DELINCUENCIAS ZP, COLABORACIÓN CON TERRORISTAS, CASO FAISÁN: El chivatazo, pendiente de Le Vert
FERNANDO LÁZARO / Madrid
El chivatazo, pendiente de Le Vert
El silencio judicial se puede romper de manera inminente y de forma atronadora. Será la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert, el azote de ETA en el país vecino, la que puede arrojar luz a uno de los escándalos políticos más sonoros de la legislatura: el chivatazo policial a ETA.
Porque el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional por el denominado caso Faisán desde 2006 está actualmente en sus manos. La juez debe enviar una comisión rogatoria solicitada por el Juzgado de Instrucción número 5 que puede arrojar luz sobre los hechos.
El chivatazo policial a ETA se produjo el 4 de mayo de 2006, en el bar Faisán de Irún. Inicialmente las pesquisas estuvieron en manos del magistrado Fernando Grande-Marlaska, que estaba al frente del juzgado mientras Garzón disfrutaba de su polémico permiso en Estados Unidos. Grande-Marlaska impulsó todo lo que pudo la investigación. Implicó en ella también a la Guardia Civil. Pero desde América regresó el titular del juzgado y la investigación quedó ralentizada y la Guardia Civil, apartada definitivamente.
La instrucción continuó de tal manera que actualmente sólo queda pendiente la contestación de la juez Le Vert, además de posibles peticiones posteriores de las partes personadas en la causa.
Se le habían pedido datos que permitieron avanzar en las razones por las que ella se negó a actuar contra la trama de extorsión etarra que giraba alrededor del bar Faisán y de su propietario, Joseba Elosúa. Porque lo que se logró con el chivatazo del Faisán fue bloquear una actuación coordinada entre la juez francesa y el magistrado Grande-Marlaska contra la estructura del cobro revolucionario de ETA a uno y otro lado de la frontera.
La juez se comprometió a contestar a la comisión rogatoria española «de forma urgente». Y en la Audiencia, el juez Pablo Ruz, actual titular del 5, espera los datos como agua de mayo.
La magistrada tiene que dar respuesta a una comisión rogatoria cursada el pasado 17 de febrero por Baltasar Garzón y reiterada el 12 de julio por su sustituto, Pablo Ruz, sobre el chivatazo. Este periódico ya informó de que la magistrada estaba dispuesta a esperar a ver la evolución de los procedimientos contra el juez Garzón. De hecho, hizo llegar el mensaje de que sólo enviaría el resultado de sus gestiones una vez que Garzón abandonara el juzgado. La magistrada francesa no quería enviar los datos al polémico juez. Las relaciones no eran precisamente cordiales entre ambos magistrados.
De hecho, ella también fue víctima del chivatazo. Alguien o algo la convenció de que no actuara contra la red de extorsión de ETA pese a que ya había alcanzado un acuerdo previo con Grande-Marlaska.
En concreto, los magistrados españoles le solicitaron un análisis del tráfico de llamadas registradas los días 3, 4 y 5 de mayo de 2006 entre el dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, y el etarra José Antonio Cau Aldanur, supuesto enlace en Francia de la banda para el cobro del denominado impuesto revolucionario. Además, Garzón preguntó si el motivo de la suspensión de la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA estuvo motivado por una filtración policial a las personas que estaban siendo investigadas.
Los informes policiales aportados a la causa, elaborados científicamente en base a los movimientos telefónicos de los investigados, apuntaban como responsable de la delación al que fuera director general de la Policía en aquellas fechas, el dirigente del PSE Víctor García Hidalgo, al actual jefe superior de Policía del País Vasco y a un inspector entonces destinado en Vitoria en la lucha contra el terrorismo islamista. Los tres continúan imputados en la causa.
F. L. / Madrid
Mandos policiales cuestionan el trabajo del investigador
No son pocas las voces policiales que se han levantado contra el mando que se encargó de las pesquisas sobre el chivatazo. Y varias, incluso, lo han puesto negro sobre blanco en informes que han elevado a la autoridad judicial o lo han declarado ante los magistrados de la Audiencia Nacional.
Algunos mandos lanzan sombras de sospecha sobre el ya comisario Carlos G., al que consideran directa o indirectamente implicado en el chivatazo.
