LOS SINDICATOS DEL TOXO&MOCHO SE RESISTEN A REDUCIR EL Nº DE SINVERGÜENZAS QUE COBRAN SIN TRABAJAR

LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid

CCOO y UGT acuerdan no revelar los liberados que hay en Madrid

Los sindicatos mayoritarios -CCOO y UGT- han pactado no dar las cifras de liberados que hay en la Administración autonómica madrileña. Así lo reconocieron ayer ante los periodistas tras ser preguntados en más de 10 ocasiones cuántos liberados tienen. Primero dijeron que no conocen la cifra, después que es variable, para terminar reconociendo que habían pactado mantener el número en secreto. Eso sí, rechazaron como «falsos» los datos que aportó la Comunidad: 3.450 personas.Sigue en página 6

La rueda de prensa que dieron ayer los 15 sindicalistas que acudieron a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid fue kafkiana.

Todos negaron que haya 3.450 liberados en la Administración madrileña. Pero no quisieron dar su cifra, ni aproximada, hasta que el Ejecutivo autonómico no les entregue la lista con nombres y apellidos de los trabajadores que están en nómina del Gobierno regional que no acuden a trabajar a su puesto, sino al sindicato. «Entonces los desmentiremos de uno en uno», aseguraron.

Como los periodistas les preguntaron ese dato una y otra vez de distintas maneras, los portavoces sindicales empezaron a impacientarse e incluso amagaron con irse. Además, para ellos ése no es un asunto importante, según dijeron.

La primera reunión entre el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y los sindicatos para plantearles la supresión de dos tercios de sus liberados fue un fracaso. Aunque se guardaron las formas, el desacuerdo fue total. Primero, por las cifras. Y luego, por el fondo: la Comunidad planteó que su intención es reducir el número de liberados al que fija la ley estatal, es decir, 1.420, y sus interlocutores le acusaron de lanzar «un obús contra los sindicatos».

Aun así, los representantes de CCOO, UGT y CSIT no rechazaron discutir el asunto, pero enmarcado en la negociación del convenio general de la Comunidad de Madrid, paralizada desde 2007. Además, pidieron al consejero esperar dos semanas antes de empezar a hablar. Ahora quieren preparar la huelga general del 29 de septiembre.

Al término del encuentro, que duró dos horas, el consejero explicó que la propuesta de Esperanza Aguirre -publicada por EL MUNDO- es «una cuestión de racionalización de la Administración en un momento de crisis económica severa». Con ella, espera ahorrar 73 millones.

Granados explicó que su propósito es que la rebaja entre en vigor el 1 de enero de 2011 para que se incluya en el paquete de medidas de ahorro que supondrá rebajar el Presupuesto regional un 10%. Y remarcó que así será haya acuerdo o no: «Nosotros intentaremos que se haga mediante un acuerdo con los sindicatos; pero si no lo hay, se ejecutará por el procedimiento legal correspondiente», es decir, en la futura Ley de Racionalización de la Administración de la Comunidad de Madrid.

Los representantes sindicales no querían hablar de los liberados y así lo expresaron Juan Antonio Olmos (CCOO) -«hemos venido a decirle que ése no es el tema»-, Fernando Sánchez (UGT) -«rechazamos que se convoque la Mesa de la Función Pública sólo por los liberados»- y José Montero (CSIT) -«porque hay asuntos mucho más importantes»-.

Por eso, plantearon una negociación sobre «el empleo, las condiciones de trabajo, salarios, conciliación de la vida personal y familiar, formación...» El consejero no se negó a hablar de otros asuntos, pero puso un límite: «Cualquier acuerdo no puede suponer un sobrecoste para los madrileños». «Estamos en una economía de guerra», enfatizó, «y tenemos que dedicar todos los recursos a lo que los madrileños más necesitan».

Fuentes conocedoras de la reunión admitieron que fue «muy tensa» al inicio porque los representantes de CCOO y UGT calificaron como «impresentable» lo que, en su opinión, ha sido «un ataque contra los sindicatos». Al encuentro estaban convocados tres responsables de cada central (nueve en total), pero al final fueron 15, con lo que casi no cabían en la sala.

En su comparecencia, los sindicalistas tampoco aclararon si están dispuestos a aceptar una rebaja en el número de liberados, sea el que sea. Pero dejaron claro que nunca lo harán si no es en una negociación global de un convenio de más de 150.000 trabajadores. «Lo que no puede ocurrir el 1 de enero», clamó Fernando Sánchez, «es que nos encontremos con un fracaso de la negociación» y que «la respuesta sea una intervención antidemocrática».

El consejero fue preguntado por la cifra oficial que el Gobierno de España ha dado de liberados en la Administración del Estado (499). En su opinión, ésa es «una cifra irrisoria» que «no se cree nadie». «La cifra llama al error y consagra el ocultismo», continuó; «por eso le pedimos que sea transparente como nosotros y detalle ministerio a ministerio, y por sindicatos cuántos liberados hay».

LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid

Ana Botella sí respalda la reducción planteada por Aguirre

Cobo aseguró que no ve ningún problema con los liberados

La concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, al igual que ha hecho la dirección nacional del PP, respaldó ayer la propuesta de Esperanza Aguirre de reducir el número de liberados en la Administración como medida de contención del gasto, y aseguró que «seguro que los liberados sindicales, que saben como nadie de la crisis de los trabajadores en España y en Madrid, estarán de acuerdo en solidarizarse con ellos».

