ESPAÑA EN QUIEBRA: Rajoy presenta un 'Plan global' coherente de reformas, igual que se hizo en 1.996 para superar la bancarrota socialista

Madrid

Rajoy presenta un 'plan global' de reformas contra la crisis

De carácter fiscal, laboral, energético, y también en Justicia y Educación

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, anunció ayer que lo «primero» que hará cuando gobierne será presentar un «plan global» en las Cortes Generales que incluirá ocho grandes reformas que generen confianza y certidumbre en la economía española.

Según Rajoy, la situación actual requiere un «cambio total» porque considera que no se puede estar mucho tiempo con un Gobierno «que no sabe lo que quiere hacer» y está continuamente dando «bandazos».

«Lo primero que haré será presentar un Plan Global a las Cortes Generales como ya hicimos en el año 1996», afirmó Mariano Rajoy en una entrevista con Europa Press, en la que fue desgranando una a una las «prioridades».

Impuestos y renta disponible. En este punto, el presidente del PP quiso dejar claro que considera un «insulto a los españoles» el planteamiento de subir los impuestos para ponerlos «a nivel europeo». En este sentido, argumentó que «los españoles son los terceros ciudadanos de la UE que hacen más esfuerzo fiscal» y explicó que tanto el impuesto de sociedades como el de la renta «son más altos que en el resto de países europeos».

Recordó, sin embargo, que los españoles «tienen salarios mucho más bajos que otros países de la UE». Por ello, considera que «lo que tiene que hacer el Gobierno es trabajar para que España tenga una renta disponible como la que tienen Alemania, Francia o Italia y no subir impuestos».

También calificó de «tremendo error» la subida del IVA y se mostró a favor de rebajarlo en algunos sectores como el del turismo. Además, puso de manifiesto la paradoja de que uno de los «efectos» de la subida que entró en vigor el 1 de julio ha sido la «reducción de las ganancias de IVA en la compra de automóviles».

Impuesto de Sociedades. «En un primer momento» desde que llegara a La Moncloa, Rajoy plantearía una reforma fiscal para «ayudar a quienes generan bienestar, riqueza y empleo». El objetivo, «fomentar el ahorro y la inversión». Por ello, «lo más urgente», dijo, es la reforma del Impuesto de Sociedades: para «bajar» este tributo a las Pymes y adecuar los módulos a los trabajadores autónomos «también en su IRPF».

Bajar el impuesto del ahorro. En su opinión, la subida de este impuesto que ha llevado a cabo el Gobierno de Zapatero es «muy peligrosa» y «puede acabar generando problemas de cara al futuro».

Reforma laboral. Su gobierno, dijo, también propondrá una reforma laboral «de acuerdo con las 71 enmiendas» que presentó el Grupo Popular en el Congreso a la reforma laboral del Gobierno. «De las cuales no se nos ha aceptado ninguna», exclamó.

Según el dirigente popular, el Gobierno «no ha hecho una reforma laboral; ha hecho una reforma sobre el despido». Rajoy se mostró convencido de que el despido de 20 días por año trabajado si la empresa tiene expectativa de pérdidas será una cuestión que acabará «en los tribunales». En su opinión, no hay «claridad» en este asunto y es necesario que las «reglas del juego sean claras» para que tanto empresarios como trabajadores «sepan a qué atenerse». Se trata, dijo, de una reforma laboral que «no va a solucionar absolutamente nada y que no ha contado con el apoyo de absolutamente nadie».

Pacto energético. Una política energética con una mezcla de todas las energías será otra de las cuestiones que se incluyan en esa primera medida que adoptará Rajoy si llega a La Moncloa. En este sentido, quiso dejar claro que «sí» quiere que haya centrales nucleares porque, argumentó, «en este momento, buena parte de la energía en España viene de las centrales nucleares».

«Tiene que haber un mix energético; por tanto, las fuentes de energía tienen que ser todas», exclamó y aclaró que tendrán que formar parte de ese mix el carbón, los ciclos combinados, las energías renovables y la nuclear. «No podemos seguir con la dependencia energética que tenemos en este momento y con constantes subidas de la luz», apostilló.

