DELINCUENCIAS ZP: PROHIBE HABLAR DE LOS PENSIONISTAS EN EL PARLAMENTO PARA QUE NO SE CONOZCAN LA FECHORÍAS QUE CONTRA ELLOS A PERPETRADO

AGUSTÍN YANEL / MARISA CRUZ
Madrid

Rajoy acusa a Zapatero de «abuso de poder»

Ya ha habido seis debates sobre pensiones como el que pide el PP, según el Gobierno

Mariano Rajoy acusó ayer al presidente Zapatero de actuar con «abuso de poder», por impedir que el Congreso de los Diputados debata y vote una iniciativa del PP en la que propone que no se congelen las pensiones contributivas en 2011, como ha acordado el Ejecutivo. «Además, perjudica a los pensionistas españoles», subrayó.

En la habitual sesión de control al Gobierno, Rajoy preguntó al presidente cuándo va a poner en marcha las medidas que aprobó el Congreso hace una semana para apoyar a los trabajadores autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Pero aprovechó su intervención para hablar del veto, porque dice que es «absolutamente bochornoso» e «intolerable».

Como esas y otras propuestas del PP llevarían aparejada una disminución de los ingresos o la necesidad de habilitar créditos extraordinarios, José Luis Rodríguez Zapatero preguntó a Rajoy si está dispuesto a incrementar el déficit después de que el Congreso haya aprobado un paquete de medidas para reducirlo. «No tiene un criterio. No se atreve a decir que está a favor del déficit», le reprochó.

El rifirrafe a cuenta de las pensiones subió de tono a continuación, cuando la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, de haber adoptado una decisión «antisocial», «injusta», «ilegal» e «inconstitucional» por negarse a que se discuta «el pensionazo».

«Este veto retrata la debilidad del Gobierno y dice mucho de su forma de entender la democracia: impedir que las Cortes debatan, prohibir que los diputados legislen y evitar que la voz de los pensionistas se oiga en este Parlamento», afirmó.

La vicepresidenta respondió: «Primero, este Gobierno ha devuelto a los pensionistas el poder adquisitivo que ustedes les negaron ocho años; segundo, el 1 de enero, todos los pensionistas van a ver revalorizada su pensión; tercero, saneadas las cuentas, volveremos a subir las pensiones». «Y seis veces hemos debatido en dos meses eso que usted quiere debatir», dijo, en referencia a las cinco ocasiones que el Congreso y una el Senado han tratado la cuestión desde el 25 de mayo.

Sáenz de Santamaría replicó que no se puede justificar el recorte de pensiones en 2011 acudiendo a los presupuestos de 2010. «Ha pasado de recortar derechos sociales a negar derechos políticos».

De la Vega pidió a la portavoz popular que cuando hable de pensiones lo haga con «menos demagogia y más rigor», porque «las cifras hablan por sí mismas y lo suyo es única y exclusivamente una cantinela sin ninguna credibilidad». Y las cifras, según dijo, favorecen al Gobierno de Zapatero porque ha aumentado más del 50% el presupuesto para pensiones y todos los pensionistas han recuperado su poder adquisitivo.

«Ustedes no tienen ningún sentido de Estado», añadió. «Prefieren alentar a los especuladores que echar una mano. Se amotinan contra la recuperación. Van de huelguistas de tapadillo, pero luego arremeten contra los sindicatos. Son la derecha más rancia»,

«Se les nota que les importa poquísimo recuperar este país y tantísimo recuperar el poder, que resulta obsceno», concluyó.

En el PP sostienen que el Gobierno no quiere debatir la propuesta de no congelar las pensiones por temor a que pudiera ser aprobada.

Desde el Ejecutivo ofrecen una explicación distinta: además de ser algo ya debatido, la Constitución permite que el Gobierno se oponga a tramitar una propuesta que disminuya los ingresos presupuestarios.

Otro argumento: el Tribunal Constitucional ya sentenció -en un caso similar en la Asamblea de Extremadura- que una vez aprobada una decisión por los diputados, la oposición puede presentar enmiendas a los Presupuestos pero no «plantear iniciativas que alteren el equilibrio presupuestario».

