ESPAÑA EN QUIEBRA: Ante la querella criminal del PP, el Gobernador del Banco de España rectifica y lleva a su compañero del PSOE al banquillo
CARLOS SEGOVIA / Madrid
El Banco de España rectifica y lleva a Hernández Moltó ante la Fiscalía
El Banco de España ha decidido rectificar y trasladar a la Fiscalía las irregularidades cometidas principalmente por el ex presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, por su presunta relevancia penal. La decisión se produce 16 meses después de que tuviera que intervenir CCM por un agujero que la Comisión Europea cuantifica en 7.100 millones de euros. «Está decidido que se trasladará a la Fiscalía», aseguraron a este diario fuentes de la institución conocedoras del proceso tras la reunión de la Comisión Ejecutiva del Banco de España del pasado viernes.
Por su parte, un portavoz del Banco de España declinó hacer comentarios a este diario más allá de remarcar que la institución cumple siempre escrupulosamente sus obligaciones cuando detecta irregularidades administrativas o de otra índole en las entidades que supervisa.
El Banco de España aprobó un Pliego de Cargos por infracciones muy graves contra Hernández Moltó y otros administradores de la caja el 20 de julio de 2009 y, según admitió el pasado junio el gobernador del Banco de España, éste ha sido ya finalmente remitido a la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, que es quien debe decidir las sanciones.
Pero fuera de esa actuación, el Banco de España hasta ahora no había querido salir del cauce administrativo «para no hacer más ruido», según ha explicado en contactos privados el propio gobernador de la institución Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Eso a pesar de que los administradores del Banco de España en CCM han sido citados a declarar por la Fiscalía Anticorrupción por casos que ya estaba investigando en los que pudo intervenir la entidad en la etapa de Moltó.
El Banco de España se ve ahora forzado a dar el paso por, entre otros factores, la denuncia que presentó el PP el pasado jueves contra Moltó por «estafa, administración desleal o fraudulenta» por «impedir el derecho de información» y «falsedad en documento mercantil».
También denuncia que la Junta de Castilla-La Mancha, tanto en la época de José Bono como en la de su sucesor, José María Barreda, actuaron con negligencia e incumplieron la Ley de Cajas de la región al no inspeccionar ni sancionar lo que sucedía en la entidad financiera.
Se da la circunstancia de que el ex fiscal Ignacio Gordillo, que presentó la denuncia en nombre de media docena de consejeros generales del PP en la caja, se apoya precisamente en el trabajo realizado hasta ahora por la máxima autoridad supervisora. «La denuncia se basa precisamente en el pliego de cargos del Banco de España con infracciones muy graves», asegura Gordillo. Como institución pública, el Banco de España está obligado a poner en manos de la Justicia cualquier irregularidad con relieve penal que detecte durante su labor supervisora. Hasta ahora no lo había hecho y eso que sus averiguaciones son suficientes, según el PP, como para procesar a Moltó por varios delitos.
Por ejemplo, el PP revela al juez que en el Pliego de Cargos administrativo elaborado por el Banco de España queda claro que «en la situación de CCM, ha sido determinante Hernández Moltó quien ha dirigido todo el negocio de la Caja, incurriendo en graves irregularidades que han afectado negativamente al debido control interno de la entidad conscientemente buscado, provocando la superación consciente y voluntaria en los límites de grandes riesgos, y contrayendo obligaciones a cargo de CCM que han provocado deliberadamente una inadmisible infracapitalizacion de la misma».
También desvela que el Banco de España cuenta con el testimonio del secretario general de CCM, Alejandro López, sobre que el presidente «dio instrucciones específicas para no remitir con carácter previo al resto de consejeros el informe de requerimientos de fecha 21 de octubre de 2008 del Banco de España, pese a que tal informe figuraba en el orden del día de la sesión del Consejo de Administración correspondiente». Ese requerimiento imponía a Moltó una reclasificación de créditos por ser de dudoso cobro.
