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viernes, 30 de julio de 2010

ESPAÑA EN QUIEBRA: Reforma Laboral: Despido barato con sólo prever pérdidas/ Los inpectores médicos podrán ordenar altas "expréss"




FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid

La mera previsión de pérdidas permitirá despidos de 20 días

Los inspectores podrán dar el alta a los cuatro días de producirse la baja / El PSOE saca adelante la reforma laboral con las abstenciones de PNV y CiU

Zapatero embusteroEl PSOE rectificó ayer la definición que llevó al Congreso el miércoles sobre las causas económicas para que las empresas despidan con 20 días. Según la última versión que aprobó la Comisión de Trabajo, bastará «la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos» para que se utilice el despido objetivo. El cambio fue clave para que PNV y CiU no votaran en contra del proyecto del Gobierno. Sigue en página 24 Editorial en página 3

El PSOE salvó ayer in extremis, y recurriendo al tecnicismo de voto ponderado (extrapolación del número de diputados en la Comisión de Trabajo a la representatividad total en la Cámara), el proyecto de ley que convalida el decreto sobre la reforma fiscal. Para ello necesitó del concurso de los nacionalistas catalanes y vascos que se abstuvieron en la votación final, mientras que el PP, IU, ERC y el representante del BNG votaron en contra. El desempate fue dirimido por esta modalidad de voto.

Para conseguir el apoyo del PNV, el PSOE admitió modificar la enmienda transaccional que presentó el pasado miércoles a última hora sobre el asunto clave de esta reforma y a la vez más controvertido: la definición de causa económica, que permitirá el despido objetivo con 20 días (12 netos para las empresas hasta 2012 ya que los ocho restantes correrán a cargo del Fogasa).

El miércoles el PSOE definía que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa «se desprenda una situación económica negativa como la existencia de pérdidas, la disminución relevante de beneficios o la falta persistente de liquidez». Aunque resulte sorprendente, la literalidad de este enunciado figura en los documentos que la CEOE presentó a los sindicatos en los comienzos del Diálogo Social. Lo que deja entrever que el Gobierno tiene más interés en modificar las normas en materia de despido que de contratación.

Y ayer, el partido del Gobierno presentó otra nueva enmienda junto al PNV, también transaccional, en la que modificó el texto del miércoles relativo a ese polémico artículo 2 del decreto. La enmienda aprobada definitivamente identifica la situación económica negativa con «la existencia de pérdidas actuales y previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo».

Es decir, de un plumazo desaparecieron los términos de «falta persistente de liquidez» y de «disminución relevante de beneficios» y apareció la posibilidad de que las empresas puedan despedir con 20 días alegando incluso pérdidas futuras.

Según el portavoz socialista, Jesús Membrado, «este texto es más razonable ya que los conceptos de liquidez y beneficios podrían someterse a posibles manipulaciones».

En cuanto a las pérdidas previstas, «serán las empresas las que tendrán que demostrarlas ante el juez, por ejemplo con sus cartera de pedidos», manifestó. Las pymes tendrán mayor dificultad.

De la improvisación y de que todavía esta fórmula no es la definitiva se deriva el comentario de Membrado de que en el trámite del Senado habrá más cambios.

Por su parte, el portavoz del PP, José Ignacio Echániz, señaló que «la indeterminación de este texto acarreará las mismas dificultades de interpretación a los jueces que las anteriores». El portavoz de CiU, Carles Campuzano, señaló que «tendrán que ser las sentencias las que tengan que sentar jurisprudencia en esta materia» dada su inconcreción.

El apoyo abstencionista de CiU lo logró el PSOE a última hora. Para ello, aceptó varias enmiendas transaccionales, redactadas en los mismos términos que rechazó en la fase de ponencia. Entre ellas, el compromiso del Gobierno de abordar la reforma de la negociación colectiva en seis meses si no hay acuerdo entre los agentes sociales; la reforma de las prestaciones del paro; un plan de recolocación para los parados de la construcción; y facilitar el despido objetivo en caso de absentismo.

La reforma, sobre la que debe pronunciarse el Senado, defiende una competitividad basada en «reducción de costes empresariales a costa de derechos de los trabajadores», concluyeron.

FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid

Los inspectores podrán ordenar altas 'express'

Tendrán facultad para reincorporar al trabajador a partir de su cuarto día de baja

Tras la reciente epidemia de bajas médicas en los controladores, el Gobierno ha aprovechado el debate de la reforma laboral en el Congreso para introducir cambios en la norma con el objetivo de reducir el abuso de las ausencias al trabajo por enfermedad fingida. Y también ha bajado a la mitad el límite de absentismo colectivo a partir del cual las empresas pueden utilizar el despido objetivo (con 20 días) por el uso de bajas intermitentes individuales.

