ESPAÑA EN QUIEBRA: Un mismo abogado coordina la escalada de la tensión de los controladores y los pilotos
MARISA RECUERO / Madrid
Un mismo abogado coordina la escalada de la tensión de los controladores y los pilotos
Se llama Francisco Maroto Granados. Nació, precisamente, en Granada. Allí cursó la licenciatura de Derecho, para emigrar poco después a Barcelona. Seis años más tarde, en 1999, aterrizó en Madrid de la mano de Carlos Alós, ex decano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (Copac). Hoy, es el abogado que asesora y coordina tanto a pilotos como a controladores civiles en el conflicto abierto contra el Ministerio de Fomento. De hecho, las declaraciones de ambos colectivos sobre el «riesgo» de usar controladores militares contaron con su aprobación.Sigue enpágina 34
Maroto fue presentando a la opinión pública hace apenas dos días por el presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca), Camilo Cela, como el nuevo asesor jurídico de este colectivo. El abogado en cuestión dejó claro que su trayectoria profesional siempre estuvo ligada a los pilotos, para precisar después que lleva tres meses trabajando para la Usca. Lo que obvió apuntar Maroto fue que también sigue siendo el asesor del colegio de pilotos.
Hace 11 años, a través de un cliente piloto, Maroto conoció a Alós, que le contrató para conformar la asesoría jurídica del Copac. Su primer caso fue la impugnación de los estatutos del colegio por parte de un grupo de afiliados. «Lo ganamos», apuntó a este periódico. «No hemos perdido ningún caso en 15 años», advirtió con orgullo.
Su encuentro con la Usca se produjo por medio de una empresa aeronáutica, cliente de su bufete de abogados, BCN Iuris. Los controladores contactaron con Maroto cuando la nueva cúpula directiva tomó las riendas del sindicato. Tras un dictamen jurídico, contrataron sus servicios. Pese a su dilatada experiencia como abogado especializado en asuntos aeronáuticos, éste es el primer caso que asesora sobre control aéreo.
Maroto aceptó defender a los controladores en un momento en el que este colectivo estaba enfrentado con los pilotos por los retrasos ocasionados en los vuelos. Sin embargo, desde que este abogado se hizo con los mandos jurídicos de la Usca, ambos profesionales caminan de la mano.
Fuentes del Copac confirmaron que el comunicado enviado por el colegio, el pasado martes, oponiéndose a que los controladores militares gestionasen el tráfico civil, recibió el visto bueno de sus asesores jurídicos. Casualmente, la misma postura fue defendida por los controladores horas antes, en una rueda de prensa que asesoró el propio Francisco Maroto.
«Los controladores militares no están formados para gestionar el tráfico civil [...] no aporta suficientes garantías de seguridad», advirtió el Copac en el citado comunicado. En un mensaje similar, uno de los portavoces de la Usca señaló que «no es lo mismo» un controlador militar que un civil. Es más, ambos -Copac y Usca- recordaron el mismo accidente, ocurrido en 1973, en Nantes (Francia), en el que murieron 68 personas tras chocar dos aviones controlados por profesionales del Ejército.
Las coincidencias en los mensajes que pilotos y controladores transmiten a la opinión pública se volvieron a repetir ayer. El vicedecano del colegio de pilotos, Gustavo Barba, declaró que Aena «no cumple sus compromisos de capacidad y no funciona correctamente». Incluso, aseguró que vende más derechos de vuelo de los que puede gestionar. Un día antes, un portavoz de la Usca aseguró que «el 60% de los vuelos que se controlan sobrepasan las capacidades de Aena». Es más, también reprochó que dispone de más slots -derechos de vuelo- de los que puede.
El currículo de Maroto en materia aeronáutica cuenta con casos tales como el accidente de Spanair, donde es el abogado del Copac. En este siniestro murieron 154 personas, el 20 de agosto de 2008, tras fallos en el despegue del avión.