Botella añadió que los representantes sindicales «tienen también que ajustarse el cinturón». «En todas las administraciones públicas, todos hemos visto recortados nuestros sueldos y no tengo ninguna duda de que los representantes de los trabajadores tienen que estar de acuerdo en solidarizarse con ellos», consideró, según informa Europa Press.

El primer teniente de alcalde de Madrid y número dos de Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, aseguró por el contrario el jueves que el Ayuntamiento madrileño no va a aplicar ninguna medida de ahorro ni de contención del gasto que afecte a los liberados sindicales, aunque no quiso entrar en el anuncio hecho por Aguirre.

Tanto fuentes de la Comunidad de Madrid como el presidente de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), Manuel González, han asegurado que la cifra de liberados sindicales en la Comunidad es tan alta precisamente porque primero Joaquín Leguina y después Alberto Ruiz-Gallardón «cedieron durante años» y ampliaron el número de liberados sindicales con acuerdos concretos para «comprar el silencio de los sindicatos».

Además, el Grupo Popular en el Senado pedirá el martes al Gobierno que explique en el Pleno el número de liberados sindicales que hay en España o que, de lo contrario, aclare los motivos por los que no quiere dar las cifras oficiales.

Ayer, el máximo responsable del CSIF en Madrid -el tercer sindicato de la Administración del Estado y el cuarto en la de Madrid- insistió en Telemadrid en que «las liberaciones sindicales abultadas que se han producido en la Comunidad deben ser revisadas».

Esta central es la única que ha hecho públicas las cifras de liberados totales. De hecho, ha asegurado que el número total es incluso superior al apuntado por el Gobierno de Aguirre, 3.450. Esta central dispone de 69 liberados totales en la Comunidad Madrid, la cifra que les corresponde por ley.

FERNANDO LÁZARO / Madrid

Méndez y Toxo arroparán a los guardias civiles

Las asociaciones esperan más de 15.000 asistentes a la manifestación de Madrid

No cabe duda de que el espaldarazo de la Justicia a las asociaciones de guardias civiles ha disparado la euforia. Los convocantes, ahora tranquilos, confían en que la convocatoria de hoy en Madrid será multitudinaria. Con una clara petición -«basta de abusos»-, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO) han convocado a la ciudadanía ante la Dirección General del Instituto Armado.

Sus reivindicaciones son laborales: quieren avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo de los guardias civiles.

Y los agentes y sus asociaciones no estarán solos. Está previsto que los máximos responsables de las centrales sindicales UGT, Cándido Méndez, y CCOO, Ignacio Fernández Toxo, no sólo acudan a respaldar las peticiones de los agentes, sino que intervendrán en el acto; un acto al que la Justicia dio luz verde al considerar que no tenía carácter sindical, sino que las reivindicaciones eran puramente profesionales.

Junto a ellos, representantes de sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía, de los Mossos d'Esquadra y de la Ertzaintza. La protesta, pese a ser en una zona considerada de máxima seguridad, se realizará ante la sede de la Dirección General del Instituto Armado, en la madrileña calle de Guzmán el Bueno. Allí, las asociaciones confían en reunir a más de 15.000 guardias, familiares y simpatizantes. Cayo Lara, líder de Izquierda Unida, y Rosa Díez, de UPyD, también han confirmado su asistencia.

La manifestación fue inicialmente prohibida por la Delegación del Gobierno en Madrid. Los representantes de los convocantes dieron una rueda de prensa donde denunciaron sentirse tratados como terroristas, lo que motivó la apertura de un expediente disciplinario por parte del Ministerio del Interior. AUGC y UO decidieron mantener la convocatoria, pero celebrándola en un recinto cerrado para esquivar la necesidad de una autorización gubernativa. Pero cuando ultimaban los detalles del evento, llegó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que además de dar luz verde a la iniciativa, recordaba que los agentes de la Guardia Civil tienen derecho de reunión y libertad de expresión. El tribunal interpretó que los convocantes reivindican mejoras profesionales y que la convocatoria no tiene carácter sindical.

La Confederación de Policías Europeos (Eurocop) mostró ayer su satisfacción por el hecho de que la Justicia española haya permitido finalmente la manifestación de agentes de la Guardia Civil en Madrid, según informa Efe. La prohibición de la manifestación habría significado un «descrédito para una democracia europea», señaló en un comunicado el miembro del Comité Ejecutivo de Eurocop Jan Schonkeren. Este organismo reiteró su apoyo a la lucha en favor de que guardias civiles y policías nacionales tengan un trato igualitario.

Las asociaciones mantuvieron su convocatoria pese a que en las últimas horas el Ministerio del Interior dio luz verde a una serie de mejoras laborales para los integrantes del Instituto Armado. La normativa aprobada reducía a 37,5 las horas laborales a la semana.

Además, los guardias civiles disfrutarán como mínimo y siempre que el servicio lo permita, de un fin de semana libre al mes, mientras que los llamados horarios partidos de mañana y tarde tendrán un carácter «excepcional» y limitado a determinadas unidades burocráticas.

Cambios laborales

Son algunos de los cambios de la nueva Orden General de Jornada y Horario de Servicio del personal de la Guardia Civil aprobada el jueves por Interior.

La nueva normativa establece 14 días festivos anuales, en términos análogos al resto del personal de la Administración General del Estado. Respecto al descanso posterior a la jornada laboral, tendrá una duración mínima de 12 horas consecutivas, siempre que el servicio anterior fuese nocturno, al tiempo que se crean las horas de especial significación, que se desarrollan en determinados horarios en Navidad.

Las asociaciones consideraron insuficientes estas iniciativas y advirtieron, además, de que en todo caso siempre son normativas que tienen salvedades y que se ciñen, «como siempre», a las necesidades del servicio.