Sobre este asunto, precisó que la negociación con el Gobierno sobre el pacto energético «va mal» porque, dijo, el Ejecutivo «es incapaz de entregar un documento en el que diga qué es lo que quiere hacer». «Desconocemos cuál es la posición del Gobierno en este asunto, como en tantos otros asuntos, porque en éste cada día tiene una posición nueva», afirmó, y remachó: «No se puede negociar con aquel que no sabe qué es lo que quiere hacer».

Reforma administrativa. Rajoy cree necesaria una reducción del gasto público con una «reforma administrativa» de «acuerdo con todas las comunidades autónomas», para evitar que se reproduzca la estructura del Estado en 17 autonomías. «Porque no podemos gastar lo que estamos gastando; no somos ricos», exclamó. También fijará un límite de endeudamiento para todas las administraciones -Estado, autonomías y ayuntamientos- junto con un techo de gasto.

Sistema financiero. El líder del PP asegura que también prestará «atención» al sistema financiero porque, dijo, «ya hemos visto los problemas que se han generado» y «aún hoy el crédito sigue sin fluir hacia quienes generan riqueza, bienestar y empleo».

Reforma de la Justicia. También formará parte de las prioridades porque «tiene una enorme influencia en la economía» y los asuntos «no pueden eternizarse sine die».

Educación. Rajoy incluye la educación en su plan de reformas. Quiere plantear un sistema «mucho más exigente» que reduzca el fracaso escolar, hoy en el 30%.

JONE GUINDO / San Sebastián

«Si apoyamos los Presupuestos, queremos tener voz en las reformas»

El PNV intuye que, tras los juegos de geometría variable con los que José Luis Rodríguez Zapatero ha salvado la primera mitad de la legislatura, puede llegar el «truco» de la prórroga presupuestaria, basado en echar el resto para salvar las cuentas del Estado para 2011. El diputado del PNV, José Ramón Beloki, muestra la mano tendida de su partido a la negociación, aunque es consciente de que se enfrenta a un Ejecutivo habituado a dar «esquinazos» una vez logrados sus fines.

Pregunta.- ¿Qué precio ponen a su apoyo presupuestario a Zapatero?

Respuesta.- No estamos ni en la estrategia de mantener a Zapatero en el poder cueste lo que cueste ni en la de echarlo. Operamos sobre el conjunto, evitando una visión cortoplacista. Desde esa posición negociaremos si Zapatero precisa de una vez su posición.

P.- Las propuestas de resolución del PNV rechazadas en julio pueden dar una pista de sus demandas. ¿El derecho a decidir y la reforma estatutaria serán indispensables en la negociación?

R.- Esas propuestas dan una pista, pero hay margen de negociación. Si a eso ya nos han dicho que no, mantener que son indispensables sería cerrarse en banda. El tema autonómico está hecho unos zorros en el Estado. Requiere una reflexión, ya sea desde ya o a medio paso.

P.- ¿Ven a Zapatero dispuesto a asumir sus reivindicaciones soberanistas?

R.- Más allá de que seamos nacionalistas, sabemos adecuarnos a las circunstancias y convivir en marcos de democracia y marcos en los que la capacidad de autogobierno vaya mejorando. Desde esa perspectiva, no esperamos imposibles de Zapatero ni se lo vamos a plantear. No somos tan ingenuos. Tenemos demasiada historia y conocimiento detrás como para plantearle cosas que sabemos que no nos va a dar.

P.- Se impone el PNV pragmático.

R.- Si abandonamos la línea del pragmatismo nos estaríamos negando a nosotros mismos y toda nuestra historia. Somos tan nacionalistas como pragmáticos; lo que suelen llamar las dos almas del PNV.

P.- ¿Las políticas pasivas de empleo y la gestión de la seguridad social van a estar entre sus demandas?

R.- Están siempre. Otra cosa es si van a estar en el detalle de esta negociación. Que estos dos asuntos están en nuestras reivindicaciones permanentes está fuera de toda duda, como lo están todas las transferencias pendientes, aunque siendo conscientes de que el mundo no cambia de un día para otro.

