ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES: Ciutadans, contra los ayuntamientos no bilingües
DANIEL G. SASTRE / Barcelona
Ciutadans, contra los ayuntamientos no bilingües
En un comunicado, Ciutadans criticó que los ayuntamientos de Barcelona, Tarragona, Gerona y Lérida consideren el catalán «como lengua de primera y el castellano como lengua de segunda». En su opinión, todos los municipios deberían cumplir con la resolución del TSJC y con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto. Ese fallo anuló la consideración del catalán como lengua «de uso preferente» en las administraciones y abrió una vía a recursos como el que presentó el PP contra el reglamento de usos lingüísticos del Ayuntamiento de Barcelona.
Pese a que fueron los populares quienes recurrieron los reglamentos, Rivera les acusó ayer de mantener «un doble discurso» por votar en contra de esas normas en Barcelona y a favor en Tarragona y Gerona.
Pero el PP se defendió ayer subrayando que la situación que se vive en Tarragona «no tiene nada que ver» con la de las administraciones afectadas por la resolución judicial. Los populares recordaron que el reglamento de política lingüística vigente en el Ayuntamiento de la capital tarraconense se aprobó, por unanimidad de los grupos políticos, el 19 de marzo del año 1992, cuando gobernaba Joan Miquel Nadal (CiU).
«Ese reglamento se ajusta perfectamente a la Ley de Política Lingüística del año 1983 y al Estatuto de Sau de 1979, que ha tenido siempre el apoyo del Partido Popular de Cataluña», añadía una nota del partido.
Al margen de esa circunstancia, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, exigió ayer a todos los ayuntamientos catalanes que adapten sus reglamentos a la doctrina que el TC fijó en la sentencia del Estatut. Tras insistir en que su partido mantiene abierta la vía judicial por si otros consistorios «marginan» el castellano, Sánchez-Camacho afirmó que el PP «seguirá garantizando el bilingüismo».
El candidato de UPyD a las elecciones del 28-N, Antonio Robles, también pidió a los partidos que acaten el auto «sin aspavientos».
Las dos principales formaciones catalanas, CiU y PSC, son contrarias a la decisión judicial, y los socialistas aprovecharon ayer la ocasión para pedir a CiU que no pacte con el PP por haber impulsado el recurso al reglamento lingüístico.
Mas ya ha dicho que esta vez no hará como en 2006, cuando firmó ante notario durante la campaña que no pactaría con el PP. Aquella iniciativa le costó muchas críticas
dentro de la federación nacionalista.
Un día más, el partido más duro en defensa del reglamento fue ERC. El consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserras, reclamó «extrema contundencia» contra los «ataques» a la lengua catalana. Añadió que quien se ampara en «sentencias legales» contrarias a la voluntad de los catalanes comete un «acto de violencia» contra la lengua.
PEDRO BLASCO
Las cuentas más difíciles
El año próximo se gastarán 16.724 millones de euros, un 9,03% menos que el ejercicio anterior. De esta cantidad, 3.319 millones irá a un nuevo Fondo de Garantía de los Servicios Públicos. Es decir, cada madrileño tendrá que pagar 515 euros para que otras comunidades puedan disfrutar de esos beneficios sociales.
La presidenta explicó que este fondo proviene de la nueva financiación autonómica que aprobó el Gobierno central en julio, que ella considera que es «arbitraria e injusta».
Si no hubiera que pagar esa cantidad al Estado, el Gobierno autonómico podría hacer frente a los gastos con sus propios recursos. Pero la solidaridad obliga al Ejecutivo regional al endeudamiento y a no cancelar parte de la deuda como podía haber hecho.
Aguirre, con su consejero de Economía, Antonio Beteta, a la izquierda, dijo que la Comunidad de Madrid es la única que no tiene que presentar un plan de saneamiento por haber hecho bien los deberes en los anteriores ejercicios presupuestarios. Este año el endeudamiento será del 0,70% del PIB, por lo que cumple las órdenes del Gobierno central (0,75%).
La filosofía que la presidenta, y su Gobierno, quiere que llegue a los ciudadanos es que el 81% de los gastos se dedicarán a Educación, Sanidad y Servicios Sociales.
El gasto corriente bajará un 15% y los de personal un 5%, en consonancia con las retribuciones aprobadas para los funcionarios por el Gobierno nacional.
