EL ENRIQUECIMIENTO DESMESURADO DEL SOCIALISTA BONO: El socialista Bono se separa de la que otrora fuera auxiliar administrativa del PSOE

MARISA CRUZ / Madrid

La polémica en torno a Bono precipita su ruptura conyugal

La divulgación de los ingresos de Ana Rodríguez, motivo final de la crisis, que ya influyó en su dimisión como ministro

El presidente del Congreso, José Bono, anunció ayer su separación de Ana Rodríguez Mosquera. La pareja formalizará hoy su ruptura, tras 30 años de matrimonio, presentado el escrito correspondiente en el Juzgado de Primera Instancia de Toledo, donde residen.

El anuncio de la separación se convirtió de inmediato en noticia, no sólo porque Bono ha sido siempre un político mediático, sino sobre todo porque desde hace meses es el centro de una intensa polémica por el importante patrimonio y los elevados ingresos que suman él y su esposa.Sigue enpágina 4

José Bono y Ana Rodríguez, según informaron fuentes de la familia, se separan de mutuo acuerdo y de forma amistosa. Ambos desean, según las mismas fuentes, respeto para su intimidad y la de sus cuatro hijos: Amelia, Ana, José y Sofía.

Precisamente el debate en torno a su incremento patrimonial, que incluso se sustanció en una denuncia contra él presentada por el Partido Popular ante la Fiscalía General del Estado y que ayer mismo fue archivada, ha sido el detonante último que ha precipitado la ruptura del matrimonio.

El pasado mes de mayo, el presidente del Congreso decidió hacer frente al goteo de informaciones que cuestionaban la licitud de su patrimonio y de sus ingresos haciendo lo que él mismo llegó a calificar como un «auténtico striptease». Explicó a EL MUNDO, y posteriormente a otros medios de comunicación, la procedencia de sus bienes y los de su esposa. Igualmente, remitió una relación de sus propiedades e ingresos al propio fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y a la Cámara Baja.

Pese a ello, la polémica en torno a su enriquecimiento no ha cesado, hasta el punto de que la propia vicepresidenta primera del Gobierno se ha visto obligada en varias ocasiones a confirmar la confianza plena que Zapatero sigue teniendo en quien fuera su rival en la carrera por la Secretaría General del PSOE y, posteriormente, su ministro de Defensa.

A las sospechas vertidas sobre su patrimonio vinieron a sumarse las dudas suscitadas por un informe del Tribunal de Cuentas en el que se apunta que el Gobierno manchego, durante la etapa en la que Bono lo presidió y también después con José María Barreda, no ejecutó adecuadamente sus funciones de ordenación, inspección y control sobre el macroproyecto inmobiliario de Francisco Hernando, El Pocero, en el municipio toledano de Seseña.

No obstante, han sido los ataques lanzados en los últimos tres meses contra el presidente del Congreso desde las filas del PP los que le han obligado a una sobredosis de transparencia que no sólo le afectaba a él, sino también a su esposa y a sus hijos. Ana Rodríguez ha declarado ingresos anuales que triplican los de su marido gracias a un suculento contrato con la firma de joyería Tous. La situación, finalmente, ha minado una relación conyugal que ya había atravesado por otros momentos de crisis.

Las desavenencias del matrimonio ya influyeron hace cuatro años en la carrera política de Bono. En abril de 2006, dimitió de su cargo al frente del Ministerio de Defensa. Bono le había entregado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su carta de dimisión tres meses antes argumentando problemas familiares.

«Después de casi 30 años en la primera línea de la política, se debiera entender que una persona humana, no divina, quiera atender a su familia», afirmó entonces. También aseguró que su dimisión era «un punto de inflexión» que percibía como «definitivo».

Su marcha del Ejecutivo trajo cola porque obligó al presidente a remodelar el Gabinete. Sin embargo, la ausencia de Bono no fue definitiva. Zapatero le llegó a ofrecer la candidatura socialista al Ayuntamiento de Madrid y él la rechazó, pero no sucedió lo mismo cuando aceptó encabezar la lista por Toledo en las elecciones de 2008 y acceder a la Presidencia del Congreso de los Diputados.

Aparentemente, sus dos años de retiro le sirvieron para reconducir su situación familiar, afectada por su intensa dedicación a la política que, además, debía desarrollarse en Madrid y no en Toledo, como sucedía durante sus casi dos décadas como presidente de Castilla-La Mancha.

La decisión de abandonar el Gobierno tuvo, además, otros ingredientes que no pasaron desapercibidos en los medios de comunicación. Cierto que la clave fueron las razones familiares, pero a ellas se sumaron las discrepancias que siempre manifestó Bono en relación con las aspiraciones catalanistas propiciadas por el presidente del Gobierno.