En la mesa, un dato aún no aclarado convenientemente. Sobre el bar Faisán, el equipo dirigido por Carlos G. tenía montado un completo dispositivo en vísperas de llevar a cabo la operación contra el entramado de extorsión de ETA.
De hecho, había cámaras de vídeo grabando la entrada al bar, propiedad de Joseba Elosúa, el principal implicado en esta trama de extorsión terrorista.
Pero, precisamente, el momento en que se presume que un agente del Cuerpo Nacional de Policía accedió al interior del bar para entregarle a Elosúa un teléfono móvil no fue registrado por las cámaras. Casualmente, fallaron los dispositivos. Pese a las múltiples gestiones judiciales, este episodio no ha quedado totalmente esclarecido aún. De hecho, las cintas de vídeo del día en que se produjo el chivatazo estaban guardadas en la caja fuerte del despacho del juez Garzón, junto a los informes confidenciales de la Policía, alejadas del resto del material del sumario.
Pero no es sólo éste el punto más polémico. Algunas fuentes apuntan que, incluso, el día del chivatazo el equipo de Carlos G. relajó la vigilancia sobre el bar Faisán, pese a que estaba previsto actuar en una operación conjunta con Francia al día siguiente. Estos puntos han sido puestos sobre la mesa judicial.
Los jueces han dado siempre más credibilidad a los informes científicos elaborados por el equipo de Carlos G. que al resto de testimonios contra este investigador, que no han aportado prueba alguna. De hecho, los únicos imputados en la causa son los apuntados por este agente como presuntos responsables del chivatazo.
Las partes personadas en este sumario confían en que los informes que aporte la juez Le Vert puedan abrir nuevas pesquisas y nuevas líneas de investigación y permitan esclarecer este episodio que pesa como una losa entre los efectivos de la lucha contra ETA. Recuerdan que el chivatazo se produjo en pleno proceso de paz, cuando el Gobierno de Zapatero estaba hablando y dialogando con los terroristas de ETA.
Madrid
Víctimas, contra una política de conciliación con los etarras
El presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfredo Dagnino, aseguró ayer que, tras el alto el fuego de ETA, el próximo Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, que se celebrará en París en 2011, servirá para recordar que no caben políticas de conciliación o componenda.
Así lo destacó tras la firma de un convenio de colaboración entre el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de esta fundación universitaria con la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo para la organización del VII Congreso Internacional sobre víctimas, que se celebrará en París los días 15, 16 y 17 de septiembre del próximo año.
Dagnino ha afirmado que, también por la consideración y el respeto que merecen las víctimas, contra el terrorismo no se admiten políticas de «apaciguamiento, de conciliación o de componenda», sino que sólo cabe el ejercicio firme de la autoridad del Estado, «que tiene siempre el deber moral de salvaguardar la vida de los ciudadanos y de luchar contra la delincuencia». ESCRIVÁ / Madrid
«Le resta a ETA una parte de su poder de mando sobre Batasuna»
Rubalcaba considera muy importante la desarticulación de la dirección de Ekin, la red de 'comisarios políticos' de la banda
Alfredo Pérez Rubalcaba tuvo ayer una intervención esclarecedora sobre los movimientos tácticos del Ministerio del Interior en la lucha antiterrorista al explicar la importancia de la operación efectuada por la Guardia civil contra la dirección de Ekin. Dicha operación tiene relevancia operativa porque torpedea la «columna vertebral de ETA» pero también la tiene porque le resta a la banda «una parte de la capacidad para ejercer el mando sobre el entramado político y una parte de su capacidad de movilización social», dado que esta estructura desarticulada ayer es la que la organización «utiliza para instrumentalizar y dirigir la izquierda abertzale».
Interior pone así fuera de juego a otro de los sectores -el anterior fue el colectivo de abogados- que más presión puede ejercer sobre los llamados posibilistas de la izquierda abertzale, que, con esta etiqueta, siguen moviéndose por el País Vasco en su intento por continuar en las instituciones. Es decir, que si realmente en el brazo político de ETA hay militantes -como ellos mismos aseguran en privado- dispuestos a plantar cara a sus jefes, estas operaciones, además de debilitar explícitamente a la organización, contribuyen a desbrozarles el camino.
