EDITORIALES: Si Montilla es responsable de la prohibición, también lo es Zapatero como líder del PSOE y presidente del Gobierno

Una prohibición que sólo pretende castigar a España

LA PROHIBICIÓN de las corridas de toros a partir del 1 de enero de 2012 que aprobó ayer el Parlamento catalán es, en primer lugar, un ataque a la libertad de los ciudadanos en nombre de un intervencionismo que les niega el elemental derecho democrático a asistir a un espectáculo cuyo origen se remonta a la noche de los tiempos.

Muchos diputados nacionalistas justificaron su voto por el deseo de evitar el sufrimiento de los animales. Pero esa misma lógica nos llevaría a prohibir la caza, la pesca o festejos populares en Cataluña como los correbous. Tampoco se puede ignorar que la prohibición supone a largo plazo la desaparición de los toros de lidia, cuya costosa cría sólo se justifica por las corridas.

La protección de los animales es una mera excusa para ocultar la verdadera intención de los nacionalistas: su voluntad de erradicar de Cataluña uno de los símbolos de España, al igual que reniegan de la bandera nacional o hacen todo lo posible por eliminar el castellano de la enseñanza y de la vida pública.

Esta obsesión nacionalista de borrar cualquier seña de identidad de España en Cataluña ha llevado a los promotores de la ley a obviar que -como denunciaba el poeta Pere Gimferrer- los toros forman parte de la tradición cultural catalana, siendo Barcelona una de las capitales del espectáculo taurino a lo largo de todo el siglo XX.

La fechoría cometida ayer por el Parlamento catalán ha contado con la activa colaboración del PSC, que primero se lavó las manos cuando sus socios promovieron la iniciativa y luego acabó dando libertad de voto a sus diputados. Tratando de limpiar su mala conciencia, Montilla ha votado en contra de la prohibición, pero la realidad es que no ha hecho nada para evitar que prosperase esta ley, que constituye una verdadera animalada política. Podría decirse en este contexto que en Cataluña han triunfado los animales políticos menos racionales.

Si Montilla es responsable de la prohibición, también lo es Zapatero como líder del PSOE y presidente del Gobierno, que hasta hoy ha fingido que el asunto no tenía nada que ver con él. Algunos dirigentes de su partido expresaron ayer su indignación con la ley catalana, que Barreda calificó de «aberración». Pero todavía no es tarde si Zapatero quiere hacer algo: el artículo 161.2 de la Constitución otorga al Ejecutivo la potestad de impugnar la ley de prohibición de los toros, lo que produciría su inmediata paralización. Ayer se conocieron diversos informes jurídicos que coinciden en que la Generalitat se ha extralimitado en sus competencias que, según el artículo 149.1 de la Constitución, son exclusivas del Estado. El Estado cedió esas competencias a Cataluña para que regulase los espectáculos taurinos, pero no para prohibirlos.

Otra vía por la que el Gobierno, el PP o cualquier comunidad podrían actuar es la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, si bien es cierto que no existe una ley estatal que impida expresamente prohibir los toros.

Como la Constitución establece que el Estado tiene encomendadas las competencias de «defensa del patrimonio cultural y artístico», la mejor vía legal para dejar sin efecto la prohibición sería la aprobación de una ley por el Parlamento español que declarara la fiesta taurina de interés nacional. Esto es lo que va a intentar el PP, que presentará una propuesta de ley en el Congreso para que los toros sean protegidos como patrimonio cultural del pueblo español. Ello obligará a retratarse al PSOE, que tendrá que decidir si antepone su interesada relación con los nacionalistas a la defensa de una fiesta que es parte de los valores tradicionales de España.

Telefónica sube su oferta y controlará Vivo

Un 'patriotismo' que vale 350 millones

EL ACUERDO entre Telefónica y Portugal Telecom (PT) por el cual la firma española pasa a ser el primer accionista de Vivo -líder de la telefonía móvil en Brasil- es el ejemplo de cómo los gobiernos siguen interfiriendo y cometiendo abusos en el mundo de la economía global. La compañía que dirige César Alierta ha tenido que acabar pagando por Vivo un precio muy superior al real de mercado como consecuencia de la intromisión del Gobierno SOCIALISTA portugués (y con la complacencia-complicidad del Gobierno de Zapatero. Vamos, como si los 2.500 millones de € de más que han expoliado a los accionistas de TEF, se los fueran a repartir fifty fifty entre el 'Psoe' portugues y el Psoe español) Pese a que, días atrás, la gran mayoría de los accionistas de PT apoyaron en junta general la venta del 30% de Vivo por 7.150 millones de euros, el Ejecutivo de José Sócrates acabó abortando el trato con su acción de oro, sin tan siquiera importarle que al actuar así contravenía la legislación de la UE. La operación que Lisboa rechazó invocando intereses estratégicos y patrióticos ha acabado aceptándola en cuanto Telefónica ha puesto 350 millones de euros más sobre la mesa. ¿Ese era el precio del honor portugués? Al final, el socialista Sócrates ha quedado retratado aquí como un simple intermediario, encargado de hinchar el precio de las acciones.

Suspendidos los artículos más polémicos

Freno a la injusta ley de inmigración de Arizona

LA PARALIZACIÓN de los aspectos más controvertidos de la ley de inmigración de Arizona que hoy entra en vigor es un triunfo del sentido común y una victoria política de Obama. Del sentido común porque la norma criminalizaba a cualquier ciudadano con apariencia de extranjero, al que obligaba, por ejemplo, a llevar encima sus papeles 24 horas del día, los 365 días del año. De hecho, la ley está recurrida porque hay serios indicios de que podría ser inconstitucional. Pero la decisión de la juez federal que ayer bloqueó los artículos más polémicos da también la razón a la Administración Obama, que trata de evitar que cada estado apruebe sus propias políticas en materia de migración, lo que acabaría convirtiendo el país en un caos. Con todo, las autoridades están obligadas a buscar una solución al problema de los sin papeles en Arizona, estado que ha llegado a tener unos 400.000 inmigrantes irregulares.