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lunes 29 de noviembre de 2010

ZAPATERO ABOCA A ESPAÑA A UNA QUIEBRA INSUPERABLE: La banca pagará parte de los rescates

Dos economías socorridas por la UE...
...y otras dos con riesgos de intervención

Zapatero embustero

>La banca arrastra al país. En la discusión de las condiciones impuestas a Irlanda para recibir la ayuda de 85.000 millones los socios europeos han manejado argumentos diferentes que en el caso griego. Porque, a diferencia de aquel episodio, en Irlanda el rescate está motivado por su sector financiero, con unos activos tóxicos que multiplican por cuatro el PIB del país. Esta cuestión ha desencadenado el debate paralelo sobre si el sector privado debe pagar parte del rescate, como proponía Merkel. Finalmente, los países de la UE han accedido a exigir responsabilidades a la banca a partir de 2013.

>Un rescate sin precedentes. Grecia se convirtió, el pasado mes de mayo, en el primer país de la zona euro en pedir oficialmente un rescate a sus socios. La mala gestión del Gobierno anterior dejó a su primer ministro Yorgos Papandreu, al frente de un país con un déficit del 13,6% y la presión implacable del mercado, que llegó a asfixiar por completo su capacidad de financiación. En la madrugada del 10 de mayo, los socios de la zona euro y el FMI diseñaron el fondo de rescate que ahora vuelve a discutirse. Grecia accedió a recibir un préstamo de 110.000 millones.

>¿La próxima víctima? Tras la debacle irlandesa, y consciente de que Portugal era el próximo de la lista, el primer ministro, José Sócrates, anunció un severo recorte del gasto para devolver la confianza a los mercados. El pasado viernes, el Gobierno sacó adelante los presupuestos más restrictivos de la Historia. Lisboa pretende ahorrar dinero con más ingresos (vía aumento del IVA y de la carga fiscal a las empresas) y con menos gastos (bajada del sueldo de los funcionarios, recorte de las pensiones). Aún así, el precio de la deuda sigue instalado en máximos. Le separan 200 puntos del bono irlandés.

>La amenaza del euro. España es, tras Portugal, la economía que entraña más riesgos de requerir la ayuda de sus socios europeos. El riesgo de intervención dependerá de la efectividad de los ajustes anunciados por el Ejecutivo, algunos de los cuales -como la reforma de las pensiones- ni siquiera se han aplicado aún. El diferencial de la deuda española aún dista mucho de los niveles alcanzados por Grecia o Portugal. Pero el precio de los bonos seguirá al alza si los mercados perciben que los recortes no bastan para frenar el déficit. El rescate de España pondría en peligro la estabilidad de la zona euro.


MARÍA RAMÍREZ / Bruselas

La banca pagará parte de los rescates

Merkel se impone y complica la financiación de los Estados con problemas de solvencia

Corresponsal

Temerosa de verse obligada a afrontar el rescate multimillonario de una economía grande como la española, la UE acordó ayer un nuevo fondo de rescate para repartir la carga de los países insolventes con los bancos y otros acreedores a partir de 2013.

En una nueva reunión dominguera antes de que abrieran las Bolsas, los ministros de Economía de la UE acordaron prestar a Irlanda, con el FMI, hasta 67.500 millones de euros, entre ellos unos 2.600 millones en avales de España, pero las intervenciones futuras protagonizaron el debate. Los Veintisiete aceptaron la creación de un nuevo sistema para sustituir el fondo de rescate actual, creado en mayo y que ya se está quedando pequeño.

La decisión, sin embargo, puede enervar a los inversores. En el nuevo sistema se dará «prioridad» a los préstamos de los vecinos del euro, pero también, como quería evitar España, se invitará a los Estados a que renegocien su deuda con los bancos y otros acreedores, siguiendo los deseos de Alemania. Se hará «caso por caso» y distinguiendo entre países «solventes» e «insolventes». Ante los Estados considerados «solventes», se pedirá a los acreedores que mantengan sus activos de deuda soberana respaldados por la ayuda de la UE y el FMI; «En el caso improbable de que un país parezca insolvente, el Estado miembro deberá renegociar un plan global de reestructuración con sus acreedores del sector privado». Además, si hay que hacer cola para cobrar, los bancos serán los últimos en hacerlo, puesto que «para proteger el dinero del contribuyente», la zona euro se pone como «acreedor prioritario» justo detrás del FMI (en el fondo de rescate actual, los Estados europeos son los últimos de la fila).