En cualquier caso, su vida privada fue entonces objeto de rumores que nunca han cesado porque el matrimonio Bono-Rodríguez ha sido protagonista en muchas ocasiones del papel cuché. El presidente del Congreso y su esposa no han puesto reparos a la hora de participar en actos sociales marcados por el glamour y recogidos con amplio despliegue por la prensa del corazón.

Hoy, sin embargo, el día después de su amargo anuncio, José Bono hará gala de su profesionalidad y presidirá como cualquier otro martes el Pleno del Congreso de los Diputados.

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Vicente Ferrer sobre la separación matrimonial del presidente del Congreso.

CARLOS SEGOVIA / Madrid

El Tribunal de Cuentas remite el 'caso Seseña' a Anticorrupción

El fiscal traslada la negligencia de Bono y reactiva una denuncia contra 'El Pocero'

El fiscal del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González, ha decidido trasladar a la Fiscalía Anticorrupción las averiguaciones de su institución sobre el llamado caso Seseña, según ha podido saber EL MUNDO de fuentes solventes del máximo órgano fiscalizador del Estado.

El fiscal del Tribunal de Cuentas tiene obligación de actuar cuando su institución detecta irregularidades con relevancia penal y ha considerado que éste ha sido el caso. Según el Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento de Seseña adjudicó 1,8 millones de metros cuadrados en 2003 al promotor inmobilario Francisco Hernando, El Pocero, en un procedimiento con múltiples irregularidades, mientras la Junta de Castilla-La Mancha que presidía aquel año José Bono actuó de forma presuntamente negligente. El Pocero se encargó posteriormente en 2004 de obras de remodelación de la hípica del presidente regional en Toledo.

El informe que aprobó el Tribunal de Cuentas el pasado 24 de junio concluye que «en Seseña, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debería ejercitar, en el ámbito de sus competencias, las funciones de ordenación, control, inspección, sanción e intervención que el ordenamiento vigente le otorga y que, de haberse practicado adecuadamente, podrían haber impedido parte de las irregularidades y modificaciones del planeamiento no justificadas en el interés general».

El texto incluye además, en la página 7, una revelación y es que «el Ministerio Fiscal ha presentado observaciones». Es decir, que Olayo Eduardo González -un veterano fiscal con larga carrera en destinos como Bilbao o el Tribunal Constitucional- participó activamente en la elaboración del texto. Es más, pidió que se trasladara un borrador a la Junta de Castilla-La Mancha por considerar que ésta resultaba afectada por la investigación. La Junta, sin embargo, protestó porque la fiscalización del municipio de Seseña trascendiera al ámbito regional, pero los consejeros del Tribunal de Cuentas, incluido el fiscal, desestimaron esa alegación de la Junta que preside actualmente José María Barreda y rechazaron su argumento de que la autoridad competente era el Ayuntamiento.

Además de esta actuación, durante la elaboración del informe y del traslado del caso a Anticorrupción, el fiscal del órgano fiscalizador abrirá él mismo diligencias para, en la llamada fase de enjuiciamiento prevista en el Tribunal de Cuentas, esclarecer él mismo si hubo responsabilidades desde el punto de vista de las cuentas públicas.

Por último, Olayo Eduardo González ha decididom, además, instar a la Fiscalía a reactivar una vieja denuncia presentada en 2003 por el actual alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, -miembro de Izquierda Unida- contra El Pocero y el ex concejal socialista de Hacienda de Seseña, Felipe Sancho por supuesta malversación de caudales públicos y falsificación de documento público. Fuentes presentó la denuncia por considerar que el anterior equipo de gobierno municipal socialista había realizado adjudicaciones a dedo a favor de El Pocero y éste, además, no había pagado 1,2 millones de euros que debía al Ayuntamiento.

El promotor inmobiliario decidió pagar y Fuentes aceptó retirar la denuncia. Ante esta circunstancia, el Juzgado de Instrucción número 1 de Illescas decidió el 19 de mayo de 2004 archivar las actuaciones.

El fiscal del Tribunal de Cuentas considera que la Fiscalía no actuó adecuadamente en Illescas permitiendo que se archivara el caso, porque la malversación de caudales públicos es perseguible de oficio sin que tenga relevancia si el alcalde actual retira la denuncia.

Toda esta actuación del Tribunal de Cuentas da una nueva dimensión a la denuncia presentada a Anticorrupción en 2006 por Izquierda Unida contra el Ayuntamiento socialista de Seseña y la Junta de Castilla-La Mancha. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, anunció el pasado día 6 que la mantiene «abierta».

Por tanto, aunque la Fiscalía del Supremo ha archivado las denuncias del PP sobre el patrimonio de Bono, Anticorrupción mantiene la de Seseña.