EDITORIALES: Una reforma laboral que aún puede mejorar/ 'La Tigresa', ¿tampoco es un preso de ETA?

Una reforma laboral que aún puede mejorar

EL CONGRESO aprobó ayer la ley de reforma laboral, que ha sido discutida y tramitada en un tiempo récord. Tras su pase por el Senado en la segunda quincena de agosto, la ley podría quedar definitivamente convalidada por el Congreso en los primeros días de septiembre.

Además de alabar la extraordinaria celeridad del proceso, hay que señalar que la tramitación ha mejorado algunos aspectos del decreto ley del Gobierno, que fue en buena medida improvisado bajo la presión de los mercados y de nuestros socios en la UE.

El cambio más importante es la nueva redacción de las causas del despido objetivo o por motivos de crisis, en el que el trabajador recibe una indemnización de 20 días por año trabajado. Según la redacción, pactada por PSOE y PNV, las empresas podrían recurrir al despido de 20 días «en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad para mantener el empleo». El nuevo texto matiza redacciones anteriores: elimina como causa objetiva la falta de liquidez y sustituye la caída de los beneficios por una disminución de los ingresos.

Aunque esta última versión supone una mejora, es evidente que la formulación sigue siendo muy ambigua, ya que no se concreta con cuánto tiempo de pérdidas se puede aplicar este despido o cuál debe ser la reducción de los ingresos de la empresa. Por ello, creemos que el Senado debería precisar ese periodo de pérdidas, que razonablemente podría situarse en un mínimo de seis meses, y vincular la proporción de la caída de ingresos a porcentajes de reducción de la plantilla. Ello evitaría la judicialización sistemática de los casos en los que se recurra a este artículo, que en su actual redacción tendría que ser interpretado una y otra vez por los magistrados laborales.

Otra mejora introducida en la tramitación parlamentaria es la posibilidad de que el inspector de la Seguridad Social pueda dar el alta a partir del cuarto día de la baja del trabajador, en lugar de tener que esperar 14 días como ahora sucede.

La posibilidad del despido individual de quien falte un determinado número de días al puesto laboral estaba ahora sujeta a que se rebasara también un nivel de absentismo global del 5% del tiempo de trabajo del total de la plantilla. Ese porcentaje se rebaja al 2,5%, lo que facilitará el despido por absentismo en las empresas con pocos trabajadores. Lo ideal sería eliminar esta traba, como propuso el PP, para que el absentismo fuera evaluado de forma individual y cada uno asumiese su propia responsabilidad. El PSOE se ha negado hasta ahora pero debería reconsiderarlo.

Ha habido otros cambios menores sobre el decreto ley del Gobierno, pero hay dos aspectos sustanciales que no se han tocado: el contrato de fomento del empleo, con despido de 33 días, y las cláusulas de descuelgue de los convenios colectivos. Sería conveniente que el Senado precisara mucho más los motivos para la no aplicación de los convenios, cuya redacción ha quedado demasiado ambigua como sucede con el despido objetivo.

El PP votó ayer en contra de la ley, que salió adelante con los votos del PSOE y gracias a la abstención de CiU y PNV. Creemos que el PP debería abstenerse en la votación final si en el Senado se mejoraran algunos de estos aspectos, pues, en todo caso, esta reforma laboral supone una mejora respecto a lo que había.

Sería difícil de entender que después de haber pedido insistentemente a Zapatero cambios que flexibilicen el mercado de trabajo la oposición se aferrara al rechazo frontal cuando éstos se producen.

Las víctimas, indignadas con Interior

'La Tigresa', ¿tampoco es un preso de ETA?

CUANDO el ministro Rubalcaba dijo la semana pasada que en la prisión alavesa de Nanclares de Oca «no hay presos de ETA» sabía que entre los reclusos estaba, desde hacía sólo unos días, Idoia López Riaño, La Tigresa, autora material de 23 asesinatos. La Asociación de Víctimas del Terrorismo emitió ayer un duro comunicado en el que acusó al Gobierno de «traspasar las líneas rojas» con el trato favorable que está dando a los terroristas supuestamente arrepentidos. Además, los representantes de la AVT revelaron que un día antes se reunieron con la responsable de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y ésta no les informó del acercamiento de La Tigresa. Por si todo ello fuera poco, hoy revelamos que otra de las etarras más sanguinarias, Inés del Río, condenada por matar a 24 personas, ha sido acercada al País Vasco, desde Murcia a Palencia. Interior está en su derecho de dar beneficios penitenciarios a los terroristas arrepentidos, pero su arrepentimiento no puede ser genérico, debe estar tasado e ir acompañado de las reparaciones a las víctimas. Actuar de otra forma sería injusto.

No apoyará la iniciativa del PP sobre los toros

La hipocresía del PSOE, como la del nacionalismo

DIRIGENTES socialistas de toda España criticaron ayer la decisión del Parlamento catalán de prohibir las corridas de toros, que llegaron a calificar de «hipócrita». Y en efecto, es hipócrita que el mismo día que se aprobaba esta polémica norma con la tesis de que hay que evitar el maltrato a los animales, en San Carles de la Ràpita se prendía fuego a las astas de un toro antes de soltarle, aterrorizado, por las calles, como manda la tradición de este municipio tarraconense. Pero la hipocresía es mayor si cabe aún en el PSOE, porque su lamento es sólo de boquilla. Se rasga las vestiduras de cara a la galería. Si tan contrariado está con la ley catalana, el PP le ha servido en bandeja la solución: apoyar en el Congreso una iniciativa para proteger las corridas de toros en toda España como manifestación cultural. La propia ministra Ángeles González-Sinde decía ayer que el toreo «claro que es cultura». Si todos en su partido lo tienen tan asumido, deberían ser consecuentes y hacer algo por salvar la Fiesta. Pero se conforman y vuelven a mirar los problemas de Cataluña desde la barrera.

El 66% de los 'enfermos' abandona la baja

La inspección destapa la farsa de los controladores

LA REINCORPORACIÓN a sus puestos de trabajo de un total de 136 controladores aéreos de los 205 que días atrás estaban de baja médica viene a confirmar lo que todo el mundo sabía: que asistíamos a un boicot del colectivo en respuesta a la modificación de sus condiciones laborales. Ha bastado que el Ministerio de Trabajo enviase a la inspección para comprobar si las bajas estaban justificadas, para que repentinamente el 66% de los enfermos sanara. Teniendo en cuenta que no estamos en unos meses en los que sean frecuentes enfermedades de corta duración, como el resfriado o la gripe, ha quedado al descubierto la farsa. Una farsa que cuesta demasiado dinero al país y que debería saldarse con graves sanciones a los enfermos imaginarios. Si, como decían los representantes de los controladores, la epidemia de bajas se debía a la «subida de adrenalina», es lógico que su milagrosa bajada tenga consecuencias.