EL TOCOMOCHO DEL SINDICALISMO DE TOXO Y MÉNDEZ
Sevilla
«El 29-S, no cuiden de sus nietos»
El secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, exhortó ayer a todos los sectores sociales a secundar la huelga general del 29 de septiembre, incluidos los abuelos, a los que ha pedido que ese día «no cuiden de sus nietos».
Pastrana presidió un acto de apoyo a la huelga con su homólogo de CCOO, Francisco Carbonero, y señaló que la reforma laboral que impulsa el Gobierno no es un asunto exclusivo de los trabajadores, sino de toda la sociedad porque amenaza al estado del bienestar.
«El 29 de septiembre debe ser un día sin consumo, un día sin transporte ni servicios públicos, un día en el que se hagan visibles el millón de parados andaluces y los pensionistas; en el que los abuelos participen en la huelga sin atender ese día a sus nietos, porque son una parte fundamental para el funcionamiento del país», enfatizó.
El dirigente de UGT en la comunidad autónoma destacó que este acto supone «una expresión del conjunto de representación ciudadana de Andalucía» y denota el «aislamiento social del Gobierno y sus medidas, que se hace patente con este rechazo social a la reforma».
Por su parte, el secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, aseguró que «cada vez más organizaciones sociales se suman, día a día, a nuestra convocatoria de huelga», y recordó que la reforma laboral «afecta a todo el mundo».
Lamentó que el Gobierno no quiera «una sociedad civil organizada», pues ésta sirve «de dique de contención». Además, criticó los «múltiples obstáculos que están colocando para evitar que la huelga sea un éxito».
Respaldo
Todos ellos expresaron su respaldo a la convocatoria de la huelga del próximo día 29.
A. G.-CARPINTERO / O. PRADO / Madrid
El Ayuntamiento de Madrid no reducirá sus liberados
Aparte de ellos, hay otros trabajadores que emplean parte de su horario de trabajo en esta labor. Si se suman las horas que todos los sindicalistas destinan a las labores representativas, se obtiene una cifra aproximada de 319 liberados. «Eso significa que hay uno por cada cien trabajadores, una cifra aproximada acorde con la legislación vigente».
«No entramos en si el número de liberados de la Comunidad está sobredimensionado o no». Ésa, según Cobo, es una labor que corresponde al Gobierno regional.
Por su parte, el portavoz del Ejecutivo autonómico madrileño, Ignacio González, aseguró que las cifras de liberados sindicales que aportó el Gobierno estatal «tienen muchas matizaciones». Según publicó ayer este periódico, el Gobierno reconoce sólo 499 liberados mientras el CSIF asegura que sólo en la Comunidad de Madrid hay más de 3.000.
Para González, «es raro que no hayan incluido al conjunto de los trabajadores del sector público estatal, sino sólo a funcionarios, lo que deja fuera sectores empresariales y laborales». Añadió que el cómputo también excluye «al grupo de funcionarios más amplio que el Estado tiene dentro de sus competencias, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad».
El portavoz declaró que los abusos de los delegados sindicales se vienen produciendo «de manera sistemática». Según afirmó, el Ejecutivo madrileño lleva desde 2007 negociando con los sindicatos la aplicación del Estatuto del empleado público que aprobó el gobierno de Zapatero. Éste regula las horas sindicales, lo que ayudaría a acabar con los citados abusos.
González advirtió de que el Gobierno de Esperanza Aguirre negociará con los sindicatos «en qué términos» se aplica esta ley, pero no la aplicación en sí, y aseguró que aún no se sabe a qué sector afectará más la medida ni sobre qué número de empleados públicos se aplicará.
«Nadie pone en cuestión la representatividad sindical», afirmó. Lo que sí se cuestiona, añadió, es «que se utilice mal el ejercicio de esos derechos». En opinión de González, «los liberados sindicales se dedican a participar en movimientos políticos» lo que, a su modo de ver, está «deslegitimando su función». Para el portavoz, los sindicatos se han convertido en «unos tentáculos más de la acción política contra el Partido Popular y contra el Gobierno de Esperanza Aguirre».
«El problema de los sindicatos es que son correa de transmisión de los planteamientos políticos de izquierdas y están confundiendo, desde hace mucho tiempo, su actividad sindical, que debe ser la representación de los trabajadores, con ser altavoces del Partido Socialista y de Izquierda Unida», sentenció.. LUENGO / J.A. OTERO
Ponferrada / León
Los mineros endurecen la guerra
Al Gobierno le ha estallado la minería del carbón en todos los frentes: el social, el empresarial y el europeo. Tras año y medio sin ser capaz de resolver el problema que se generó con una crisis energética que dejó fuera del mercado eléctrico a las térmicas que consumen el mineral nacional, el Ejecutivo no ha sido capaz de poner en marcha el mecanismo para que millones de toneladas dejen de apilarse sin destino.
Las eléctricas y Europa se oponen a un Real Decreto que obligaría, bajo el argumento de la seguridad en el abastecimiento energético y la estabilidad del sistema eléctrico, a que las centrales que consumen carbón vuelvan a arrancar a cambio de primas públicas.
