ESPAÑA EN QUIEBRA: SE DESCUBRE OTRA MENTIRA SOCIALISTA: Sí era verdad que el Gobierno quiere subir a 20 años el cálculo de la pensión
PABLO R. SUANZES / Madrid
El Gobierno quiere subir a 20 años el cálculo de la pensión
Argumenta que beneficiará a quienes pierdan el empleo al final de su vida laboral
En los últimos ocho meses, al Gobierno se le ha atragantado una y otra vez la reforma del sistema de pensiones. En febrero planteó subir de 15 a 25 años la base de cálculo de la prestación por jubilación, pero dio marcha atrás inmediatamente ante la reacción de las fuerzas sociales. Igualmente, el mes pasado volvió a insistir en la necesidad urgente de ampliar el periodo, pero no ofreció más detalles. Ayer, sin embargo, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se atrevió a dar un paso más y propuso una fórmula intermedia: computar los últimos 20 años de la vida laboral del trabajador, un periodo que, a su juicio, es «razonable» y sobre el que «hay un cierto consenso».
Para Corbacho, el modelo español penaliza a quienes pierden su empleo en los últimos años de su vida laboral, pues reciben una pensión «de mínimos aunque lleven 40 años cotizando». Ampliando la base, esa injusticia se reduciría, pero a mayor número de años cotizados menor sería la pensión. Sigue en pág. 22
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya dijo el pasado 8 de julio que «la reforma de las pensiones es necesaria, y es necesaria ahora». La crisis ha puesto de manifiesto las debilidades del actual modelo, por lo que Corbacho lleva desde principios de año lidiando con sindicatos, empresarios, partidos políticos y la UE para poner en marcha la reforma. De momento, el resultado óptimo se le resiste.
En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, y recogida por Europa Press, Corbacho aseguró de nuevo que «será inevitable aumentar el tiempo de cálculo» de las pensiones «más allá de los 15 años» actuales para garantizar el futuro de la Seguridad Social. Pero esta vez presentó una alternativa: subir desde los 15 años que se utilizan ahora hasta 20.
No es la primera vez que el Ejecutivo sugiere un aumento del periodo de cálculo, pero sí parece que será su oferta más firme. En enero presentó en el Consejo de Ministros las pautas para la reforma de las pensiones, que incluían retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años y ampliar la base de cotización, pero sin precisar más. Días después, Moncloa hizo llegar a la Comisión Europea la Actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013, utilizando una base de hasta 25 años, si bien reculó ante el revuelo generado, explicando que la propuesta era únicamente «un ejemplo, una simulación».
El ministro asegura que en España se perjudica a los trabajadores que pierden su empleo después de los 60, puesto que reciben una pensión de mínimos. Al ampliar la base a 20 años, se soluciona el problema, eso sin tener en cuenta que la pensión se reduce cuanto mayor es el número de años cotizados, pues en los últimos años de vida laboral es cuando los sueldos son mayores. Este mes, la pensión media de jubilación se situó en 886,40 euros, un 3,5% más que en 2009, mientras que la media del sistema de la Seguridad Social, que agrupa incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares, alcanzó los 781,34 euros.
Según las estimaciones entregadas a Bruselas, aumentando dos años la edad de jubilación y elevando la base de cálculo a 25 años se lograría un ahorro equivalente a cuatro puntos del PIB a partir de 2030.
En todo caso, éste no sería el único cambio significativo de cara al futuro. Corbacho insistió ayer también en que uno de los pilares de la reforma en ciernes debe de ser reducir al mínimo las prejubilaciones e incentivar «la permanencia» en el mercado laboral. Es decir, aumentar la «edad efectiva de jubilación», que ahora ronda los 63 años y 10 meses. El ministro quiere que las jubilaciones anticipadas sean el «último recurso» y que se apliquen «sólo cuando sean absolutamente imprescindibles para resolver problemas de crisis económica».
El problema para el ministerio es que sacar adelante las propuestas no va a ser nada fácil. En los últimos meses, casi todos los grupos políticos se han posicionado en contra, y, para complicar más la negociación, Bruselas está presionando insistentemente para que España tome medidas urgentes. Ayer mismo, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, el finlandés Olli Rehn, reiteró que aunque la consolidación fiscal de España va por el buen camino, es todavía imperioso aplicar reformas al mercado laboral.