El Banco de España descubrió que el proceder de los administradores «ha afectado a la situación económica y patrimonial del Grupo CCM, al haberse apreciado, entre otros, deterioros en el valor de los activos de 35 de las 45 sociedades participadas por un total de 417,2 millones de euros, que suponen un impacto de 221,9 millones de euros».
Además, el Banco de España señala que se han detectado «casos de financiación cruzada, para eludir las normas en materia de concentración de riesgos», según la denuncia. CCM concedió préstamos a personas para la adquisición de acciones de compañías garantizados con la pignoración de las propias acciones que se adquiría, «de manera que quien en realidad corría con el riesgo era la propia CCM en el caso de que la inversión no fuera rentable, como lamentablemente así ha sucedido en algún caso notorio como el Aeropuerto de Ciudad Real».
FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid
Un empleo público cuesta un tercio más que uno privado
La crisis económica sigue cuestionando el alcance de las medidas de corrección del gasto puestas en marcha. La remuneración total de los asalariados públicos aumentó un 2,8% en el primer trimestre de 2010 respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras, la de los trabajadores privados descendió un 2,3%. Desde que la crisis se hizo evidente (primer trimestre de 2008) el coste salarial de los funcionarios ha subido un 7,8% mientras que el de los trabajadores privados ha sido del -7%, según los datos de las cuentas no financieras de la Contabilidad Nacional.
Es la consecuencia del aumento de más de 200.000 empleos y de salarios por encima del IPC en el lado de la función pública, y de la desaparición de más de 1,8 millones de asalariados privados y de reducciones de sueldo en el lado de la empresas privadas. El resultado de esta situación es que un empleo privado cuesta ahora un 35,4% menos que uno público.
¿Qué significa todo esto? Pues que los costes salariales de las empresas privadas siguen reduciéndose mientras que aumentan los públicos. Según los cálculos realizados con la masa salarial hasta marzo (27.442 millones), cada funcionario (hay 3.088.000 según la EPA) tiene un coste mensual medio para el contribuyente de 2.962 euros (35.548 euros al año). Sin embargo, según la remuneración total de 79.874 millones de los 12.164.900 asalariados privados que aún quedan, sale que cada empleo tiene un coste de 2.188 euros mensuales (26.262 euros al año). Y no hay que olvidar que el primer trimestre del año es el que menos coste laboral tiene para las Administraciones.
Estas diferencias son aún mayores si los cálculos se realizan con las cifras del Ministerio de la Presidencia sobre el número de funcionarios que figura en su registro. Así, resulta que con estas cifras cada uno de los 2.659.010 empleados públicos cuesta 3.440 euros al mes (41.282 euros anuales), es decir, un 57,2% más que uno privado.
El caso es que la masa salarial del conjunto de la economía, que incluye todos los costes que el empleador debe satisfacer (sueldos, cotizaciones, horas extraordinarias y deslizamientos por antigüedad), alcanzó en este trimestre los 119.707 millones de euros (incluye también a las pensiones). Esta cifra supone un descenso del 1,2% menos que hace un año y del 4% respecto a 2008 como consecuencia del duro ajuste en el sector privado.
Así, el coste total de las remuneraciones de los asalariados para el conjunto de las empresas privadas (financieras y no financieras) se situó en este periodo en los 79.874 millones frente a, por ejemplo, los 85.810 millones de 2008. Sin embargo, la masa salarial de los funcionarios siguió creciendo y se situó en los 27.442 millones frente a los 26.688 millones de hace un año, los 25.452 millones de 2008 o los 23.292 millones de 2007, antes de detectarse los primeros indicios de la crisis.
El gasto de personal de las administraciones públicas (central, autonómica y local) en este primer trimestre equivale a la nómina de todo el año de los tres millones de parados que cobran el seguro. Y se trata de casi cinco veces más el ajuste que ha anunciado el Gobierno para todo el ejercicio en materia de inversión pública.
