Y ZAPATERO HIZO QUEBRAR AL ESTADO ESPAÑOL: El ICO catalán atrapado por Sanahuja/ La banca congela la concesión de hipotecas
CRISTINA CABALLERO / Madrid
El ICO catalán atrapado por Sanahuja
Se convierte en el tercer acreedor tras la declaración de concurso de la inmobiliariaMuchos lo calificaron de una operación descabellada. Pero los Sanahuja, que ayer protagonizaron la tercera mayor suspensión de pagos de la historia de España tras las de Martinsa y Habitat, consiguieron sorprendentemente en 2007 financiación para descabalgar del control de Metrovacesa, por entonces la primera inmobiliaria europea, a su presidente, Joaquín Rivero. La operación consistía en hacerse con la mayoría del capital de Metrovacesa, de la que ya tenían el 20,29%, para controlar por fin su gestión. Por el primer paquete del 20% ofrecieron 1.590 millones de euros en metálico, y luego volvieron a comprar un 30%.
Los Sanahuja obtuvieron financiación no sólo de los bancos. El Instituto Catalán de Finanzas (ICF), una institución pública de la Generalitat, concedió en 2007 a los Sanahuja 81,3 millones de euros para comprar acciones de la inmobiliaria, según un informe interno de la sociedad patrimonial de los Sanahuja, Sacresa, presentado a los bancos antes de que entrara en concurso. El ICF se define en su página web como «una institución que aporta financiación al sector empresarial catalán», sobre todo a pymes, «para que aporten mejoras sociales».
Un portavoz del ICF evitó comentar el importe del crédito a los Sanahuja, aunque aseguró que el destino de los créditos que concede el Instituto es también «para el crecimiento de las empresas catalanas».
Con esa operación, el ICF se convierte en uno de los principales acreedores de la inmobiliaria tras la presentación del concurso de acreedores en un juzgado de Barcelona. Caixa Catalunya, que les otorgó 25 millones, también figura en los primeros lugares de la lista de acreedores de los Sanahuja. Otros acreedores son el Banco Popular, Santander, BBVA, Banesto, Popular, La Caixa y Caja Madrid, que hace dos años tomaron el control de la inmobiliaria para cobrarse así la deuda de los Sanahuja.
La operación del ICF y otras supuestas irregularidades entran dentro de una querella que un grupo de accionistas de Metrovacesa prevé presentar después de la junta de accionistas de la inmobiliaria, que se celebra hoy en Madrid. Según ellos, bajo la gestión de los Sanahuja se han cometido una serie de operaciones «susceptibles de ser tipificadas como delitos societarios».
El despacho de abogados que representa a estos accionistas se ha dirigido al actual consejo de administración pidiendo información sobre estas operaciones. Sin embargo, los actuales administradores de la inmobiliaria, los bancos acreedores, se la han negado, aduciendo que la solicitud no está dentro de los plazos legalmente establecidos. «Llama la atención que los bancos no hayan emprendido acciones legales contra los Sanahuja con todas las operaciones oscuras que se han hecho en los últimos tres años», explica José Luis Abascal, letrado de los denunciantes.
Entre las irregularidades que denuncian los pequeños accionistas está la compra de la Torre HSBC en Londres a través de una sociedad interpuesta de los Sanahuja. Estos la compraron a un precio, según la denuncia, y luego se la revendieron a Metrovacesa por una cantidad superior.
Además, según los denunciantes, hay una serie de préstamos concedidos a los Sanahuja por Metrovacesa que nunca han sido debidamente investigados. La denuncia incluye asimismo el pago irregular de honorarios millonarios a varios despachos de abogados que no se justifican con los trabajos realizados para la inmobiliaria. Uno de esos despachos, Via Legis, es propiedad de Pablo Usandizaga, quien fue nombrado por los Sanahuja consejero de la inmobiliaria en 2006. Finalmente, los accionistas quieren que se investiguen las indemnizaciones millonarias que se llevaron los anteriores miembros de la gestión de Metrovacesa, entre ellos Jesús García de Ponga, ex consejero delegado, que se embolsó 2,4 millones de euros al dejar la inmobiliaria en 2009.
Los problemas de los Sanahuja crecen. Ayer, su inmobiliaria, que soporta una deuda de 1.740 millones de euros, tuvo que solicitar el concurso de acreedores tras no haber podido alcanzar un acuerdo para refinanciar este pasivo en el plazo de cuatro meses que se fijó para negociar, después de que en marzo reconociera ante el juez su situación de insolvencia.