En octubre, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero rechazó abrir la puerta a la renegociación de la deuda por temor a que hubiera más presión en los mercados contra los países percibidos como más débiles ante la posibilidad de quitas en el valor de los títulos. Aún así, la vicepresidenta Elena Salgado aseguró ayer que el sistema está «más ordenado» y «limitado» respecto a la propuesta inicial de la canciller Angela Merkel. «Lo que penaliza a los mercados es la incertidumbre…No se sabía bien lo que quería decir la implicación del sector privado. Hemos clarificado lo que queríamos decir», dijo en rueda de prensa Salgado, que insistió en que la suspensión de pagos y la negociación con los inversores es «la última opción de las posibles».

Los ministros europeos buscaban una salida para el futuro el día en que les tocaba poner las cifras a su segundo rescate este año. La UE aceptó un paquete de 67.500 millones para Irlanda, que recibirá créditos durante siete años y medio para recapitalizar sus bancos y financiar el Tesoro. De ellos, el FMI aportará 22.500 millones mientras la UE avalará 45.000 millones entre el presupuesto comunitario, los vecinos del euro y los invitados para esta ocasión, Reino Unido (algo más de 3.800 millones), Suecia (casi 600) y Dinamarca (unos 400). El interés que deberá pagar Irlanda por estos préstamos rondará el 6%. Además, el propio Gobierno irlandés se compromete a gastar 17.500 millones extra de su fondo de pensiones, con lo que el paquete total sumaría 85.000.

En un descanso entre reuniones, Salgado explicó a sus colegas europeos la nota de prensa que les había enviado por correo electrónico el día anterior para recordarles los recortes de gasto que ya ha aplicado España: el acuerdo con las Comunidades Autónomas para que gasten menos y los requisitos de transparencia de la banca española. Según la ministra, la charla fue «informal», ella descartó nuevas medidas y nadie le pidió nada. «No estábamos en situación de pedir ni tampoco de explicar más cosas», dijo. Los únicos comentarios que recibió fueron amables. Fuentes comunitarias confirman que en la reunión no hubo debate sobre España.

En cualquier caso, la Comisión Europea corregirá hoy a la baja las previsiones del Gobierno de crecimiento y al alza la estimación de déficit público para 2011. El Ministerio de Economía insistirá en que sus cálculos son los buenos y que no hay más margen para recortar el gasto sin obstaculizar la recuperación.

EDUARDO SUÁREZ / Dublín

Los jóvenes irlandeses ya piensan en la emigración

La estadística augura un éxodo masivo en busca de trabajo

Enviado especial

Se suponía que Mayor Street sería el corazón de un Dublín distinto y revolucionario. Era un distrito de raíces obreras. Pero pronto se transformaría en el centro financiero de la capital. El sueño duró lo que tardó en explotar la burbuja inmobiliaria, que dejó el barrio salpicado de locales vacíos y edificios a medio terminar.

El mejor símbolo del desastre es la sede del Anglo Irish Bank: un esqueleto de hormigón asediado por un puñado de grúas inmóviles desde hace meses. Su construcción la aprobó el consejo de la entidad en el pico de la burbuja. Hoy es el epitafio del sueño del Ícaro irlandés.

De los años del boom sobreviven en el barrio pocas cosas. Pero entre ellas está la mejor escuela de negocios de Dublín. En sus aulas, sin embargo, el ambiente no es el mismo. Hay carteles de empresas canadienses que ofrecen un billete de ida y un empleo bien pagado en Toronto o en Quebec. Y desánimo entre los estudiantes, que se resignan a estirar sus estudios o emigrar.