De los datos, se observa que la grave situación económica ha retrasado a tasas de 2007 la masa salarial de los empleados privados. La de 2010 es similar a la de 2007. Pero la pública es ahora un 17,8% más elevada que la de 2007 sin que haya una razón para ello, salvo la duplicidad de cargos o servicios.
Hace tres años, de cada 100 euros que se empleaban en pagar nóminas, 69 correspondían a trabajadores privados (entre empresas no financieras y financieras) y 20 a públicos (el resto se repartía entre las remuneraciones de los hogares, es decir, las pensiones, y los salarios de fuera).
Pero, ahora, 66 euros se dedican a satisfacer nóminas privadas, tres menos, mientras que 23 euros, tres más, se destinan a los funcionarios. Es decir, prácticamente uno de cada cuatro euros que se emplea en España para pagar salarios corresponde a una nómina pública.
El Gobierno ha estimado que el recorte del 5% de media en los sueldos públicos a partir de junio proporcionará un ahorro de 2.400 millones en 2010. Pero las cifras no salen. La patronal CEOE ha puesto en duda el éxito de este ajuste. En este sentido, la patronal propone «prescindir del personal público menos productivo» si se quiere cumplir con el compromiso de Bruselas.
C. LLORENTE / Madrid
Blanco envía a la Fiscalía la 'epidemia' de controladores
El enfrentamiento entre José Blanco y los casi 2.400 controladores aéreos llega a su máxima tensión. El titular del Ministerio de Fomento acusó ayer a este colectivo de hacer otra huelga encubierta, coincidiendo con una de las fechas clave de la salida de vacaciones de verano. Una nueva protesta disfrazada con bajas por enfermedad que provocó ayer importantes retrasos en algunos aeropuertos españoles.
Pero Blanco no se va a quedar de brazos cruzados y ayer amenazó a los controladores con llevarles ante la Fiscalía, al tener la seria sospecha de que la epidemia de bajas se ha podido realizar de forma organizada. Sigue en pág. 30
Editorial en página 3
El ministro de Fomento quiere que la Fiscalía investigue una situación que, a su entender, responde claramente a «consignas» y recordó que la Inspección de la Seguridad Social ya está vigilando la situación del centro de control de Barcelona, donde ayer no trabajó «el 50% de las personas que lo tenían que hacer», justificando bajas por enfermedad.
«El hecho de que estos trabajadores se pongan enfermos de un día para otro parece indicar que se hace de forma organizada», aseveró ayer Blanco. En su opinión, estas bajas son «consignas» a las que los controladores están respondiendo, por lo que ha asegurado que el Gobierno «hará cumplir la ley» para que los ciudadanos y las compañías aéreas no se vean perjudicados por los paros.
«Vamos a tomar decisiones incluidas algunas que pueden preverse y darse de acuerdo a la nueva ley que hemos aprobado», insistió el ministro, antes de clausurar un curso de verano del Instituto Jaime Vera en la madrileña localidad de Galapagar.
Blanco lamentó, además, que estos paros coincidan con los «días de mayor afluencia de ciudadanos» en los aeropuertos españoles, algo que está causando «un daño a la economía y a las compañías aéreas», por lo que hizo un llamamiento a la «responsabilidad» de este colectivo de profesionales, a los que en algunas ocasiones el ministro ha calificado de privilegiados, debido a sus altos salarios.
El aeropuerto de El Prat operó ayer con la ausencia de 28 controladores aéreos -el 46% de los 61 que estaban convocados-. Según Aena, de los que no fueron a trabajar, 24 han alegado razones médicas, en la mayoría de los casos comunicados sin suficiente antelación para buscar sustitutos. USCA, el sindicato de controladores, por su parte afirmó que las bajas están debidamente documentadas y son totalmente legales.
