MOVISTAR-TELEFÓNICA quiere suprimir las tarifas planas de Internet

SILVIA RUBIO / Santander

Telefónica plantea cobrar más a quien más consuma en internet

El consejero delegado considera que el modelo de tarifa plana «es insostenible»

«El modelo actual de internet no es sostenible». Con estas lapidarias palabras se refirió, ayer, el consejero delegado de Telefónica, Julio Linares, al hablar sobre la situación actual y próxima de la red de redes y, con ellas, reabrió el debate sobre el futuro de la tarifa plana para internet.

En una ponencia enmarcada en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Linares se mostró favorable a seguir los pasos de las operadoras estadounidenses más importantes: que paguen más aquellos usuarios que más se conecten a internet, limitando la tarifa plana y evitando así la saturación del tráfico en la Red. Una idea que Telefónica lleva defendiendo bastante tiempo.

Para el directivo de la operadora más importante de España y una de las más sólidas a nivel internacional, «el principal problema al que se enfrenta el sector tiene cuatro vértices que pasan por un grave desacoplamiento entre el crecimiento del tráfico, el coste de la red, los ingresos que se generan y la tensión en las inversiones».

Todos ellos factores que provocan serios desequilibrios y «asimetrías» que, según Linares, no tienen otro futuro que el de llevar «a una tendencia de quiebra en el sector». «Esto evidentemente no va a pasar porque todos nos estamos dando cuenta de ello», pero avisa, «lo importante es ahora saber si también todos conocemos la urgencia de actuar pronto».

«Internet es un lugar donde en una hora hay 35.000 nuevos usuarios en las redes sociales, en un minuto se suben 24 horas de vídeo y en un segundo se actualizan 50 millones de blogs», comentó. Para Telefónica, entre estos usuarios se encontrarían también aquellos clientes que terminan saturando las redes de comunicación y que, según Linares, «hacen que el usuario medio subsidie a estos intensivos».

Y para apoyar la teoría Linares se sustentó en las cifras: «En España, un 5% de los usuarios de banda ancha móvil produce un 75% del tráfico. En Alemania, un 5% de estos usuarios produce el 90%», algo que «no se puede permitir puesto que los usuarios normales están siendo penalizados», afirmó.

«Hay clientes con tanto tráfico que uno se pregunta si tiene conectado un centro de datos a un pincho de internet móvil y no podemos permitir que los usuarios con consumos más razonables y que están conectados a la misma célula sean penalizados», comentó en tono de broma.

Vistos los problemas, Linares apuesta por una solución que «pasa necesariamente» por proporcionar una oferta de mayor eficacia y calidad a los diferentes tipos de usuarios en función de sus necesidades, es decir de lo mucho o poco que se conecten y pagando más o menos por este servicio. Hay que llegar «a una mayor segmentación en las tarifas en función de la variedad de los clientes y sus necesidades», explicó.

Un modelo de Red gestionada que, en opinión de Linares, «no tiene que entrar en conflicto con la neutralidad de la Red, debate que afortunadamente ya se está superando» y que tiene que llevar a aspectos como la compartición de activos con otras compañías, como las financieras o las de aplicaciones, en un marco de un modelo de compartición de ingresos.

Respecto a este punto, Linares fue matizado por su compañero de ponencia, el presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Reinaldo Rodríguez, que puso en evidencia que el tema de la regulación sigue estando latente: «La neutralidad de la Red es un tema candente y los criterios de regulación tienen que ser comunes y llevarse a cabo con la suficiente antelación como para que el sector esté informado y a nivel comunitario», indicó.

Asimismo, Rodríguez avisó de la importancia de «tener la mayor transparencia posible» en las negociaciones en torno a la neutralidad de la Red y, por si acaso, advirtió: las autoridades competentes vigilarán los acuerdos entre los agentes en este ámbito.

Lo que desde la CMT no se quiso valorar es la situación de las tarifas planas de internet. Simplemente, Rodríguez señaló sobre la propuesta de Telefónica que «todos los operadores pueden poner las tarifas que quieran», puesto que lo «único que los reguladores hacen en este sentido es exigir transparencia en las ofertas».

OORBYT.es

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PABLO ROMERO / Madrid

Tanto consumo, tanto pago

Telefónica ha reabierto de nuevo el polémico debate sobre el modelo de negocio en internet al poner en entredicho la neutralidad del sistema y las tarifas planas ilimitadas.

¿Por qué dice Telefónica que los costes de gestión de la Red son insostenibles?

El operador sostiene que la creciente demanda de datos puede llegar a «quebrar» el sistema al acabar con su rentabilidad. Así, parece culpar a las tarifas planas del aumento masivo del consumo de datos. Además, sostiene que existe una creciente «asimetría», es decir: muy pocos abonados consumen mucha banda ancha. Según Telefónica, la solución pasa por que aquellos que más se conecten paguen más.

¿Implica eso que están en peligro las tarifas planas?

A pesar de que la compañía ha negado en los últimos tiempos la desaparición de las tarifas planas, ahora el operador da a entender que el futuro está en ofrecer tarifas segmentadas según el consumo del usuario. Es decir, mientras que en las tarifas planas el consumidor paga por la velocidad de la conexión, parece que las nuevas propuestas apuntan a la facturación según la cantidad de datos descargados.

¿Telefónica oferta alguna tarifa en función del consumo?

En España, por el momento, no. Sin embargo, sí que lo hace en otros países. Por ejemplo, en el Reino Unido, su filial O2 acaba de eliminar una tarifa plana ilimitada, incluyendo en el contrato que firma el cliente la cantidad máxima de megabytes que el cliente puede descargar al mes.