Es el caso de Niahm (22 años). Le quedan unos meses para acabar la carrera y le gustaría trabajar en un banco, pero es consciente de que sus aspiraciones son inoportunas. Y no sólo por el paro galopante sino por el descrédito del sector. «Yo no quiero ser una banquera corrupta», explica mientras apura su café, «soy honrada y trabajadora. Pero si aquí no hay empleo tendré que emigrar y trabajar en la City o en Wall Street. No sé idiomas y no tengo muchas más opciones».

Algo parecido le ocurre a su amiga Danielle (21 años): padre francés y madre irlandesa. «Me encantaría montar una tienda en Dublín, pero el horizonte es malo», explica. «Pero no me preocupan las condiciones del rescate. Mi madre y mis tíos lloran por la pérdida de la soberanía. Yo no. Nuestros políticos son un atajo de charlatanes. Europa nos gobernará mejor».

Las palabras de Niahm y Danielle son un correlato de las estadísticas oficiales, que predicen un éxodo de los jóvenes con mejores currículos rumbo a Londres, Sydney o Nueva York. El boom económico transformó a Irlanda en un país de acogida para miles de polacos, eslovacos y eslovenos, que encontraron aquí su tierra prometida trabajando como albañiles, celadores o empleados de seguridad. La crisis ha llevado a muchos a marcharse. Otros se han quedado a cobrar unos subsidios mucho mejores que los de sus países de origen.

Entretanto, los irlandeses vuelven a emigrar. No tanto como entre 1861 y 1961, cuando el país perdió en un siglo un millón y medio de habitantes. Pero sí ha vuelto a las cifras de 1988, cuando Irlanda era un satélite económico del Reino Unido y sus jóvenes no tenían un futuro aquí.

Entre 2006 y 2010 se ha doblado el número de emigrantes y se han desplomado las cifras de la inmigración. Por primera vez desde los 80, Irlanda ha vuelto a ser un país que encoge y pierde a sus jóvenes más preparados. «Si no hay trabajo, no habrá otra opción», dice Georgia (18 años), «al menos los jóvenes lo asumimos con naturalidad. Irlanda es un país pequeño. Son Alemania y América quienes dictan las reglas. Hay que adaptarse o morir».

Madrid

Ataque y defensa a España en la prensa foránea

La prensa internacional ha comparado en los últimos días a España con la situación en Irlanda e, incluso, algunos medios han valorado la posibilidad de un rescate a nuestra economía. Sin embargo, no todos los rotativos comparten la misma opinión.

'FINANCIAL TIMES'. El prestigioso diario económico ha sido el último en analizar el castigo de los mercados a España. En su editorial del sábado aseguraba que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «o es muy valiente o muy tonto» con la actitud que mantiene ante los ataques de los especuladores a España. El diario hacía referencia a la «desesperada» situación de las cajas de ahorros.

'THE NEW YORK TIMES' . El periódico estadounidense fue de los primeros en plantear cómo sería un rescate a España y si la zona euro podría afrontarlo. «Un rescate haría a Europa replantearse su capacidad para ayudar a las economías débiles, a la vez que pondría en un aprieto a la moneda única», decía el texto.

'THE WALL STREET JOURNAL'. El otro gran periódico económico de referencia se refirió al «puzle» de los precios de la vivienda en España como uno de los motivos que «confunden y espantan a los inversores». «Los datos procedentes del Gobierno e incluso de algunas grandes tasadoras subestiman la caída real de los precios», afirmaba.

'THE ECONOMIST'. Para la influyente revista económica, Zapatero se ha convertido en la «clave del euro». «Si actúa con rapidez, él podría desempeñar un papel fundamental para evitar el colapso de la moneda única», decía The Economist.

'FRANKFURTER ALLGEMEINE'. «España no debe compararse con Irlanda y otros países problemáticos de la zona euro como Grecia o Portugal, y es improbable que necesite ser rescatada por Europa», dijo el diario alemán.

