ESPAÑOLES POR EL MUNDO: Liberados previo pago de 3,8 millones de euros y la excarcelación del jefe de los secuestradores

ERENA CALVO / ANTONIO RUBIO
Rabat / Madrid
Los cooperantes canjeados por su secuestrador y 3,8 millones (Entre 5 y 10 millones de euros, según fuentes no oficiales)
Vilalta y Pascual liberados tras la extradición desde Mauritania a Mali del jefe del grupo que los capturó / El rescate se entregó en dos partes hace ya mesesLa extradición a Mali del secuestrador y 3,8 millones de euros han sido, según diversas fuentes, la moneda de cambio que se han llevado los radicales de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) por la puesta en libertad de los dos cooperantes españoles Albert Vilalta y Roque Pascual, anunciada ayer. Como ya publicó este periódico, la petición inicial de los secuestradores fue de 10 millones de dólares, que durante las negociaciones se consiguió rebajar a cinco.
Vilalta y Pascual han protagonizado el secuestro más largo de AQMI, con 267 días de cautiverio. Han pasado casi nueve meses en manos de los extremistas, superando en 14 días el secuestro de los austriacos Wolfgang Ebner y Andrea Kloiber, liberados el 31 de octubre de 2009, que atesoraban hasta ahora este triste récord. A última hora de ayer, el Gobierno seguía pidiendo prudencia sin confirmar oficialmente la noticia y se desconocía si los cooperantes serían entregados a las autoridades españolas en Uagadugú (Burkina Faso), como sucedió con su compañera Alicia Gámez, o en la ciudad malí de Tombuctú. Hacia uno de los dos puntos se dirigía ayer un avión español que debe trasladarlos hoy hasta Barcelona.Sigue en página 4
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Lo que sí aseguraron fuentes malíes fue que en la operación estuvo presente la persona que ha actuado como principal mediador en este secuestro: Mustafa Chafi, consejero del presidente de Burkina Faso.
Fuentes locales en el norte de Mali informaron por la tarde al portal mauritano Sahara Media de que Vilalta y Pascual se encontraban aún en este país, «a la espera de las gestiones para su regreso a España». Según las fuentes consultadas, se preveía que estuvieran en manos de las autoridades españolas entre la noche de ayer y la madrugada de hoy.
Desde Mali, Roque Pascual telefoneó a su mujer, a Cataluña, para confirmarle que estaban siendo liberados, según publicó la Agencia Catalana de Noticias (ACN) -en los últimos días, las familias han recibido, además, alguna prueba de vida de los secuestrados-. Y Francesc Osán, portavoz de Barcelona Acció Solidària, aseguraba que tenían «la percepción de que la cosa va en marcha».
Precisamente, con una caravana de esta asociación viajaban Vilalta y Pascual cuando fueron secuestrados el 29 de noviembre en la carretera que une Nuadibú con Nuakchot. Durante el rapto, Vilalta fue herido de bala en la pierna izquierda al intentar escapar. Junto a ellos fue capturada su compañera Alicia Gámez, que regresó a España tras ser liberada el pasado 10 de marzo. Según hicieron público entonces los terroristas, la dejaron en libertad tras convertirse al islam y por problemas de salud.
Entre los captores de los tres catalanes se encontraba Omar Uld Sidi Ahmed Uld Hamma, alias Omar Saharaui. Condenado en Mauritania a 12 años de prisión firme como principal secuestrador de los españoles, la liberación de Vilalta y Pascual se ha producido después de que Saharaui fuera extraditado a Mali la semana pasada desde Nuakchot.
La cadena de televisión Al Arabiya vinculó ayer la liberación de los catalanes con la extradición de «un militante de Mauritania a Mali», en referencia a Saharaui, que según algunas fuentes malíes fue intercambiado por los secuestrados.
La prensa local mauritana apuntaba hace ya días que, detrás su extradición, se escondía una maniobra de intercambio. No en vano, Mauritania siempre se ha opuesto públicamente a «ceder al chantaje de los terroristas» liberando a radicales de sus cárceles a cambio de los rehenes o mediante el pago de rescates económicos.
Mali, en cambio, ya había excarcelado en febrero pasado a cuatro radicales para salvar la vida del rehén francés Pierre Camatte, que también se encontraba en manos de AQMI. Una operación a la que se opuso frontalmente la República Islámica de Mauritania, que junto a Argelia retiró a su embajador de Bamako como muestra de su repulsa.
Al transferir a Saharaui a Mali, de donde es originario, Mauritania argumentó -según el periódico del país africano Tahalil Hebdo- que «cumplía con los acuerdos judiciales bilaterales» entre ambos países, aunque el mismo diario planteaba que en las cárceles mauritanas hay decenas de malíes y se preguntaba por qué se extradita sólo a Saharaui.
