VARAPALO JUDICIAL AL GOBIERNO: Desautoriza al Gobierno y permite a la Guardia Civil a manifestarse

FERNANDO LÁZARO / Madrid

La Justicia da luz verde a la manifestación de guardias

Rectifica al Gobierno al entender que el acto tiene carácter profesional y no sindical, y que los agentes tienen derecho

El varapalo es tremendo. El rejonazo judicial al Ejecutivo, histórico. En apenas 22 folios, la Justicia pone patas arriba la decisión del Gobierno de prohibir a los agentes de la Guardia Civil manifestarse. La Subdelegación del Gobierno en Madrid entendía que la protesta convocada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO) tenía un «marcado carácter sindical». Prohibió la manifestación aduciendo que el propósito de la misma era «un acto público dirigido a afiliados, familiares y simpatizantes bajo el lema: 'Basta de abusos con los guardias civiles. Condiciones laborales y profesionales dignas, ya'».

Esta decisión provocó un gran rechazo por parte de los organizadores, tanto que, en una rueda de prensa, aseguraron sentirse tratados por el Gobierno peor que los terroristas. El Ministerio del Interior reaccionó abriéndoles un expediente disciplinario por falta muy grave.

Pero ahora, la Justicia ha dado la razón a los organizadores, ha avalado a AUGC y UO en su derecho a manifestarse. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid aduce, citando sentencias del Tribunal Constitucional, que los guardias civiles tienen derecho de reunión y de libertad de expresión.

«Si existe esta relación instrumental entre el derecho de reunión y el derecho a la libertad de expresión, y este último es expresamente reconocido a los guardias civiles en el artículo séptimo de la ley orgánica que regula sus derechos y deberes (...), no podemos sino reiterar que los guardias civiles son titulares de ambos derechos fundamentales», asegura el auto.

El TSJM afirma que la manifestación solo podría prohibirse si tuviera carácter político o sindical. Y aquí es donde el tribunal marca claramente la línea. Los magistrados firmantes consideran, también citando sentencias del Constitucional, que las actividades de las asociaciones de guardias civiles se enmarcan claramente en el marco de la defensa de su profesionalidad y no de actividades sindicales.

Y para remachar su decisión, los jueces citan la propia Ley Orgánica de Derechos y Deberes de la Guardia Civil aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que reconoce el asociacionismo profesional a los agentes. Es decir, el tribunal avala su decisión de permitir la manifestación de los agentes en la legislación aprobada por el mismo Gobierno que ahora la prohíbe.

Además, marca el criterio que muy probablemente, a partir de ahora, se seguirá para diferenciar lo que son convocatorias con marcado «carácter sindical y las que se enmarcan dentro de las reivindicaciones profesionales. No fija jurisprudencia, pero sí una línea futura de interpretación.

«Resulta por lo tanto evidente, a juicio de la sala, que profesional y sindical son dos realidades distintas, al menos a efectos de la normativa que examinamos», indica la sentencia.

El tribunal madrileño entiende que la prohibición «excede el límite legal, vulnera un derecho fundamental y ha de ser declarada nula de pleno derecho (...) procediendo reconocer el derecho de reunión -y manifestación- de los actores para la defensa y promoción de sus intereses profesionales».

Los jueces recuerdan que se han producido otras dos concentraciones convocadas por las mismas asociaciones que no fueron prohibidas por el Gobierno y que los medios de comunicación reflejaron que sus «eran puramente profesionales». Denuncia que la Administración no ha explicado las razones que le han llevado «a este cambio de criterio, algo que se escapa a este tribunal y que constituye un extremo esencial para posibilitar la revisión jurisdiccional de la decisión aquí impugnada».

Finaliza la sentencia: «A los efectos de la limitación del derecho de reunión de los guardias civiles, carecen de tal naturaleza [sindical] las de promoción de sus intereses profesionales en la medida en que las desenvuelven al margen de la actuación de cualquier organización sindical».

La satisfacción entre los organizadores es enorme porque consideran que el tribunal ha fijado «las reglas del juego» para el futuro.

Entienden que, además, será muy útil el texto judicial de cara a la defensa de los expedientes abiertos por Alfredo Pérez Rubalcaba contra los dirigentes de las asociaciones. Recuerdan que su convocatoria para mañana está viva. No se había paralizado en ningún momento pese a la prohibición. Únicamente se optó, de manera preventiva, por celebrarla en un recinto cerrado, en Rivas Vaciamadrid, ya que así no se necesitaba el visto bueno de la Administración. Finalmente, mañana se darán cita más de 10.000 agentes, familiares y simpatizantes de AUGC y UO en Madrid con el recorrido inicial previsto, que partirá a las 12 del mediodía de la glorieta del Presidente García Moreno y finalizará ante la Dirección General de la Guardia Civil.

A CONTRAPELO

SANTIAGO GONZÁLEZ

Mañana 'mani'

Con el fin del verano no han acabado los problemas de Rubalcaba con la Guardia Civil. El hombre ha hecho lo que estaba en su mano para contener el malestar que se venía expresando con insistencia entre los agentes del cuerpo armado. No es de ahora. Recuerden aquella manifestación insólita de guardias con tricornio y puño en alto.

El Gobierno quiso evitar la repetición prevista para mañana y el TSJM le acaba de cortar un traje y ha autorizado la marcha porque no tiene carácter sindical, sino de defensa de los intereses profesionales del cuerpo. El ministro anunció el miércoles la compensación de los festivos trabajados por los agentes, 14 días por año, pero en vano.

