ESPAÑA EN QUIEBRA: Moody's advierte a España

Londres

Moody's advierte a España

Alerta de su debilidad económica y del aumento de la deuda

La agencia de calificación crediticia Moody's considera que el desafío fiscal al que se enfrenta España es superior al de otros países con la máxima nota de solvencia (Aaa), salvo EEUU y Reino Unido, mientras que las perspectivas de crecimiento de la economía española son más débiles que las del resto.

«El desafío fiscal de España es mayor que el de otros países con Aaa, salvo Reino Unido y EEUU, que cuentan con mayor vitalidad económica que España», explicó la calificadora de riesgos, que planea concluir a finales de septiembre su análisis sobre la posible rebaja del rating de España.

Asimismo, Moody's señala que las perspectivas de crecimiento de la economía española son más débiles que las del resto de países con la máxima nota de solvencia y advierte de que el ajuste derivado del pinchazo de la burbuja inmobiliaria impulsada por el crédito llevará varios años en los que el crecimiento del PIB será «muy moderado», informa Europa Press.

Por otro lado, la calificadora de riesgos muestra su preocupación respecto al impacto del encarecimiento de los costes de financiación, aunque no cree que haya problemas para el acceso a los mercados.

Sin embargo, a pesar de confiar en la capacidad del Gobierno para reducir el déficit en los próximos años, la agencia considera que éste se encontrará «obstáculos» a la hora de alcanzar sus ambiciosos objetivos presupuestarios, por lo que augura que el ratio de deuda pública continuará en aumento, hasta situarse cerca del 80% del PIB en 2014.

El pasado 30 de junio, Moody's situó el rating Aaa de la deuda soberana española en revisión de cara a una posible rebaja por el deterioro de las perspectivas de crecimiento. Actualmente esta agencia es la única de las principales que mantiene la máxima nota a la deuda española.

Madrid

Griñán: «Andalucía es la que más se lleva»

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, acordó ayer con el líder del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, la continuidad de las inversiones por parte del Estado en infraestructuras que hasta el momento estaban ralentizadas y entre las que se encuentran el segundo puente de Cádiz, la A-7 a su paso por Granada y la A-32 entre Úbeda y Torreperogil (Jaén).

En la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, tras mantener un encuentro con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que tuvo una duración de dos horas y cuarto, el líder del Ejecutivo andaluz precisó que de los 500 millones que el Gobierno de la Nación va a destinar a infraestructuras, «Andalucía es con diferencia la que más se llevará, con una cantidad superior o en torno a los 120 millones».

Griñán quiso dejar claro que la estabilidad presupuestaria «no está reñida con la inversión pública» y que era «muy importante» para el Gobierno andaluz «desbloquear» algunas inversiones «imprescindibles» para Andalucía, algo que, según dijo, «hemos conseguido», apostilló.

J. E. M. / Madrid

Corbacho planta cara a los sindicatos

Insiste en que no ir a los cursos será «incompatible con cobrar la prestación» de paro
Comisiones Obreras y UGT le acusan de «criminalizar» y «perseguir» a los desempleados

Con la vista puesta en la huelga general del próximo 29 de septiembre, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, está decidido a mantener el pulso a los sindicatos y a aprovechar la tramitación parlamentaria de la reforma laboral para imponer a los desempleados que cobran prestación obligaciones más estrictas, tal y como informó EL MUNDO el pasado sábado.

Ayer, el titular de Trabajo insistió en que aquellos parados que reciban un subsidio y rechacen asistir a cursos de formación perderán dicha prestación. La legislación actual establece que se pueden rechazar cursos y ofertas durante los primeros 100 días. El Gobierno quiere reducir dicho periodo a sólo un mes. Rechazar cursos de formación es «incompatible con la prestación de desempleo», sentenció Corbacho en la Cadena Ser.

«Nos parece razonable que una persona esté en disposición de participar en cursos formativos», abundó el ministro.

Las tesis de Corbacho desataron duras críticas entre los sindicatos e, incluso, en el seno de las filas socialistas. Desde Comisiones Obreras, su secretario de Acción Sindical, Ramón Górriz, le acusó de «criminalizar» a los parados. En UGT reprocharon al Gobierno que «esta nueva medida incide en una política persecutoria a los perceptores de las prestaciones».

Los sindicatos se inclinan, de este modo, por mantener el statu quo. El artículo 231 de la Ley General de Seguridad Social fija las obligaciones de los trabajadores y perceptores de prestaciones por desempleo. En su letra 'i' cita entre estas obligaciones «buscar activamente empleo, participar en acciones de mejora de la ocupabilidad, que se determinen por los servicios públicos de empleo competentes, en su caso, dentro de un itinerario de inserción».

Y añade un párrafo que es el objeto de discordia. «Sin perjuicio de la obligación de acreditar la búsqueda activa de empleo, la participación en las acciones de mejora de la ocupabilidad será voluntaria para los beneficiarios de prestaciones contributivas durante los 100 primeros días de percepción, y la no participación en las mismas no conllevará efectos sancionadores».