Es también el representante legal del piloto que dirigía el helicóptero que se estrelló en la plaza de toros de Móstoles, cuando intentaba despegar con el presidente del PP, Mariano Rajoy, y la presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a bordo.
También tiene en cartera el caso del helicóptero que cayó al Océano Atlántico, cerca de Tenerife, en 2006 -el cuerpo del piloto no se ha encontrado-, y el accidente de un helicóptero de Salvamento Marítimo en Almería, a principios de este año. Murieron cuatro personas.
Maroto manifestó a este diario que asesorar a pilotos y controladores no supone un conflicto de competencia. «Por deontología profesional, si hay conflicto, me aparto», aseguró. «Ambos colectivos tienen la misma dificultad», señaló.
Lo que está claro es que la presencia de Maroto está aunando a controladores civiles y a pilotos. La semana pasada, precisamente, el Copac y Aprocta (Asociacion Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo), cuyo anterior presidente es ahora el máximo responsable de la Usca, Camilo Cela, crearon un grupo de trabajo para informar a ambos colectivos de la situación que atraviesa cada uno.
«Hay que bajar la tensión para que estemos en menores niveles de riesgo», apuntó Luis Lacasa, decano del Copac, para justificar la creación de ese comité de trabajo. En este sentido, reprochó al ministro de Fomento, José Blanco, que haya buscado «un atajo» para solucionar el problema de la falta de controladores, en referencia a usar personal del Ejército. «Los estándares militares son distintos a los civiles. Hay que tener criterios técnicos, no políticos», acusó.
El presidente de la Sociedad Española de Control de Tránsito Aéreo (Sodecta), que agrupa a los controladores militares, Francisco Martín, aseguró a este diario que «los requisitos que exige el Ministerio de Defensa para el Ejército del Aire son los mismos que Fomento para los controladores». Asimismo, advirtió de que «si lo pilotos siguen difamando y menospreciando la categoría de los controladores militares, tomará medidas legales».
Blanco baraja ahora crear una reserva de controladores. Mientras, la Usca y el Copac defienden un frente común e insisten en que la solución del ministro «no aporta suficientes garantías de seguridad».
P&R
FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid
La epidemia de bajas médicas de los controladores ha reabierto la polémica sobre el absentismo, aunque en este caso tiene más que ver con un conflicto en demanda de beneficios corporativistas.
¿Hay bajas médicas fraudulentas en España?
Técnicamente, no. Las bajas médicas son reales, ya que un médico de los servicios pública de la salud, en manos de las autonomías, emite un documento que incapacita al enfermo para trabajar.
¿Se puede fingir?
Hay casuística y picaresca para todos los gustos. Pero, qué puede hacer un médico de cabecera cuando se le presenta un trabajador con una dolencia difícil de contrastar clínicamente (dolor de cabeza o de estómago, o estrés) o que requiere una serie de pruebas que los especialistas tardarán en realizar. O qué puede hacer si el trabajador dice ser controlador y además asegura que no ha dormido en toda la noche o en varios días. Pues con toda seguridad le dará la baja, porque no está capacitado para hacer un trabajo de cuyo desempeño dependen vidas.
¿Se pueden controlar estas bajas?
Lo único que puede hacer la Seguridad Social es que la empresa (Aena) le pase el listado de las bajas en el mismo día de producirse y que la Inspección les llame para contrastar la enfermedad común.
¿Cuánto dura una baja médica?
Hay bajas y altas que se dan en el mismo día, por ejemplo por una simple indisposición. Las enfermedades ocasionales, un simple resfriado, puede durar hasta tres días. A partir del cuarto, comienza el periodo de incapacidad temporal, con partes semanales, que puede alargarse durante un año y que podría prolongarse en otros seis meses si el tratamiento lo requiere. Pero entonces son los médicos de la Seguridad Social quienes controlan el proceso, que determinará si procede la incapacidad laboral parcial, total, absoluta o gran invalidez.
¿Quién paga esas bajas?
