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sábado, 28 de agosto de 2010

ESPAÑA EN QUIEBRA: La subida del IVA derrumba el consumo doméstico/ Intentar evitar la "doble recesión" reduciendo hasta el presupuesto de hace 5 años


B. P. R. / Madrid

El alza del IVA sacude el consumo doméstico

El comercio vuelve a perder ventas y a destruir empleo tras el incremento del impuesto
La caída del 2,2% en el negocio alimenta los temores al estancamiento en la economía

Zapatero embusteroLa subida de los tipos del IVA se ha cobrado su primera víctima en el comercio minorista, cuyas ventas cayeron en julio un 2,2%, descontado el efecto de la inflación, respecto al mismo mes de 2009. Si la comparación se realiza respecto al pasado junio, el descenso alcanza 3,1 puntos. Según desveló ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas en este segmento de actividad acumulan una disminución del 1,1% en los siete primeros meses del año. El repunte del 0,9% experimentado en junio parece, pues, acompañar al alza del PIB (un 0,2%) que se conoció ayer, y que tanto el propio INE como la CEOE y los sindicatos atribuyen, fundamentalmente, a un adelanto de las compras por parte de los consumidores para evitar, precisamente, la subida del IVA.

La mala evolución del comercio tras el incremento del tributo alimenta los temores de los agentes sociales, del Gobierno y del Banco de España acerca de un posible declive económico en el tercer trimestre del año, que podría llevar al PIB a terreno negativo. El propio presidente del Gobierno ha admitido que los próximos tres meses pueden ser «no ser tan buenos» como los anteriores, en referencia al desplome del consumo interno, y sus posibles consecuencias en el empleo.

Las cifras del pequeño comercio apuntan en ese sentido. Eliminado el efecto calendario -la diferencia en el número de días hábiles que tiene un mismo mes según el año-, la caída del índice de comercio minorista crece dos décimas, hasta el 2,4%. Además, sólo las grandes cadenas comerciales -aquéllas con más de 25 establecimientos- disfrutaron en julio de un aumento de las ventas, del 4,3%, el mismo porcentaje en que bajaron las cerradas por las tiendas, mientras que las pequeñas cadenas perdieron un 4,2% de operaciones y las grandes superficies -con más de 2.500 metros cuadrados- únicamente un 2,2%.

A juicio de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), esa caída, focalizada sobre los minoristas, significa que el «desplome» en el sector «aún no ha tocado fondo», pese a que desde el comienzo de la crisis han desaparecido ya más de 45.000 comercios.

Por tipo de productos, en julio han crecido un 1,6% las ventas de alimentos, pero han disminuido un 4,2% las de artículos no alimenticios, debido sobre todo al descenso de los productos del hogar (un 7,4%).

Por comunidades autónomas, sólo aumentaron las ventas del comercio minorista en Galicia (un 0,4%), mientras que los mayores descensos los han sufrido Andalucía, con un 4,8%; Baleares, con un 4,7%, y La Rioja, con un 4,6%. Donde menos se notó el desánimo del consumo fue en Castilla y León (bajó un 0,1%) y en Madrid (un 0,3%).

La crisis económica se ha dejado sentir igualmente en los niveles de empleo del sector, que cayeron un 1% respecto a 2009. Es decir, encadenan 24 meses consecutivos de descenso. Y afectan a todos los tipos de comercios: las pequeñas cadenas han reducido sus plantillas un 3,1%; las tiendas, un 0,5%, y las grandes superficies y cadenas un 0,2%. Así, hasta el mes de julio, la tasa de ocupación media en el sector bajó un 1,7% respecto al año pasado. Por comunidades autónomas, el empleo en el comercio minorista sólo subió en Asturias, Castilla y León y Extremadura -aunque unas escasas tres décimas la primera y dos las últimas-.

«La situación del comercio representa un verdadero drama y la peor amenaza para la economía española», destacó por su parte el secretario ejecutivo de Política Sectorial de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomo (UPTA), César García, quien señala que el cierre de un comercio «es definitivo, al menos para la familia propietaria y para sus trabajadores». Para su secretario general, Sebastián Reyna, la evolución del empleo en el país depende de este sector, «que no se busque en otros ámbitos», zanja.

