DELINCUENCIAS ZP, EL INCONSTITUCIONAL ESTATUT: El agónico gobierno del socialista Montilla impone saber catalán a los catedráticos
LUIS GARRIDO / Barcelona
Un tripartito agónico impone saber catalán a los catedráticos
Han tenido que pasar cuatro años, pero el tripartito no está dispuesto a ceder en una de sus demandas históricas en la Universidad catalana. En sus últimos coletazos, y a las puertas ya de las elecciones autonómicas de noviembre, el Govern ha recuperado la cruzada para obligar a todos los profesores universitarios a que hablen el catalán.
Ya lo intentó en 2006 mediante un decreto ley que no fraguó, y volvió a la carga hace dos años, nuevamente sin éxito. Cuando parecía quedar zanjado el tema -la Generalitat se topó entonces con la negativa de las propias universidades-, la Consejería de Innovación, Universidad y Empresa vuelve a la carga con un nuevo decreto que puede presentar hoy mismo en la reunión del Gobierno catalán.
El tripartito quiere con ello exigir a todos los profesores que intenten acceder a la Universidad catalana que hablen y escriban correctamente la lengua autonómica. Sólo podrían librarse de esta obligación aquellos que actualmente ya estén impartiendo clases en las facultades de Cataluña.
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Si la norma se aprueba, ya no quedará en manos de los rectores la decisión de contratar o no a un profesor que no domine suficientemente el catalán: todo docente estará obligado a acreditar el nivel C, que requiere un nivel medio-alto en comunicación oral y escrita.
Y es que el tripartito no está dispuesto a olvidar la que ha sido una de sus demandas históricas -y más concretamente de ERC- ahora que sus días pueden estar contados. Precisamente, obligar a los docentes universitarios a conocer el catalán era una de las imposiciones que perseguía el consejero de Innovación, Universidad y Empresa, el republicano Josep Huguet, y contra la que se levantaron las propias universidades. Hasta ahora, los rectores son quienes deciden si es necesario que los profesores conozcan el catalán.
El texto ya está preparado para su aprobación, que quizás se produzca en la reunión del Gobierno catalán de hoy, tal y como Huguet anunció ayer. Según el conseller, el decreto se llevará al Consejo Ejecutivo bien esta mañana o bien la próxima semana. La decisión se tomará «en función de la agenda», aseguró.
El decreto no será retroactivo, por lo que no afectará a aquellos profesores en activo y sólo debería ser válido para los que deseen acceder a nuevas plazas. No obstante, a aquellos que sean visitantes y deseen quedarse en la Universidad catalana se les forzará a acreditar los conocimientos mínimos que pide el nivel C, por lo que se les dará un tiempo «prudencial», según Huguet, para lograr esa calificación.
Para el republicano, la norma va más allá del catalán y escudó su decisión en que también exigirá el castellano a los profesores extranjeros y el inglés a aquellos que impartan masters en esta lengua.
De esta forma, el Govern puede dar por zanjada su pugna por obligar al profesorado universitario a saber catalán en cualquier caso, una demanda que en más de una ocasión ha generado el rechazo de las facultades al poder verse mermada la calidad de la enseñanza al ponerle trabas a los profesores del resto de España o a los extranjeros.
Ya en 2006, la Generalitat preparó un decreto ley -que al final no fraguó- para imponer una prueba oficial de suficiencia a quienes buscasen una plaza en Cataluña o quisiesen subir un escalafón en su categoría. Para ello, se basó en la teoría del entonces secretario del ConsellUniversitari, Josep Castells, de que con 60 horas podía aprenderse catalán.
El nuevo intento del Govern llegó en junio de 2008, cuando el Departamento que lidera Huguet intentó imponer la norma a través del Consejo Interuniversitario de Cataluña, organismo dependiente de la Consejería. En aquel momento, se instó a los centros a que solicitasen obligatoriamente el nivel C a los profesores que procediesen de otras autonomías o del extranjero. Pero el texto se encontró con la oposición de los propios rectores, como el de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), que advirtieron de que nunca habían solicitado el catalán a los foráneos y que no pensaban hacerlo entonces.
La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) también cuestionó la orden del Govern, ya que el aumento de docentes extranjeros era notable y ya se les dejaba un plazo de dos años para conocer la lengua autonómica. Por ello, al final, la proposición de la Generalitat no pasó de ahí y la decisión final quedó nuevamente en manos del rectorado de cada centro.