Según el comunicado de Interior, esta estructura «codirigía el complejo terrorista»; sus miembros actuaban como «comisarios políticos» duchos en los «métodos de coacción» interna y «violencia» complementarios a los de ETA, y dirigían las estrategias de «construcción nacional» establecidas por la banda. Además, ayudaban a los terroristas huidos, transmitían directrices y documentos de la banda al resto y organizaban el Gudari Eguna, el homenaje anual a los etarras fallecidos.
Dos años han estado la Guardia Civil y el CNI documentando los pasos de los detenidos en un trabajo que se intensificó a partir de enero. En agosto de 2008, los agentes desarbolaron el aparato de Ekin en Navarra. Cuatro de los buscados llegaron a escapar e incorporarse a ETA en Francia; los que no fueron detenidos estuvieron 8 meses sin moverse hasta que, en agosto de 2009, Rosa Iriarte, la jefa en Navarra, se puso en contacto con Ugaitz Elizarán (Guipúzcoa) -a quien su hermano, el jefe del aparato político, había puesto como hombre de confianza- y con Egoitz Garmendia, el jefe en Álava. Hay documentadas 90 reuniones de la dirección de Ekin, siete veces al completo y el resto, por grupos.
En ellas tomaban las decisiones; después, transmitían las órdenes a los dirigentes comarcales de Gestoras, LAB o Batasuna. Entre otras cosas, los detenidos han distribuido y defendido entre las bases la ponencia Mugarri, la más radical de ETA, frente a la Declaración de Alsasua.
Hay un documento muy significativo que prueba que, precisamente en agosto de 2009, la nueva dirección de Ekin estaba en activo y con la orden de ponerse en marcha. Se llama Hormiga Roja y le fue incautado entonces al dirigente de ETA Ibon Gogeaskoetxea. Era la nueva ponencia política de Ekin, el plan estratégico para ordenar la izquierda abertzale. Su objetivo, operativo para los detenidos hasta ayer, era acabar con las veleidades de los posibilistas, al igual que ocurrió en 1992.
Entonces, tras la caída de Bidart, ETA redactó el documento Hormigas, con el que consiguió abortar los movimientos que su brazo político quiso protagonizar en plena crisis, y en el que se apoyó para reconstruirse «poco a poco, como las hormigas». La misma intención del documento de Gogeaskoetxea.
Ayer también fue arrestado por desórdenes públicos, Juan Cruz Aldasoro, ex dirigente de la Mesa Nacional de Batasuna: protestó violentamente cuando uno de los investigados, su hermano, fue detenido.
JULIEN CRUZ / Bilbao
Los jóvenes guardianes de la ortodoxia etarra
La principal misión de Ekin consiste en garantizar que las bases radicales, incluida la izquierda abertzale, acepte y aplique los dictámenes del aparato político-militar de ETA. De ahí que sean conocidos como los guardianes de la ortodoxia etarra. Los nueve detenidos en la madrugada de ayer responden a un perfil concreto: jóvenes, con escasa experiencia política y poco acostumbrados a ocupar puestos de responsabilidad.
UGAITZ ELIZARÁN. Supuesto dirigente de Ekin. Hijo del miembro de ETA Justo Elizarán, Periko, asesinado en 1979, y hermano de Aitor Elizarán, presunto jefe del aparato político de la banda capturado el pasado año. Nació en Biarritz en 1976. Detenido en 2001 junto a otros 14 miembros de Haika-Segi.
ENEKO COMPANYS. Trillizo de otros dos detenidos, Mikel y Joseba Companys, nacidos en Pamplona en 1981 y detenidos en 1997 en la capital navarra como presuntos integrantes de un comando Y de apoyo a ETA.
JOSÉ ALDASORO. Natural de Etxarri Aranaz, estuvo en prisión casi dos meses acusado de violencia callejera, aunque la causa fue finalmente archivada. Su hermano es el ex dirigente de Batasuna Juan Cruz.
EGOITZ GARMENDIA. Condenado en 2007 a nueve meses de cárcel por interrumpir la celebración de un pleno del Parlamento vasco en el momento en que intervenía la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia.