La extradición ha desbloqueado las negociaciones con los miembros de AQMI, que llevaban estancadas desde el pasado mes de junio. El dinero, que logró rebajarse de los 10 millones originales que pedían los islamistas a cinco (3,8 millones de euros al cambio medio), había llegado meses atrás en dos partes, las conversaciones parecían ir bien y, en ese mes de junio, los dos cooperantes estuvieron a punto de ser liberados, aunque finalmente la operación se frustró.
Según informaron a EL MUNDO fuentes cercanas a la investigación, el Gobierno envió entonces a un representante a Marruecos para reunirse con el intermediario con Al Qaeda, de nombre Chafi, al que instaron a que se retirara de las negociaciones. La falta de confianza mostrada por España, sin embargo, no sirvió para que Chafi cediera su plaza, al considerarse como el hombre «escogido» por los radicales.
Según ha podido saber este periódico, el director del CNI, Félix Sanz, viajó también en aquel momento a París y Roma para pedir a los responsables de los servicios secretos franceses e italianos que les cedieran a sus negociadores en los secuestros de sus ciudadanos.
Mokhtar Belmokhtar, líder de la célula islamista que ha mantenido cautivos a los españoles, escondió a Vilalta y Pascual en algún punto de la región norteña de Kidal, en el inmenso desierto de Mali; un refugio de más de 800.000 kilómetros de superficie, con una población de menos de 1.800.000 habitantes, en la que no hay presencia del Estado y donde el subdesarrollo favorece que los terroristas convivan en armonía con la población local y que hagan de ellos sus mejores colaboradores a cambio de beneficios económicos.
Una zona, la del Sahel, para la que la presidencia española de la UE ha defendido una política europea de seguridad para frenar el avance en la misma del terrorismo islamista, favoreciendo además la cooperación con estos países.
No se le escapa a nadie que Al Qaeda ha convertido el secuestro de occidentales en un nada raquítico negocio en muchos de estos países. Además de los españoles y de los franceses Camatte y Germaneau -asesinado por AQMI recientemente-, los radicales raptaron en los últimos meses al italiano Sergio Ciccala y a su mujer Filomena Kabouree, que pudieron abandonar su refugio en abril.
OORBYT.es
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el videoanálisis de Ferrer Molina sobre el secuestro y liberación de los cooperantes.
El único herido durante el secuestro
Tras reencontrarse con sus familiares -está casado y es padre de tres hijos-, Albert Vilalta, ingeniero de caminos, podrá retomar su trabajo como director general de las empresas Túneles y Accesos de Barcelona (Tabasa) y Túneles del Cadí, ambas participadas por la Generalitat.
Vilalta es, seguramente, el secuestrado que vivió con más penurias su cautiverio, porque fue herido de bala en una pierna el día que Al Qaeda del Magreb Islámico asaltó la caravana en la que viajaba.
Acababa de cumplir con su misión en Mauritania, que consistía en repartir ayuda en Nuadibú, -la segunda ciudad en importancia del país- cuando fue secuestrado. Le dispararon mientras intentaba escapar de sus captores.
El liberado es hijo de Albert Vilalta, consejero de Medio Ambiente con Jordi Pujol de 1991 a 1996, quien ha mostrado entereza aunque también ha sido reivindicativo durante el cautiverio de su hijo.
Antes de ocuparse de los túneles catalanes, Vilalta trabajó como ingeniero jefe del Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, tuvo que lidiar en su momento con el hundimiento del túnel del barrio del Carmel.
Su séptima caravana humanitaria
Casado y con dos hijos mayores de edad, Roque Pascual colaboraba con la caravana de Acció Solidària repartiendo ayuda por África por séptima vez cuando se produjo el secuestro.
Participante activo en las acciones solidarias, este empresario de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) también es muy querido en su población, donde participa en la Fundación Tallers, un centro que facilita la inserción laboral de discapacitados psíquicos. Con 50 años, Roque Pascual también era el tesorero del club de fútbol de Gramanet.
Ayer mismo, logró ponerse en contacto telefónico con su mujer para comunicarle que tanto él como Albert Vilalta estaban sanos y salvos y en libertad, según la Agencia Catalana de Noticias.
Sus compañeros de trabajo en la empresa de construcción Gecoinsa, donde Roque Pascual era consejero delegado antes de ser secuestrado, explicaron que había estado a punto de no participar en esta última caravana de Acció Solidària, organización de la que es vicepresidente económico, ya fue avisado de los riesgos que entrañaba un viaje de estas características por el Sahel hace ya dos años.
GERMÁN GONZÁLEZ / Barcelona
Expectación en la sede de la ONG
Varios partidos celebraron la noticia sin que el Gobierno la hubiera confirmado
Máxima expectación, ayer, en la sede de la ONG Barcelona Acció Solidària, en el barrio de Sant Andreu de la capital catalana. Todos los medios de comunicación nacionales estuvieron allí representados a la espera de la confirmación de la liberación de Roque Pascual y Albert Vilalta, secuestrados desde el 29 de noviembre de 2009 cuando participaban en una caravana solidaria en el norte de África.