P.- ¿Bloquearán de nuevo el traspaso de las políticas activas si llegan dotadas con 300 millones de euros, y no con los 480 millones que ustedes demandan?

R.- No bloqueamos nada. Lo que dijimos el año pasado vale también para éste: no sería comprensible para nuestra gente que apoyemos los Presupuestos a alguien que en un tema sensible hace una interpretación contraria a la que hace el PNV. Querer combinar una caricia con una patada no es razonable.

P.- ¿Sus seis votos dependen entonces de esos 480 millones?

R.- Seguramente, esta transferencia volverá a ser un punto crítico.

P.- ¿Cree que Zapatero llegaría sacrificar a Patxi López por salvar sus cuentas?

R.- Puestos a elegir entre López y Zapatero, seguramente Zapatero prefiera a Zapatero.

P.- ¿El respeto a la lista más votada será uno de los temas estrella?

R.- Tendríamos que revisar algunas cosas, porque en el País Vasco da la impresión de que todo puede ser excepcional, como si esto fuera otra isla Perejil. El Perejil del norte.

P.- Pero si acepta, ustedes podrían pedir la cabeza de Patxi López al día siguiente...

R.- No vamos a pedir nada de eso. El señor Patxi López puede estar tranquilo donde está. Sin duda lo está, quizá demasiado, porque no está abordando los grandes temas del país. Se limita a mirar por el retrovisor y no mira a la luna delantera.

P.- ¿Utilizan la negociación presupuestaria como maniobra de desgaste del pacto PSE-PP?

R.- El PNV no ha buscado protagonismo, pero se ha visto en medio con sus seis votos, con posibilidad de dar estabilidad al Gobierno. No buscamos que dejen de entenderse López y Basagoiti, que además tienen un pacto notablemente blindado.

P.- El año pasado impusieron su criterio sobre las políticas activas de empleo, pero el resto de lo obtenido se tradujo en dinero. En esta ocasión, ¿apoyarán a Zapatero si sólo se pliega a sus demandas económicas?

R.- Sabemos que la situación económica es grave y no vamos a mirar a otro lado. No nos vamos a conformar con una propina de Madrid de 100 o 60 millones. Si entramos a apoyar los Presupuestos, queremos tener voz en las reformas que se avecinan en pensiones, el sector de la energía y el plan de política industrial.

P.- ¿Es necesario un debate sobre la subida de impuestos?

R.- No creo que sea el momento. La intervención de los ministros en este tema ha vuelto a generar esa sensación de improvisación permanente. Esas formas y esa sensación de sube-baja no son serias.

P.- ¿Estarían ustedes dispuestos a dejar caer a Zapatero sabiendo que la alternativa es Mariano Rajoy?

R.- Que el PNV no apoye a Zapatero no quiere decir que vaya a caer. Tenemos seis votos, no 60.

P.- ¿Cree que hay margen de negociación con CiU?

R.- Puede pasar de todo. Nosotros estamos en disposición de jugar un primer papel.

P.- ¿Qué significado tiene en este contexto la foto de Urkullu y Rajoy en el Congreso? ¿Son sólo buenas maneras o es una advertencia a Zapatero que cobra hoy sentido?

R.- No esconde una estrategia de futuro, sino una apuesta por pasar de la no comunicación pública a cierto sentido de normalidad.

P.- ¿Agotará Zapatero la legislatura con un pacto estable con el PNV?

R.- Las angustias de los ministros y diputados votación tras votación no son muy deseables ni constituyen una base sólida para hacer frente a la actual situación económica. Parece lógico que Zapatero busque un pacto estable. También podría estar barajando salvar los Presupuestos de este año y superar su último año de legislatura con una prórroga.

P.- Urkullu ya ha avanzado que no se dan las condiciones para un pacto estable con el PNV.

R.- Es difícil pensar en pactos estables con gente que cambia de opinión cada cinco segundos.