Aunque el Gobierno se reserva la fecha en que entrará en vigor, a partir de ahora los médicos de la Seguridad Social podrán dar de alta a un trabajador a pesar de que tenga en sus manos la baja del médico de cabecera de los servicios públicos de salud autonómicos.

Esto puede suceder a partir del cuarto día de baja, que es cuando comienza técnicamente a computar el periodo de incapacidad transitoria (del salario se hace cargo la empresa hasta el décimo cuarto día y a partir de aquí lo asume la Seguridad Social). Aunque el 95% de las actuaciones que ahora realizan los médicos de la Seguridad Social son confirmadas por los de cabecera, en la actualidad los médicos de los servicios de salud tienen tres días para contestar o recurrir a la inspección.

Con esta modificación ya no cabe recurso alguno del médico de cabecera. Es más, a lo largo de los 365 días en que dura la incapacidad temporal (después se inicia el procedimiento de incapacidad permanente) la Seguridad Social puede intervenir para dar de alta médica a cualquier trabajador y sus médicos serán los únicos competentes para dar una nueva baja al paciente.

Y para evitar el retraso en los procesos de rehabilitación de bajas por enfermedad común o in itinere, las mutuas (que se ocupan de las enfermedades profesionales y de los accidentes laborales) asumirán los tratamientos y pruebas necesarios para reducir de esta forma la prolongación habitual de estos procesos.

Además, el PSOE apoyó una enmienda de CiU para que sea aplicable la norma que permite el despido objetivo individual a quienes abusen de las bajas intermitentes, incluso justificadas, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos o el 25% a lo largo de cuatro meses discontinuos dentro del plazo de un año. Para que este despido pudiera ser efectivo, existía otro segundo límite, el 5% del absentismo conjunto de la plantilla. Ese porcentaje se reduce ahora a la mitad. Por tanto, es más asequible esta fórmula hasta ahora inutilizable.

M. RECUERO / C. LLORENTE / Madrid

Trabajo revoca dos de cada tres bajas de los controladores

136 de los 205 'enfermos' recibieron el alta tras la revisión

Los numerosos problemas de estrés, crisis de ansiedad, subida de adrenalina, depresión o arritmia que mantenían a un buen número de controladores aéreos fuera de su puesto de trabajo se han disipado por arte de magia tras las inspecciones que en los últimos días ha llevado a cabo la Seguridad Social.

Un 66,34% de los controladores que estaban en situación de baja han recibido el alta tras pasar los exámenes médicos establecidos específicamente para este colectivo, ante la sospecha de que están protagonizando una huelga encubierta desde hace semanas.

Según los datos comunicados ayer por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, de los 205 controladores aéreos en baja que hasta el pasado 27 de julio han acudido a las revisiones, un total de 136 han sido dados de alta médica, dos de cada tres.

Curiosamente, además, «en bastantes casos», la Seguridad Social no ha tenido que realizar el examen oportuno, debido a que un buen número de controladores, antes de ir a la revisión, ya había acudido a su médico de atención primaria a solicitar el alta médica, según indicó ayer Trabajo.

Tras la investigación, la Seguridad Social también ha podido comprobar que entre los controladores de baja se aprecia «una elevada frecuencia de procesos de enfermedades de muy corta duración». De hecho, «la frecuencia de bajas se encuentra incluso por encima de la que es habitual en momentos tales como epidemias de gripe o alergias estacionales».

«La inspección ha confirmado que no era normal que en un colectivo de 2.000 trabajadores hubiera 250 de baja laboral al mismo tiempo», afirmó ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.

Pese a las numerosas altas médicas, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) siguió ayer defendiendo como reales los problemas de salud en parte del colectivo y denunció que «han forzado a algunos controladores a ir al trabajo estando incluso bajo medicación y tomando ansiolíticos», afirmó Daniel Zanit, portavoz del sindicato.

Ante las bajas del colectivo, el Consejo de Ministros aprobará hoy un nuevo marco legal para los descansos de los controladores. A partir de ahora, estos profesionales descansarán 30 minutos cada dos horas de actividad, es decir, se ampliará la frecuencia de los descansos, según el Real Decreto al que tuvo acceso este diario. Hasta la fecha, el periodo de descanso era de una hora por cada cuatro horas trabajadas.

La nueva norma contempla entre 48 y 60 horas semanales de descanso y, al menos, 184 horas al mes, divididas en tres turnos. Asimismo, establece un máximo de actividad en turno de día de 10 horas; 50 horas de trabajo semanales y 200 horas mensuales. El servicio de imaginaria no podrá durar más de 20 horas.

