EDITORIALES: Regular ya la huelga, aunque sea en caliente

Regular ya la huelga, aunque sea en caliente

HOY ES el día de los piquetes mal llamados informativos, que pueden campar a sus anchas en los centros neurálgicos de las ciudades para intentar paralizar la actividad. Estas avanzadillas sindicales tienen la posibilidad de impedir el derecho al trabajo de los ciudadanos en gran medida porque España no cuenta con una ley de huelga propia de un país desarrollado. El derecho a la huelga está reconocido en la Constitución como fundamental y es el único de los que recoge que no ha tenido un desarrollo legislativo posterior. El marco que regula ese derecho es el preconstitucional Decreto Ley de Relaciones de Trabajo de marzo de 1977. Desde entonces, una sentencia del Tribunal Constitucional de 1981 adaptó a la Carta Magna algunas especificaciones del Decreto; después, otras resoluciones del Supremo y del propio Constitucional han tratado sobre demandas concretas de sindicatos, empresarios y organismos administrativos. Pero nada más. Sorprende que ningún Gobierno democrático haya sido capaz de regular ese derecho fundamental, máxime cuando, según los expertos, la Constitución considera la huelga como un medio para la defensa de los intereses de los trabajadores en todos los ámbitos de la vida social y no sólo en lo que compete exclusivamente a las relaciones laborales.

El artículo 28.2 de la Constitución dice: «Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad». Hoy, 32 años después, no existe esa ley. Hubo un intento en 1992. El Grupo Socialista en el Congreso -con Francisco Fernández Marugán al frente- pactó con los sindicatos un proyecto de ley al margen del Gobierno y de CEOE al margen de CEOE y de Carlos Solchaga, entonces ministro de Economía. Felipe González calló durante todo ese proceso, quizá porque sabía que la ley no saldría adelante porque iba a disolver las Cortes, como hizo en la primavera de 1993. Desde entonces, el vacío. Con ejecutivos socialistas y populares.

Pero el revuelo social que se ha organizado en los días previos al paro de hoy hace más necesaria que nunca su regulación con el objetivo de salvaguardar siempre el derecho a trabajar. La normativa tendría que concretar aspectos como lo que se considera servicio esencial -educación, sanidad, transporte, seguridad...- y establecer a la vez con claridad los servicios mínimos imprescindibles para garantizar el trabajo de los que quieran. Para asegurar esto último la cuestión fundamental, como ya hemos comentado, es regular el derecho a la información y la actuación de los piquetes.

Tan importante como esto, la ley debería establecer que los jueces tuvieran la potestad de declarar legal o ilegal una huelga antes de su realización. Y también regular los derechos de los empresarios. Por ejemplo, éstos ahora no tienen más recurso para defenderse de posibles altercados que el cierre patronal -al margen de denuncias-, pero con ello impiden el derecho al trabajo de los empleados que no quieran hacer huelga, a los que también se les descuenta ese día de sueldo.

España es el único gran país desarrollado que otorga tal importancia al derecho a la huelga que lo recoge expresamente en su Constitución. Y también es el único que no cuenta con un desarrollo legislativo adaptado a las relaciones laborales actuales. Por el bien de la sociedad urge que el Gobierno tome ya las riendas, llame a los partidos y a los agentes sociales y pilote su regulación. Y no vale la manida excusa de que no conviene legislar en caliente porque la experiencia demuestra que cuando no se legisla es en frío

PSOE y PP eligen a cuatro magistrados, obviando a los nacionalistas

Acuerdo para el Constitucional tardío, pero positivo para la idea de España

CASI TRES años han tardado PSOE y PP en ponerse de acuerdo para renovar los cuatro magistrados del Constitucional que deben ser elegidos por el Senado. Por lo tanto, no se puede celebrar el pacto al que han llegado sus portavoces como un triunfo, ya que únicamente han cumplido con su obligación y además con un sonrojante retraso. Otra cosa es lo que subyace detrás de este acuerdo, y en eso nos parece que los dos grupos mayoritarios sí han estado a la altura de las circunstancias designando a magistrados que, además de tener el prestigio académico y jurídico necesario para ocupar el cargo, comparten una idea de España que se puede considerar más cercana al Estado unitario que a las tesis nacionalistas. Las negociaciones se desbloquearon en las últimas horas al renunciar el PP a imponer la elección de Enrique López -cuya candidatura fue rechazada por el Senado por no cumplir los requisitos para el cargo-, aunque según parece se lo reserva para proponerlo en el Congreso. Sin embargo, lo más significativo del acuerdo PSOE-PP es la ruptura del pacto tácito de los socialistas con CiU para que uno de los magistrados a elegir por la Cámara Alta fuera un candidato del Parlamento catalán. Los nacionalistas se enfadaron porque pretendían imponer a alguien cercano a sus tesis y ahora quieren que sea elegido dentro del cupo correspondiente al Congreso.

Conversaciones 'íntimas' de Corulla

Salvar el derecho a la intimidad

EL ABOGADO de la procesada Montserrat Corulla en el caso Malaya ha solicitado al tribunal que se retiren del sumario las conversaciones y mensajes telefónicos «de carácter íntimo» de su defendida porque considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Hay que recordar que ya se anularon las que tuvo Corulla con Alberto Ruiz-Gallardón por carecer de «interés jurídico». Pero EL MUNDO ya alertó en ese momento que en el sumario permanecían conversaciones similares con otros hombres que, por lo que se ve, todavía no se han eliminado. Tiene razón el letrado. Si efectivamente el contenido de esas grabaciones no afecta en nada a los hechos juzgados no tiene por qué estar en el sumario. Y este criterio debe seguirse con todos los implicados en el caso

Askapena tenía nexos con las FARC

ETA, sin tentáculo internacional

LA POLICÍA ha descabezado al aparato internacional de ETA. Se trata de una importantísima operación en la que se ha detenido a siete miembros de Askapena, el grupo que se encargaba de dar proyección internacional a la banda y de hacer de nexo con otras organizaciones terroristas. Como hoy publicamos, el cabecilla de la red, Walter Wendelin, tenía prevista una cita con el número dos de las FARC, Raúl Reyes, dos días después de que éste muriera en un bombardeo. Es sólo una de las muchas pruebas que vinculan a Askapena con el terrorismo internacional. Este nuevo éxito policial confirma el acorralamiento de ETA y la total firmeza del Gobierno. De modo que los etarras pueden ahorrarse nuevos comunicados estériles, porque hoy más que nunca saben que sólo les vale rendirse definitivamente.

El Mundo en dos minutos
Ya es hora de regular la huelga