EDITORIALES: Zapatero da alas a ETA

La banda quería dinero para financiar su 'tregua'

ETA llega al delirio en su desprecio a la democracia

LA PRETENSIÓN de ETA de recaudar cuatro millones de euros «del ámbito internacional» a cambio de dejar de extorsionar al empresariado vasco sonaría a chiste si no fuera porque la banda terrorista expresa tal propósito en unos documentos distribuidos hasta hace unos meses. Su intención era sufragar así la pseudotregua no verificable que declararía en el marco del proceso negociador que planea poner en marcha, como anticipó ayer este periódico. El planteamiento es tan irreal como esperpéntico: que alguien me financie lo que no voy a recaudar mediante el impuesto revolucionario durante ese tiempo. Es delirante que ETA, después del sufrimiento físico y moral que ha causado durante su existencia y de los recursos públicos que el Estado se ha visto obligado a destinar en la lucha contra el terrorismo, tenga la desfachatez de solicitar una subvención para sus gastos. ¿Qué tipo de actividades se iban a financiar con ese dinero? ¿A qué sujetos de la organización se iba a pagar? Los terroristas vuelven a demostrar que con ellos sólo vale seguir trabajando por su derrota sin paliativos.

Se ampliará el cálculo para cobrar la pensión

La supervivencia de la Seguridad Social

EN FEBRERO, el Gobierno descubrió sin querer a los españoles que estaba pensando en subir de 15 a 25 años el periodo de cálculo para cobrar la pensión. La propuesta iba en el documento sobre la actualización del programa de estabilidad que el Ejecutivo tenía que enviar a la Comisión Europea, pero la oleada de protestas que provocó en sólo unas horas tras conocerse el texto, obligó a Elena Salgado a retirarla (y a soltar otra mentira).Ayer el ministro de Trabajo calificó de «inevitable» elevar a 20 años -rebaja los 25 iniciales, es cierto- el periodo de cómputo. La propuesta es positiva en dos sentidos. En primer lugar, porque es justo equiparar de la manera más precisa posible lo aportado por el trabajador durante su vida laboral con lo que recibirá tras su jubilación. Después, porque este es uno de los pasos que permite garantizar la viabilidad de la Seguridad Social, amenazada por unos recursos menguantes y unos compromisos crecientes causados por el envejecimiento de la población. Es una cuestión de supervivencia del sistema y la propuesta debería ser apoyada en el seno del Pacto de Toledo.

Reafirma su rol ante el Síndic de Greuges

La Defensora resiste a la voracidad nacionalista

MIENTRAS EL Gobierno cede al chantaje y prepara una serie de modificaciones legales que devuelvan a Cataluña las competencias del Estatut recortadas por el Tribunal Constitucional, la Defensora del Pueblo reafirma su rol ante las reivindicaciones nacionalistas. En declaraciones a este diario, María Luisa Cava de Llano advierte de que no va a «privar a los catalanes de acudir al Defensor» y que no caerá en «el entreguismo a los defensores autonómicos». De este modo responde a los intentos del Síndic de Greuges por arañar competencias en la labor, después de que el TC se las limitase. El Defensor del Pueblo es una figura consagrada por la Constitución para proteger los derechos de todos los ciudadanos de España. Por tanto, delegar funciones en órganos defensores de ámbito autonómico, de rango estatutario, rompería el fundamental principio constitucional de la igualdad.

Un altruismo que entraña cada vez mayores riesgos

LA EXPERIENCIA vivida por Roque Pascual, Albert Vilalta y Alicia Gámez, víctimas del secuestro de Al Qaeda en el Magreb, obliga a replantear la actividad solidaria en puntos conflictivos del planeta con el objetivo de minimizar riesgos. La secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez, ya adelantó ayer que determinadas actividades, como las caravanas solidarias, no se podrán seguir realizando por «la amenaza de secuestro de occidentales».

Esta medida no presupone censurar a Barcelona Acció Solidària ni a ninguna de las ONG que se internaron en el Sahel en noviembre pasado con la intención de llevar ayuda a varios países africanos, aunque, como es sabido, las autoridades españolas ya habían advertido entonces del riesgo de ataques en esa zona. Es obvio que ni los destinatarios de la ayuda ni los encargados de hacérsela llegar tienen la culpa del secuestro. Los únicos responsables son los terroristas. Sin embargo, en las actuales circunstancias, cabe exigir más precaución a todos los agentes implicados en los trabajos de cooperación internacional y poner coto al llamado turismo solidario, criticado por las propias ONG. En la medida de lo posible, hay que evitar más dramas y nuevas victorias de los islamistas, para que iniciativas que pretenden hacer el bien puedan acabar convirtiéndose en pólvora para criminales.

La comisaria europea de Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis, Kristalina Georgieva, también advirtió ayer de que la seguridad de los cooperantes en el Tercer Mundo está «más comprometida que nunca» y aportó un dato harto significativo: en 2009 murieron más cooperantes (102) que soldados de las Naciones Unidas en operaciones para el mantenimiento de la paz. Por ello, la UE presentará el mes que viene una iniciativa ante la Asamblea de la ONU con el propósito de buscar una mayor protección para los cooperantes.

El reto al que aquí se enfrenta la sociedad occidental es crucial: no puede renunciar a los ideales y a los valores que encarna -y ahí son sustanciales la solidaridad y la lucha por un mundo más justo- por las amenazas de fanáticos armados. No hay que perder de vista que las ONG son muchas veces el cordón umbilical que lleva vida a regiones desamparadas donde no alcanza la ayuda de los gobiernos. Ahora, los problemas de seguridad, unidos a un probable descenso de la financiación como consecuencia de la crisis, podrían comprometer proyectos en marcha.

En España hay más de dos millones de personas que colaboran con ONG, bien con aportaciones esporádicas, con cuotas o con su implicación, muchas veces sobre el terreno. Es una base social a tener en cuenta y de la que cabe sentirse orgullosos. Sus esfuerzos permiten desarrollar programas de ayuda al desarrollo en más de 120 países de todo el mundo, especialmente en Sudamérica y el África subsahariana, con un presupuesto global superior a los 700 millones de euros anuales.

Muchas de estas organizaciones han hecho un gran esfuerzo para extraer el máximo rendimiento a sus recursos, para mejorar sus mecanismos de evaluación y también su transparencia en la rendición de cuentas. Un esfuerzo de profesionalización, en una palabra. Ahora habrá que pedirles, además, un especial cuidado en aquellas áreas más vulnerables al terrorismo. Pero al mismo tiempo hay que exigir a los estados que se coordinen y pongan todo de su parte para que los más débiles no pierdan la oportunidad de asirse a esa mano que les tienden las ONG. Garantizarles la llegada de nuestra ayuda debe ser un acicate más para combatir el terrorismo.