DIOS NOS LIBRE DEL SOCIALISMO:

JAIME LÓPEZ / Caracas

Chávez firma el 'paquetazo navideño'

La oposición dice que las nuevas leyes son «un acto de persecución a la disidencia»

Especial para EL MUNDO

«Proteger el ejercicio de la soberanía política y la autodeterminación nacional de la injerencia extranjera». Estos son los objetivos de la nueva Ley de Autodeterminación Nacional, aprobada por el Partido Socialista (PSUV) del presidente venezolano, Hugo Chávez, y que establece fuertes sanciones económicas a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), movimientos y partidos políticos que reciban cualquier tipo de financiamiento internacional.

La ley castiga a las «organizaciones con fines políticos, dedicadas a la defensa de los derechos políticos o personas naturales que puedan atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones de la República», señala en su primer artículo. También establece multas a las asociaciones políticas que traigan al país invitados extranjeros que critiquen a las instituciones venezolanas.

Desde hace varios años, algunas ONG locales -como Súmate o Espacio Público- han sido investigadas, y sus directivos sometidos a procesos judiciales, acusados de cometer traición a la patria y conspiración contra el Gobierno de Chávez por recibir fondos de la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) o la National Endowment for Democracy (NED), una organización que recibe aportes del Congreso estadounidense.

Los diputados opositores han calificado la medida como «un acto más de persecución a la disidencia», que se suma al paquete legislativo discutido y aprobado con carácter de urgencia por la Asamblea Nacional saliente (con mayoría aplastante del chavismo), en menos de una semana.

El 5 de enero asume funciones un nuevo Parlamento, en el cual la oposición ocupará 67 de los 165 escaños. A partir de entonces, la bancada de Chávez perderá la aplastante mayoría absoluta (aunque conserva la mayoría simple) que gozó durante los últimos cinco años, cuando legisló frente a una mínima disidencia.

Según la oposición, este «paquetazo navideño», junto a la ley que habilita a Hugo Chávez para legislar por decretos hasta junio de 2012, «no respeta» los resultados electorales del pasado mes de septiembre, cuando entre opositores e independientes lograron sumar el 40% de los diputados y el 52% de los votos.

Estas son algunas de las leyes más polémicas, que el presidente Hugo Chávez ya ha firmado o están pendientes de promulgar:

RESPONSABILIDAD. «¡Hola candangueros madrugadores! Les informo de que ahora mismo estoy firmando la promulgación de la nueva Ley Resorte [que ahora incluye a los medios electrónicos]. ¿Qué tal?». El presidente Hugo Chávez anunció así -a las seis y media de la madrugada de ayer en su cuenta de Twitter (@Chavezcandanga)- la entrada en vigor de la nueva Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que sanciona a las páginas web que pudieran «hacer apología del delito», «fomentar zozobra en la ciudadanía» o los destinados a «desconocer a las autoridades legítimamente constituidas». Según el texto, los administradores de estos sitios serán totalmente «responsables de la información y contenidos» publicados, incluidos los comentarios de los usuarios.

TELECOMUNICACIONES. La reforma de la Ley de Telecomunicaciones declara «como servicio público el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios de telecomunicaciones». Además, las concesiones tanto de radio como de televisión para emitir en abierto serán por un total de 15 años, y renovables, en lugar de por 25. La ley prohíbe la inversión extranjera «para la prestación de los servicios de radiodifusión sonora y televisión abierta». En esta ley fue suprimido el polémico artículo que creaba un punto único de acceso a internet.

PARTIDOS POLÍTICOS. La reforma de la ley de partidos políticos establece «la suspensión [en su cargo] o inhabilitación parcial o total del diputado o diputada» que se aparte de las «orientaciones y posiciones políticas presentadas en el programa de gestión de oferta electoral» de su partido político. Según los diputados del PSUV, esta nueva ley busca evitar los «saltos de talanquera» del año 2007, cuando unos 12 parlamentarios rompieron con Hugo Chávez y conformaron una oposición con línea independiente.

GINA MONTANER

La metástasis se extiende

Ha sido un año de celebraciones en México con motivo del bicentenario de su independencia. Pero detrás del esfuerzo del Gobierno de Felipe Calderón por mostrar el lado festivo, la nación se descompone y la corrupción se propaga como una venenosa enredadera en todas las direcciones. Los mexicanos viven a la intemperie y nadie está a salvo.

Las cifras son escalofriantes: desde que Calderón tomara el poder en 2006 se han registrado 30.000 muertes violentas y este año ha sido el más sangriento de su mandato con 12.456 asesinatos. Es cierto que se han producido importantes detenciones de hombres claves de los cárteles, pero los éxitos policiales se han visto eclipsados por la capacidad que tiene el narco de multiplicarse y penetrar los cimientos de la sociedad. Su poder es inmenso y el mensaje institucional acaba por ser el hazmerreír entre una población que se sabe abandonada por un sistema de justicia inoperante.

A estas alturas ¿qué validez pueden tener las palabras del presidente apelando a la resistencia nacional cuando la policía y el Ejército se han dejado comprar por las mafias? El propio Calderón ha reconocido que la mitad de los agentes (unos 250.000) son corruptos. Entonces, cuando arrestan a un sicario de apenas 14 años y con cientos de ejecuciones en su haber, ¿cómo van a convencer a otros tantos chiquillos sumidos en la miseria de no dejarse seducir por los cantos de sirena de los narcotraficantes? Sólo en Ciudad Juárez y El Paso se calcula que operan unas 400 pandillas al servicio del crimen organizado.

No hay fuegos artificiales que valgan frente al cuerpo inerte de Marisela Escobedo, la madre que mataron a balazos por atreverse a pedir justicia contra el asesino de su inocente hija. Seguramente los allegados a esta mártir irán cayendo poco a poco como ya ha sucedido con su cuñado. Están condenados a muerte porque no tienen a dónde acudir si el narco reparte mordidas entre los carceleros, los jueces, las fuerzas del orden, los políticos.

Mientras los gobiernos de México y Estados Unidos aseguran que combatirán conjuntamente al narcotráfico hasta el final, ya en más de 200 ciudades al norte del Río Grande los estupefacientes se distribuyen en la acomodada suburbia anestesiada por los paraísos artificiales; en la superficie la guardia fronteriza caza jornaleros indocumentados y a metros de profundidad se horadan túneles para transportar los alijos. Tan musculosos son los tentáculos de esta millonaria industria que las familias de los Zetas, los de Michoacán o los Beltrán Leyva expanden franquicias en toda Centroamérica, donde cualquier chaval de la calle gana más como matón que mendigando. Es tan inasible la impunidad, que el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, se ha visto obligado a declarar estado de sitio en un país que va camino de ser una sucursal de los carteles aztecas.

Felipe Calderón tiene pocas razones para despedir el año con grandes alharacas. No hay discurso que resista la realidad de un país cuyas instituciones carecen de credibilidad. Hace unos días, el político del PAN Diego Fernández de Cevallos fue liberado tras siete meses de secuestro, en medio de un total mutismo oficial que le ha dado la espalda a la transparencia informativa. Se trata de otro oscuro episodio con más interrogantes que respuestas alentadoras.

En vísperas de 2011, México es un organismo enfermo cuya metástasis viaja con alarmante rapidez. Hasta ahora nadie ha dado con su curación.