El gasto médico es universal, se paga con los impuestos. Los salarios de los trabajadores en los primeros 14 días corren a cargo de las empresas. A partir de entonces se hace cargo la Seguridad Social. A ambas entidades les interesa que se acorten los plazos, también a las mutuas que se ocupan de las enfermedades profesionales.
¿Cuánto cuestan?
La Seguridad Social prevé para este año un coste por incapacidad temporal de 7.373 millones, un 9,4% menos que el año pasado. En 2004 se detectó un incremento espectacular, también debido al aumento de la población asalariada. Pero se corrigió informatizando todos los procesos con convenios con las autonomías. La Seguridad Social sabe ahora los nombres y apellidos de los enfermos, el periodo de enfermedad y cuánto cobra.
¿Cuántas bajas se producen?
Al año se producen unos 5,6 millones de procesos (en trabajadores por cuenta ajena y autónomos) a una media de unos 450.000 al mes. Según los datos de abril, la duración media de cada baja es de 39,55 días. Llega a 45 días en el caso de los hombres y a los 42 en las mujeres. Y aunque se dice que hay menos bajas por la crisis, el número de días de la enfermedad es ahora superior en un día a 2009 y en dos a 2007, antes del inicio del duro ajuste laboral. En 2006 las bajas alcanzaban sin embargo los 48 días.
¿Que autonomías registran más días de enfermedad?
En la Comunidad Valenciana es dónde son más largas las bajas laborales, 58 días. Le sigue Galicia, con 57, y Asturias, con 51. En el lado opuesto, Navarra (27 días), y Madrid (30) son las autonomías en las que menos duran las bajas.
¿Va a cambiar el modelo de gestión de la bajas?
Es lo que ha anunciado la Seguridad Social. Se trata de controlar más esas bajas que pueden ser fingidas (aumentan en verano). Pero también se ha de procurar que las administraciones eviten por ejemplo que se simulen bajas por necesidad para cuidar hijos enfermos o familiares por ejemplo o para realizar trámites en las ventanillas públicas, ya que sólo abren por la mañana y en un horario determinado.
C. SEGOVIA / Madrid
Salgado dice que ultima sanciones contra la cúpula socialista de CCM
El Ministerio de Economía ultima imponer sanciones al ex presidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, y al ex director general, Ildefonso Ortega, por «faltas muy graves» en la gestión de la entidad financiera.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha delegado formalmente la decisión en el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, y éste se inclina por desestimar el recurso de los afectados y ratificar la propuesta de sanción elevada por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, según ha podido saber EL MUNDO.
Fuentes autorizadas del Ministerio de Economía declinaron comentar ayer a este diario si la decisión es ya firme y se limitaron a apuntar que «si el expediente del Banco de España está bien instruido, como es habitual, lo lógico es pensar que será ratificado».
El Banco de España remitió hace unas semanas al Ministerio la propuesta de sanción, puesto que sólo el Gobierno tiene la competencia de castigar las faltas que se consideren «muy graves».
El órgano supervisor planteó a Salgado la necesidad de inhabilitar a Moltó y a Ortega para dirigir entidades financieras por un plazo de cinco años. Y, además, propuso que se les multe con 155.000 euros por persona por cada falta muy grave atribuida.
En su expediente, el Banco de España también detectó faltas graves en el consejo de administración y planteó un total de 1,08 millones de euros de sanción para todos ellos.
Las fuentes consultadas en el Ministerio de Economía precisaron también que, en todo caso, la decisión castiga faltas administrativas y que no compete al Ministerio remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado por si tienen relieve penal.
«Eso corresponde al Banco de España», apuntaron. Este diario ya informó el pasado lunes que el órganos supervisor había decidido trasladar a la Fiscalía las irregularidades detectadas. Por otra parte, el Partido Popular, basándose en el expediente administrativo sancionador del Banco de España presentó la semana pasada una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Cuenca.