. LLORENTE / Madrid

El alza del IVA lleva al IPC al 1,9%, el máximo en 20 meses

Los analistas auguran más inflación para los próximos meses

Zapatero embusteroLa subida del IVA, que entró en vigor el primer día de julio, ha empezado ya a tener efectos inflacionistas. El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en España situó en julio su tasa anual en el 1,9%, cuatro décimas más que en el mes anterior, según los datos adelantados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta forma, el IPC armonizado se coloca en el valor más alto desde noviembre de 2008, cuando el IPCA alcanzó el 2,4%. Los analistas económicos consultados por EL MUNDO lo tienen claro: el incremento del IVA es responsable de que la inflación haya repuntado y se haya quedado a un paso del 2%.

«Tres de las cuatro décimas de la subida de julio pueden deberse al aumento del impuesto», asegura María Jesús Fernández, de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), que explica que el alza del IVA está pesando ya sobre todo en los precios regulados, como los del transporte público, el gas o la electricidad, y también en aquellos productos para los que hay una demanda inelástica, es decir, constante, como el tabaco.

El INE, por su parte explicó el incremento del IPC en julio por la subida del gas (el mes comenzó con un incremento de tarifa y de IVA) y de los precios de viajes organizados, encarecimiento característico en los meses de julio y agosto. Además, el organismo estadístico echa la culpa del incremento del IPC a los alimentos y bebidas no alcohólicas.

Pero si julio ha sido un mes de IPC alcista, lo peor puede estar por venir. Debido a la debilidad del consumo, muchos sectores están aguantando antes de trasladar el incremento del IVA a los consumidores, aunque, según los analistas, no tendrán más remedio que hacerlo progresivamente.

«El efecto del aumento del IVA en los precios se notará más en los próximos meses», explica José Carlos Díez, analista de Intermoney que no se atreve a dar cifras. Por su parte, en Funcas apuntan a que la subida va a suponer un aumento de seis décimas de la inflación entre este mes y octubre.

AJUSTE DE CUENTAS

JOHN MÜLLER

Maniatados por la cadena agroalimentaria

Los agricultores volvieron a repartir gratis el fruto de su trabajo ayer en Madrid. Al igual que hace dos años, los productores se han puesto en campaña para denunciar «las grandes diferencias» entre el precio en origen y lo que paga el consumidor final: es decir, cómo la cadena de valor del sector agroalimentario básicamente sirve para maniatarlos.

Los agricultores han tenido éxito a la hora de sembrar esta idea entre los ciudadanos. Hace dos años, cuando los limones subieron un 64% en 12 meses y hubo fuertes alzas en precios de alimentos populares ya se abrió el debate sobre qué tramo de la cadena (productores, distribuidores mayoristas, minoristas, grandes superficies o comercio tradicional) se quedaba con la mejor parte. Hoy tenemos mejor información para discutir esto gracias a los estudios del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). El Gobierno constató que ahí había un asunto explosivo y adoptó un enfoque técnico y exhaustivo, y es así como decidió estudiar con detalle la cadena de valor de los principales alimentos frescos.

El resultado es que gracias al trabajo de la Subdirección General de Estructura Alimentaria que desempeña José Miguel Herrero, España es hoy el país del mundo que más conocimiento técnico posee sobre la cadena de valor. El miércoles, en un curso organizado en la Universidad Menéndez Pelayo por el Foro Interalimentario (que agrupa a algunos de los productores y distribuidores más importantes del país), Herrero anunció que ya se han publicado los informes de 18 productos. Un asistente apostilló: «Hoy conocemos el impacto que tiene en el precio de un pimiento hasta los decímetros cúbicos que ocupa en su almacenamiento».

Los estudios desmienten los mensajes de los agricultores y desmitifican la idea de que los hipermercados exprimen al máximo en la cesta de la compra y revelan que su beneficio en productos como los cítricos, la leche y el cordero oscila entre el 1,2% y el 3%. Los márgenes de las tiendas tradicionales suelen ser de hasta el 8% en casos como el del cordero.

¿Y cómo se explican las protestas de los productores? Básicamente porque los agricultores quieren recibir un mejor pago por sus productos. «Pero eso no tiene nada que ver con el funcionamiento de la cadena de valor. Los productores deberían separar sus demandas y no implicar a los demás», afirma Ignacio García Magarzo, director general de la Asociación de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados.

El sector agroalimentario en España ha mostrado una notable eficacia. Al consumidor le sorprendió gratamente la reducción de unos márgenes que antes no cuestionaba. Pero los problemas de los agricultores no vienen de aquí. Más pesan la fuerte atomización (un millón de explotaciones, más de 300.000 autónomos y 3.000 cooperativas son números que multiplican con creces a los de los países del norte de Europa) y la dificultad con la que incorporan valor añadido.

«Hoy nos pagan menos que lo que nos pagaban hace 10 años», se queja un productor. Lo mismo pueden decir Steve Jobs de Apple o el consejero delegado de IBM: hoy pagamos mucho menos que hace 10 años por sus productos en términos relativos. El que no innova, muere.

john.muller@elmundo.es

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