El PSOE ha presentado una enmienda en el Senado a la reforma laboral en el que propone suprimir este párrafo. De este modo, el rechazo a un curso de formación al día siguiente de ser beneficiario de una prestación generaría su pérdida.

La tesis de Corbacho es algo menos agresiva y pretende dar un periodo de gracia a los parados de 30 días. Para ello, el PSOE buscará hoy y mañana, cuando la reforma laboral se tramita en la Cámara Alta, que algún grupo de la oposición, previsiblemente CiU o PNV, presente una modificación a su enmienda para fijar ese plazo de 30 días. El texto deberá ser refrenado por el Congreso el 9 de septiembre y después entrará en vigor.

Para Comisiones Obreras, reducir ese periodo de gracia para un desempleado que percibe dinero de las arcas públicas hace más oportuna la huelga general. «Nunca se había planteado un ataque tan directo a los derechos de los trabajadores. Si la reforma laboral ya era abusiva y regresiva, cada día que habla Corbacho existen más razones para la huelga del 29 de septiembre».

La reforma laboral tiene visos de separar al Gobierno de los sindicatos y las formaciones de izquierda. Al frontal rechazo de las centrales se sumó ayer José Antonio Pérez Tapias, diputado del PSOE que pertenece a la corriente Izquierda Socialista.

Según Europa Press, afirmó que la reforma laboral empeora a su paso por el Senado y puede hacer que el PSOE «pase a los anales» por ser el partido que abrió la puerta al «despido preventivo», al permitir el cese con indemnización de 20 días por el mero hecho de que una empresa prevea pérdidas o una disminución persistente de sus ingresos. De momento Corbacho mantiene el pulso.

ROSALÍA SÁNCHEZ / Berlín

El duro 'Inem' alemán, el más eficaz

Retira el subsidio si el trabajador rechaza un empleo aunque sea fuera de su ciudad

Especial para EL MUNDO

La Bundesagentur für Arbeit (Agencia Federal de Empleo) alemana, presidida por Frank-Jürgen Weise, tiene su sede en Nürnberg y cuenta con 113.000 empleados. Irónicamente, ella misma es, de hecho, uno de los mayores empleadores del país.

Su presupuesto para 2010 es de 54.000 millones de euros, y a final de año registrará un déficit aproximado de 7.000 millones, pero la previsión es que vuelva a números positivos en 2013, con ganancias de hasta 600 millones de euros. El superávit se producirá por el descenso de gastos previsto en prestaciones por desempleo, ya que a finales de 2010 Alemania se situará ya, según previsiones de la Cámara de Comercio e Industria, en un nivel de empleo récord desde 1992, con sólo 3,2 millones de parados y con 1,6 millones de parados menos que hace cinco años.

También ayudará a sanear las cuentas la reforma aplicada por el Gobierno de Merkel a partir de 2010, que rebaja varias partidas de gasto y elimina burocracia. En caso de que el presupuesto asignado anualmente no sea suficiente, el BAA puede endeudarse, aunque está sujeto a estrictas restricciones y el Consejo debe contar, para una operación de ese tipo, con el visto bueno del Ministerio de Trabajo y supervisión de las autoridades económicas

La legislación, en vigor desde 2005, supone que los parados cobran durante un año el 80% de su último sueldo y después, automáticamente, una asignación de 435 euros (aparte de alquiler, calefacción y seguro médico, más las cantidades recibidas por hijo), que al igual que el paro pierden si rechazan una oferta de empleo. Si la oferta implica un desplazamiento a otra ciudad, el Estado subvenciona una parte del transporte, pero sigue siendo obligatorio aceptarla. Por ello, en los últimos años, muchos trabajadores han aceptado empleos menos remunerados (en Alemania no hay salario mínimo) y en ciudades diferentes a las que residen. Esta gestión, junto a las jornadas reducidas, ha mantenido la tasa de paro por debajo del 8%.

El sistema público es muy eficiente y las agencias privadas no se dedican a la colocación de parados, sino al headhunting, es decir, detectar personal en otras empresas para ficharlo. La Bundesagentur für Arbeit, además, es bastante efectiva detectando fraude. En 2009 cazaron nada menos que162.000 intentos.

Especialmente eficientes son sus programas de formación, por valor de unos 2.000 millones anuales y que permiten ofrecer a las empresas programas a la carta. Si un sector demanda empleo, la BAA programa con rapidez cursos en los que reorienta a trabajadores de cualificaciones parecidas o ampliables, de forma que en cuestión de pocos meses está en condiciones de ofertarlos.

De esta forma, la agencia destina alrededor de un 15% de su presupuesto en formación, mientras que apenas un 5% al pago de subsidios al desempleo. Según estudios comparativos de 2006, Alemania invierte 2.033 euros en formación por cada desempleado, mientras que la media de España era de 479 euros.