Otros 1.740 millones de morosidad bancaria
El listado de entidades acreedoras de Sacresa, la sociedad patrimonial de los Sanahuja, está formado por 25 bancos y cajas de ahorros, además de la propia Hacienda Pública y el Instituto Catalán de Finanzas.
El principal acreedor de los Sanahuja es el Royal Bank of Scotland. La entidad británica, en manos del Estado por sus problemas financieros, le prestó 318,1 millones de euros a Sacresa. Y, tras el Royal, el segundo acreedor es el organismo público catalán, con 81,3 millones de deuda pendiente de cobro.
También paga cara su relación con los Sanahuja Bancaja. La entidad valenciana les dejó 78,2 millones de euros, según un documento interno de la propia inmobiliaria al que ha tenido acceso este diario. Y el Banco de Valencia, controlado por la entidad que preside José Luis Olivas, le dio financiación por otros 17,8 millones.
El alemán AAReal Bank tiene pendientes de cobro 73,9 millones, cuantía casi idéntica a la de Caja Mediterráneo.
Pero más allá de la financiación directa, otro problema para la banca son los derivados vinculados a la inmobiliaria. En este aspecto, el riesgo del Banco Popular se dispara hasta los 213 millones de euros y el del BBVA a 191,2 millones, pese a que ambas entidades apenas le prestaron 43,5 y 28 millones de euros a los Sanahuja.
La relación de los acreedores de Sacresa evidencia hasta qué punto determinadas entidades se dedicaron a engordar sus activos en base a préstamos de alto riesgo.
Es el caso de Caja Castilla-La Mancha, que le entregó financiación a la inmobiliaria catalana por un importe próximo a los 42,3 millones de euros.
Algo más de sentido tiene que las cajas catalanas le otorgaran fondos a una sociedad local. Es el caso de La Caixa (69,4 millones), de Caixa Catalunya (62,5 millones, incluidos derivados), Caixa Girona (9,4 millones), Caixa Sabadell (4 millones) o Caixa Manresa (0,3 millones de euros).
Ahora todas estas entidades deberán provisionar el 100% del dinero que le prestaron a los Sanahuja -algunas de ellas han anticipado estos riesgos-, lo que detraerá en idéntica proporción su beneficio. Es decir, de esta caída desaparecerán trimestre a trimestre 1.740,9 millones de euros de las ganancias del sector financiero.
MERCEDES GÓMEZ / Madrid
El patriarca que quiso imponer su ley en el 'ladrillo'
La irrupción de la familia Sanahuja como una de grandes del ladrillo en la época del boom inmobiliario olía, desde el principio, a crónica de una muerte anunciada. Perteneciente a la burguesía catalana, los Sanahuja protagonizaron una de las operaciones corporativas más sonadas del año 1996. Siempre habían aspirado a ampliar su negocio más allá de las fronteras catalanas y encontraron la oportunidad en la Metrovacesa de Joaquín Rivero.
Accionistas de la Metrovacesa, los Sanahuja lanzaron un órdago al empresario gaditano para hacerse con el control y las riendas de la mayor inmobiliaria española y europea de aquel momento. Una vez más, el pez chico quería comerse al grande.
La ofensiva de los Sanahuja, que estaban dispuestos a empeñarse hasta las cejas por hacerse un hueco entre los nuevos señores del ladrillo, desató una de las batallas empresariales más cruenta que se recuerda: un rosario de opas y contraopas para asegurarse el control de una de las sociedades más codiciadas del momento.
La guerra entre ambos empresarios, el patriarca Ramón Sanahuja, y Joaquín Rivero -que entonces presidía la inmobiliaria- se cerró un año después con el reparto de la compañía. El catalán se quedaría con el negocio de la sociedad en España, mientras que Rivero decidía emigrar a Francia con su participada Gecina.
Los Sanahuja se frotaban las manos. Habían culminado su propósito. El 80% de Metrovacesa les había costado nada más y nada menos que 9.000 millones de euros. Pero era una cantidad nimia, teniendo en cuenta que habían alcanzado la presidencia al alzarse como los amos y señores de la mayor inmobiliaria española y europea.