Salgado logró ayer la aprobación en el Congreso de los Diputados por abrumadora mayoría de la convalidación del Real Decreto Ley de reforma de las cajas de ahorros. Hubo 323 votos a favor, gracias al pacto PSOE-PP. Los nacionalistas de CiU y PNV decidieron abstenerse, pese a que criticaron que resta competencias autonómicas.
RUBÉN AMÓN / París
Sarkozy plantea al Gobierno alemán un espacio fiscal común
Corresponsal
No era un consejo de ministros cualquiera el que ayer ofició Nicolas Sarkozy. Y no lo era porque asistió al gabinete Elíseo un invitado alemán. Concretamente el ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble. Se trataba de la razón o del pretexto por el que el presidente galo mencionó la oportunidad de «una convergencia fiscal entre Francia y Alemania», ya fuera en el ámbito de las empresas o en el ámbito de los ciudadanos particulares.
La iniciativa requiere el visto bueno de Berlín y un estudio comparativo de los respectivos sistemas fiscales, pero Nicolas Sarkozy considera que la creación de un espacio común beneficiaría las economías y las tesorerías de ambos estados.
«Nuestros dos gobiernos están en la posición de tomar decisiones hacia una necesaria convergencia fiscal sobre los impuestos a los negocios y a las personas», explicó el anfitrión parisino después de haber alojado en su casa al ministro Wolfgang Schäuble.
Es la manera de fortalecer el eje franco-alemán y de echarle carbón a la locomotora de Europa, aunque la posición de Sarkozy subestima las objeciones que puedan hacer otros socios comunitarios al hilo de la hegemonía y de la excepción que implican el prototipo. Desde luego, no faltan diferencias ni matices en los esquemas fiscales de Francia y Alemania. Empezando porque la recaudación del Hexágono es mucho mayor que la germana en impuestos indirectos y mucho menor en impuestos relacionados con los beneficios.
Esta discrepancia se añade a la cuestión de la fiscalidad sobre la riqueza. Alemania la eliminó en 1995, mientras que Francia aún lo conserva en plan ejemplarizante. La presión fiscal francesa sobre el PIB alcanzó el 42,8% en 2008 mientras que la alemana quedó en el 39,5%.
Sin olvidar las diferencias en relación al gasto público. El francés se eleva al 55,6%, mientras que el alemán representa el 47,6%, aunque unas y otras disonancias de fondo no parecen disuadir la llamada a la convergencia que ayer realizó el patrón elíseo.
Prefirió eludir una posición de compromiso el ministro Schaüble. Quizá porque no esperaba la iniciativa del anfitrión o porque la reunión de ayer había adquirido un valor simbólico en el ámbito de la sintonía franco-alemana.
Nicolas Sarkozy había sugerido a Merkel el nombramiento de un ministro de asuntos franceses (y viceversa), pero la canciller prefirió aligerar la idea y apostar por la figura del «ministro oyente» en ciertas ocasiones y en determinados contextos.
Quiere decirse que Sarkozy podrá «espiar» algún consejo alemán valiéndose de uno de sus mosqueteros y que las relaciones entre Berlín y París han recuperado el optimismo después de que el enfoque de la crisis económica las hubiera envenenado. No sólo en relación a la salvación de Grecia, escasamente defendida desde los cuarteles de Merkel. También en lo que concierne a la llamada gobernancia europea. Sarkozy abanderaba el papel hegemónico de los países grandes, mientras que su colega de Berlín era más partidaria de involucrar a todos los estados donde circulara el euro.
El consenso, en cambio, no admite dudas respecto a la cohesión de la Unión Económica y Monetaria. Lo dijo Sarkozy buscando la aquiescencia del ministro invitado.
Galán advierte contra una nueva tasa a las nucleares
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se opuso ayer frontalmente a la posible creación de una nueva tasa a la energía nuclear similar a la que ha planteado en Alemania la canciller Angela Merkel. «En la legislación española, los impuestos son finalistas, es decir, deben hacerse para algo y tienen que repercutir en el consumidor final», señaló Galán durante la conferencia ante analistas para explicar los resultados semestrales. El ejecutivo salmantino recordó que en España ya existen tasas similares, ya que en los últimos años los impuestos a la nuclear han aumentado por la gestión de los residuos y las tasas regionales.