BEGOÑA P. RAMÍREZ / Madrid

El Inem sólo coloca al 3% de los parados

Gasta 7.742 millones en políticas activas de empleo para dar trabajo a 420.000 personas
Invierte un 64% más en formación para ocupados que en cursos para desempleados

Los Servicios Públicos de Empleo están lejos de lo que necesita España. Lo dijo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras el Consejo de Ministros del 30 de julio, y no podrían estar más de acuerdo los 4,6 millones de parados registrados en sus oficinas. Se trata, en efecto, de un mal endémico que la crisis ha convertido en doloroso: 1,8 millones de españoles llevan más de un año en el paro y 600.000 esperan desde hace dos años o más para colocarse.

No es de extrañar, pues, que el propio Zapatero haya propuesto una reforma «en profundidad» de los servicios públicos de empleo. La situación y los datos demuestran la ineficiencia del antiguo Inem. Los sindicatos y las empresas de trabajo temporal (ETT) constatan que sólo el 3% de todos los contratos que se firman en España se sellan gracias a la gestión del servicio público de empleo. Es decir, si se suscribe un total de 14 millones de contratos al año, sólo 420.000 españoles consiguieron un trabajo tras pasar por sus 711 oficinas. Aunque el director del Servicio Estatal, Javier Orduña, eleva el dato al 10,5% y reconoce también que lo adecuado sería duplicar ese porcentaje. Pero, para igualar los parámetros europeos, faltan recursos, denuncian UGT y CCOO.

El presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) se lo comen cada año las prestaciones por desempleo: este ejercicio se gastará en ese capítulo 30.974 millones de euros de los 38.878 millones de su presupuesto, un 58,68% más que en 2009 debido al aumento del paro. A las denominadas políticas activas de empleo se destinarán 7.742 millones. Pedro Gallego, técnico de empleo de UGT, critica que, dentro de este capítulo, el mayor esfuerzo presupuestario se lo lleven las bonificaciones a las cuotas empresariales (2.850 millones), en lugar de, por ejemplo, las políticas de formación profesional: son 2.432 millones, de los que sólo 941 van a parar a formar desempleados. Reciben un 64% más de recursos los trabajadores ocupados, 1.451 millones, el 59,7% del gasto total en formación. Un estudio del Gabinete Económico Confederal de CCOO asegura que el SPEE gasta sólo 68,44 euros por cada desempleado en programas de orientación. Según UGT, España dedica a bonificar contratos una cantidad superior en 13 puntos a la media europea.

Aunque el problema no se reduce al dinero. Uno de los graves lastres que arrastran los servicios públicos es que mientras en Europa un funcionario atiende a 50 desempleados, en España cada funcionario del extinto Inem o de los servicios autonómicos debe encargarse de 189. Soprendente ratio para un país que cuenta con uno de los mayores niveles de funcionarios de Europa. Así que, con pocos funcionarios y muchos parados, misión imposible conseguirles uno de los escasos puestos de trabajo generados por la famélica economía nacional.

Gallego, además, se queja de que algunas de las políticas de empleo utilizadas «son de 1982» y muchos de los programas «se han quedado obsoletos». «Totalmente de acuerdo», concede el propio director del antiguo Inem, «muchos se elaboraron antes de que se hicieran las transferencias a las comunidades autónomas». Por lo que en septiembre el Gobierno aprobará un real decreto de políticas activas que, entre otras cosas, debería proporcionar «más flexibilidad a las comunidades autónomas» a la hora de aplicar los programas de empleo. Pero niega que el anuncio de sanciones para los desempleados que rechacen ofertas o cursos persiga culpabilizar a los parados como aducen los sindicatos. «Tiene que crearse la cultura de que si se cobra el subsidio, debe haber una disposición a aceptar lo que se ofrezca». Por el contrario, Pedro Gallego cree que el problema no es que la gente no quiera trabajar, sino que «no hay ofertas de empleo y las que gestionan los servicios públicos son de calidad mínima, tanto por el salario como por la cualificación».

Además, la transferencia a las comunidades autónomas «no se ha traducido en una mejora apreciable del funcionamiento de los servicios de empleo», asegura Javier Doz, miembro de la ejecutiva federal de CCOO.