De hecho, Rehn señaló «la necesidad de llevar a cabo reformas de pensiones en toda la UE», aunque insistió con especial ahínco en los casos de España y Grecia.
Por su parte, los principales sindicatos, CCOO y UGT, se oponen a lo que consideran una reforma «al dictado» del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, y chocan frontalmente con todos los retoques, y en especial con el retraso de dos años de la edad de jubilación.
En cambio, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) apoyó ayer por la tarde, con matices, la propuesta de Corbacho, al considerarla «razonable». Eso sí, los autónomos consideran que «sería mejor» que se pudieran escoger entre esos 20 años también los de mayor cotización, y no sólo los últimos. «Si lo que se persigue con esta reforma es beneficiar a los trabajadores que han sido expulsados del mercado laboral al final de su carrera, no basta con coger más años, sino elegir parte de los mejores periodos de cotización», aseguró el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
OORBYT.es
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis sobre la reforma de las pensiones de Juan Emilio Maíllo.
BEGOÑA P. RAMÍREZ / Madrid
«Van a recortar las prestaciones»
Los sindicatos creen que el giro de la política del Gobierno en materia laboral aún tiene más recorrido y no se detendrá en la reforma laboral. De hecho, tras el anuncio de sanciones a los parados que rechacen ofertas de trabajo o cursos, y las restricciones al cobro de la ayuda de 426 euros adivinan un plan más amplio: el recorte de las prestaciones por desempleo. «El Gobierno quiere hacer economías con ellas y se está dotando de un instrumento para perseguir a los parados», advirtió ayer el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, quien calificó de «debate falso e interesado» el que se ha abierto en torno al quebrantamiento del compromiso de actividad de los parados. «El año pasado sólo fueron sancionados por ese motivo 8.000 desempleados. No es ése el problema, sino la falta de políticas de empleo», explicó.
Para su homólogo de CCOO, Ramón Górriz, con esta medida el Gobierno pretende también «maquillar las cifras del paro», una idea que ya había lanzado poco antes en la Cadena Ser su secretario general, Ignacio Fernández Toxo. «Los parados», aseguró, «no lo son por voluntad propia, sino que se ven expulsados del mercado de trabajo».
Górriz criticó también que el Ejecutivo haya dejado fuera de las ayudas del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi) a los parados de 30 a 45 años sin cargas familiares, para ahorrarse 100 millones de euros. «No se puede comparar [esa cantidad] con el dinero que se ha dado a los grandes bancos», argumentó, «el Gobierno se equivoca cuando asume esas políticas neoliberales y el compromiso que tiene con los mercados».
A su juicio, la reforma laboral que se debate en el Senado constituye «la mayor involución en el conjunto de los derechos laborales» sufrida por España en los últimos 30 años. Ferrer lo corroboró augurando que su tramitación en la Cámara Alta incluso «empeorará el recorte» de los derechos de los trabajadores. Una razón más, apuntó, para secundar la huelga general del 29 de septiembre.
«Todas las huelgas generales en este país las hemos ganado los sindicatos», recordó Ramón Górriz, «y después de cada una de ellas aumentó el gasto social y se pararon las agresiones contra los derechos de los trabajadores. En esta ocasión, ocurrirá lo mismo». Ante los micrófonos, Fernández Toxo ya había abundado en que el éxito de la huelga «irá parejo al fracaso del Gobierno», cuyo crédito «está bajo mínimos y descendiendo». El Ejecutivo, añadió, ha sido «errático» en lo económico y «dubitativo» en lo político, y la reforma laboral tampoco le va a ayudar a ganar las elecciones. Es más, no dudó en conceder al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, el título de «gran propagandista de la huelga general». «Es el mayor activo de los sindicatos: cada vez que habla crece el rechazo a las medidas del Gobierno», se jactó.
Pero no fueron ayer los únicos reproches sindicales. El número dos de CCOO acusó al Ejecutivo de «desdibujar el papel de los órganos de la soberanía popular» al dejar el debate de «un tema tan importante como la reforma laboral en manos de una comisión» parlamentaria, a la que se ha dado capacidad legislativa plena, para hurtárselo al pleno del Senado. La tramitación, dijo, se está llevando a cabo «con urgencia, premeditación y alevosía» en plenas vacaciones.