AJUSTE DE CUENTAS

JOHN MÜLLER

Sólo seis empresas eran genuinamente privadas

De las 39 empresas que fueron invitadas a La Moncloa el sábado -y que dan empleo a un millón de trabajadores, según el presidente del Gobierno-, apenas seis pueden decir que no le deben nada al Ejecutivo y que son auténticos emprendimientos. Esa es la realidad del gran empresariado de nuestro país. Esas empresas son, tras recortar muchas veces la lista, los bancos Santander, Popular y Sabadell, Inditex, Mercadona y El Corte Inglés.

Todas las demás están en sectores regulados, sometidos a tarifa, o reciben generosos contratos públicos, cuentan con licencias estatales, han sido monopolios públicos, fueron privatizadas o el Gobierno (éste o uno anterior) les ha salvado la vida en un momento dado.

Esto no significa que todos sus representantes hayan sido obsecuentes con el poder (algunos fueron muy críticos), pero el tan traído y llevado discurso de que España es una marca que lastra sus resultados es muy difícil de sostener oficialmente por la mayoría de ellos. Telefónica, BBVA, Iberia o Repsol, por ejemplo, no lo pueden decir sin que alguien les recuerde que comenzaron siendo monopolios o empresas públicas privatizadas, que con deuda adquirida desde España se expandieron por el mundo. Es verdad que lo han hecho muy bien, que se han convertido en las multinacionales de cuño español que no teníamos hace 20 años, pero es de bien nacido ser agradecido. Por eso este asunto de la marca sólo afloró de manera descriptiva en algunas intervenciones, como la de César Alierta, presidente de Telefónica.

En estas circunstancias no sólo es importante prestar atención a lo que se le dijo a la cara a Rodríguez Zapatero (todo el mundo coincide en que Francisco González, presidente del BBVA, fue el más crítico con su gestión), sino también a esos silencios que fueron tan estruendosos como los discursos. Por ejemplo, la mayoría de quienes están concernidos por el acuerdo energético que está a punto de lograr el ministro de Industria Miguel Sebastián, con la única excepción del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, callaron. En La Moncloa interpretaron las palabras de Sánchez Galán reclamando un marco legal «atractivo, estable y predecible» como una presión destinada a parar las primas a las plantas termosolares. Pero no más que eso.

Unos pocos fueron capaces de formular propuestas que escaparan a la acuciante tormenta financiera: Rafael del Pino, de Ferrovial, que destacó que el Estado de Bienestar no es sostenible; Luis del Rivero, de Sacyr, y Sebastián Escarrer, de Sol Meliá, que pidieron revisar el despilfarro autonómico, o la hotelera Carmen Riu que instó a reformar drásticamente nuestro modelo educativo.

Si el Gobierno tuviera esta misma reunión con pequeños y medianos empresarios, o con autónomos -que son los que dan trabajo a 12 o 13 millones de españoles-, lo que tendría que oír sería muy diferente. Tendría noticia, por ejemplo, de la enorme brecha que existe entre lo que legisla el Parlamento y lo que le ocurre realmente a las empresas. Quizás comprendería cómo a Acciona no le cuesta nada cumplir con la Ley de Protección de Datos, pero ésta hace polvo a una pyme y se convierte en un elemento disuasorio para los emprendedores. Y este es sólo un ejemplo aislado, pero hay muchos más entre aquellos que no tienen acceso a La Moncloa o que no tienen capacidad para cambiar las leyes.

john.muller@elmundo.es

CARLOS CUESTA / Madrid

Salgado congela el pago de 691 millones a Madrid

Aplaza dos años la inyección de fondos de competitividad asignados a la región

Zapatero embustero

Los presupuestos del Estado de 2011 han incluido un crédito adicional de 1.078 millones de euros para cumplir con las exigencias de los Estatutos; han asignado 7.000 millones de euros extra a las comunidades gracias al nuevo reparto de los impuestos estatales. Sin embargo, se han encargado de excluir la partida que más dinero debía adelantar a la Comunidad de Madrid: el fondo de competitividad, que asciende a 691 millones de euros.

