CORRUPCIONES SOCIALISTAS:
Denunciado el rector socialista Carlos Berzoso por trapichear la Escuela Universitaria con sus camaradas-compañeros de partido
El escrito señala que «el edificio que albergó en su día la Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas de la Universidad Complutense de Madrid y que en la actualidad ocupa la Escuela Universitaria de Estadística, ubicado en el Campus de Moncloa, ha sido objeto de una transacción jurídica entre la citada Universidad y el Ministerio de Presidencia».
El sindicato afirma que, en el año 1963, la UCM cedió al Ministerio de Educación Nacional una parcela de terreno para la edificación del Museo de la Ciencia y Técnica (actual Museo del Traje) con reversión (año 2013).
El escrito señala que el edificio de la Escuela «se pretende cederlo, enajenarlo y permutarlo en concepto de indemnización por la recuperación de las edificaciones existentes en la parcela cedida en su día para la construcción del Museo del Traje (anteriormente Museo de la Ciencia y de la Técnica)». El sindicato dice que el 15 de octubre de 2007, mediante Orden, el rector de la UCM, Carlos Berzosa, ofertó y el Ministerio de Economía y Hacienda aceptó la entrega de la Escuela Universitaria de Estadística para recuperar el edificio y solar en el que se aloja el Museo del Traje.
Considera el escrito que «es competencia exclusiva del Consejo de Gobierno autorizar la afectación o desafectación de los bienes demaniales.
Además, señala que se prescinde de la participación del Consejo de Gobierno y del Consejo Social de UCM y del expediente de desafectación y de enajenación. Igualmente, se prescinde de la memoria y del informe de Asesoría Jurídica.
«Voluntad arbitraria»
También se prescinde de la tasación y del procedimiento administrativo para la enajenación, así como del órgano competente, Consejo de Gobierno y Consejo Social, a los que únicamente se informa, dice el escrito de Manos Limpias, queconsidera que todo «se efectúa en base a una Orden Ministerial y la voluntad arbitraria, ilegal y prevaricadora del rector, Carlos Berzosa».
El escrito, firmado por el secretario general del sindicato, Miguel Bernal, señala que estos hechos son, presuntamente, constitutivos de un ilícito penal «a tenor de lo preceptuado en los arts. 404 a 406 del Código Penal».Por todo ello, Manos Limpias pide que se admita la denuncia y se proceda a la apertura de diligencias previas informativas para investigar el tema.
MARÍA PERAL / Madrid
No hay «ni asomo de indefensión» en la investigación a Garzón, dice el Supremo
El magistrado del Supremo Manuel Marchena, instructor del proceso abierto a Baltasar Garzón por un presunto delito de cohecho, ha rechazado la queja del juez de la Audiencia Nacional sobre una supuesta «extensión de la investigación a hechos diferentes de los que originaron la querella inicial».
Marchena investiga si Garzón cometió un presunto delito de cohecho por solicitar y recibir de grandes bancos españoles fondos para financiar las actividades que desarrolló en la Universidad de Nueva York (UNY) durante su estancia en Estados Unidos en 2005 y 2006. Algunas de esas entidades estaban o iban a estar sometidas a procesos penales tramitados por el propio Garzón. El Supremo admitió a trámite una querella contra el juez promovida por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea y referida a la obtención de un patrocinio de 327.000 dólares del Santander.
En una resolución dictada el pasado miércoles en la que acuerda practicar nuevas diligencias (ver EL MUNDO en su edición de ayer), Marchena explica que ha «huido de forma consciente de toda investigación abierta o prospectiva». «Repárese, por ejemplo, en que el presupuesto remitido por la UNY al Santander incluía bajo el epígrafe 'benefactores principales' a las siguientes empresas: Fundación Altadis, Fundación Caja Madrid, Fundación Coca-Cola, Fundación Iberdrola, Fundación La Caixa, Fundación Ramón Areces, Fundación Telefónica, Carral and Milton Petrie y George L. Agyros» a las que no se ha extendido la investigación pese a que «sus patrocinios, desde luego, no son descartables».
Lo que sucedió es que la acusación popular pidió en abril de 2010 que se esclareciese «el reconocimiento público que la entidad Cepsa había hecho del pago de 100.000 dólares al centro de la UNY que abonaba el sueldo del querellado», y entonces apareció una carta de Garzón dirigida al presidente de Cepsa en la que le pedía una contribución económica «al igual que ya lo han hecho BBVA, Caixa Catalunya, Telefónica y Endesa».
«Fue un documento suscrito por el querellado el que determinó la necesidad de esclarecer las circunstancias de la petición de esos patrocinios, que respondieron al mismo destino y a idéntico esquema recaudatorio», subraya Marchena.
«No ha existido asomo de indefensión», añade el instructor, que subraya que la defensa no impugnó ni la petición de documentos a los patrocinadores ni la citación de sus directivos como testigos. La defensa jamás manifestó «ninguna clase de protesta o reserva y en ningún momento denunció lo que ahora cataloga como investigación ajena a los hechos querellados».
Madrid
«Todas las acciones contra mí ocurren tras el 'caso Gürtel'»
«Me siento condenado aunque no lo estoy». Baltasar Garzón dijo anoche encontrarse «triste» e «indignado» por lo que él considera que es «un atentado contra la independencia judicial». En una entrevista con Iñaki Gabilondo, el actual asesor del Tribunal Penal Internacional puso en duda la «imparcialidad» de los jueces que investigan las tres causas que se siguen contra él.
