SOCIALISMO SIN VERGÜENZA: Montilla cedió a la presión del sector más nacionalista del PSC para permitir que sus votos inclinen mañana la balanza en co

LEONOR MAYOR / Barcelona

Montilla cedió a la presión del sector más nacionalista del PSC para permitir que sus votos inclinen mañana la balanza en contra de las corridas en Cataluña

Diputados socialistas serán la clave para prohibir los toros

Los toros tienen los días contados en Cataluña. La decisión del PSC de dar libertad de voto a sus diputados en el Pleno del Parlament de mañana, en el que se debatirá la prohibición de la Fiesta Nacional en tierras catalanas, inclinará, casi con toda seguridad, la balanza a favor de la eliminación de las corridas en esta comunidad autónoma.

La votación puede llegar incluso a ser abrumadora. Aunque ni el PSC ni CiU quieren o saben decir cuántos de sus diputados se decantarán por una u otra opción, la oposición a las corridas de toros podría tener el apoyo de hasta 81 de los 135 parlamentarios, lo que dejaría a los partidarios de la Fiesta en un raquítico respaldo de 54 escaños.

Sin embargo, no se descarta que algunos diputados opten por la abstención o por no hacer acto de presencia en el Pleno, lo que impide hacer un vaticinio certero de cómo se desarrollará la sesión, seguramente la más mediática e internacional que se ha vivido nunca en el Parlament.

El asunto está muy claro en los bancos de Esquerra, Iniciativa, PP y Ciutadans. Los 21 votos de los independentistas y los 12 de los ecosocialistas irán a favor de la prohibición, o sea, en apoyo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promovió un grupo antitaurino respaldado con las firmas de 180.000 ciudadanos. En cambio, los 14 diputados del PP y los tres del Grupo Mixto optarán por que se mantengan las corridas.

En un principio, el PSC alentó la idea de que sus 37 parlamentarios votarían en bloque por la continuación de la Fiesta. Eso hubiera dejado la prohibición en manos de un único partido, CiU, que siempre se inclinó por la libertad de voto. De haberse mantenido así las cosas, ese asunto habría estado muy reñido y el veto a los toros podría haberse decidido por uno o dos sufragios.

Pero hace dos semanas, el PSC anunció que su partido también daba libertad de voto, por lo que el escenario ha cambiado de forma radical. Ahora, las posibilidades de que la Fiesta perdure son menores y la decisión no está sólo en manos de los nacionalistas, sino también, y quizá con más intensidad, de los socialistas catalanes.

¿Qué ha provocado este cambio de opinión en el partido de José Montilla, cuya esposa, Anna Hernández, es una amante de los toros declarada? Según la versión oficial, no ha habido cambio alguno de parecer. El portavoz del PSC, Miquel Iceta, explica que su partido dio libertad de voto el día que se debatió si la ILP antitaurina se admitía o no a tramite parlamentario.

Luego durante los trámites en ponencia y en comisión, el PSC votó en bloque y, ahora, en este último y decisivo pleno, los socialistas recuperarán su opción inicial, la de la libertad de voto. Iceta recuerda que el PSC no ha debatido el tema taurino en sus congreso y que, por tanto, no tiene una posición oficial al respecto. Por eso, «lo más lógico es que cada diputado vote libremente», explica.

La versión oficiosa le da otra perspectiva a la historia. Los socialistas protaurinos, capitaneados por el diputado David Pérez, veían muy posible que todo el grupo parlamentario votase en contra de la prohibición y fueron tomando posiciones en esa línea. Pero, entonces, nació la plataforma Militants del PSC a favor de Prou (Basta), que recogió casi 400 firmas entre la militancia del partido contra los toros y que logró apoyos importantes entre alcaldes y barones territoriales de la formación.