Las cifras sobre ventas minoristas se convierten así en un jarro de agua fría sobre el alza del PIB en el segundo trimestre que el INE divulgó el pasado jueves y que descansó en la recuperación del consumo de los hogares españoles. Éste volvió a crecer de abril a junio (un 2% interanual) por primera vez desde hace dos ejercicios. Mientras que el Gobierno tradujo estos datos en un síntoma más de que la economía española continúa su proceso de «normalización» tras dos años de crisis, el PP auguraba un deterioro en el tercer trimestre, derivado de la subida del IVA.

Tampoco se mostraron muy optimistas ni la CEOE ni los sindicatos. De hecho, la patronal prefirió destacar el carácter «transitorio» de los elementos que, en su opinión, empujaron al PIB al alza: el adelanto de compras por miedo al IVA y el fin del plan 2000E. En la misma dirección apuntaron CCOO y UGT. El descenso de las ventas puede ser así el primer efecto en el consumo no sólo de la subida del IVA, sino también de la rebaja en el salario de los empleados públicos, según interpreta el sindicato que dirige Ignacio Fernández Toxo. Y el primer indicio de una «desaceleración o incluso contracción» de la economía en el tercer trimestre.

IGNACIO ANASAGASTI / Madrid

Un presupuesto de hace cinco años para evitar la 'doble recesión'

El Gobierno ajusta el gasto público al nivel de 2006 para impedir una recaída

La ministra de Economía, Elena Salgado, afirmó el jueves que la dotación presupuestaria de los ministerios se reducirá en 2011 un 16% de media, lo que supondrá volver a niveles de gasto «algo superiores a los de 2006», con el consiguiente perjuicio para el desarrollo de la economía. Este recorte, que conllevará retrotraer las cuentas públicas cinco años, se enmarca dentro de la política de contención a la que se ha visto forzado el Gobierno desde 2009 y que se traducirá en septiembre en los Presupuestos Generales del Estado más austeros de la democracia. Éstos, además, serán los que sustenten buena parte de las medidas de ajuste anunciadas por Zapatero en mayo, que suponen uno de los más duros golpes contra los derechos sociales de los españoles.

El tijeretazo, anticipado por la vicepresidenta segunda en la reunión de anteayer, en La Moncloa, con Zapatero y el resto de los ministros económicos -a excepción de José Blanco, que comparecía a la misma hora en una comisión en el Congreso-, será la principal baza que utilizará el Ejecutivo para evitar volver a caer en recesión y para meter en cintura a un déficit público desbocado. Su objetivo, en el segundo punto, es pasar de una tasa, en 2010, del 9,3% sobre el PIB a otra del 6% en 2011. Para hacer realidad esta bajada de más de tres puntos, el Gobierno ha fijado un techo de gasto para el próximo ejercicio de 122.256 millones de euros, un 7,7% inferior que el previsto en 2010.

La rebaja del gasto ministerial hasta niveles parecidos a los de 2006 se hará efectiva en un contexto económico totalmente diferente al de hace cuatro años. Mientras que, en 2006, España vivía una fase expansiva de gran calado que se interrumpió en 2008, ahora, en cambio, sufre una grave crisis de la que todavía no se ven visos consistentes de recuperación.

En los Presupuestos de 2006, los segundos tras su victoria electoral de 2004, el Gobierno socialista preveía un crecimiento del PIB del 3,3%, un superávit del 0,2%, una deuda pública del 43% y una tasa de paro del 9,5%. Es decir, un panorama que nada tiene que ver con el que plasmarán en breve al elaborar el proyecto de cuentas para 2011. En ese documento aparecerán unas cifras mucho peores: el PIB sólo crecerá un 1,3% -tras la caída estimada del 0,3% de este año-, el déficit será del 6%, la deuda superará el 71% y el paro cerrará el curso en el 18,9%, casi el doble que en 2006.

No obstante, lo más sangrante para el ciudadano de a pie será la diferencia en cuanto a la creación de empleo de un ejercicio respecto a otro. Si en 2006, se previeron 460.000 nuevos puestos de trabajo, en 2011 no sólo no se creará ninguno, sino que incluso se llegarán a destruir, de acuerdo con los pronósticos de la mayoría de los analistas económicos.

Tampoco habrá igualdad, aunque sí una mayor cercanía, en materia de ingresos y gastos. En los Presupuestos de 2006, se previó un desembolso de 133.947 millones y unas ganancias vía tributos de 117.778 millones, mientras que para 2011, el Estado desembolsará hasta 122.256 millones e ingresará algo más de 107.000. Una diferencia motivada por la política gubernamental de austeridad y por la menor actividad económica.