Y entre las «propuestas de la confusión» que, a su juicio, viene haciendo el Gobierno en los últimos meses encuadró Toni Ferrer, por su parte, el anuncio de Celestino Corbacho, de aumentar hasta los 20 años el periodo de cálculo de la pensión, en lugar de los 15 actuales. «El Gobierno», destacó, «sólo compra la receta del BCE, el FMI y el Ecofin de reducir el gasto público; pero no es un mantra, también se pueden aumentar los ingresos con una reconstrucción fiscal». El dirigente de UGT aseguró que el Gobierno socialista está así «profundizando en la demolición del sistema fiscal español emprendida por la derecha».
J. E. M. / Madrid
PSOE y CiU pactan quitar la prestación del paro por no ir a los cursos que te borran de la estadística del desempleo
El Senado asistió ayer por la tarde a una especie de ceremonia de la confusión auspiciada por los parlamentarios socialistas. Ni ellos mismos se aclaraban de si la penalización de la que habló el ministro Corbacho para los desempleados se refería sólo a quienes rechazaran cursos de formación o también a aquéllos que no aceptasen una oferta de empleo, según reflejaba la senadora Matilde Fernández.
Finalmente, la propuesta que los socialistas hicieron al resto de grupos parlamentarios zanjó el debate. El PSOE propone reducir de 100 a 30 días el plazo en el que un perceptor de prestaciones por desempleo puede rechazar un curso sin ser penalizado (la propuesta inicial pasaba por eliminar todo tipo de plazos).
No se habla de rechazo a las ofertas de empleo porque, en ese caso, la oposición del parado sí que está penalizada desde el primer día. De este modo, si se hubiese aplicado el plazo de 30 días también a las ofertas, se habría mejorado la situación de los parados, que es justo lo contrario de lo que persigue el Ejecutivo.
El PSOE se afanó en la tarde de ayer -y los contactos continuarán en la mañana de hoy- para recabar el apoyo a su iniciativa. Previsiblemente, según fuentes parlamentarios, contará con el voto favorable de CiU y PNV.
Por el contrario, el Partido Popular no dará su voto favorable al Ejecutivo. «No vamos a apoyar una enmienda de estas características», dijo la portavoz popular en la Comisión de Trabajo del Senado, Alicia Sánchez-Camacho, a la sazón presidenta de esta formación en Cataluña.
El PP duda de que los servicios públicos de empleo puedan a ofrecer a un parado, en un plazo de apenas 30 días, un curso de formación que se adecue a su «perfil profesional». Con 100 días hay más probabilidades de que el desempleado pueda acudir a un curso acorde a su trayectoria laboral.
Otra cuestión es si tiene sentido que la formación tenga que ver con la experiencia del parado y no con nuevos segmentos a los que pueda dirigir su actividad laboral. Por ejemplo, difícilmente todos los parados de la construcción, por más cursos que realicen, volverán e encontrar empleo en este mismo sector.
En todo caso, el PP reclama una mejora en la formación que se ofrece desde los servicios de empleo públicos, una competencia que, al ser política activa, está en manos de las comunidades autónomas.
En el resto de asuntos apenas hubo avances en la reunión técnica celebrada ayer. Las enmiendas introducidas a la reforma laboral no son de calado y el grueso del debate queda para la jornada de hoy.
La Comisión de Trabajo de la Cámara Alta deberá votar una por una las enmiendas de cada grupo parlamentario y también se sometarán a discusión las enmiendas transaccionales, entre ellas la del plazo para rechazar cursos de formación.
Aunque el PSOE busca conseguir en el Senado un apoyo global a la reforma superior al que obtuvo en el Congreso -donde únicamente sus votos y la abstención de CiU y PNV le permitió sacarla adelante- difícilmente lo logrará.
Las fuentes consultadas por este diario apuntan a que las dos formaciones nacionalistas se inclinarán, de nuevo, por la abstención, más allá de que den su apoyo a algunas de las enmiendas transaccionales.
posted by e-pesimo | 09:10
Links to this post:
Crear un enlace
Home