ERIKA BILBAO. Natural de Erandio, 32 años. Absuelta el pasado año de la acusación de ser distribuidora de boletines de ETA. Fue candidata de la lista ilegalizada Democracia 3 Millones, presentada por la izquierda abertzale en las autonómicas de marzo de 2009.
ANIAIZ ARIZNABARRETA. Candidata de la izquierda abertzale con diferentes nombres en elecciones locales y forales.
SANDRA BARRENECHEA. Militante del sindicato LAB arrestada por la Guardia Civil hace cuatro años, acusada de ser la jefa de Ekin en Vizcaya, aunque entonces quedó en libertad.
ROSA IRIARTE. Vecina de Ansoain identificada por el movimiento pro amnistía como activista del feminismo, que fue arrestada en Navarra.
URKO ASIER AYERBE. Detenido en la provincia de Guipúzcoa.
JULIEN CRUZ / Bilbao
Tercer gran golpe del año al 'sector duro' de la banda
El descabezamiento de la cúpula de Ekin en la madrugada de ayer constituye el tercer gran golpe contra el sector duro de ETA en lo que va de año. La caída de los llamados comisarios políticos, unida a la macroperación contra Segi y la desarticulación del frente de abogados ha servido para mermar de forma considerable el núcleo de terroristas que apuestan por el derramamiento de sangre como única vía para alcanzar sus objetivos. Y, de rebote, contribuye a despejar el camino a la rama posibilista, que asegura estar a favor de las «vías políticas exclusivamente» aunque, en realidad, no haya condenado los atentados ni haya solicitado la disolución de ETA.
Las detenciones de ayer llegan pocos días después de que la dirección de ETA haya hecho público un comunicado en el que anuncia que ha decidido no perpetrar «acciones ofensivas» pero que queda a años luz de las exigencias hechas por la propia izquierda abertzale y pone en tela de juicio la credibilidad de su anuncio y, dada la reacción de los posibilistas, la verdadera capacidad e intención de éstos.
De hecho, las tres operaciones clave complementan las llevadas a cabo por las Fuerzas de Seguridad que han contribuido a minar las estructuras militares de ETA y que son las que realmente hicieron reflexionar a duros y posibilistas: decenas de detenciones, entre ellas el arresto de varios números uno de la banda en varios meses y la desarticulación de la base de Óbidos, en Portugal, impidieron que la banda llevara a cabo la campaña de atentados que tenía prevista.
La continuación clave fue el operativo contra Segi. Se produjo a finales de noviembre del año pasado cuando fue desarticulada la organización juvenil radical, considerada por el Tribunal Supremo la cantera de la banda y sobre la que recae la actividad del terrorismo. El macrodispositivo se saldó con más de 30 detenciones entre el País Vasco y Navarra.
No menos importante resultó la desarticulación del frente de abogados, cuya misión, tal y como explicó el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, era la de prestar información sobre objetivos, facilitar la huida de etarras, captar nuevos militantes, gestionar el cobro de la extorsión o velar por el cumplimiento de la ortodoxia de la banda en las prisiones.
A CONTRAPELO
SANTIAGO GONZÁLEZ
El hecho en sí
La detención de nueve miembros relevantes de Ekin ha supuesto la disolución práctica de la dirección nacional del entramado. Es una gran noticia, al margen de cualquier otra consideración. Ekin se encargaba de difundir las directrices de la banda, y la detención de su sanedrín recorta el poder de ETA sobre el entorno y su capacidad de movilización social como bien ha valorado el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba.
Pero ha hablado su colega de Justicia: «Ésta es la prueba de que el Gobierno no ha cambiado». Caamaño, que responde a la media del Ejecutivo en ese equilibrio inestable entre el conceto y la palabra, podría haber dicho: Esto demuestra que la tregua retroactiva de la banda no es producto de ninguna negociación previa con el Gobierno, como fue la de 2006.
Un servidor habría aceptado esa lógica argumental, pero el ministro y los terroristas -haciendo una mala comparación- se expresan con parecida imprecisión.
Los etarras nos han hecho saber que estamos en tregua. Laus Deo, aunque no sepamos desde cuándo. Caamaño nos dice que él y sus compañeros no han cambiado. Y tampoco nos dice desde cuándo.