Como consecuencia de esta coyuntura negativa, la inversión en infraestructuras podría acercarse en 2011 a la de 2006, cuando se previeron unos gastos de 12.833 millones. Parte de la diferencia al alza que se había registrado en los últimos años desaparecerá de un plumazo tras el ajuste de unos 5.700 millones que ejecutará Fomento entre este curso y el próximo.

La política de ahorro y austeridad publicitada por el Gobierno una y otra vez en este campo y en otros no parece, sin embargo, haber sido aplicada en el gasto en personal. Si hace cuatro años invertía en salarios 27.380 millones, a finales de 2010 habrá superado esa cifra en unos 192 millones. Fruto de esta subida, se ha acusado al equipo de Zapatero desde diversos frentes de despilfarrar dinero público en plena crisis.

A diferencia de la reducción en el gasto ministerial, donde el Ejecutivo no podrá escatimar ni un euro por culpa de la virulencia de la crisis es en las prestaciones por desempleo y en la financiación del coste de la deuda soberana. En el primer capítulo ha pasado de destinar más de 13.500 millones en 2006 a 30.974 en 2010; mientras que en el segundo subirá la factura desde casi 16.000 millones a más de 25.000 en 2011.

Madrid

La «improvisación» de Pepiño Blanco

La Federación de Construcción, Madera y Afines (Fecoma) de CCOO pidió ayer al ministro de Fomento, Pepiño Blanco, que «deje de improvisar» en materia de inversión en infraestructuras porque «confunde a empresas, trabajadores y al conjunto de la sociedad».

El sindicato reclama al Gobierno que «antes de anunciar más medidas, piense bien todas sus consecuencias, demostrando una mayor seriedad de que la que hasta ahora ha hecho gala». Fecoma calcula que, con los 700 millones de euros menos de recorte en la inversión, se salvarán unos 12.000 empleos, aunque recuerda que la reducción del gasto en infraestructuras supondrá la pérdida de 100.000 puestos de trabajo.

En este sentido, apunta que las cifras de paro en la construcción pueden alcanzar a 850.000 trabajadores en los próximos meses. CCOO aconseja a Pepiño Blanco «que no se olvide de las miles de familias que irán al paro con este recorte, ya que son tan, o incluso más, importantes que el leve incremento en la inversión en obra pública» anunciado el pasado jueves.

«El ministro hizo ayer gala del esfuerzo que realizará Fomento en inversión en obra pública pero sin tener en cuenta las terribles consecuencias que el 'tijeretazo' causará en el empleo», agrega.

Madrid

La «sugerencia» de Corbacho

La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, se apresuró ayer a matizar las declaraciones del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, sobre la ampliación a 20 años del periodo de cálculo de las pensiones. Para Salgado, esa cifra es sólo una «sugerencia» y «no una propuesta formal». «Estamos a la espera del informe del Pacto de Toledo. En todo caso, [la ampliación del periodo de cálculo] será objeto de estudio y consenso con los grupos parlamentarios», dijo.

En declaraciones a RNE, Salgado señaló que llegar a 20 años es algo «muy razonable», pero insistió en que no se ha decidido todavía. La vicepresidenta indicó que la ampliación debe tener como objetivo no penalizar a las personas que se quedan sin empleo al final de su vida laboral. A la pregunta de si el nuevo cálculo reducirá la cuantía de la pensión, Salgado apuntó que ello dependerá del número de años que se decidan y de la base de la pensión. «Las modificaciones que se hagan estarán dirigidas a hacer sostenible las pensiones a futuro. Estamos hablando de las pensiones de dentro de 20 y 30 años», recordó.

Además, mantiene su propuesta de elevar a 67 años la edad de jubilación. «Es lo que dicen los estudios que tenemos. Se ha ampliado la esperanza de vida y España, como los países de nuestro entorno, intenta que haya pensiones dignas», explicó.

EMPRESAS
Renfe suprime las tarifas de última hora

Renfe decidió en marzo suprimir las tarifas especiales de AVE de última hora, aunque la noticia no se hizo pública hasta ayer. Las tarifas ofrecían descuentos de hasta el 50% en los servicios de larga distancia a aquellos viajeros que reservaran el billete con 24 horas de antelación./ SERVIMEDIA

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