«Con esta tasa se puede crear un problema adicional para solucionar otro», afirmó, para pasar a criticar otro flanco del sector energético, el solar. El problema actual del sistema eléctrico y del déficit de tarifa radica en que «se ha gestionado mal la planificación de las tecnologías solares y, si se sigue gestionando mal, habrá otra burbuja», dijo Galán en referencia a las altas primas cobradas por el sector fotovoltaico. Culpó a esta tecnología y a las primas a las energías renovables, y «no a la llamada generación tradicional», del fuerte aumento de los precios eléctricos.
El presidente de la eléctrica valoró positivamente el Pacto Energético que negocian actualmente el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y Cristóbal Montoro, coordinador económico del PP, «si nos guiamos estrictamente por el contenido de este documento», ya que «incluye los principales elementos necesarios para la solución de los problemas actuales». Aún así, criticó los bandazos regulatorios y la inseguridad jurídica que ha vivido el sector eléctrico español en los últimos años, que contrapuso con «la estabilidad y predictibilidad (sic)» del marco legal y regulatorio de Reino Unido y EEUU, dos de los mercados donde opera.
Precisamente son los mercados internacionales y el tirón de la actividad de producción eléctrica los que han impulsado los resultados semestrales del grupo. El beneficio neto alcanzó los 1.467 millones, con una caída del 2,6% frente al primer semestre de 2009, debido a las menores plusvalías del periodo. Si se excluye el impacto de estos extraordinarios, el beneficio neto de la eléctrica habría aumentado un 7,3%.
Tras estos resultados, la compañía ha mantenido sus previsiones para todo 2010, que apuntan a un incremento de entre el 5% y el 9% tanto de su ebitda como de su resultado neto recurrente. Galán destacó el papel de la producción eléctrica libre de emisiones de CO2, que se disparó un 119% en el caso de la hidráulica, un 22% en la eólica y un 11% en la nuclear.
Madrid
Nuevas andanadas contra PT
Telefónica sigue jugando sus bazas para entrar en la opeardora brasileña Vivo. El grupo ha contratado a un segundo bufete de abogados, el norteamericano Dewey & LeBoeuf LLP, con sede en Nueva York, con el objetivo de disover Brasilcel, la sociedad que comparte con Portugal Telecom (PT), a través de la cual se instrumentaliza el control de la operadora móvil brasileña Vivo. En concreto, la operadora española ha contratado este bufete para que le asesore en los trámites de arbitraje que ha iniciado contra PT ante una Corte Arbitral en Amsterdam, como consecuencia del incumplimiento por ésta última de sus obligaciones en relación al acuerdo entre accionistas que, en su día, firmaron ambas empresas en relación con Brasilcel. Se trata del segundo despacho que contrata la compañía presidida por César Alierta, después de que el lunes encargara al bufete holándes De Brauw Balckstone Westbroek el diseño de la estrategia jurídica encaminada a propiciar la disolución de Brasilcel, informa Europa Press.
El despacho americano confirma que, conforme a la legislación holandesa y de acuerdo con los contratos formalizados Brasilcel, «existen razones fundadas de alcanzar la disolución/liquidación de la sociedad».
Por otra parte, los accionistas minoritarios del grupo español y los de la portuguesa ATM presentaron ayer una reclamación ante el Defensor del Pueblo luso para que exija al Gobierno que rectifique su decisión de aplicar la acción de oro para vetar la compra de la participación que Portugal Telecom (PT) posee en el operador brasileño Vivo por parte de Telefónica.
Según los accionistas minoritarios, el veto fue «inconstitucional» y vulneró las legislaciones portuguesa y comunitaria, lo que provocó graves perjuicios a los intereses de accionistas minoritarios y a los ciudadanos.
posted by e-pesimo | 09:27
Links to this post:
Crear un enlace
Home