En realidad, la Conferencia Sectorial de Empleo distribuye el dinero entre las comunidades con competencias transferidas (todas menos el País Vasco, Ceuta y Melilla) según los programas que elabora el Servicio de Empleo Estatal, que son de obligado cumplimiento. El estudio de CCOO cifra en 3.223 millones de euros el dinero que gestionan las autonomías, entre programas de fomento del empleo (1.836 millones), formación (1.137 millones) y lo que el SPEE denomina «gestión flexible», 249 millones que pueden destinar a uno u otra.

En conjunto, las comunidades cuentan con un presupuesto que se acerca a los 5.000 millones de euros. Andalucía, con 1.260 millones, es la que posee el servicio de empleo más voluminoso, seguida por Cataluña (526 millones), Comunidad Valenciana (484 millones) y Madrid (463 millones). ¿De dónde procede todo este dinero? La mayor parte, de las cuotas por desempleo y formación que se retienen a trabajadores y empresas (21.448 millones de euros). El Fondo Social Europeo aporta 620 millones más. Y la Administración General del Estado añadirá este año 16.440 millones para hacer frente al aumento de las prestaciones por desempleo (más parados) y el descenso de las cuotas (menos ocupados). Así, lo que se recaude con la cuota para formación (2.153 millones) no cubrirá los 2.432 millones consignados para ese fin. Y las cuotas por desempleo (19.295 millones), destaca el informe de CCOO, tampoco podrán asumir el gasto de las prestaciones de paro (30.612 millones).

En época de ajuste presupuestario va a ser difícil, por tanto, llevar a cabo el «refuerzo» de los servicios de empleo que exigen los sindicatos antes de dejar a las ETT y agencias privadas de colocación pisar su terreno. Orduña valora como un «avance» la prórroga de los contratos a los 1.500 orientadores del Plan Extraordinario contra el crecimiento del paro -incluido en el decreto de la reforma laboral-. Dice que equivale a un aumento del 10% de la plantilla de los servicios públicos de empleo, integrada por 20.000 funcionarios. Sin embargo, UGT y CCOO recalcan que prorrogar no significa crear nuevos puestos. «Es una medida muy pobre», protesta Javier Doz, «el Gobierno ha perdido la ocasión para hacer la reforma de verdad, a fondo, que necesita el Inem».

S. MELGUIZO / B. MONTAÑO
Roma / Madrid

Las mafias se 'cuelan' en las energías renovables

La firma Kroll alerta de la creciente corrupción en el sector

El rentable negocio de las energías renovables en buena parte del planeta no sólo ha atraído a inversores legales. También ha despertado el interés de inversores corruptos y de la propia mafia italiana, según se desprende de los análisis realizados por la consultora internacional de riesgos Kroll.

Invertir en energías verdes se ha convertido, en algunos casos, en una forma fácil de blanquear el dinero de la mafia, además de prolongar su alargada mano negra, con la utilización de sobornos para conseguir las licencias de desarrollo de parques eólicos. Con el atractivo añadido de que es una energía primada que cobra subvenciones por contribuir a la lucha contra el cambio climático.

Desde 2007, el número de casos de fraude y corrupción en este sector se han disparado, especialmente en Italia. Según el análisis de Kroll, en el sur de Italia está la mafia y allí, especialmente en Sicilia, ha crecido el sector eólico mucho más que en el norte del país. Según los expertos, la mafia está lavando dinero negro procedente de actividades ilícitas como el tráfico de drogas gracias a su apuesta eólica. Según datos recogidos por Gestore dei Servizi Energetici (GSE), que promueve la energía verde en Italia, el número de plantas eólicas en 2008 era de 242 de las cuales 39 estaban en Sicilia, 47 en la región de Campana, 58 en Apulia y 25 en Cerdeña. Datos que contrastan con la implantación de este tipo de energía en el centro y norte del país, donde regiones más ricas como Toscana o Véneto contaban con tan sólo tres plantas cada una, mientras que Lombardía, cuya capital Milán concentra la mayor parte de la actividad industrial de todo el país, apenas tenía una planta.