Uno de los recortes que se aprobó ayer en el Presupuesto fue el de las subvenciones del Imade a proyectos empresariales. Serán sustituidos por los créditos reembolsables. Esta herramienta se desarrollará, en su parte principal, dentro de un convenio de colaboración entre la Comunidad y el Ministerio de Ciencia. El primer convenio alcanzará los 80 millones de euros (32 millones en el Presupuesto de 2011). La Comunidad tomará prestados estos créditos al 1,232% (Euribor de febrero de 2010) y los articulará en créditos blandos, con cinco años de carencia y diez años de amortización, según fuentes de la Consejería de Economía.
La presidenta insistió en la frase que viene pronunciando el Gobierno regional desde hace semanas y es que en los Presupuestos del Estado no destinan ni un solo euro a obras nuevas en la Comunidad de Madrid.
El portavoz de IU en la Asamblea, Gregorio Gordo, dijo que los Presupuestos de la Comunidad para 2011 son «los del paro y el ataque a los trabajadores, las familias y los jóvenes», y se mostró convencido de que con ellos empeorará la calidad de los servicios públicos. El PSOE presentará hoy su valoración sobre las cuentas.
¿En qué gastarán su presupuesto...?
>Sanidad: Hospitales de Torrejón, Gómez Ulla, Villalba y Móstoles, 20 centros de salud y reformas.
>Educación: Programa bilingüe para 80.000 alumnos, 25 nuevas escuelas de infantil y 1.036 millones para la Universidad.
>Familia y Asuntos Sociales: 1.000 nuevas plazas en residencias y centros de día; 48 millones para la Renta Mínima de Inserción.
>Empleo, Mujer e Inmigración: 200.000 plazas para cursos de formación, fomento de la lucha contra la violencia de género.
>Transportes e infraestructuras: Prolongación del Metro a Las Rosas y Mirasierra, enlace Torrejón-Chamartín y obras en carreteras.
>Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio: culminar el proyecto de Parque Nacional del Guadarrama, deducción en el IRPF para comprar y alquilar viviendas.
>Economía y Hacienda: esperan rebajar impuestos por valor de 3.100 millones de euros.
>Presidencia, Justicia e Interior: Plan Prisma para ayudar a los municipios, financiar el sueldo de las Bescam y aumentar los órganos judiciales.
>Cultura y Deporte: Incrementar los fondos de la red de bibliotecas y conservar el patrimonio cultural.
MARTA BELVER
La cola de la desesperación
Faltan 10 minutos para que abra una de las oficina de empleo de Alcalá de Henares y los primeros de la concurrida cola tienen cara de frío y ojeras. Aunque están allí clavados desde las dos y media, el suyo no es el madrugón más duro que se ha registrado en esa peregrinación diaria por la avenida de Guadalajara: el récord, al menos el oficioso, está en las siete de la tardel día anterior.
La saturación del servicio es tal que se han registrado conatos de agresión por parte de usuarios que, después de pasar la noche a la intemperie, no consiguen número para ser atendidos. «Hace 15 días yo llegué a las 6.30 horas y ya me tocó el 44... Algunos días hay tanta tensión que hasta ha tenido que venir la Policía», asegura Ana Belén, una de las habituales, a su pesar, de esa espera para pacientes.
La situación de la oficina de Alcalá de Henares es una de las más delicadas de la región, pero no la única. De hecho, en la Comisión Ejecutiva del Servicio General de Empleo Estatal de Madrid que precisamente se celebró ayer se aludió al «incremento de la crispación» en las colas e incluso de la posibilidad de que «se estén vendiendo números».
M2 intentó contrastar ayer este extremo con la Delegación del Gobierno en la región, adonde presuntamente se han podido dirigir las quejas al respecto, pero allí no consta que se hayan producido denuncias de este tipo.
Lo que sí pudo comprobar es que en la citada oficina de Alcalá de Henares los funcionarios asignados a ese centro asisten diariamente a unos 150 trabajadores sin empleo, mientras que en ocasiones se concentran a las puertas más de 300. «Hay gente que ha estado dos, tres, cuatro días esperando... y no ha conseguido que le atiendan», afirma Jesús La Roda, secretario general de la Comarcal Este de UGT Madrid.
A los residentes del municipio a los que les corresponde esa oficina se suman también los de localidades colindantes como Daganzo, Meco y Villalbilla, «zonas industriales donde el paro esta teniendo una incidencia especial», según La Roda, que concluye: «Esto es vergonzoso y no tiene visos de acabar».
Las estadísticas parecen darle la razón. Hoy se conocerán los nuevos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y las perspectivas para Madrid no son demasiado alentadoras.