Paralelamente, la Juventut Socialista de Catalunya, la rama juvenil del PSC, redactó un manifiesto antitaurino y Ciutadans pel Canvi, una formación que nació en apoyo de Pasqual Maragall y que se integró en el grupo parlamentario del PSC, anunció que algunos de sus cuatro diputados podrían romper la disciplina de voto e inclinarse por la prohibición, ya que son antitaurinos. Por último, algunas personalidades del partido, como el consejero de Economía, Antoni Castells, se pronunciaron en público a favor de la libertad de voto. En esta tesitura, la Ejecutiva de los socialistas catalanes optó por no imponer nada a sus diputados. Así estaba la situación ayer. Fuentes del partido calculaban que entre siete y 10 de sus 37 parlamentarios se decantarán por prohibir las corridas.

Ante esta cifra, sólo la intervención a favor de los toros de una buena representación de CiU podría salvar las corridas. Pero sólo entre 10 y 13 diputados de los 48 de la federación nacionalista apoyarán los toros. Dos de sus parlamentarios, que estaban a favor de la Fiesta, los de las Terres de l'Ebre, se decidieron ayer por la abstención. Están descontentos con el PP porque éste ha recurrido el proyecto de ley sobre los correbous (encierros tradicionales de esa comarca de Tarragona en los que el toro corre con fuego en los cuernos) .

MARTA MEDINA / El Escorial

«El sentimiento nacional», la apuesta de Rajoy

El líder del PP propone un proyecto que englobe a la mayoría de los españoles

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, afirmó ayer que la clave de su proyecto de Gobierno será «el gran sentimiento nacional» que hay en España, por lo que su partido diseñará una política «común que englobe a la mayor parte de ciudadanos españoles». Rajoy se comprometió también a defender los valores nacionales en caso de ganar las próximas elecciones durante la conferencia que ofreció en el curso Políticas públicas para la libertad y el progreso, organizado por la Universidad Complutense.

El líder de la oposición acusó de «travestismo político» al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y apuntó a la necesidad de recuperar un gran consenso nacional como los que «nunca debieron perderse», sobre todo al respecto del Estatut catalán. Frente al «engaño» de Zapatero a los ciudadanos de Cataluña, Rajoy reafirmó su defensa a la Constitución Española, «que tiene futuro y que ha reportado 30 años muy beneficiosos para el país» y ratificó su defensa «de la ley y de las instituciones».

Los seis años de Rodríguez Zapatero al frente de Moncloa han sido para Rajoy un «reino de la ocurrencia, de la improvisación y de la rectificación» que simplemente ha servido para «hacer más pobres» a los españoles y reiteró su deseo de «plantear al Gobierno» un adelanto de las elecciones generales. «Nunca sabemos lo que van a hacer, ni con quién», afirmó, «y ya no merecen el respaldo», porque sus propuestas casi siempre son aceptadas gracias a la «abstención de algún grupo político».

Rajoy presentó también su plan de gobierno, cuyas medidas estrella serían la reducción del gasto público, la fijación de los techos de gasto y el endeudamiento de las Administraciones, la reforma de la educación, la producción energética y la unidad de mercado y la implantación de una política fiscal «coherente». «Necesitamos un gran proyecto nacional», porque el Partido Socialista «va a seguir perdiendo el tiempo».

El objetivo principal del programa que el PP presentará para las próximas elecciones será que haya «más trabajo», lo que supondrá un descenso del gasto público en los pagos por desempleo y un aumento de los impuestos para las arcas de las administraciones. El líder del PP indicó la necesidad de «una reforma estructural» que a corto plazo puede «no gustar a los ciudadanos» pero que es «necesaria».

«Tenemos que trabajar en la mejora del Estado de Bienestar», que se ha visto deprimido con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, explicó el presidente del PP. «La tasa de parados es del 20%» y ha bajado las pensiones, un hecho insólito desde «el Pacto de Toledo de 1995». Además, acusó al presidente socialista de haber tomado la decisión «unilateralmente, sin acordarlo con nadie y sin siquiera informarnos». Rajoy opinó que de haberse tomado antes las medidas, la situación del país sería diferente, pero que como para el socialista «no había crisis, no se tomaban decisiones».

