EDITORIALES: Una gran chapuza jurídica que debilita a España/ Una respuesta política que ofusca a Cataluña

Una gran chapuza jurídica que debilita a España

CUATRO AÑOS después del recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó contra 126 artículos del Estatuto de Cataluña, el Tribunal Constitucional emitió ayer un fallo en el que considera conformes a la Carta Magna los artículos fundamentales del texto, aunque 14 de ellos han sido declarados inconstitucionales. La sentencia fue posible gracias a un apaño de última hora de María Emilia Casas, empeñada en que el fallo se produjera casi de cualquier manera. La presidenta se avino a la exigencia de Manuel Aragón de dejar claro en la sentencia que tanto la definición de «nación» incluida en el Preámbulo del Estatuto como las referencias a «la realidad nacional catalana carecen de eficacia jurídica interpretativa». Por enrevesado que parezca, la presidenta, autora de la propuesta, votó en contra, pero este punto salió adelante gracias a los votos del citado magistrado, elegido en su día por el Gobierno, y los cinco vocales conservadores que han venido defendiendo la indisoluble unidad de la nación española que consagra la Constitución.

El resultado de esta maniobra a la desesperada de la presidenta del tribunal ejemplifica bastante bien un fallo que, el tiempo lo dirá, tiene mucho de chapuza desde el punto de vista jurídico. Tanto este diario como prestigiosos especialistas en Derecho Constitucional hemos venido sosteniendo que la inconstitucionalidad impregnaba todo el texto estatutario, y no sólo algunos artículos completos. Por citar un ejemplo, entre los artículos declarados inconstitucionales figura el 6.1 que consagraba el catalán como lengua «preferente» de las Administraciones Públicas. De nada servirá retirar el calificativo «preferente» si la sentencia permite mantener la Ley de Normalización que impide a los padres escolarizar a sus hijos en castellano. Como tampoco tiene mucha virtualidad que se anule el «carácter vinculante» de las resoluciones del Consejo de Garantías Estatutarias, si se perpetúa dicho órgano como si sirviera para algo.

De igual modo se mantienen los artículos que consagran la bilateralidad en las relaciones de Cataluña con el Estado. Ello significa que el Tribunal Constitucional ha dado el visto bueno en algunos capítulos a un texto más propio de un Estado confederal, mientras en otros se ha ceñido a la Constitución. Curiosamente, o quizá no tanto, el fallo ha sido especialmente contundente en materia de Justicia. El Poder Judicial paralelo que figuraba en el Estatuto ha sido anulado por el TC en defensa de la unidad jurisdiccional.

El tribunal deja en el limbo de la interpretación jurídica conforme nada menos que 27 preceptos del Estatuto, entre ellos el que se refiere a «los derechos históricos del pueblo catalán, sus instituciones seculares y la tradición jurídica catalana», en los que el Estatuto viene a establecer una especie de soberanía nacional catalana.

En todo caso, la sentencia permite augurar un periodo de elevada conflictividad entre Cataluña y el Estado, en el mejor de los supuestos, es decir, aquel en el que el Gobierno central quisiera hacer uso de sus atribuciones para no permitir interpretaciones soberanistas de un texto al que el TC ha dado el visto bueno. La mayoría del tribunal -puesto que cuatro de sus magistrados han anunciado votos particulares- y en concreto su presidenta, María Emilia Casas, serán a la postre los responsables de esta chapuza jurídica de la que España sale debilitada.

Una respuesta política que ofusca a Cataluña

GOBIERNO, GENERALITAT y partidos políticos catalanes se apresuraron en la tarde de ayer a comentar el fallo del Constitucional sobre el Estatuto con reacciones que no hicieron más que ofuscar a la opinión pública catalana. La vicepresidenta primera festejó el fallo como una victoria de las tesis del Gobierno porque «ratifica prácticamente en su totalidad la validez del Estatuto», pero el Ejecutivo, con su presidente a la cabeza, se había jactado de la plena constitucionalidad del texto aprobado por el Congreso tras el pacto con Artur Mas en La Moncloa y la sentencia declara ilegales catorce artículos del texto, somete a interpretación otros 27 y confirma que el término «nación» utilizado en el preámbulo carece de «eficacia jurídica». Está claro que el Estatuto corregido por el Constitucional no es el mismo que salió del Congreso limpio «como una patena», como dijo Zapatero en su momento. Tampoco se entiende la sensación de satisfacción que traslució el Partido Popular al comentar el fallo. El PP había recurrido el Estatuto porque creía inconstitucionales más de 120 artículos y el Alto Tribunal los ha dejado en poco más de una decena.

Las reacciones más extemporáneas llegaron desde Cataluña. Jordi Pujol habló de la sentencia como «un engaño ético y una humillación colectiva» y el presidente de la Generalitat, José Montilla, mientras decía que el PP «no ha conseguido liquidar el Estatut», llamaba a la movilización «unitaria bajo la senyera» en defensa de Cataluña. La dureza de estos comentarios tiene que ser enmarcada en el tiempo preelectoral que vive Cataluña. Se quiera o no, la sentencia del Constitucional cierra un periodo reivindicativo que ha marcado indefectiblemente la política catalana en los últimos años. Con las elecciones a la vuelta del verano, ni el tripartito que gobierna la Generalitat ni CiU quieren soltar esta bandera porque no pueden plantearse unas elecciones sin recurrir a algún tipo de victimismo; por eso ERC tildó la sentencia de «estocada moral» que provocará un auge del independentismo.

¿Y ahora? Con la sentencia del Constitucional ya conocida, todo parece indicar que el Estatuto seguirá al frente de la batalla política en los próximos meses y, quizá, años. Los líderes políticos quisieron transmitir ayer a la sociedad sensaciones de vencedores y vencidos y de contumacia en la pelea que nos obliga a preguntarnos si ha merecido la pena el desgaste que ha supuesto este proceso para buena parte de la población catalana. La lucha por el Estatuto ha sido utilizada como un anestésico que la clase política catalana ha inoculado en la sociedad con la intención de mantenerla dormida ante su inoperancia para luchar contra la crisis económica o para que olvidara la corrupción -Pretoria, Palau...- instalada en muchos ámbitos de la Administración de esa comunidad autónoma.

Se ha sustituido el Estatuto de 1979, aprobado con un amplio consenso, que permitió las mayores cotas de autogobierno de la historia de Cataluña y fue un instrumento eficaz para la estabilidad política y el desarrollo económico, por una nueva norma que cuenta con un escaso apoyo social y ha sido, es y será motivo de conflicto político. Es evidente de que para este viaje no hacían falta esas alforjas.

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