La única interpretación posible de estas palabras es la literal. El Gobierno no ha cambiado; sigue siendo del PSOE. Pero su política sí. Recuerden las tres verificaciones, como los tres cantos del gallo del ministro Rubalcaba, mientras ETA extorsionaba a empresarios vascos y navarros antes del primer informe, después destruían la ferretería de la localidad navarra de Barañáin entre el primero y el segundo y se producía el chivatazo del bar Faisán ocho días antes del tercero. El ministro del Interior denominaba a estas acciones «incompatibles con el proceso de paz» y calificaba las bravuconadas etarras de «mensaje interno». Contra toda lógica. Si eran incompatibles, el Gobierno debió romper a la primera. Si eran un mensaje interno, constituían prueba de que ETA no quería la paz. Nadie prepara a la tropa para el armisticio con una arenga bélica.
Los partidarios de la teoría conspirativa considerarán que estas detenciones se han hecho para favorecer la toma del poder de las palomas y hacer posible la negociación en términos más llevaderos. El Gobierno las presenta como prueba de que el Estado no está en tregua, lo que parece evidente por los hechos. Dos no treguan si uno quiere.
Las últimas detenciones privan a ETA de un elemento de control sobre el resto de eso que se llama la izquierda abertzale. ¿Estarán ahora los arnaldos más cerca de romper con ETA y condenar el terrorismo? No pongamos a enfriar las botellas todavía, porque eso puede tardar mucho en llegar. Admitamos, sin embargo, que uno de los deberes de todo ministro del Interior es descubrir fisuras en los adentros de la banda y, si no, inventárselas.
No es preciso que ponga mucho entusiasmo en la creatividad y aplique a las ancianas madres de los batasunos presos la misma Ley de Dependencia que a la de Rafa Díez o que las batasunas encarceladas se beneficien de un programa de fecundación in vitro para añosas como el que sigue Elena Beloki desde hace dos años.
Conformémonos con el hecho en sí mismo. La detención de un terrorista es una buena noticia; la de nueve, extraordinaria
MANUEL MARRACO / Madrid
El juez Ruz envía a juicio otro sumario contra Otegi
Frente a la lentitud con que transcurren algunas investigaciones, otras alcanzan una velocidad inusitada. Es el caso de Bateragune, la plataforma con la que, según la Fiscalía, Arnaldo Otegi, Rafa Usabiaga y otra media docena de dirigentes abertzales pretendían crear una nueva Batasuna. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz -que ocupa el juzgado del suspendido Garzón- acordó ayer dar por concluido el sumario y remitirlo a la Sección Cuarta de lo Penal para que inicie la preparación del juicio.
Una vez que la Sala confirme la conclusión del sumario, la Fiscalía y la asociación Voces contra el Terrorismo-Verde Esperanza deberán presentar sus escritos de acusación concretando los años de cárcel que reclaman para los ocho procesados.
Tanto la causa de Bateragune como la de ANV y PCTV son en gran parte una sucesión del sumario principal de Batasuna -conocido como el de las herriko tabernas-, abierto en 2002 y que no llegará a juicio hasta el año que viene. La causa de Bateragune estalló en octubre finales de 2009 con el arresto, entre otros, de Otegi. La prisión o libertad del dirigente abertzale está ahora en manos de las secciones Segunda y Cuarta, responsables, respectivamente, de las causas de las herrikos y Bateragune.
F
OLGA R. SANMARTÍN / Madrid
«No es una buena política la de pagar rescates»
Seychelles es un paraíso amenazado desde que los piratas somalíes actúan en sus alrededores. Su presidente, James Michel, es consciente del daño que causan a su economía los secuestros de pesqueros europeos, pero, aun así, dice que no hay que plegarse a las exigencias de los bucaneros. En su primera visita oficial a España, Michel se reunió ayer con el Rey y con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, con quien reforzó sus lazos en la lucha contra la piratería. España también se juega mucho: el Océano Índico es nuestro principal caladero de pesca y la flota atunera española, que tiene su cuartel general en Seychelles, es la presa favorita de los salteadores.
Pregunta.- ¿Qué tal está funcionando el acuerdo suscrito en mayo por el que Seychelles accede a juzgar a los corsarios detenidos por las fuerzas de la operación Atalanta, la misión antipiratería de la UE?