Recordarán ustedes, y si no para eso estamos, que, durante el verano que termina, la Guardia Civil de Tráfico ha mantenido una huelga de bolis caídos que ha hecho caer la recaudación por multas a la mitad: en agosto se impusieron 50.000 multas menos de lo que es habitual en dicho mes. El ministro del Interior se dirigió a sus subordinados: «Les pido formalmente que, por favor, hagan cumplir la ley, [...] no hay que ser un genio» para comprender las consecuencias negativas de la huelga, tanto para «la seguridad vial como para la Guardia Civil».

Varios errores. La Guardia Civil, que es un cuerpo militar como su propio nombre indica, está acostumbrada a recibir órdenes, no a atender súplicas de la superioridad. Uno no tiene nada contra la buena educación, pero ese por favor es un formulismo superfluo en la jerarquía de las armas. Recuerden aquel estreno de Carme Chacón, ante sus tropas. Dijo: «Capitán, ¡mande firmes!». Por mucho que se empeñen en disfrazarlos de cooperantes, uno no se imagina, ni siquiera a esta ministra, diciendo: «Capitán, si us plau: ¿tendría usted la bondad de someter a la consideración de los soldados la conveniencia de reunirse en asamblea con el fin de votar si optan por adoptar la posición de firmes o quedarse como están?». Les darían las uvas en cualquier situación, y eso, en cualquier misión de paz como la que desarrollamos en Afganistán, podría ser fatal.

El resto de la observación del ministro es incongruente con los hechos, por mucho que sea razonable sobre el papel. La gente se suelta más si no teme a las multas, es ley de vida, pero los datos son los datos. Fue el mismo Rubalcaba el que nos dio a conocer el hecho de que el verano en el que menos multas se han impuesto ha sido el verano con menos víctimas mortales desde 1962.

Cabría pensar que, siendo así las cosas, el móvil de sus palabras no es tanto la seguridad como el dinero, y es razonable. Estamos tan hechos a la idea de que Alfredo Pérez Rubalcaba es el más competente intelectualmente de los ministros de Zapatero, que no nos ha extrañado demasiado verle terciar en las primarias de Madrid como si fuera el secretario de Organización; sustituir al divino ausente de Moratinos, bajando al moro para cerrar la crisis, o negociar los presupuestos con el PNV en lugar de la vicepresidenta Salgado.

Demasiadas cuerdas para un violín. El hombre orquesta se lía y pone la recaudación por delante de la seguridad. Zapatero debería precipitar la crisis para ahorrar a este hombre tanto desparrame.

F. L. / Madrid

La Policía revisará todos sus cargos de libre designación

La Justicia le advierte de que deben tener «carácter excepcional»

No están siendo buenos tiempos judiciales para el Ministerio del Interior. Además de las resoluciones contrarias a la manifestación de agentes de la Guardia Civil, sobre la mesa tiene también un problema, y no pequeño precisamente, sobre el catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía. Parece baladí y quizá suene a muy interno, pero el alcance es de gran calado. Y todo porque afecta fundamentalmente a los puestos de libre designación. Y es que primero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y después el Tribunal Supremo le dieron un duro tirón de orejas al Ministerio del Interior por la potenciación de los puestos otorgados a dedo en el seno policial. Los tribunales se pronunciaron ante los escritos presentados por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y el Sindicato Profesional (SP) contra el catálogo de puestos de trabajo.

Ahora, la Dirección General de la Policía tiene que aplicar las sentencias. Y esto supone, como admitió ayer el mando único de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, que Interior deberá revisar y argumentar los puestos de libre designación. En la rueda de prensa donde expuso las últimas novedades sobre la jornada laboral, Velázquez no eludió el asunto y dijo que su departamento aplicará la sentencia judicial. El Supremo avaló la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que limitó los cargos de libre designación en la Policía Nacional a los puestos de jefe superior, comisario general y subdirector, y estableció que el resto fueran adjudicados por concurso.

Anulaba así el sistema de provisión de puestos de libre designación aprobado en 2007, al entender que éste debe tener un «carácter excepcional» y sólo debe afectar a los cargos «directivos y de confianza». Además, requería a la Administración que motivara los puestos de libre designación. Velázquez explicó que ahora tendrán que revisarlos todos. Pero también quiso dejar claro que entre estos cargos se encuentran los agentes que se dedican a la lucha contra el terrorismo.

El trabajo no será fácil precisamente. La aplicación de la sentencia tendrá una cadencia. Por ello, algunos especialistas explicaron a este periódico que, hasta que el Ministerio del Interior no culmine la motivación de la libre disposición de los responsables policiales que ahora ocupan los cargos afectados, estos policías estarán de forma «provisional, interina» en los mismos.

Entienden estos especialistas que el correctivo aplicado por los tribunales al Ministerio del Interior es muy duro. El catálogo de puestos de trabajo es la herramienta fundamental con que la Dirección General organiza el trabajo y el Ministerio del Interior había rebajado el nivel hasta tal punto que pretendía que todos los jefes de equipos de investigación fueran de libre designación. Los sindicatos entendían que este catálogo rompía con la profesionalidad policial y podía provocar un mayor aumento de los criterios políticos a la hora de los nombramientos.

El catálogo de 2007 establecía como cargos de libre designación muchos puestos ocupados por policías de la escala básica, como personal de escolta y seguridad de las altas instituciones del Estado, los encargados de proteger a las mujeres maltratadas o los agentes de la unidad de asuntos internos.

Los sindicatos alegaron que la Administración no había justificado suficientemente que estos puestos de trabajo conlleven la realización de funciones de dirección o de especial responsabilidad que aconsejen su provisión por el sistema de libre designación. Calculan que la sentencia puede afectar «a miles» de puestos designados a dedo.