Según esa sentencia, no se puede «pretender gobernar mediante decisiones parlamentarias puntuales». En caso de «discrepancia grave», la oposición podrá retirar su confianza al Gobierno utilizando las vías reglamentarias, como una moción de censura.

El bandazo constitucional

John Müller

Publicado el Jueves, 16 de septiembre de 2010

Ayer, en el Congreso, el Gobierno fue víctima de su debilidad intrínseca intentando justificar el veto a un proyecto de ley del PP para que no se congelen las pensiones. Y aunque nos hemos acostumbrado a los bandazos económicos, el de ayer fue peor porque fue un bandazo constitucional, una trampa abierta en las reglas del juego democrático.

Tras comprobar que el Gobierno no hacía caso a sus propuestas de no congelar las pensiones, el PP, ERC y CiU han decidido presentarlas como leyes. El primero en hacerlo ha sido el PP y el Ejecutivo ha recurrido a una facultad constitucional -el artículo 134.6- para impedir que el Parlamento la considere. La norma dice que el Gobierno puede vetar "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios".

El Ejecutivo argumentó que anular la congelación de las pensiones supone descuadrar las cuentas del Estado. Pero el PP advirtió que la congelación no afecta a los Presupuestos vigentes -el propio Zapatero lo reconoció así el 17 de mayo pasado-, sino a los de 2011, que aún no han sido aprobados. Así que el Ministerio de la Presidencia, sabedor de esta debilidad legal, elaboró una justificación del veto sin argumentos jurídicos, basada en puros elementos especulativos y la mandó a las Cortes. El texto concluye que "la aprobación de esta proposición de ley llevaría a una pérdida de credibilidad y confianza en nuestro proceso de consolidación fiscal y en nuestra solvencia difícilmente recuperable".

"El artículo 134.6 ha sido usado con gran prudencia: González lo aplicó una vez. Aznar ninguna. Zapatero lo ha utilizado 20 veces"

Ayer, el presidente del Gobierno le pidió al diputado Joan Herrera (IU-ICV) que "respetara" al Parlamento que aprobó la reforma laboral. Mariano Rajoy le cogió la palabra y le pidió que se aplicara el cuento. Le recordó que lleva incumpliendo sistemáticamente las recomendaciones de la cámara y ha incurrido en "el bochorno" y "el abuso de poder" de impedir que se debata la proposición de ley del PP. Zapatero replicó que "hay una Ley de Presupuestos que acatar", pero desoyó los gritos que le replicaban que no es la ley vigente la que está en cuestión.

El veto previsto en el artículo 134.6 ha sido utilizado con enorme prudencia por los Gobiernos. Felipe González recurrió a él sólo una vez. Aznar nunca. Y Zapatero, en su segunda legislatura, lo ha usado 20 veces en total (en 13 ocasiones contra el PP) para no tener que poner a prueba su cacareada "geometría variable" parlamentaria.

Soraya Saénz de Santamaría, en su duelo con la vicepresidenta Fernández de la Vega, también sacó a relucir la inconstitucionalidad de la medida. "Han pasado ustedes de recortar derechos económicos a negar derechos políticos", le soltó. "Huelguistas de tapadillo", le replicó De la Vega, que ya no tenía argumentos ni jurídicos, ni políticos.

Poco después, la vicepresidenta Elena Salgado dejaba al descubierto el montaje oficial cuando contestaba a un reproche por su nueva flexibilidad con el endeudamiento de los municipios. "Este Gobierno utiliza todas las posibilidades que le ofrece la situación. Si se alivian los mercados, nos adaptamos a ellos", dijo Salgado que se jactó de que tras el anuncio de que habrá manga ancha con los ayuntamientos el diferencial de la deuda cayó de 185 a 178 puntos. No hizo falta mencionar la misteriosa aparición de los 700 millones para obras públicas que José Blanco descubrió este verano. Está por ver que el Ministerio de Presidencia aclare por qué una mayor generosidad con los alcaldes y con los constructores no deteriora el crédito de España y en cambio con los pensionistas sí.

john.muller@elmundo.es