CASO MALAYA: Montserrat Corulla exige que sus diálogos íntimos y 'sms' se eliminen del proceso

MARTA SÁNCHEZ ESPARZA / Málaga

Corulla exige que se eliminen del proceso sus 'sms' y diálogos íntimos

El letrado de varios testaferros denuncia que la Policía intervino charlas con sus clientes

Conversaciones íntimas y mensajes subidos de tono. El abogado de Monserrat Corulla, presunta testaferro de Juan Antonio Roca, solicitó ayer al tribunal encargado de enjuiciar el casoMalaya que elimine de inmediato del procedimiento la transcripción de algunas conversaciones telefónicas de marcado contenido personal y de varios mensajes de texto de su cliente, cuya incorporación al procedimiento consideró un gravísimo atentado contra su intimidad y su derecho al secreto de sus comunicaciones, ya que nada tienen que ver con el objeto de las investigaciones.

«La intimidad de mi defendida ha sido irremediablemente dañada», se quejó su abogado defensor, el letrado Gonzalo Rodríguez Mourullo, que exigió que «estas transcripciones no permanezcan un minuto más» y sean «inmediatamente expulsadas de la causa». Tras alguna de estas transcripciones, según mantuvo el abogado ayer, los agentes de la Policía llegan a hacer comentarios de este calibre: «Él intenta ligar con ella».

Corulla, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de prisión y 100 millones de euros en multas por blanqueo de capitales, ejerció como administradora de varias de las sociedades vinculadas al ex asesor de Urbanismo de Marbella, como Condeor, San Mateo Palace y Palacio de Villa Gonzalo, y era de las pocas personas con quienes Roca contactaba a través de sus teléfonos seguros, según el fiscal.

Foto de Montserrat Corulla

La presunta testaferro de Roca se encargaba de la rama societaria dedicada a la rehabilitación de edificios antiguos para su posterior explotación, y a partir de su imputación en el caso ingresó en prisión en abril de 2006 y permaneció hasta septiembre de ese mismo año.

No fue ésta la única singularidad del procedimiento denunciada ayer por los abogados que intervinieron en la vista. El letrado José Manuel Vázquez, defensor de varios presuntos testaferros de Roca, del ex edil del PA en Marbella Pedro Pérez y del abogado Juan Germán Hoffman, denunció que la Policía había grabado sus conversaciones telefónicas con alguno de sus defendidos en el caso, como el que fuera administrador de varias sociedades ligadas a Roca, Gonzalo Astorqui.

La instrucción del caso, según algunos abogados, respondió a un «modelo inquisitivo», donde el juez actuó guiado por la Policía, y después de haberse atribuido el asunto eludiendo las normas de reparto, ante su desconfianza en el resto de los jueces instructores de Marbella. «Se comportó como un juez central de instrucción», llegó a decir el abogado José Antonio Choclán, defensor de acusados como el ex edil Rafael Calleja o el presunto testaferro de Roca Óscar Benavente.

Las alusiones y críticas a la labor del primero de los jueces instructores del casoMalaya, Miguel Ángel Torres, fueron constantes en las intervenciones de ayer, a pesar del aviso dado por el presidente del tribunal, José Godino, nada más comenzar la vista.

El magistrado leyó un escrito en nombre de todo el tribunal en el que solicitaba que centraran las cuestiones jurídicas evitando «cualquier tipo de descalificación» hacia el juez Torres, tras lo ocurrido en la sesión del pasado lunes. Ese día, el letrado y acusado Francisco Soriano arremetió con dureza contra el instructor.

«La Sala toleró ayer algunas alusiones al juez instructor que son contrarias a las normas de cortesía y respeto que deben regir siempre todos los actos procesales», indicó Godino. El presidente del tribunal añadió que «no se puede afirmar que el señor juez instructor cometió un delito de detención ilegal, sobre todo cuando la querella presentada al respecto fue desestimada por el tribunal competente».

Tras mostrarse comprensivo con el «apasionamiento» del letrado Soriano, Godino señaló que el tribunal «lo entiende, olvida la cuestión y ruega a los letrados que centren sus críticas en cuestiones y matices estrictamente jurídicos». Pero Godino sólo logró en parte su objetivo. «La autoatribución del asunto [por parte de Torres] expresa a las claras un prejuicio, un interés persecutorio, una preconcepción del resultado de la investigación», llegaron a decir letrados como José Antonio Choclán.