Los reporteros -más de 40- eran abrumadora mayoría en la sede de Barcelona Acció Solidaria. En el local sólo se hallaban tres miembros de la organización. Entre ellos, el presidente de la ONG, Josep Carbonell, y Francesc Osan, que ejerció de portavoz en la única comparecencia ante los medios que se había producido al cierre de esta edición.
Los Mossos d'Esquadra montaron desde primera hora de la tarde un dispositivo con patrullas policiales frente a la sede de la entidad para actuar si se producía algún tipo de incidente y para contener a los curiosos, atraídos por el despliegue mediático.
Osan, director de la caravana de la ONG, se limitó a informar de que él y sus compañeros seguían a la espera de recibir la confirmación de la liberación de Pascual y Vilalta. También insistió en que desde Barcelona Acció Solidària no se haría ninguna valoración hasta que el Gobierno español corroborase la noticia.
El portavoz de la asociación aseguró que tampoco habían podido confirmar la liberación de los secuestrados tras ponerse en contacto con sus familias.
Sin embargo, la agencia ACN aseguró ayer que Roque Pascual ya había llamado por teléfono a su esposa poco antes de las 19.00 horas para confirmarle que tanto él como Vilalta estaban siendo liberados.
En declaraciones a los medios, Osan explicó que la ONG mantendría abierta su sede hasta las 23.00 horas «por deferencia» a los periodistas desplazados a su sede. «Mantendremos el local abierto hasta esa hora por si se produce la feliz noticia, para poderlo confirmar y celebrarlo con todos vosotros», afirmó.
El tono de todos los miembros de la ONG era de esperanza dentro de la cautela. Ayer anunciaron que la sede se reabriría hoy, a la espera de poder anunciar la noticia.
La expectación por la liberación de Vilalta y Pascual llegó también a los partidos políticos: algunos celebraron la noticia antes de que el Gobierno español hubiera dado su confirmación. Fue el caso del PP catalán, cuyo líder en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, dijo que la liberación «es una excelente y la más humana de las noticias». La portavoz de ICV, Laia Ortiz, deseó que los secuestrados «puedan reunirse pronto con sus familias». Y el líder de CiU en Barcelona, Xavier Trias, agradeció los esfuerzos de todos los implicados en la liberación, «empezando por el
Ministerio de Asuntos Exteriores».
Base de Rota (Cádiz)
Chacón reclama juzgar a los piratas
El acto de bienvenida en la base de Rota (Cádiz) a la fragata Victoria, tras su participación en la operación Atalanta en aguas del océano Índico, le sirvió ayer de escenario a Carme Chacón para lanzar una reclamación a los socios de la UE para que se refuerce el marco jurídico en el que se desarrolla la misión.
En definitiva, se trata de que los esfuerzos militares que realizan los países que participan en Atalanta -y España es uno de los principales contribuyentes- tengan su reflejo en el plano judicial. Que los piratas que son detenidos por los militares sean después juzgados, condenados si procede y encarcelados. Para que paguen por sus crímenes y, sobre todo, para que no vuelvan a embarcarse en un esquife y a perseguir a los buques que navegan por las costas del cuerno de África.
De forma clara, la ministra de Defensa dijo ayer no estar satisfecha con el modo en que, judicialmente, la UE aborda la lucha contra la piratería en el Índico. Por ello, pidió «redoblar esfuerzos» para «conseguir los acuerdos necesarios para que los piratas puedan ser ajusticiados [en su acepción como condenar a alguna pena, no en la otra] con procesos justos». Y dio dos opciones: o «a través de un tribunal regional» o con «convenios particulares», informa Europa Press.
En realidad, es el modelo que se ha intentado hasta ahora, trasladando a los detenidos a Kenia o a otros países de la región, pero que no ha terminado de funcionar. Prueba de ello es que las tropas españolas han tenido que liberar en los últimos meses a muchos piratas que habían logrado detener.
Ocurrió el 24 de marzo con seis arrestados; el 16 de abril con otros tres; de nuevo el 26 de abril con ocho piratas más, y por última vez hace muy poco, el pasado 4 de agosto, con siete detenidos que fueron directamente desembarcados en las costas de Somalia.
En casi todos los casos, los militares proceden a incautarse de las armas y el combustible de los arrestados y a destruir sus embarcaciones nodrizas, que utilizan para lanzar los esquifes en busca de sus presas. Pero nada más. Y se tiene la sospecha de que la mayoría de los liberados se reintegran en la piratería poco después de llegar a Somalia.
Actualmente, sólo Kenia y Seychelles tienen acuerdos con la Unión Europea para juzgar a piratas, aunque se están negociando acuerdos similares con Tanzania, Mauricio y Maldivas.





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