JUEGO SOCIALISTA (SUCIO) EN EL NOMBRAMIENTO DE JUECES

MARÍA PERAL / Madrid

Un pacto con dos vocales del PP del CGPJ desbloquea los nombramientos

El grupo minoritario se cree «traicionado» y critica el «cambio de las reglas de juego»

Un pacto de última hora entre el sector mayoritario del Consejo General del Poder Judicial -que integra a los vocales propuestos por el PSOE, PNV y CiU- con sólo dos de los nueve vocales designados por el PP permitió ayer desbloquear los nombramientos de seis presidentes de tribunales superiores de Justicia. Alguno de ellos, como el de Valencia, llevaba pendiente más de un año.

Es la primera vez en el actual CGPJ que se producen nombramientos de altos cargos judiciales con votos de «tránsfugas», según el más suave de los calificativos con los que el grupo de los vocales propuestos por el PP se refirió ayer a sus compañeros Concepción Espejel y Claro Fernández-Carnicero. En otras ocasiones ha habido fugas de votos en uno y otro sector, pero nunca se ha sabido con exactitud qué vocales no habían seguido los acuerdos que se alcanzan en el seno de los grupos.

Ayer no hubo dudas. Espejel y Fernández-Carnicero llevan tiempo apartados del sector de vocales elegidos por el PP. Ellos sostienen que han sido maltratados y ninguneados en aras de una disciplina de grupo basada en que hay que seguir las consignas de la actual cúpula dirigente de la Asociación Profesional de la Magistratura, y que el grupo ha adoptado decisiones que les afectaban a sus espaldas. El resto de los vocales afirma que Espejel y Fernández-Carnicero «van por libre» y no quieren aceptar los acuerdos que se alcanzan democráticamente en el grupo cuando no coinciden con sus intereses.

A las discrepancias sobre los nombramientos se sumaba ayer otro foco de tensión, relativo a la renovación de las comisiones del CGPJ. En contra del deseo de Espejel, que quería permanecer en la Comisión de Calificación, el grupo minoritario había acordado sustituirla por Antonio Montserrat, lo que -según fuentes de la minoría- había sido aceptado por el grupo mayoritario. Los vocales del PP no querían tener en esa Comisión -una de las más relevantes del Consejo, al ser la que preselecciona a los candidatos para los cargos judiciales- a una «representante» que ignora olímpicamente las decisiones tomadas por el grupo.

El sector minoritario se encontró con que, tras salir adelante los nombramientos pactados entre la mayoría y Espejel y Fernández-Carnicero, los vocales propuestos por el PSOE apoyaron el deseo de la vocal de permanecer en Calificación. Esto fue interpretado por la minoría como una «traición» y un «cambio de las reglas del juego», ya que hasta ahora los acuerdos establecidos entre los negociadores de los dos grupos, Margarita Robles y Manuel Almenar, se habían respetado. Esta situación de «pérdida de confianza» llevó a Almenar a presentar su dimisión como miembro de la Comisión Permanente y de la Comisión de Modernización Judicial, lo que no le fue aceptado por el Pleno.

El grupo de la minoría no fue informado del pacto entre los vocales propuestos por el PSOE y Espejel y Fernández-Carnicero, y entró en la reunión convencido de que iban a salir adelante las presidencias de los TSJ de Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Canarias, pero en ningún caso la de Andalucía, que la minoría quería para Francisco Arroyo. Asumía, en contrapartida, que la mayoría bloquearía el TSJ de Valencia.

Para los vocales propuestos por el PSOE el punto de partida era otro: sólo estaban garantizados el TSJ de Cataluña (para el candidato de Margarita Robles, Miguel Ángel Gimeno) y el de Castilla y León (donde José Luis Concepción, de la APM, aspiraba a ser reelegido).

En esta situación, 15 minutos antes del Pleno la mayoría ofreció a Espejel y Fernández-Carnicero apoyar la reelección del candidato de Espejel, Vicente Rouco, en el TSJ de Castilla-La Mancha a cambio de que ellos dos votaran a Lorenzo del Río, de la asociación Francisco de Vitoria, como nuevo presidente del TSJ de Andalucía.

Salieron, así, adelante, los seis nombramientos. El primero, el de Gimeno, que hubiera sido bloqueado por la minoría de haber conocido el pacto; luego los de Del Río en Andalucía, Juan Antonio Castro en Canarias, Rouco en Castilla-La Mancha, Concepción en Castilla y León y Pilar de la Oliva en Valencia.

Espejel y Fernández-Carnicero dijeron ayer que votaron a quienes les pareció que reunían más méritos, al margen de siglas asociativas.

HÈCTOR SANJUÁN / Valencia

De la Oliva o el rápido ascenso «de cabo a general»

El aterrizaje de Pilar de la Oliva como presidenta del TSJ valenciano no será sencillo, apuntan fuentes del entorno de algunos de los magistrados que compitieron en algún momento del proceso por el puesto. Según estas fuentes, De la Oliva no cumpliría estrictamente los requisitos de mérito y capacidad y consideran que con su elección se ha producido una «ilegalidad manifiesta». Y es que, como indican otros miembros de la profesión, la juez ha pasado «de cabo a general» en un abrir y cerrar de ojos.