Estas ausencias de los profesionales en las torres de control provocaron ayer, por tercer día consecutivo «fuertes retrasos» en los aeropuertos de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, según una nota difundida por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
El aeropuerto alicantino de El Altet sufrió retrasos de 99 minutos de media, aunque éstos sólo afectaron a 21 vuelos de los 262 programados. En el aeródromo de Manises (Valencia) fueron cuatro las salidas afectadas (una hora de retraso aproximadamente).
El de Palma de Mallorca fue el aeropuerto más afectado por las ausencias de controladores en Barcelona. Entre la mañana y la tarde se registraron atrasos medios de 40 y 55 minutos (para llegadas y salidas respectivamente) en unos 15 vuelos. Sin embargo, a las 20 horas ya eran un centenar los pasajes afectados por las demoras.
Aena ya advirtió el viernes de que las numerosas bajas por enfermedad de los controladores iban a provocar retrasos en los aeropuertos del Mediterráneo español y pronosticó que la situación sería especialmente grave ayer domingo en la torre de control de Barcelona.
Detrás de la nueva oleada de bajas por enfermedad entre el colectivo de controladores aéreos está el enfrentamiento en el sector con el Ministerio de Fomento, que el pasado febrero promovió un Real Decreto que ha recortado algunos de los privilegios laborales de estos profesionales, especialmente el referido a las horas extras.
Además la negociación del convenio colectivo del sector, que venció hace ya seis años, sigue sin progresar, ante el gran y persistente distanciamiento de posiciones entre Aena y el sindicato mayoritario USCA, lo que está incrementando el malestar del sector.
F. P. / Madrid
Arritmias y sueldos de 240.000 euros
«Estamos en un momento malo desde el 5 de febrero, con un Real Decreto que ha modificado nuestras condiciones de trabajo de manera unilateral por parte del Gobierno, saltándose un convenio colectivo. Y tenemos casos por toda España de evacuaciones de gente en ambulancia, casos de depresión, casos de arritmia y casos de subidas de adrenalina». Daniel Zamit, portavoz de los controladores, narraba con este dramatismo a la Cadena Ser la situación laboral que está sufriendo el colectivo en los últimos cinco meses.
Zamit negaba que las bajas fuesen intencionadas y que los controladores estuvieran desarrollando una huelga encubierta. «Somos como los futbolistas que juegan cuatro partidos por semana y se lesionan», explicaba el portavoz.
La comparación no va muy desencaminada, ya que, pese al Real Decreto con el que el ministro José Blanco cercenó el poder y los sueldos de los controladores, éstos siguen siendo los profesionales mejor pagados de la Administración pública. Si antes de la nueva normativa de febrero recibían un sueldo medio de 350.000 euros con picos, según las horas extra, de 800.000, éste ha bajado a una horquilla máxima de 240.000.
Los controladores se quejan de que ahora son menos -algo más de 2.300- porque el Gobierno jubiló a los mayores de 57 años, y que Aena les ha arrebatado la organización de la programación y las horas extra. «Antes teníamos el plan de trabajo con tres meses de antelación y ahora con tres días», explicaba ayer Zamit. Aena siempre se quejó de que el hecho de que tuviesen que cuadrar los turnos con tanta antelación impedía cubrir contingencias, o hacerlo con onerosas horas extra.
De hecho, la empresa pública de navegación aérea acusó al colectivo de «comunicar las bajas sin el tiempo suficiente para buscar sustitutos», lo que tiene como objetivo «entorpecer el tráfico aéreo».
«Uno no sabe cuándo se va a poner malo», señalaba un controlador a Efe. O quizá sí, puesto que el colectivo se atrevió a aventurar ayer que «el verano va a ser complicado» en términos de retrasos y tráfico aéreo.
Se quedó corto. Otro portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos afirmó a la misma agencia de noticias que «agosto será complicado, y septiembre y octubre aún más». Todo ello será fruto del «error que supone sustituir la negociación colectiva por la regulación por decreto», dijo la USCA.
posted by e-pesimo | 08:07
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