Con lo que no contaba la familia catalana era con la crisis del crédito que se avecinaba ni con el hundimiento del mercado inmobiliario. Grandes operaciones internacionales firmadas de su propio puño tuvieron que cancelarse por su insolvencia para hacer frente a los pagos. Sonada fue la adquisición de la torre del HSBC en la City londinense por 1.600 millones de euros. Y sonada fue la anulación de la compra. Metrovacesa, en clara situación de insolvencia, revendió a su antiguo propietario el flamante edificio con unas minusvalías de 400 millones de euros.
Empezaba así el ocaso de los Sanahuja. La falta de liquidez y el desplome en la venta de viviendas en 2007 comienza a ponerles contra las cuerdas. Llegan los vencimientos de los créditos con los que se hicieron con el control de Metrovacesa y los Sanahuja no pueden afrontarlos. Y como eran las propias acciones de la compañía las que había pignorado para obtener financiación, los bancos acreedores comienzan a ejecutar las acciones. Pasan, en menos de un año, de controlar el 80% del capital a un 12%. La complicada situación como accionista mayoritario obliga a Román Sanahuja a abandonar la presidencia de la compañía que tanto había ansiado.
Ayer fueron cuatro de sus sociedades patrimoniales - Cresa Patrimonial, Sacresa Terrenos Promoción, Sacresa Terrenos 2 y Sanahuja Escofet Inmobiliaria- las que se vieron forzadas a presentar concurso de acreedores. Aunque bastante discretos, los Sanahuja han compartido vicios y aficiones con los empresarios del ladrillo de la época. El clan familiar de Román Sanahuja -dos de sus seis hijos se involucraron en Metrovacesa como consejeros- disfrutaba en sus mejores momentos de dos jet privados que utilizaban, principalmente, para desplazarse a Porto Fino (Italia). Allí tienen amarrado un yate de 46 metros en el que les gustaba tomar el sol los fines de semana. Catalán cerrado, el patriarca de los Sanahuja no se prodigaba en público. Dicen los que le conocen que temía que los medios de comunicación le recordaran el derrumbe de varias viviendas en 1990 construidas por su promotora afectadas por aluminosis. Adiós a otros de los señores del ladrillo.
ESTEBAN URREIZTIETA / Palma
La cúpula del grupo, juzgada por información privilegiada
La cúpula de la promotora Sacresa con su presidente Román Sanahuja al frente será juzgada en pleno por usar información privilegiada para quedarse a mitad de precio el mejor solar público que quedaba en Palma. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ordenó el pasado mes de noviembre el registro de la sede de Sacresa en Barcelona y la Policía Judicial intervino en manos de Sacresa varios borradores de los pliegos del concurso del solar de Can Domenge que le fueron filtrados desde el Consell de Mallorca que presidía Maria Antònia Munar (Unió Mallorquina).
Tras exhibirles el juez Francisco Javier Muñoz las pruebas a los miembros de la familia Sanahuja, éstos decidieron confesar en pleno hace sólo unos meses que dichas bases se las filtró meses antes el entonces vicepresidente de Munar Miquel Nadal. Tanto el patriarca de los Sanahuja como sus hijos reconocieron que empezaron a trabajar en el concurso con más de medio año de antelación y que gracias a eso se acabaron llevando por sólo 30 millones de euros un solar que en el momento de la venta, en 2006, estaba valorado en el doble. Se sentarán en el banquillo tanto los miembros de la familia Sanahuja como el resto de altos cargos de la empresa que también participaron en el amaño del concurso. Entre ellos, el ex director general y ex consejero de CiU Joan Maria Pujals, que también ha declarado en los mismos términos que sus superiores y que reconoció que las bases se las mandó por correo el delfín de Munar. En estos momentos la instrucción del caso Can Domenge afronta su recta final y se encuentra a la espera de que concluya la investigación de unos pagos en Gibraltar efectuados por la promotora por si encubren el pago de comisiones.
IGNACIO ANASAGASTI / Madrid
La banca congela la concesión de hipotecas
un 0,2% en abril, tras tres meses de ligera recuperación
Después de un comienzo de curso vigoroso, con crecimientos interanuales en enero, febrero y marzo por encima del 2%, el mercado hipotecario de viviendas en España experimentó un frenazo en seco en abril. En ese mes, se constituyeron 50.342 hipotecas, lo que representó un crecimiento de un 0,2% respecto al mismo periodo de 2009 y una caída del 5,9% frente a marzo del presente ejercicio, según publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Estos números, antes que nada, evidencian una situación de estancamiento, enmarcada dentro de una tendencia de recuperación «no acusada» del sector hipotecario frente a 2009, en opinión del presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (Apce), José Manuel Galindo.