«No sé todavía por qué se me está investigando, no sé todavía por qué me tengo que defender», expresó Garzón durante la última emisión del programa Hoy, en CNN+. En su opinión, hay una razón que explica que haya sido suspendido cautelarmente en sus funciones como juez de la Audiencia Nacional: su instrucción contra la trama Gürtel, relacionada con el PP.
«Las cosas no suceden por casualidad. Todas las acciones contra mí se producen en un contexto histórico determinado», apuntó Garzón. Y añadió: «Todo ocurre después de que estalle el caso Gürtel, y no antes». Y volvió a decir: «Todo sucede en un contexto histórico muy determinado y por unas razones muy concretas».
Garzón, que reconoció que provoca «celos» entre la profesión, dijo que «lo peor» que se le puede hacer a un juez es «acusarle de prevaricación». «Yo no me siento para nada un prevaricador», se defendió. Y aseguró, en otro momento de la entrevista: «La apariencia de imparcialidad que se ha seguido en cada uno de los procesos no sólo la cuestiono yo, sino también muchos juristas».
«Es probable que a muchos este modelo de juez no les guste», admitió, antes de avisar: «Agotaré todos los recursos para encontrar un tribunal que me diga, con las debidas garantías, si llevo o no razón».
El PP denuncia contratos a dedo
en Alcorcón
El Gobierno local de Alcorcón, del PSOE, pretende hacer fijas las plazas de 54 funcionarios y 134 miembros del personal laboral municipal afines ante una posible salida del poder en las próximas elecciones locales, según denuncia el PP.
A seis meses de los comicios, el Ayuntamiento dirigido por Enrique Cascallana ha sacado a concurso un total de 188 plazas (54 de funcionarios y el resto de personal laboral) «con el fin de hacer fijos a los afines al Partido Socialista antes de un previsible cambio de Gobierno después de que los ciudadanos decidan en mayo», dice el PP.
El Partido Popular, cuyo candidato a la Alcaldía será David Pérez, denuncia que la convocatoria se ha realizado por el método de concurso-oposición «y no mediante oposición, que sería lo adecuado si lo que se persigue es que las personas cualificadas puedan presentarse a una oferta de empleo público». El PP, que tacha el asunto de «cascallanazo», sostiene que el alcalde «pretende funcionalizar puestos tan delicados como seis plazas de arquitectos superiores y técnicos que tendrán que hacer informes de planeamiento y ejecución, instalaciones y obras municipales».
El Ayuntamiento contestó por medio del concejal de Recursos Humanos, Salomón Matías, que afirmó que «lo único que demuestra el PP con esas afirmaciones es el desconocimiento total que tienen de la Administración pública, ya que es un procedimiento plenamente legal acordado en el Pleno Municipal».
Esta funcionarización, según Matías, consiste «en unificar en un solo régimen jurídico a todos los trabajadores municipales para simplificar la gestión. Se establece una estructura homogénea de carácter profesional para todos y es un proceso voluntario».
El concejal también explicó que este proceso «se lleva a cabo con todas las garantías legales ya que es un concurso- oposición, respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y su desarrollo se apoya en la vinculación legal que tiene en el seno de una oferta de empleo».
Asimismo, el edil señaló que «lo único que se ha acordado con los sindicatos es un procedimiento plenamente legal; por cierto, ciudades de otro signo político, como Madrid, han emprendido este proceso de funcionarización».
«Este proceso se realiza porque desde el punto de vista jurídico simplifica la gestión del Ayuntamiento y además supone un ahorro económico, que en el caso de Alcorcón rondaría los 800.000 euros anuales, porque con cada trabajador funcionarizado el Ayuntamiento se ahorra un 6% mensual de las cotizaciones mensuales».
El PP denuncia que el proceso se ha convocado cerca de las Navidades para menoscabar su carácter abierto y dificultar que posibles candidatos se presenten.
«El PP asiste a esta traca de última hora con estupor, porque teme que le dejen más maniatado un Ayuntamiento ya de por sí hipotecado», dice David Pérez. «Estas maniobras confirman que los socialistas ya se ven fuera del Ayuntamiento en seis meses».
Controladores/Metro
E. M.
Granados dice que el fiscal jefe tiene una «doble vara de medir»
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, califica de «escándalo» la «doble vara de medir utilizada por el fiscal jefe de la Comunidad de Madrid», Eduardo Esteban, respecto al paro de los controladores aéreos y la «huelga salvaje» del Metro.
«No creo que ningún madrileño entienda que ante situaciones parecidas y con un impacto muy negativo para los ciudadanos, en un caso el fiscal pretenda meter en la cárcel a los controladores y en el otro caso, el de los cabecillas de aquella huelga ilegal, haya recomendado el archivo. El tratamiento no está siendo equivalente y a todos los madrileños nos escandaliza», señaló ayer.
Granados se refería así a este asunto después de que el diario La Razón publicara que Esteban ha pedido el archivo de la causa contra Vicente Rodríguez, uno de los cabecillas de los paros en el suburbano, quien dijo que con la huelga los trabajadores de Metro iban a «reventar» Madrid.
Y Aguirre también
Granados se une así a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que el miércoles declaró que es «impresentable» la diferencia de trato que Esteban está dando a los controladores y a los conductores que secundaron la huelga de Metro.
«Es impresentable que el fiscal éste que han puesto político en Madrid diga que los controladores poco menos hay que meterles en la cárcel y en cambio diga que los sindicalistas del Metro que dijeron que iban a reventar Madrid que no han hecho nada malo», afirmó en declaraciones a Onda Cero, informa Europa Press.
Aguirre insiste en la necesidad de desarrollar una ley que regule el derecho a huelga y garantice el cumplimiento de los servicios mínimos.
posted by e-pesimo | 14:04
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