DELINCUENCIAS ZP, EL INCONSTITUCIONAL ESTATUT: Piden llevar al TC el Código catalán de Consumo por las multas lingüísticas

DANIEL G. SASTRE / Barcelona

Piden llevar al TC el Código catalán de Consumo por las multas lingüísticas

C's exige a la defensora del Pueblo que recurra la norma y el PP estudia impugnarla

La polémica sigue rodeando a las leyes que emanan del Parlamento catalán después de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto. Ayer entró en vigor el nuevo Código de Consumo de Cataluña y ya pesa sobre él una amenaza de recurso. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, anunció que su partido estudia impugnar la norma ante el TC. Ciutadans, por su parte, instó a la defensora del Pueblo a interponer un recurso.

El Código de Consumo de Cataluña establece multas a establecimientos que no atiendan a sus clientes en catalán y consagra las sanciones a los comercios que no rotulen al menos en esa lengua. Las multas pueden alcanzar el millón de euros.

Los problemas llegan tras la sentencia del TC que, en la práctica, deja sin efecto el artículo 34 del Estatuto, precisamente el que sirvió de base para elaborar el Código de Consumo. El artículo dice textualmente: «Todas las personas tienen derecho a ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que elijan en su condición de usuarias o consumidoras de bienes, productos y servicios».

El TC no anuló ese precepto, pero lo vació de contenido al estimar que no puede implicar «la imposición a entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas».

El Constitucional salvó el artículo porque entendía que el inciso «...en los términos establecidos por la ley» que incorpora le facultaba para intervenir posteriormente, cuando esa «disponibilidad lingüística» se desarrollara. Y ese momento ha llegado con el Código de Consumo.

Por ello, el PP anunció ayer que estudia recurrir al TC. Sánchez-Camacho dijo que su partido se opone frontalmente al Código de Consumo, y que contempla «todas» las medidas para lograr una modificación de sus artículos más polémicos, sobre todo el 128.1, que establece el derecho a ser atendido en cualquiera de las lenguas oficiales.

Según la presidenta del PP catalán, la norma es «antidemocrática» y «afecta directamente a la libertad de las personas». Su entrada en vigor, añadió, es «un nuevo acto de insumisión» del president José Montilla.

Sánchez-Camacho también se quejó de que Montilla tildase de «partidista» el recurso que la defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano -ex diputada del PP-, interpuso contra la Ley de Acogida de Cataluña. «¿Y entonces por qué no vio que el PSOE estaba detrás del recurso sobre el Estatuto que presentó Enrique Múgica?», el ex defensor del Pueblo, de trayectoria socialista, se preguntó Sánchez-Camacho.

Quien ya se ha puesto en marcha para recurrir el Código de Consumo es Ciutadans. Su presidente, Albert Rivera, instó ayer a la defensora del Pueblo a llevar la ley ante el TC, porque considera «inaceptable» que se sancione a los establecimientos por no rotular en catalán.

Otro diputado del Grupo Mixto del Parlament, José Domingo, también anunció que ha pedido audiencia con Cava de Llano con el mismo objetivo. «Iré a Madrid acompañado de algunos comerciantes que han sido sancionados por no rotular sus comercios en catalán», aseguró.

También terció en la polémica, en un sentido radicalmente diferente, el presidente del ERC, Joan Puigcercós, que dijo que «empieza a ser costumbre» el «ataque permanente» del PP hacia la lengua y cultura catalanas, de las que «parece» que querría su desaparición.

Sonora bofetada

Algunos medios de comunicación, a bombo y platillo, han hecho la siguiente advertencia: «El Gobierno adopta un plan que burla la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña». ¿Será eso posible? Era de esperar un inmediato desmentido del Gobierno, ya que es muy grave, en un Estado de Derecho, semejante imputación. Pero transcurren los días y sólo tenemos la callada gubernamental por respuesta. No se conoce cuál puede ser esa posible humillación a la que se somete el TC. La Asociación Profesional de la Magistratura, agrupación mayoritaria de los jueces españoles, considera que hay una voluntad de «desacatar a través de un regate». Lo indiscutible, si tal cosa sucediera, es que no sería sólo el Constitucional la víctima. A los ciudadanos españoles, que creemos en la bondad del Ordenamiento Jurídico de nuestro régimen político, y lo defendemos, se nos daría una sonora bofetada en la cara. / SECONDAT

Barcelona

CiU amenaza con apoyar una insumisión fiscal de los catalanes

Como en 1899, Cataluña podría volver a dejar de pagar impuestos al Estado como medida de protesta. Si hace más de un siglo el motivo del cierre de cajas fue el aumento de la presión fiscal tras la pérdida de las colonias de 1898, el argumento de ahora no es otro que una amenaza a España si decide poner trabas en el derecho a decidir de los catalanes. Al menos, así lo planteó ayer el portavoz de CiU, Oriol Pujol.

El dirigente nacionalista aseguró, en una entrevista a Europa Press, que si Cataluña no puede avanzar en el campo del autogobierno tendrá que plantearse, en paralelo, una acción «concreta, tangible y práctica» equivalente al cierre de cajas. Aunque no entró en detalles, Pujol explicó que esta acción sólo será posible con un gran movimiento cívico y social que obedece a la «profunda catalanidad» en que la sociedad está entrando ahora.

Sin embargo, desde Unió no se tardó en suavizar el mensaje. El secretario general de UDC, Josep Maria Pelegrí, aseguró ayer en una visita a las Fiestas de Sants que el cierre de cajas no será necesario en un futuro si CiU gana las elecciones. Según el dirigente democristiano, un ejecutivo liderado por Artur Mas se ocuparía de garantizar la mejora del autogobierno y de la economía catalana.