Hasta abril, el número de hipotecas sobre viviendas suscritas con las entidades financieras se incrementó un 3,3% frente al mismo periodo de 2009. Este aumento, siendo positivo, no significa, ni mucho menos, que la restricción del crédito haya llegado a su fin en nuestro país, ya que el año pasado -fecha sobre la que se hace la comparación- se registraron unas cifras muy pobres, concretamente las segundas peores de la historia.
En todo ese año, se formalizaron más de 653.000 operaciones, lo que se tradujo en un descenso del 21,9% sobre 2008, otro ejercicio dramático que deparó la peor caída histórica (-32,5%). Para Galindo, el estancamiento de abril se verá superado en los siguientes meses con unos crecimientos interanuales superiores, informa Servimedia.
A pesar del incremento del 0,2% en el volumen de operaciones, el capital prestado para la compra de vivienda cayó en abril un 1% frente a 2009, hasta los 5.745,6 millones de euros.
Este contraste podría deberse a dos factores que están marcando la pauta en el sector hipotecario en los últimos tiempos: por un lado se está experimentando un importante ajuste en los precios de los inmuebles y, por otro, los bancos y cajas ya no conceden, salvo contadas excepciones -con las casas que tienen en cartera fruto de embargos- hipotecas con una financiación superior al 80%.
Como consecuencia de la contracción en el capital prestado, el importe medio retrocedió en términos interanuales un 1,1% en abril, hasta los 114.132 euros. Con esta caída, el cómputo acumulado del año se posicionó en el -4%, una cifra que viene a confirmar los dos factores sobre los que está pivotando el mercado hipotecario nacional: el descenso de precios y la menor financiación.
Del total de las hipotecas firmadas en abril -incluye fincas rústicas y urbanas-, un 50,4% fueron concedidas por las cajas de ahorros, a las que le siguieron los bancos, con un 38,4%, y otras entidades financieras, con un 11,2%. Si nos atenemos al capital prestado, la clasificación, en cambio, estuvo liderada por los bancos, que prestaron un 45,3% del total frente al 42,8% de las cajas y el 11,9% de otras entidades.
En abril, el tipo de interés medio de las hipotecas se situó en el 3,92%, lo que supuso un recorte del 16,8% en términos interanuales y un aumento del 0,3% respecto a marzo. Por entidades, los más competitivos fueron los bancos, cuyos préstamos se suscribieron de media a un 3,81% con un plazo de 21 años mientras que las cajas de ahorros alcanzaron un 4,07% a un plazo de 23 años.
En cuanto a la clase de tipos, el 95,4% de las hipotecas que se cerraron en abril tuvieron uno variable frente al 4,6% que contaron con uno fijo. Entre los préstamos variables, el 89,4% de los nuevos contratos quedó referenciado con el Euribor.
De acuerdo con las cifras del INE, en el cuarto mes del año se cancelaron registralmente 31.708 hipotecas sobre viviendas, un 11,3% más que en 2009 y un 12% menos que en marzo.
Por comunidades autónomas, Andalucía, con 8.416 contratos, fue la que más hipotecas suscribió por delante de Cataluña y Madrid, que concedieron 8.051 y 7.351, respectivamente. En términos de capital prestado, por su parte, Madrid copó el primer puesto (1.045 millones), seguida de cerca por Cataluña (1.025 millones) y por Andalucía (875 millones).
FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid
Hacienda se plantea subir los tipos máximos del IRPF
El Gobierno tiene sobre la mesa una subida de los tipos marginales máximos en el IRPF que se haría efectivo a partir de 2011 y que tendría «carácter transitorio». Así se desprende de la entrevista que ayer realizó con Efe el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, en la que afirmó que la puesta en marcha de una mayor carga fiscal para las rentas más altas no tiene que ser necesariamente mediante una nueva figura impositiva, sino que se puede hacer con «impuestos ya existentes». También reconoció que «hay muchas opciones».
De esta forma, el Gobierno imitaría las subidas realizadas por algunas comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, entre ellas Andalucía y Cataluña. En realidad no se trata de subir a quienes más tienen, sino a quienes más declaran, es decir, a las rentas de trabajo prisioneras del IRPF.