¿Qué es la neutralidad en la Red?

Se trata de un principio por el que todos los datos que circulan por la Red deberían tener el mismo trato, sin que se favorezcan unos sobre otros. La consagración de este principio en una normativa específica impediría a los operadores privilegiar a ciertos servicios o aplicaciones sobre otros en su gestión del tráfico en internet.

¿El fin de las tarifas planas pone en peligro la neutralidad de la Red?

En principio, no. Las compañías tienen libertad a la hora de establecer sus tarifas en un mercado abierto. No obstante, las telecos llevan tiempo alertando de los supuestos problemas de sobrecarga y quiebra del sistema para abrir la puerta a otras acciones que comprometerían ese principio, como poner peaje a determinados servicios que generan mucho tráfico -como sugirió el propio César Alierta sobre Google- o incluso penalizarlos.

JAVIER G. GALLEGO / Madrid

Pocas plazas públicas y menos ayudas para las rentas de más de 30.000 euros

Las familias medias afrontan el curso con más costes y escaso acceso a las becas

Para una familia media española con hijos en edad escolar, en el mes de septiembre empieza una dura prueba de resistencia financiera que no concluye, en el mejor de los casos, hasta junio. El sistema público garantiza el acceso a la educación, pero las ayudas y becas se quedan en muchos casos fuera del alcance de los hogares que más están sufriendo las consecuencias de la crisis. En términos generales, las rentas con ingresos superiores a 30.000 euros tienen muy limitado el acceso a ayudas educativas.

Como en otros capítulos de la vida cotidiana (vivienda, servicios sociales, impuestos, etcétera), la clase media tiene ante sí el problema de cobrar más de lo exigido para recibir ayudas públicas, pero no lo suficiente como para afrontar sin contratiempos el gasto educativo de sus hijos.

En el caso de la guardería, sólo un 67% de los niños, según el último informe de Consumer Eroski, acude a centros públicos. La cifra es más alta que la media europea, especialmente en las edades comprendidas entre 3 y 6 años, pero sigue resultando muy deficitaria para miles de familias que se quedan a las puertas de una plaza pública.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reveló en una reciente encuesta que más de la mitad de quienes llevan a sus hijos a una guardería privada lo intentaron primero en una pública sin éxito.

Como Miguel Ángel Cabanillas, un autónomo residente en Madrid cuya hija no pudo acceder a la guardería pública porque se pasaba del límite establecido. En Madrid, 14.473 euros es el máximo permitido para obtener puntuación en el apartado de ingresos familiares.

Aun cuando la renta no es un problema, muchas familias españolas se encuentran con otras trabas para poder llevar a sus hijos a un centro público. Por ejemplo la cuota que muchas guarderías reservan para hijos de inmigrantes. Ése fue el caso de Susana cuando acudió al centro infantil que le correspondía en el barrio madrileño de Cuatro Caminos. «Había plazas libres, pero sólo reservadas para hijos de inmigrantes», lamenta.

A cambio, la alternativa privada resulta en la mayoría de los casos demasiado cara. El precio mensual medio en España es de 310 euros, según el informe de Consumer Eroski, aunque en la mayoría de los casos hay que añadir otros 112 euros para el comedor. Barcelona es la provincia más cara (413 euros) y Córdoba la más barata (191).

La reciente subida del IVA, además, añade más presión sobre las rentas medias con hijos en edad escolar. El encarecimiento del material y otros gastos asociados a la educación infantil elevará 6,2% la factura de los hogares españoles, que gastarán de media 820 euros por cada hijo, según el estudio de la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (Fuci). Este incremento también es consecuencia del aumento del precio de los carburantes, que tiene una incidencia directa en el coste del transporte.

El Ministerio de Educación concede, entre muchas otras, una aportación de 204 euros para material escolar a las rentas bajas. En el caso de una familia con tres miembros, los ingresos anuales no deben superar los 25.534 euros, por debajo del salario medio de los españoles. Además de la renta familiar, el Gobierno obliga a cumplir una serie de objetivos académicos para continuar recibiendo el soporte económico. Las comunidades autónomas, por su parte, conceden también ayudas complementarias, especialmente para las primeras fases educativas, aunque en la mayoría de los casos quedan excluidas las familias con ingresos superiores a 28.000 euros.

El pasado año el Gobierno elevó el presupuesto del Ministerio de Educación un 2,1% hasta los 3.030 millones debido al aumento de becas y ayudas, que suponen casi la mitad de los recursos a disposición del departamento. Para 2011 está previsto que aumente en 43 millones, nada despreciable teniendo en cuenta que los ministerios verán reducidos sus presupuestos, de media, un 15%.

Pero aun así, en comparación con la media de la OCDE, España sigue por debajo tanto en becas como en inversión pública en instituciones de Educación Superior. La aportación de España en el primer caso no llega al 0,1% (frente al 0,3% de media de la organización económica). Según la propia OCDE, el 62% de los universitarios españoles no recibe ningún tipo de ayuda.

Además, las becas no llegan a todos por igual. Juan Reales, un funcionario que gana 38.000 euros al año, ironiza sobre el acceso a la educación: «Puedo codearme con los grandes empresarios de este país, porque, como sobrepasamos este umbral de renta, nuestros hijos deberán pagar las mismas tasas universitarias sin acceso a ayudas».

Y eso que la Universidad es sin duda el ámbito educativo con más ayudas del Ministerio. Éstas están destinadas hasta rentas familiares de 53.665 euros, aunque para ello la unidad familiar deberá tener ocho o más miembros.