La nueva Ley de Financiación Autonómica, aprobada por el actual Gobierno exige la dotación de este fondo, ideado para compensar a las autonomías que reciben del conjunto del sistema una menor financiación por habitante o una financiación total inferior a sus ingresos tributarios totales. Pero, además, de dotarlo, la disposición transitoria segunda de la Ley 22/2008 recoge la potestad «del Ministro de Economía» de acordar «la concesión de anticipos en 2009, 2010 y 2011, a cuenta de los fondos y recursos adicionales, una vez que las CCAA y ciudades con Estatuto de Autonomía lo hayan aceptado en Comisión Mixta, con objeto de que puedan recibir los recursos adicionales con la gradualidad correspondiente a los porcentajes del 70%, 85% y 100% respectivamente».

De este modo, las autonomías deberían poder obtener los ingresos que les corresponden antes de que se calculen los saldos definitivos, puesto que en caso contrario su cobro se demora hasta dos años con respecto al periodo en el que realmente se recaudan los impuestos correspondientes. Con este convencimiento, el Ejecutivo procedió al pago de estos anticipos en 2009, mediante Orden Ministerial de 23 de diciembre de 2009, y en 2010, a través de la Orden Ministerial de 22 de marzo de 2010.

Pero, pese a esos antecedentes, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha cortado el grifo al anticipo de un fondo que, casualmente, tiene dos claros ganadores dentro de un pastel total de 5.700 millones de euros al año: Madrid y Cataluña. Pero esta última se verá compensada gracias a otras partidas como las inversiones nacionales en esta comunidad, que se elevan en 2011 a 3.134 millones de euros, un 17,06% del presupuesto total destinado a este fin. Por el contrario, la comunidad madrileña tendrá más difícil consolarse: percibirá el próximo año 1.774 millones en concepto de estas inversiones, el 9,66% del total y un 23,5% menos que en 2010.

La falta de ese adelanto significa que la comunidad deberá realizar sus previsiones económicas sin contar con esos casi 700 millones durante los próximos dos años; es decir, con la crisis aún coleando. Desde el Gobierno regional no se oculta el enfado con el ministerio liderado por Elena Salgado y se califica a los presupuestos de «ilegales», por incumplir la Ley de Financiación Autonómica y «atentar contra la sociedad del bienestar puesto que limita los recursos que las regiones deben recibir para el sostenimiento de los servicios públicos».

C. C. / Madrid

España, el país con mayor carga fiscal a las empresas

Las cajas revelan que los impuestos son los más altos de la UE

España «se encuentra entre los países que exigen una mayor factura fiscal, media y marginal, por unidad de inversión realizada en su territorio». Es más, «podemos afirmar sin temor a equivocarnos» que la fiscalidad de la inversión corporativa en España «se encuentra entre las más elevadas de la Unión Europea» y «evidentemente, esta situación de alta fiscalidad (…) hace de España un país poco atractivo para invertir».

Se trata de la principal conclusión a la que llega un grupo de catedráticos y profesores, encabezado por José Félix Sanz en un informe que hará público en breve Funcas (la Fundación de las Cajas de Ahorros). Este señala el elevado nivel de impuestos de las compañías como uno de los problemas que han llevado a la economía española a la situación de fuerte crisis en la que se encuentra inmersa.

El informe desmonta, así, una de las tesis centrales del Gobierno: la de que la fiscalidad española es reducida y, por lo tanto, pueden elevarse más los impuestos para tapar el inmenso déficit de 100.000 millones de euros previsto para este año. Las conclusiones del estudio son rotundas: el tipo medio que soportan las empresas en España por cada euro invertido es la más dura de toda la Unión Europea. Así, el pago efectivo de las compañías ubicadas en España se eleva hasta el 26%, dos veces y media más que el pago medio real de las empresas de la UE-27 y de la zona euro.

El estudio no se contenta con observar el tipo teóricamente recogido en la ley de cada país -España, con un 30%, ostenta el quinto impuesto más caro de la UE, siete puntos y medio por encima de la media europea-. Los expertos analizan el pago real de las empresas en cada país teniendo en cuenta el tipo de financiación empleado, a través de deuda, emisión de acciones o por medio de la retención de beneficios, y el destino dado a esa financiación -inversión en inmuebles, maquinaria o equipos informáticos-. Y los resultados son dramáticos para la economía nacional. «España tiene el tercer tipo marginal más elevado de toda la Unión y el primero más alto si hablamos de tipo medio» general; «Los métodos de amortización admitidos por el Fisco español no se encuentran entre los más generosos»; «El valor presente de las amortizaciones fiscales es de los más bajos de Europa»; o España «mantiene escasos incentivos generales a la inversión». Son algunas de las frases plasmadas en el informe.