En la tarifa actual, el contribuyente que gane más de 60.000 euros, unos 53.000 euros de base imponible (tras las deducciones personales, familiares y cuotas sociales), debe pagar a Hacienda el 43% los ingresos que superen dicha cantidad.
Ocaña manifestó que cualquier ajuste que se haga en materia impositiva apenas supondrá «unas décimas dentro de la presión fiscal» y que se incluirá a partir de los presupuestos de 2011.
El secretario de Estado señaló que en septiembre se conocerá el contenido de esta propuesta. Es decir, que se podría utilizar de moneda de cambio en el debate presupuestario ya que los grupos del Congresos de la izquierda (entre ellos ERC e IU) son los que ya han demandado esta subida. La recaudación dependerá del tipo que se fije (en los años 80 alcanzó el 56%), aunque también es probable que el incremento se aplique a bases superiores a esos 53.000 euros.
El responsable de Hacienda matizó que «se hará con vocación de transitoriedad» para dar respuesta temporal a una situación económica complicada y «para asegurarnos de que los costes del ajuste se reparten de una forma equitativa entre los españoles».
La vicepresidenta Salgado manifestó hace unos meses que una subida de impuestos tendría una recaudación limitada. Según los datos de la liquidación de 2007, en estos tramos hay unos 750.000 contribuyentes (sólo hay 10.356 que declaran ganar más de 600.000 euros al año). En su conjunto, representan el 4% de los 18,7 millones de declarantes, pero aportaron al fisco el 38,06% de la recaudación de este impuesto.
BEGOÑA P. RAMÍREZ / Madrid
El Fogasa pagará sólo durante 6 meses
El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pagará ocho días de las indemnizaciones por despido sólo durante seis meses, y empezará a hacerlo dentro de un año contando a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral, el pasado día 18. Al menos será así según el texto del decreto-ley tal y como lo aprobó el Gobierno y lo convalidó el Congreso.
El Fogasa abonará esa parte de la indemnización únicamente a los contratos firmados desde esa fecha y siempre que hayan tenido una duración mínima de un año. Es decir, no comenzará a pagar hasta junio de 2011 y dejará de hacerlo cuando se ponga en marcha el Fondo de Capitalización (la versión española del modelo austriaco) el 1 de enero de 2012. En total, seis meses y 12 días.
Lo explicaron ayer los abogados Juan Antonio Sagardoy, presidente del bufete que lleva su apellido, y Alfonso Caldevilla, socio de Vialegis Dutilh, así como Teresa Díaz de Terán, responsable de Cepyme. Todos ellos participaron en una jornada sobre la reforma laboral organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y la empresa de recursos humanos Adecco.
Caldevilla calificó el recurso al Fogasa para pagar las indemnizaciones de «pincelada exótica de poca trascendencia», mientras que Sagardoy advirtió de que desarrollar de forma «coherente» el modelo austriaco «sin aumentar las cuotas empresariales» -tal y como establece el propio decreto- sólo podrá hacerse con la «ayuda de la Virgen de Lourdes».
De hecho, todas las intervenciones fueron extremadamente críticas con la reforma laboral, excepto la del director del Gabinete para el Diálogo Social, Alfonso Morón, quien aseguró que las medidas incluidas en el decreto son «sustanciales, prudentes, razonadas, razonables, equilibradas y coherentes». También desautorizó las propuestas de contrato único, abaratamiento del despido, supresión de la tutela judicial y limitación de la eficacia de la negociación colectiva publicitadas por los 100 economistas de Fedea. A juicio de Morón, son un intento de importar a España el modelo estadounidense de relaciones laborales. «La crisis», explicó, «no debe servir de excusa para hacer experimentos con resultados imprevisibles».
Por el contrario, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, reprochó al Gobierno su «falta de miras, ambición, valentía y compromiso» para abordar la reforma. En contraste con las censuras sindicales, destacó que el decreto «encarece el despido». Y aprovechó para rescatar una demanda que se había caído de la Mesa del Diálogo Social: los cinco puntos de más respecto a la UE que, según dijo, pagan los empresarios españoles en concepto de cuotas sociales. Acto seguido, anunció que la patronal se sentará «en los próximos días» con UGT y CCOO para reformar la negociación colectiva.
Minutos antes, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, había desdeñado el decreto como «la reforma del despido» y augurado que «envenenará las relaciones laborales». La responsable de Empleo de CCOO, Paloma López, coincidió en que será una nueva «fuente de conflictividad» en las empresas.
posted by e-pesimo | 05:25
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