El líder de la oposición se refirió, por último, al papel de España dentro de la UE, que a su parecer está sometida a una «libertad vigilada», ya que se han generado muchas dudas «sobre el pago de la deuda».

Tras «el fracaso rotundo» de la presidencia española en la UE, «España es un país intervenido y al que le han impuesto sus obligaciones».

MARÍA PERAL / Madrid

Rodríguez-Zapata refuerza el castellano como lengua de Cataluña

El ponente del recurso del Defensor del Pueblo plantea anular otro precepto del 'Estatut'

El Estado puede regular con plena libertad el uso del castellano en todos los ámbitos para garantizar los derechos de los ciudadanos y, en particular, el derecho a utilizar el castellano en la totalidad del territorio español. La ponencia que ha presentado el magistrado del Tribunal Constitucional Jorge Rodríguez-Zapata en relación al recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo contra el Estatuto de Cataluña refuerza la argumentación sobre la posición constitucional del castellano en todas las comunidades autónomas como lengua oficial del Estado.

El proyecto de sentencia, que puede empezar a ser debatido en un Pleno del Tribunal Constitucional (TC) convocado para mañana, plantea declarar inconstitucional otro precepto más del Estatut, el 222.1 a), en cuanto que permite que 300.000 ciudadanos de Cataluña con derecho a voto propongan una reforma estatutaria.

Los magistados del TC están convocados el miércoles y jueves de esta semana para iniciar la discusión de los restantes seis recursos interpuestos contra el Estatuto catalán. El del Defensor del Pueblo, que se presentó inmediatamente después al del Partido Popular (resuelto en la sentencia del pasado 28 de junio), impugna cuatro disposiciones adicionales y 117 artículos, algunos no incluidos en el recurso del PP.

Entre ellos figura el 78.2, que establece que el Sindic de Greuges y el Defensor del Pueblo «colaboran en el ejercicio de sus funciones».

Sobre este apartado no se pronunció la sentencia de junio, en la que se declara inconstitucional el apartado primero del artículo 78 por atribuir al Sindic de Greuges «con carácter exclusivo» la supervisión de la actividad de la Generalitat y de la Administración local en Cataluña.

El recurso del Defensor del Pueblo centra su argumentación justamente en el artículo 78.1 -ya anulado-, con una referencia colateral al apartado segundo. «El Estatuto de Cataluña pretende expulsar del ámbito competencial autonómico y también del local al Defensor del Pueblo, al que sólo le quedaría en el ámbito territorial de Cataluña el escaso resquicio de la Administración estatal presente en dicho territorio. Pequeña parcela en la que, además, habría de 'colaborar' en el ejercicio de sus funciones con el Sindic», se quejaba.

Anulada por inconstitucional la función exclusiva del Sindic de Greuges para supervisar la actividad de las administraciones catalanas, la prescripción de una «colaboración» con el Defensor del Pueblo no resulta contraria a la Constitución, de acuerdo con el proyecto de sentencia que ha elaborado el magistrado Rodríguez-Zapata, ponente del recurso del Defensor.

La ponencia declara la pérdida de objeto de la mayoría de las impugnaciones, por coincidir con las ya resueltas en la sentencia de junio. No obstante, Rodríguez-Zapata aprovecha la ocasión para remarcar la interpretación de la interpretación conforme que el TC ha hecho de algunos preceptos del Estatuto catalán, como los relativos a la lengua.

La ponencia desarrolla la argumentación sobre el «equilibrio inexcusable» del castellano y el catalán y la improcedencia de una eventual postergación del castellano como lengua de uso normal en las administraciones públicas y en los medios de comunicación públicos de Cataluña, así como su carácter de lengua vehicular en la enseñanza.