Los expertos añaden que «la elevada carga fiscal marginal de las inversiones en activos fijos es especialmente severa en el caso de los inmuebles industriales, sólo superada por la de EEUU y Finlandia». En el caso de las inversiones en maquinaria o equipos informáticos, la carga impositiva marginal -la más elevada que se puede llegar a aplicar según la ley de cada país- está igualmente entre las más altas: «Se encuentra en la sexta posición dentro de los 28 países estudiados».

Una situación que choca frontalmente con los incentivos de algunos de los países que menos están sufriendo en esta crisis: «Llaman especialmente la atención los casos de los edificios industriales en Alemania y la maquinaria y los equipos informáticos en Luxemburgo, que presentan tipos marginales efectivos fuertemente negativos, es decir muy subsidiados fiscalmente».

MARISA RECUERO / Madrid

Los controladores elevan los incidentes aéreos

Los sucesos en los aeropuertos crecen un 28% en el último año

La seguridad aérea en España no se libra de amenazas. Un informe interno elaborado por Senasa, la empresa de servicios de navegación aérea, para la Agencia Estatal de Seguridad Aérea revela que en poco menos de un año los incidentes en los aeropuertos y con aviones aumentaron un 28%, siendo los controladores, los fallos en los sistemas de vuelo de las aeronaves y los impactos de pájaros los principales motivos de los sucesos aéreos.

El citado documento, al que tuvo acceso este diario, fue relizado a partir de las notificaciones anónimas de pilotos, técnicos y operadores, y advierte de que «las causas de los incidentes responden a la deficiente formación del personal, al desarrollo del trabajo bajo condiciones de presión y a un mantenimiento deficiente de los equipos de suministro». Es más, reconoce que algunos de los sucesos se producen en la propia preparación del vuelo y se detectan una vez iniciada la operación de la aeronave.

El 35% de los incidentes notificados se debió a problemas en los servicios de navegación aérea, primera causa de sucesos en los aeropuertos españoles. Casi la mitad de ellos fue calificado de «significativo». Es decir, vulneraron los márgenes de seguridad de la operación, pudiendo haber dado lugar a un accidente grave.

La aeronavegabilidad del avión fue la segunda causa de incidentes. En este sentido, lo que más falla en las aeronaves que operan en España es el tren de aterrizaje, los sistemas de navegación, los controles de vuelo y la presurización de la cabina.

De hecho, el modelo de avión que registró mayor número de incidencias en un año fue el A-340, con una elevada tasa de sucesos relacionados con sistemas de la aeronave. Hasta 217 incidentes por cada 100.000 ciclos, es decir, por cada 100.000 aterrizajes y despegues. Sin embargo, el que más falló por problemas con los motores fue el A-330. En este caso, los inconvenientes se originan, sobre todo, en el compresor de la turbina, seguidos de fallos en el control de combustible y en el aceite.

No obstante, el modelo de avión más problemático sigue siendo de la familia del McDonnell Douglas MD-80/90, propiedad de Boeing, cuya media de edad asciende ya a más de 20 años. Los fallos en este tipo de aeronave se producen tanto en el motor como en el resto de sistemas del avión. Precisamente, una aeronave de esta familia, un MD-82, sufrió un accidente en el aeropuerto de Barajas hace dos años, causando la muerte de 154 personas.

El informe de Senasa detecta, además, «una gran disparidad de contenidos en los manuales de operaciones de las compañías», es decir, en los libros que consultan los pilotos. La tercera causa de incidente aéreo se refiere a factores externos, sobre todo a turbulencias, meteorología adversa e impactos con aves. De hecho, el 16% de los sucesos notificados se debió a estos motivos.

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