La ratio europea de atención administrativa es de un funcionario por cada 50 ciudadanos desempleados, una media que en España se eleva hasta los 189 parados por trabajador, según los datos del Servicio General de Empleo Estatal.
En Madrid la situación es notablemente más precaria: la plantilla asignada en las 42 oficinas de la región suma 2.049 personas para atender a los 471.643 parados registrados a finales de septiembre en la región. Una para cada 230.
JUAN FERNÁNDEZ-MIRANDA / VEO7
El centro comercial fantasma
Ajenas al desarrollo urbanístico y comercial de Parla, varios cientos de ovejas pastan cada día por un terreno que se despliega al oeste del municipio: 5,5 millones de metros cuadrados al otro lado de la carretera de Toledo. Ese terreno, conocido como el PAU-5, es hoy un auténtico secarral situado en medio de ningún sitio, pero hubo un día en el que estuvo a punto de convertirse en el motor económico de este municipio del Sur. Al menos eso denuncia un grupo de empresarios que en su día invirtieron en esos terrenos con el fin de hacer negocio y ofrecer una alternativa económica a Parla, una ciudad castigada por el desempleo.
Los propietarios de ese terreno -500 hace unos años, 300 en la actualidad- tenían un plan, un inversor y el visto bueno del Ayuntamiento. Levantarían un centro comercial de 150.000 metros cuadrados, el más grande del Sur de la región. Un desembolso de 250 millones de euros que supondría la creación de 30.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Un negocio redondo para ellos y también para Parla. O al menos ésos eran sus cálculos.
La inversión correría a cargo de una empresa francesa, LSGIE: 125 millones de euros por el terreno y 125 para levantar el centro comercial. En el proceso de negociación el Ayuntamiento estuvo al tanto de los acuerdos y algún representante municipal, generalmente el concejal de Urbanismo, acudió a las reuniones entre los propietarios y la empresa inversora. Iban en calidad de representantes del 10% de los terrenos que, como establece la ley, los propietarios cedieron al Ayuntamiento.
El acuerdo se cerró el 25 de mayo de 2007, el mismo día de las elecciones municipales que supondrían la tercera victoria electoral de Tomás Gómez. Todos contentos y una única condición impuesta por el inversor francés: que en los alrededores no se levante un centro comercial de más de 8.000 metros cuadrados.
Pero, cuando todo estaba atado, el plan se frustró: el Ayuntamiento había sacado a concurso público los terrenos que les habían sido cedidos para construir otro centro comercial (Parla Natura, ya edificado) de poco más de 8.000 metros cuadrados. Lo justo para vulnerar la única condición y mandar al traste la inversión. LSGIE no tardó en coger las maletas y desaparecer.
Algunos de estos empresarios tienen claro quién fue el culpable y cuál fue su motivación. Apuntan a Tomás Gómez, alcalde de Parla; aseguran que prefirió hacer caja para aliviar las cuentas públicas aun a costa de torpedear el desarrollo industrial y comercial de la ciudad a medio plazo. «El Ayuntamiento sacó a concurso sus parcelas incumpliendo el contrato con los franceses 10 días después de que se firmara el contrato. Está claro que desde un primer momento sabían lo que querían hacer, querían que los propietarios les dieran el suelo gratis y luego vender esas parcelas para obtener liquidez con el fin de poder pagar las grandes deudas que tiene el Ayuntamiento de Parla». Habla uno de estos empresarios, harto, dice, de sufrir zancadillas de quien debería impulsar las inversiones. Otro asegura que el conjunto de propietarios ha invertido ya 30 millones de euros y que llevan 2 años pagando el IBI sin que el terreno haya sido escriturado. Son muchos y están indignados y cansados. Algunos de ellos piden que sus nombres no sean revelados, por temor a represalias; otros no.
Los empresarios afectados no descartan acudir a los juzgados para denunciar los hechos. No obstante, algunos sospechan que en el caso de hacerlo no serviría para nada. «Al menos de momento», dicen.