La ponencia de Rodríguez-Zapata acentúa la idea de que, en todos esos ámbitos, los poderes estatales pueden regular con plena libertad el uso del castellano en todas las comunidades para garantizar un adecuado régimen de cooficialidad.

La ponencia contiene una única propuesta de inconstitucionalidad, que afectaría al artículo 222.1 a) en el inciso que señala que la reforma del Estatut «también pueden proponerla 300.000 firmas acreditadas de los ciudadanos de Cataluña con derecho a voto». Este precepto no fue impugnado por el Defensor, pero Rodríguez-Zapata aplica la doctrina del TC que permite entrar a conocer de un precepto cuando el recurso argumenta sobre su inconstitucionalidad aunque no lo mencione. El ponente entiende que el referido inciso del 222.1 a) contraviene el artículo 87.3 de la Constitución, que excluye de las iniciativas populares «las materias propias de ley orgánica», rango que poseen los estatutos de autonomía.

GABRIEL TRINDADE / Barcelona

Más académico que el griego

Carod-Rovira destaca que el catalán ya ha logrado una «internacionalización real»

Casi 200 millones de euros en siete años. Ése es el coste de la política lingüística del vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, en las dos legislaturas del tripartito. La cifra no incluye las acciones realizadas en colaboración con otros departamentos o instituciones. Los datos los dio a conocer ayer el vicepresidente en la presentación del balance del presupuesto de la Secretaría de Política Lingüística, dependiente de su Consejería.

Los números del documento muestran cómo se ha incrementado desde 2004 hasta la actualidad la inversión destinada a fomentar el catalán. Así, se ha pasado de los 18 millones de euros en el primer año de gobierno, hasta los 30,7 millones de euros del presupuesto aprobado para este año.

Carod-Rovira aseguró que el balance es «bueno» y destacó que «por primera vez se ha logrado tener una sensación de ámbito territorial vinculado con una lengua». Pese a su empeño en la defensa del catalán, el vicepresidente afirmó después que «nadie puede considerar este idioma como una lengua de imposición».

En su intervención, Rovira subrayó que el catalán ha logrado una internacionalización «real» y que ya se enseña en más universidades que el holandés o el griego clásico.

También tuvo tiempo de elogiar leyes como la de Educación, la del Cine o la del Código de Consumo y asegurar que son «claves» para los derechos lingüísticos de los catalanes. En este sentido, dijo que el catalán ha logrado una posición de prestigio y de capacidad integradora que resumió con esta frase: «Un inmigrante ecuatoriano en Madrid será siempre un inmigrante. Pero un inmigrante que hable catalán será uno de nosotros».

M. P. / Madrid

Propuesta de rechazo de los recursos de Aragón y Baleares

El Tribunal Constitucional tiene previsto debatir en el Pleno de este jueves dos breves ponencias del vicepresidente, Guillermo Jiménez, y del magistrado Pascual Sala sobre los recursos de la Diputación General de Aragón y del Gobierno autonómico de Baleares contra el Estatuto de Cataluña.

En ambos casos, sólo se impugna la disposición adicional 13ª, según la cual «los fondos propios de Cataluña situados en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona se integran en el sistema de archivos de Cataluña». El precepto se refiere a la colaboración, «a través de los mecanismos que se establezcan de mutuo acuerdo», entre la Generalitat de Cataluña, el Estado español y las demás comunidades autónomas que tienen fondos en el Archivo de la Corona de Aragón.

Las dos ponencias proponen desestimar los recursos de acuerdo con los argumentos de la sentencia recaída en el recurso del PP. El Tribunal Constitucional interpretó que la disposición adicional 13ª «no contraviene la Constitución en cuanto manifestación del principio de cooperación, que es consustancial al Estado autonómico, obviamente sin suponer limitación de la plena libertad del Estado para ordenar y realizar la gestión de unos archivos que son de su exclusiva competencia».