El problema político ha pasado a ser social y local. Desde la madrugada del miércoles hay seis líderes sindicales de UGT y CCOO encerrados en el Ministerio de Industria, que se unen a cuatro mineros en huelga de hambre en Ponferrada y 65 encerrados en el interior de dos pozos en Tremor de Arriba (León) y Velilla del Río (Palencia).
La perspectiva no es que la situación mejore, sino que se endurezca. A los 2.600 mineros en León y parte de Asturias que ayer volvieron a protagonizar intensos piquetes y cortes de carretera se sumarán en una huelga los del resto de España, hasta completar 10.000, los próximos días 22, 23, 29 y 30 de septiembre. Muchos de ellos pertenecen a las empresas de Victorino Alonso, presidente de la patronal Carbunión y el mayor industrial del sector, y Manuel Lamelas Viloria, empresario y presidente de la Cámara de Comercio de León. Estos son los empresarios que cuando las eléctricas dejaron de comprar y el Estado cerró el grifo de las ayudas, dejaron de pagar las nóminas. A diferencia de los del resto de la patronal, estos mineros no han cobrado las dos últimas mensualidades. Desde el 1 de septiembre se han ido echando a la calle para exigir su salario y reclamar soluciones al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se comprometió a resolver su problema.
Los sindicatos mantuvieron una reunión el miércoles por la noche con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y fracasaron, ya que éste sólo pudo decirles que tiene el «convencimiento» de que el día 29 la Comisión Europea aprobará el decreto y que ha abierto un expediente a Alonso y Viloria para averiguar si defraudaron ayudas.
Miguel Sebastián afirmó que de ser así tendrán que devolverlo, y pidió al resto de la patronal que se desmarque de ellos para seguir ayudándoles hasta que Bruselas y el Supremo decidan.
El fracaso de la reunión obligó a los representantes sindicales a encerrarse en la sede del Ministerio como protesta. «La situación está provocada por los empresarios que no pagan, pero el Gobierno tampoco está cumpliendo y las cosas han ido demasiado lejos», dijo ayer el secretario regional de FI-CCOO en Castilla y León, Gonzalo Díez, uno de los encerrados.
«Ya en julio, el ministro dijo a los empresarios que se pusieran firmes y que no aceptaría chantajes», afirmó al referirse a la inspección sobre el destino de 367 millones en ayudas desde julio de 2009.
En esta decisión dan la razón a Sebastián, pero le recriminan que no la hubiera adoptado antes. «Parece que para ser presidente de una patronal hay que incumplir», agregó Díez en referencia a Alonso y Gerardo Díaz Ferrán. «Son ayudas públicas y el garante del cumplimiento del destino del dinero de todos es el Gobierno», añadió.
«Las ayudas se adelantaron con el argumento de que irían a parar a las nóminas, y por eso el Ministerio de Economía pudo aceptar. Si no lo han hecho, está claro que ha habido un desvío de fondos públicos», afirmó un portavoz de UGT.
MARISA RECUERO / Madrid
Los controladores dicen ahora que el acuerdo con Aena es «malo»
«Habrá una reacción sindical si no hay respuesta». La Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) ataca de nuevo. Apenas un mes después de que el colectivo decidiera retirar su amenaza de huelga tras firmar un acuerdo de mínimos con Aena, el sector dice ahora que su contenido era «malo» y que «sólo fue un parche» para dar más días de descanso a los controladores.
La sorpresa fue que el sindicato advirtió de que «el conflicto no está resuelto» y de que nunca renunció a su derecho de huelga. Con este anuncio, los portavoces de la Usca acusaron a Aena de no cumplir el acuerdo, firmado el pasado 13 de agosto, «a raja tabla».
Los responsables del sindicato presentaron un arsenal de incumplimientos por parte del gestor aeroportuario, que fueron desmentidos por Aena. «No se publican los turnos con antelación, no se cumplen los descansos de seguridad y se juega con las configuraciones de las torres». A lo que la empresa respondió con la palabra «falso».
Pese a la disposición de la Usca a seguir negociando un nuevo convenio colectivo con Aena, uno de sus portavoces, César Cabo, no dudó al asegurar que «visto lo visto, el problema no está nada claro». Es más, alertó con firmeza de que «el problema no se ha resuelto».
El colectivo descartó nuevas medidas de presión de cara a la negociación con Aena, pero fue claro al advertir de que «la situación es insostenible para la cadena de seguridad aérea».
Los controladores reprocharon al ministro de Fomento, José Blanco, que no cumpla con la «solución negociada» que les prometió el pasado 3 de septiembre, en una reunión que mantuvo con los responsables sindicales. «Hay un problema de comunicación real entre el ministro y Aena, porque hay cosas de las que el ministro no es consciente. Por eso, su credibilidad política queda en entredicho por la gestión de Aena», acusó Cabo.
Lo que está claro es que el conflicto de los controladores sigue amenazando el mapa aéreo.
posted by e-pesimo | 07:09
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