También se han disparado en el sur las operaciones policiales y casos de corrupción ligados a las renovables. El año pasado, la policía italiana detuvo a ocho personas, entre políticos y empresarios, acusadas de haber consentido a una familia mafiosa de la localidad de Mazara del Vallo, en Sicilia, el control de la producción eólica a través de un intercambio político-mafioso de votos. También el presidente italiano de la Asociación Eólica, Oreste Vigorito, fue arrestado en 2009 acusado de corrupción en el marco de una operación antimafia denominada Lo que el viento se llevó.

«Es muy difícil determinar el grado en el que las organizaciones criminales han penetrado en la industria eólica europea», afirma Jason Wright, subdirector de Kroll. «La energía renovable depende de las subvenciones, por lo que es un área proclive a la corrupción y una manera de ganar dinero gracias a esas ayudas», destaca en declaraciones al diario The Times. La corrupción alcanza niveles más altos.

El coordinador nacional del Pueblo de la Libertad, manoderecha del primer ministro Silvio Berlusconi, ha sido acusado de lavar dinero negro en otra investigación judicial sobre la adjudicación ilegal de contratos para la realización de parques eólicos en Cerdeña. Junto con Verdini están acusados varios dirigentes regionales del PDL y el presidente de la región sarda, Ugo Cappellacci.

Madrid

Las hipotecas suben por primera vez desde 2008

El alza del Euribor las encarece 80 euros

El Euribor a 12 meses, tipo al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, cerrará este mes previsiblemente en el 1,42%, nueve centésimas por encima del nivel de agosto de 2009 (1,334%), con lo que el indicador romperá la senda bajista de los últimos 21 meses y elevará las hipotecas por primera vez desde noviembre de 2008.

La subidas serán leves y los bolsillos de los consumidores apenas las notarán; sin embargo, la tendencia del Euribor no tiene marcha atrás y a partir de ahora los aumentos serán progresivos. En concreto, para una hipoteca media de unos 150.000 euros, a 25 años y con un diferencial medio del 0,80%, los consumidores pagarán a partir de este mes una cuota de 651 euros, frente a los 645 euros que pagaban hace un año. Esto supone una subida de unos seis euros al mes y de unos 72 euros al año, informa Europa Press.

Los usuarios con hipotecas de revisión semestral registrarán un subida de 14 euros al mes, ya que este mes pagarán 645 euros, frente a los 637 euros que pagaban en febrero, cuando el Euribor se situaba en el 1,225%. La subida se eleva hasta los 84 euros al semestre.

Si la tendencia no cambia y el indicador continúa sumando repuntes mensuales -este mes registrará el quinto consecutivo-, las hipotecas volverán a encarecerse los próximos meses. Los expertos consultados explican que la evolución de la economía es el factor que está impulsado las subidas del indicador, que puede cerrar el año en el nivel del 1,5% o del 1,6%. Los analistas de Atlas Capital señalan que estos movimientos al alza serán leves y progresivos, ya que los dos factores que pueden provocar un fuerte crecimiento del indicador son una subida de tipos de interés o un mayor tensionamiento del mercado interbancario como consecuencia de la falta de liquidez.

A su juicio, ninguno de estos dos hechos va a producirse en el corto plazo, ya que los tipos no subirán hasta mediados de 2011, y el Banco Central Europeo ha asegurado la liquidez, aunque las tensiones entre los bancos aún no han desaparecido del todo. Por esta razón, creen que la evolución del Euribor corresponde a un movimiento de ajuste y va en línea con la incipiente recuperación de la economía. Por eso, la subida del indicador será leve y progresiva. Además, consideran que, si registra un cambio brusco, al alza o a la baja, es porque la situación ha cambiado y las instituciones tienen que aplicar de nuevo medidas extraordinarias.

Los analistas de Renta 4 coinciden en señalar que los futuros del Euribor apuntan hacia una subida leve y prolongada hasta que el BCE suba los tipos, hecho que, a su juicio, se producirá en el segundo o tercer trimestre de 2011.

Por su parte, los expertos de Selftrade Bank e IG Markets explican que el indicador está «condenado» a subir, motivado por los diferenciales que aplican los bancos en sus operaciones, o porque los tipos van a subir en 2011. No obstante, señalan que el mercado aún tardará años en ver un Euribor en el 4% y 5%, como en 2007 y 2008.