Vulneración de la Ley de Contratos
Los empresarios no sólo denuncian que el Ayuntamiento frustró sus planes en el PAU-5 por conseguir un poco de liquidez. Añaden que, bajo la dirección de Tomás Gómez, el Ayuntamiento vulneró la Ley de Contratos en dos ocasiones: primero al adjudicar la urbanización de los terrenos que les habían cedido y, después, al adjudicar la obra de construcción del centro comercial. En el primer caso, el Ayuntamiento adjudicó el contrato de urbanización de sus terrenos a Corsán-Corviam por 14 millones de euros. Una vez finalizadas las obras, seis meses antes de que Tomás Gómez abandonara la Alcaldía, la empresa presentó una modificación de su propuesta y elevó el coste a 21 millones de euros. El Gobierno local tragó, lo que supuso un sobrecoste de 7,5 millones de euros. En el segundo caso, la construcción del edificio, el Ayuntamiento concedió la obra a la empresa Frey Invest, que sin duda presentó la mejor oferta. Sin embargo, entre la concesión y la ejecución, las condiciones se vieron reducidas sustancialmente sin que el Ayuntamiento volviera a convocar concurso. Un hecho por el que el Ayuntamiento dejó de ingresar 5,3 millones de euros.
. FERNÁNDEZ-MIRANDA / VEO7
Parla: 2.500 pisos sin rehabilitar por 'culpa' de Gómez
«Si no ha sido capaz de cumplir con 120.000 vecinos, ¿va a ser capaz de cumplir con cinco millones de madrileños?». Lo dice Gregorio López, uno de los muchos vecinos de Parla desengañados con Gómez. Como líder de una plataforma de vecinos asegura que el abandono de Parla fue el primer incumplimiento, pero no el único.
En 2006, a escasos meses de las elecciones, Gómez anunció una de sus medidas estrella para la siguiente legislatura: un plan con el Ministerio de Vivienda y la Comunidad de Madrid para rehabilitar 2.500 pisos, 1.100 durante la primera fase. El 60% del coste correría a cargo del Gobierno y la Comunidad y el 40% restante lo pondría el Ayuntamiento.
Es decir, los vecinos tendrían viviendas rehabilitadas sin poner un euro. Un goloso reclamo electoral. «Con esa promesa nos sacó 10.000 votos, pero luego incumplió lo prometido. Por eso es el alcalde más votado de España», explica Gregorio.
El plan de rehabilitación tenía fecha de inicio: primer trimestre de 2008, seis meses después de la cita electoral. Para entonces, el Ministerio y la Comunidad habían puesto su parte, seis millones y medio de euros; pero el Ayuntamiento seguía sin apoquinar.
Los vecinos, que empezaban a impacientarse, no entendían por qué su alcalde no cumplía lo prometido. Se dirigieron al Defensor del Pueblo, que constató que la actitud del Gómez no fue «un ejemplo de decidida voluntad en llevar a cabo y cumplir lo acordado», a diferencia de las otras administraciones, que sí «habían adoptado las medidas previstas para contribuir a la financiación establecida».
Pero Gómez ya se había impuesto en las elecciones y los vecinos del pueblo parecían no estar entre sus prioridades, centradas ya en la política autonómica y en el PSM. Su tarjeta de presentación para hacerse con el poder en el socialismo madrileño era inmejorable: el alcalde más votado de España.
«Tomás, ¿cuánto valen tu palabra y tu firma?», «Nos sentimos engañados», «Prometer, hasta ser elegido y una vez elegido nada de lo prometido». Son algunas de las pancartas que lucen en las fachadas de estos edificios. Algunas llevan años, otras aparecen y desaparecen en función del ánimo de unos vecinos que están desesperados.
Los edificios tienen más de 45 años de antigüedad y están en situación crítica. Los portales no tienen cristales, hay humedades y el tejado hace que en invierno el agua entre a chorros. «La terraza se moja porque no viene nadie a arreglarlo, recojo cubos, barreños, y tengo que guisar aquí. Y así estamos todos, estamos todos averiaos», explica una de las vecinas, harta de tener que sobrevivir cada día en su propia casa.
Cuando en 2008 Gómez abandonó la Alcaldía, su sustituto, José María Fraile, tuvo que enfrentarse al enfado vecinal. No le quedó más remedio que dar marcha atrás: estamos en crisis y sin dinero no hay rehabilitación. Pero los vecinos no le creen y se agarran a las palabras del Defensor de Pueblo: «Durante bastantes meses, no se produjeron esas restricciones económicas sino todo lo contrario, como bien es sabido».
Cuando se aprobó el plan, no había crisis. Y sin crisis, se deberían cumplir los compromisos. «A otro perro con ese hueso, señor Tomás», dice Gregorio, arrepentido de haber entregado su voto «a un mentiroso».
Etiquetas: Elecciones Regionales y Municipales
posted by e-pesimo | 10:25
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