EL BANDOLERO CHAVES Y EL CORTIJO DE ANDAZULÍA: El TSJ llama a testificar a Chaves por los 10 millones donados a la empresa de su hija en " Caso Matsa"

MANUEL MARÍA BECERRO / Sevilla

El TSJA llama
a Chaves para testificar por las ayudas a la empresa donde trabajaba su hija
El TSJ andaluz llama a testificar a Chaves por el 'caso Matsa'

El tribunal acepta la petición del PP en el proceso contencioso-administrativo

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha remitido un exhorto al vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, para que testifique por el caso Matsa. El proceso se abrió por la decisión del entonces presidente andaluz de no inhibirse en la aprobación de un incentivo multimillonario a favor de esta empresa, en la que estaba apoderada su hija.

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Según confirmaron ayer fuentes del PP andaluz, el TSJA les comunicó que ha aceptado su petición de que el vicepresidente tercero declare, en calidad de testigo, en el proceso contencioso-administrativo abierto contra la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía presidido por su sucesor, José Antonio Griñán, de no abrirle expediente sancionador. Chaves participó en la aprobación de casi 10,1 millones de euros a Minas de Aguas Teñidas (Matsa), de la que es apoderada su hija, la abogada Paula Chaves Iborra.

Igualmente, el Alto Tribunal andaluz ha aceptado llamar a declarar como testigo a Francisco Javier López Rubio, el ex apoderado externo de Matsa que presentó la solicitud del incentivo ante la agencia IDEA de la Junta de Andalucía y que reconoció a EL MUNDO que, «evidentemente», trabajó con la hija de Chaves en la elaboración del expediente. Sus palabras desdicen la versión mantenida por el vicepresidente tercero, quien aseguró en el Congreso de los Diputados que era «rotundamente falso» que su hija hubiera tenido «participación en el procedimiento de solicitud y aprobación de ese incentivo, ni como apoderada ni como nada».

Conviene recordar que la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos del Gobierno andaluz establece, en su artículo siete, que «los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil».

A todo aquel alto cargo que infrinja este precepto, la Junta de Andalucía está obligada a destituirlo fulminantemente de su puesto, a inhabilitarlo como mínimo «por un periodo de hasta tres años» para volver a ser alto cargo autonómico -o para ocupar, incluso, cualquier puesto de libre designación- y a publicar esa sanción en el Boletín Oficial de la región.

Al formar parte del Gobierno central, Manuel Chaves únicamente se arriesga a sufrir el escarnio de verse definido como un infractor en el Boletín Oficial que manejó durante 19 años.

Sin embargo, la Junta descartó en su día abrirle expediente sancionador, basándose en un informe del inspector general de Servicios donde se afirma que la Administración Pública no tiene deber de conocer otro apoderamiento que el que conste en el expediente administrativo. Así, si un alto cargo supiera que tiene un familiar trabajando de asesor o apoderado de una empresa, podría otorgarle ayudas o adjudicarle obras siempre que la compañía en cuestión oculte documentalmente dicha relación, porque la Junta no tendría obligación alguna de buscar registralmente todos los apoderados de una empresa.

ESTEBAN URREIZTIETA
EDUARDO COLOM / Palma

Munar, investigada por inflar contratos

Alquiló una frecuencia de radio ilegal por siete veces su valor

La Agencia Tributaria pide al juez que instruye la operación Maquillaje que investigue a fondo los «motivos o razones» que llevaron a la ex presidenta del Parlamento balear, Maria Antònia Munar, a regalar al menos medio millón de euros de dinero público del Consell de Mallorca al editor Pedro Serra mediante el alquiler de una frecuencia de radio ilegal.

El ya ex delegado de Hacienda Raúl Burillo elaboró un estudio en el que aborda de manera exhaustiva el desvío de fondos públicos desde la institución insular gobernada por Unió Mallorquina (UM) durante la pasada legislatura al mayor editor de prensa de Baleares, propietario de los diarios Última Hora y Balears.

Burillo realizó este informe el pasado mes de julio a petición del juez, justo unos días antes de ser relevado.

En la operación fue empleada una de las empresas de los testaferros del ex conseller de Ordenación del Territorio, Bartomeu Vicens, la firma Studio Media Comunicación, SL.

Las conclusiones de Hacienda indican que el alquiler de la frecuencia 99.2 FM, propiedad de Serra, fue pagada a un precio siete veces superior al de mercado con cargo al erario público.

La Agencia Tributaria solicita que sea determinada la «verdadera naturaleza» de un acuerdo económico que no tiene ninguna explicación desde el punto de vista empresarial.