La cara visible de este malestar, el presidente de la Sección Séptima de la Audiencia de Alicante, José de Madaria, explicó a EL MUNDO su intención de presentar un recurso a la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para que se declare nulo el nombramiento. Madaria, que aspiraba también a la Presidencia del TSJ de la Comunidad, ya puso un recurso de alzada después de que se nombrara la terna de tres candidatos y él fuera eliminado. Ahora reitera los mismos argumentos y considera que, con la elección de Oliva, la ley no se ha cumplido. «Ya no es una cuestión de no haber sido elegido, es una cuestión de principios: el Consejo debe ceñirse a la ley y no lo ha hecho», indica.

Recurso listo

Madaria tiene «muy claro» que va a presentar el recurso cuando el nombramiento se oficialice en el BOE y está convencido de que se le unirá algún que otro jurista que ha optado a sustituir a Juan de la Rúa. Esta posibilidad ya ha llegado al CGPJ, aunque en el órgano de Gobierno de los jueces entienden que el procedimiento se ha hecho siguiendo la legalidad y vaticinan que así lo entenderá el Supremo. Lo contrario, apuntan las dos partes, provocaría un «escándalo».

La nueva presidenta del TSJCV debutó ayer ante la prensa a las pocas horas de su elección. Visiblemente nerviosa y emocionada, Oliva prefirió evitar las preguntas y se limitó a hacer una breve declaración de principios. La magistrada abogó por lograr una Administración de Justicia «creíble, de calidad, transparente y eficaz», en la que los ciudadanos «puedan confiar plenamente».

IKER RIOJA / Vitoria Chaves plantea ahora que las listas no incluyan a tránsfugas

Asegura que la decisión también afectará al alcalde de Benidorm

El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, puso ayer contra las cuerdas al alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, propuesto el sábado por el Comité Federal del PSOE como candidato a la reelección. Chaves anunció que planteará en la comisión contra el transfuguismo, que él preside -como también el PSOE-, que ningún electo que haya sido declarado tránsfuga pueda presentarse en las próximas municipales, previstas para mayo del próximo año.

Navarro fue investido en septiembre del año pasado en un bronco Pleno en el que un ex edil del PP, José Bañúls, votó a favor de expulsar de la Alcaldía al regidor popular Manuel Pérez Fenoll. Los 12 concejales del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) -entre los que se encuentra Maite Iraola, la madre de la ministra de Sanidad, Leire Pajín- se dieron de baja en el partido para evitar ser expulsados por violación del pacto antitransfuguismo.

La decisión del PSOE de auparlo como candidato -contestada en algunos sectores de Ferraz- sentó muy mal en las filas del PP. Su responsable de política autonómica, Javier Arenas, remitió el miércoles una carta a Chaves y ayer otra al presidente del Gobierno para manifestar su disconformidad. En esta segunda misiva, Arenas acusaba a los socialistas de «romper» el acuerdo contra el transfuguismo al avalar a Navarro.

«La gravedad de este caso se incrementa, además, por la implicación de la dirección federal del PSOE y de su ex secretaria de Organización, la señora Pajín, en la conformación y presentación de la moción de censura», expuso en su misiva en referencia al papel ejercido por Iraola hace un año.

Arenas recuerda que el jefe del Ejecutivo declaró textualmente el pasado 17 de enero que se aplicaría «estrictamente» el pacto antitransfuguismo. «Evidentemente ni han cumplido el pacto ni usted ha cumplido su palabra», le espeta en la misiva.

Chaves no tardó en responder a Arenas y criticó el «cinismo y la hipocresía» del PP en esta materia, ya que, según apuntó, todos los partidos han cometido «fallos en relación con el pacto» y los populares se han beneficiado de las mociones de censura en otros municipios próximos a Benidorm, como Calpe, Denia o Villajoyosa.

En lo que va de legislatura, el PP ha llegado así al poder en 17 ocasiones y el PSOE en 12. Lejos quedan CiU (tres) e IU (dos). En total, se han registrado 41 vuelcos desde 2007.

El vicepresidente quiso ser contundente con el transfuguismo. La comisión ya denunció la situación de Benidorm y el propio Chaves, presidente del PSOE, se ha opuesto a que Navarro represente a su partido -aunque va como independiente- en la localidad alicantina. Ayer, expresó que el regidor de Benidorm deberá someterse también a esta propuesta y no presentarse si así lo acuerda este grupo de trabajo.

La dirección del PSOE puso en cuarentena los planes de Chaves y supeditó la retirada de Navarro a que el resto de partidos haga lo propio con sus tránsfugas, sobre todo en Alicante. Ferraz subraya, además, que los ediles de Benidorm abandonaron el PSOE, lo que no ha sucedido en otras formaciones.

Asimismo, quiso mandar un «afectuoso saludo» a su predecesor en el cargo, Juan Luis de la Rúa, al tiempo que agradecía al Consejo la «confianza» que ha depositado en ella para desempeñar la presidencia, responsabilidad que asume «con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de aportar» su trabajo y el de todos sus compañeros.