Nada más confirmar Huguet el nuevo decreto, le empezaron a llover las críticas desde la oposición. La líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, consideró que la propuesta es un buen ejemplo de la legislatura de Montilla, basada en «obligaciones y cuestiones identitarias», e incluso planteó que su partido podría pedir un informe al Consejo de Garantías Estatutarias para conocer la legalidad de la propuesta y presentar un recurso.
«Cataluña necesita una mejor gestión y menos hablar de referendos y cuestiones identitarias», criticó la popular, que lamentó el ahínco que Huguet y ERC demuestran con todo lo relacionado con el catalanismo, sin importar si se pierde calidad en la enseñanza. «Restringir el acceso universitario a los profesores del resto de España y del mundo es una medida corta de miras, que va en contra de la excelencia y del modelo de competitividad», argumentó Sánchez Camacho, informa Andrea Pelayo.
Por otro lado, el portavoz de Ciutadans, Jordi Cañas, acusó a Huguet de condenar a las facultades catalanas al «provincianismo» y aseguró que el Govern prefiere construir una Universidad «de tercera» al servicio de la «construcción nacional». «Tendremos un modelo provinciano que expulsa a mentes brillantes», lamentó. Cañas también calificó de «ataque a la libertad» la nueva norma, además de considerarla una nueva insumisión al Tribunal Constitucional.
Barcelona
Cataluña ha pasado en siete años de 140.000 a 220.000 funcionarios
De 140.000 empleados públicos a 220.000 y muchos más altos cargos. Según los cálculos de CiU, la Generalitat ha engordado todo eso durante los siete años de tripartito. El portavoz de la federación nacionalista, Oriol Pujol, lamentó ese aumento y criticó el «amiguismo» en muchas de las contrataciones.
Pujol aseguró ayer en la diputación permanente del Parlament que el decreto de las medidas de racionalización y simplificación del sector público de la Generalitat no es más que «una tomadura de pelo». El portavoz de CiU acusó al Govern de seguir engrosando la Administración con nuevas instituciones públicas y señaló que, de todas formas, la medida llega tarde.
Ante estas críticas, la diputada del PSC Lídia Santos acusó al hijo del ex president de «intoxicación» y manifestó que los datos eran falsos. Santos también indicó que si hay más empleados públicos ahora que en 2003 es porque antes había personal «escondido bajo la alfombra» y que no computaba en las estadísticas oficiales. En cuanto a las críticas por un supuesto amiguismo, la diputada socialista respondió a Pujol: «Piensa que todos son de su misma condición y de esto no hay nada, todo está en su imaginación».
En una línea similar respondió la diputada de ERC Patricia Gomà. «Quien actúa mal piensa mal», aseguró. Gomà también dijo que todos los grupos que apoyan al Gobierno catalán tiene la conciencia tranquila y la convicción de que han actuado bien. Por su parte, Jordi Miralles, diputado de ICV, recordó que los gobiernos de Jordi Pujol fueron los de «arbitrariedad en adjudicaciones millonarias, contratos blindados y contratación a amigos y familiares».
En una línea crítica, la portavoz del PP en el parlamento catalán, Dolors Montserrat, afirmó que el decreto de simplificación aprobado por el Gobierno es papel mojado, ya que se ha aprobado sin consenso, y a su juicio sólo se limita a «cambiar la forma jurídica» y a fusionar empresas y sociedades mercantiles públicas, sin reducir gastos.
DANIEL G. SASTRE / Barcelona
Montilla deja las elecciones autonómicas para noviembre
José Montilla piensa alargar el tripartito hasta el final. Hasta las 19.00 horas de ayer se mantuvo el misterio de si firmaría el decreto para convocar las elecciones autonómicas el 24 de octubre. Pero lo descartó, por lo que los comicios no se celebrarán hasta noviembre, muy probablemente el día 28.
¿Por qué? Porque la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece que deben pasar como mínimo 54 días entre la convocatoria oficial y las elecciones, y porque los acontecimientos se han confabulado para que en todos los fines de semana posteriores al del 24 de octubre pase algo que los desaconseja como alternativa.
El 31 de octubre cae en medio del puente de Todos los santos, y entre el desencanto general y el éxodo vacacional la abstención podría ser histórica. El 7 de noviembre el Papa visita Barcelona, y todos los partidos están de acuerdo en no mezclar a Dios en la campaña; ese viaje de Benedicto XVI también invalida los dos fines de semana posteriores como fecha para las elecciones, porque la visita interferiría en la campaña.