Respuesta.- Muy bien. Esta colaboración nos está ayudando a mitigar la amenaza de la piratería en la zona. Seychelles tiene, además, una nueva ley que permite apresar y juzgar mejor a los piratas. Once han sido ya condenados, por primera vez en la historia del archipiélago, y 29 están en espera de juicio. Algunos de ellos fueron capturados por nuestras fuerzas de seguridad y otros fueron detenidos por la UE. El 10% de los presos que están en nuestras cárceles son piratas somalíes.
P.- ¿Qué opina sobre la práctica de pagar rescates a los secuestradores?
R.- No creemos que sea una buena política. En nuestro país seguimos una política de no pagar rescates. Porque, cuanto más pagas, más estás contribuyendo a financiar las actividades de los piratas.
P.- ¿Cómo valora la forma en que España ha resuelto, pagando, el secuestro de los tres cooperantes españoles por Al Qaeda?
R.- Nuestro Gobierno equipara los actos de piratería con los de terrorismo y todo lo que tenga que ver con este acto debe ser condenada por la comunidad internacional, y no tengo nada más que decir sobre esto.
P.- ¿Qué opina de que los pesqueros españoles estén siendo protegidos por soldados de fortuna? Repelen los ataques con efectividad, pero, a cambio, los piratas responden comprando armas más sofisticadas. Hasta los propios escoltas privados vaticinan que la situación entrará en una fase más violencia que la actual...
R.- Cada país recurre a distintas estrategias. Los franceses han puesto militares en sus pesqueros y los españoles, seguridad privada. Eso depende de la política y de las leyes de cada país.
P.- Los atuneros españoles se defienden con ametralladoras y fusiles de asalto, pero los piratas llevan lanzagranadas y armamento pesado. ¿Va a acceder a las demandas que le piden que España pueda trasladar a los puertos de las Seychelles armas más potentes para equipar a sus pesqueros?
R.- Hay que tener mucho cuidado con lo que se pone en los barcos, porque, si éstos son capturados por los piratas y llevan armas pesadas, éstas pueden volverse en nuestra contra. Eso puede ser muy peligroso.
. LÁZARO / Madrid
Rubalcaba defiende el carácter militar de la Guardia Civil
Los mensajes confusos que el PSOE lanzó durante sus últimos años de oposición quedaron ayer definitivamente en el olvido. En 2004, diferentes dirigentes del PSOE jugaron con la ambigüedad sobre el carácter militar de la Guardia Civil. Incluso, algunos que llegaron después al Gobierno aseguraron que los socialistas desmilitarizarían el Instituto Armado. Si alguien aún tenía alguna duda de hacia donde avanzaba la política actual del Ejecutivo, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue categórico. Ayer, durante la inauguración del curso en la academia de la Guardia Civil de Aranjuez, defendió su carácter militar.
Sus declaraciones se producen en mitad de un choque de trenes entre el Ejecutivo y las asociaciones de guardias civiles, que han convocado una gran protesta para el próximo sábado en Madrid. El carácter militar del Instituto Armado prohíbe que en su seno se realicen manifestaciones de carácter sindical. El ministro indicó también que el Gobierno se mantendrá «firme» en la defensa «de los cimientos» de la Guardia Civil y que este cuerpo es «diferente» de la Policía, en un momento en el que las asociaciones de guardias civiles piden los mismos derechos que estos agentes. Dejó claro que hay dos Fuerzas de Seguridad: la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, uno de carácter militar y otro civil, «que son y deben ser diferentes».
Las asociaciones arremetieron de nuevo contra Interior tras la reunión que ayer mantuvieron con su director general. AUGC y UO, convocantes de la protesta, denuncian estar «en la misma situación que hace un año», haber «escuchado las mismas propuestas» -«nada ha cambiado»- y que Francisco Velázquez, su director, «como un anticipo de la tensa reunión», reprendió a los representantes de ambas asociaciones «por no usar el uniforme reglamentario». Según explican, «han tratado de llegar a un acuerdo pese a que tres vocales del Consejo de la Guardia Civil se encuentran expedientados». Añadieron que Velázquez «se ha cerrado en banda» y se ha negado a abordar cuestiones claves para los agentes como la jornada laboral y la Ley de Derechos y Deberes.
posted by e-pesimo | 09:23
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