más diverso pelaje.

Peor todavía es el timo del carbón nacional, ya que Industria reconoce en su informe que, desde julio de 2009, su utilización en las centrales térmicas es «prácticamente nula», lo que quiere decir que sólo sirve para ser almacenado hasta el punto de que los stocks se han triplicado desde diciembre de 2007. Las compras previstas de carbón nacional para 2010 y 2011 son de 592 millones de euros, según datos del propio Ministerio de Industria.

Si el recurso a estas fuentes resulta ruinoso, igualmente antieconómica es la utilización de la potencia instalada del parque eléctrico, que en 2008 sólo alcanzó el 35,7% del total, unos 20 puntos por debajo de Francia. Ello se debe, como reconoce implícitamente el informe, a la fuerte caída de la demanda en los tres últimos años, que ha roto una tendencia ininterrumpida de crecimiento de dos décadas. Pero además hay otra importante causa de esa infrautilización del sistema eléctrico: que prima el consumo de energías renovables caras mientras que otras fuentes mucho más baratas se mantienen como reserva para los picos de consumo.

Industria cuantificó ayer en 2.600 millones la cantidad que tendrán que pagar los ciudadanos en sus recibos de la luz en 2011 para reducir el déficit tarifario acumulado. No habría que desembolsar ni un sólo euro si el Gobierno redujera a la mitad las ayudas a las energías renovables y suprimiera la obligación de comprar carbón nacional.

Lo que el informe de Industria pone blanco sobre negro es la demencial política de Zapatero de subvencionar una serie de energías carísimas y de escasa eficiencia, que han provocado que el recibo de la luz haya subido un 43% en los últimos tres años, mientras se tomaba la decisión de cerrar Garoña en 2013. Ahora los usuarios van a tener que rascarse el bolsillo para pagar esos disparates, provocados en buena medida por razones ideológicas.

Zapatero tenía que ser el adalid de las energías no contaminantes y ha acabado «contaminando» el coste de la vida de los españoles.

Aprueba el traslado de papeles de Salamanca

Cuando el Supremo sí vale para la Generalitat

LA SENTENCIA del Supremo que avala el traslado a Cataluña de los documentos del Archivo de Salamanca relativos a esa comunidad cierra una de las vías abiertas por el Ayuntamiento salmantino contra la polémica orden del Ministerio de Cultura de 2006. Hemos defendido siempre que la disgregación de los documentos era un error porque suponía destruir el Archivo General de la Guerra Civil y sentaba un mal precedente. Según ese criterio, los gobiernos valenciano o aragonés deberían poder exigir sus papeles del Archivo de la Corona de Aragón, con sede en Barcelona. Pero lo curioso es que la misma Sala del Supremo que acaba de instar a la Generalitat a introducir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza es la que ahora resuelve a favor de sus intereses. Artur Mas no puede pretender, como ha insinuado, desobedecer al Supremo cuando no le gustan sus fallos y beneficiarse de los que le convienen.

Critica a los que llaman 'Pepiño' a José Blanco

Elena Valenciano se ofende por poca cosa

LA DIRIGENTE socialista Elena Valenciano se mostró ayer indignada con unas palabras pronunciadas por Javier Arenas en un mitin de Jaén, en el que se refirió a José Blanco como Pepiño, al igual que hizo el pasado martes el líder del PP, Mariano Rajoy. A juicio de la portavoz del Comité Electoral del PSOE, la utilización de ese diminutivo por Arenas «suena a típico deje despectivo de señorito andaluz». Valenciano subrayó que es «una falta de respeto» hablar en esos términos de un ministro del Gobierno de la nación. En primer lugar, es discutible que se trate de una falta de respeto porque Pepiño es un apelativo con el que muchos de sus amigos identifican a Blanco. Hay otros políticos que son conocidos por diminutivos como Txiki (Benegas), Patxi (López) o Trini (Jiménez), algo muy habitual para denominar a líderes extranjeros. Pero, sobre todo, la imagen de un político no depende de cómo se le llame sino de la autoritas con la que ejerce el cargo. Valenciano le ha hecho un flaco favor a Blanco, ya que, como sucede en el ámbito de la vida cotidiana, basta que una persona se ofenda por cómo le llaman para que la gente insista en ello.

La Fiscalía ve un posible delito de sedición :-)))

Los controladores, más cerca de ir a la cárcel

LA FISCALÍA de Madrid ha dado el primer paso para actuar penalmente contra los controladores que provocaron el caos aéreo en el puente de diciembre y ha notificado a los juzgados de la provincia que 175 trabajadores habrían podido cometer un delito de sedición, penado con hasta ocho años de cárcel. La decisión del Ministerio Público revela que tiene plena intención de depurar las responsabilidades a que hubiera lugar, algo lógico dada la gravedad de lo ocurrido. Si los controladores o el propio Gobierno han creído en algún momento que podría haber una componenda para intentar solventar al final el caso con unas simbólicas sanciones, el paso de la Fiscalía no va en esa dirección. Como hemos reiterado en diversas ocasiones, nos parece irrenunciable que los controladores respondan de sus actos ante la Justicia. Su irresponsable actitud creó graves perjuicios a medio millón de viajeros y eso no les puede salir gratis. Todo indica que los juzgados de instrucción acabarán por abrir un procedimiento penal contra ellos, al que habrá que sumar el de responsabilidad civil que reclaman los perjudicados.