Así que el 28 de noviembre es la primera fecha factible que le queda al presidente de la Generalitat después de que ayer descartara el 24 de octubre. Claro que también puede aplazarlas hasta diciembre -tiene de límite hasta el día 16 de ese mes-, pero no parece aconsejable teniendo en cuenta que las autonómicas de 2006 se celebraron el 1 de noviembre.
Tampoco es que el 28 de noviembre sea una fecha ideal, porque en ese fin de semana se disputa el enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid de la primera vuelta de la Liga de fútbol. Con un poco de suerte, el Govern podría convencer a las televisiones de adelantar el partido al sábado.
Montilla mantiene abiertas las quinielas pese a que mucha gente daba por hecho que ayer firmaría el decreto de disolución del Parlament y hoy comunicaría, tras la primera reunión del Gobierno catalán después del verano, que las elecciones se celebrarían en octubre. Poniéndole intriga, el presidente no quiso confirmar o desmentir nada ni durante la entrevista que mantuvo por la mañana con Com Ràdio ni en la Ejecutiva del PSC.
Lo único que hizo fue descartar como fecha posible el 7 de noviembre (el día de la visita del Papa a la Sagrada Familia). Tuvo que ser su equipo de asesores el que, bien entrada la tarde, descartara finalmente que Montilla tuviera previsto firmar en algún momento del día de ayer el decreto de disolución.
Según fuentes del PSC, Montilla se mostró hermético con los dirigentes socialistas en cuanto a la fecha de las elecciones y se esforzó en transmitir esperanza pese al descenso que auguran las encuestas. «Sólo ha recordado que poner fecha es una prerrogativa suya, y que por deferencia [y porque lo dice el Estatuto], los consejeros del Govern y el presidente del Parlament serán los primeros en saberlo», dijo ayer el director del campaña del PSC, Jaume Collboni, tras la Ejecutiva.
En los partidos de oposición, la dilación del presidente de la Generalitat se interpreta en clave partidista. Según esta visión, Montilla estaría aguardando a la desesperada que un repunte en los datos económicos le permitiera ofrecer los primeros brotes verdes tras la crisis durante la campaña.
Es lo que decía antes de saber nada el número dos de Artur Mas en Convergència, Felip Puig, que por la mañana avisaba de que la «agonía» del tripartito no se terminará en el mes de octubre. Le reclamó al presidente catalán que las elecciones se celebren «lo antes posible», y le rogó que sea «sensible» a la «creciente demanda de un cambio de rumbo» y dé por terminada ya la legislatura, para dejar paso a otro Gobierno.
También la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, pedía a Montilla sin éxito que «no cometa su último gran error: someter a los catalanes a una larga agonía, a una situación de parálisis». Y Ciutadans le instaba a firmar «el acta de defunción» de un tripartito «que lleva muerto meses».
A los socios del PSC no les ha molestado tanto la indefinición del presidente de la Generalitat. El candidato de ICV, Joan Herrera, dijo que «no importa» qué día se celebren finalmente las elecciones.
En cuanto a ERC, le preocupan más los contenidos de la campaña que la fecha. En unas elecciones en que se enfrentarán con otras dos opciones independentistas -las comandadas por Joan Laporta y el ex consejero Joan Carretero, que el domingo fueron incapaces de llegar a un acuerdo para concurrir juntos-, el portavoz republicano dijo que lo importante es que «el Gobierno que salga esté dispuesto a convocar una consulta sobre el encaje o no de Cataluña en España».
El hecho de que Montilla no firmara ayer el decreto de disolución del Parlament provocará también que se celebren dos plenos en la Cámara catalana antes de que termine la legislatura.
Los últimos cartuchos de Huguet
Josep Huguet quema sus últimos cartuchos al frente de la consejería de Innovación, Universidad y Empresa antes de las elecciones. El que ha sido uno de los rostros más visibles del nacionalismo en ERC ha tenido un verano activo en el que la exigencia del catalán a los profesores no ha sobresalido de sus otras intervenciones.
Huguet llamó «fascista» al ex defensor del pueblo Enrique Múgica por el recurso contra la Ley de acogida, tildó de «absoluto insolidario» al ex líder de ERC Carod-Rovira por no ir en las listas del partido y afirmó que la campaña del PSC es «un engaño».
posted by e-pesimo | 09:39
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