DELINCUENCIAS ZP, EL INCONSTITUCIONAL ESTATUT: Montilla exige a Zapatero que burle con leyes el fallo del TC
LEONOR MAYOR / Barcelona
Montilla exige a Zapatero que burle con leyes el fallo del TC
Se equivocaron quienes pensaron que las reivindicaciones estatutarias se iban a acabar con la sentencia del Tribunal Constitucional. Nada más lejos de la realidad. El presidente de la Generalitat, José Montilla, se propone convencer al jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de que acepte articular un plan conjunto que permita recuperar los preceptos del texto estatutario eliminados por los magistrados, a través de reformas legislativas.
Es lo que Montilla llama «rehacer el pacto estatutario y reforzar el pacto constitucional». El presidente catalán reiteró esta idea tan inconcreta en innumerables ocasiones ayer durante su comparecencia ante la prensa tras la reunión de su Gobierno para valorar el fallo del Constitucional, y al final reconoció sin ambages que la Generalitat «no renuncia a la integridad del Estatut».
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«Rehacer el pacto estatutario es recuperar lo que el pueblo catalán votó y reforzar el pacto constitucional es una consecuencia de lo anterior, consistente en conseguir una Constitución inclusiva y abierta», intentó aclarar Montilla ante la insistencia de los periodistas.
El president descartó solicitar una reforma de la Carta Magna española para dar cobijo a los artículos anulados, pues es consciente de que una propuesta de esas características difícilmente prosperaría. Tampoco se le ha pasado por la cabeza convocar un nueva consulta para refrendar por segunda vez el Estatut, pues, según dijo, carece de competencias para ello.
El conejo que Montilla guarda en su chistera es mucho menos espectacular. Lo que se propone el presidente catalán es reunirse lo antes posible con Zapatero y llegar a esa reunión armado con un dictamen jurídico, que ya está preparando un grupo de expertos. Ahí vendrá la parte más difícil: convencer al presidente español para que proponga las reformas legislativas necesarias para que los preceptos declarados inconstitucionales se reincorporen al ordenamiento jurídico, esta vez, con plena legitimidad, según ha podido saber este diario.
Un ejemplo claro de esta estrategia es el que se refiere a la creación de un sistema judicial específico para Cataluña. Los jueces han declarado inconstitucional una buena parte del contenido estatutario en esa materia -artículos 95. 5 y 6, 97, 98. 2 y 3, 99.1, 100.1 y 101. 1 y 2- al considerar que no encaja con la Constitución.
Sin embargo, la Generalitat interpreta, a la vista del fallo, que el nuevo orden judicial catalán no tenía cabida en la legalidad vigente porque contradecía lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por tanto, lo que el president propondrá al Ejecutivo central es impulsar una reforma de la citada ley para que el encaje sí sea posible y Cataluña pueda disponer de una justicia propia.
Este mecanismo podría servir también para tratar de recuperar la «exclusividad» competencial del Síndic de Greuges o la capacidad de la Generalitat para regular tributos locales. En cambio, es muy posible que el Govern desista de reclamar el «preferente» en relación a la lengua catalana en la Administración y la escuela, pues la eliminación de ese adjetivo no tiene incidencia en la práctica en su política lingüística, ya que el catalán sigue siendo, tras la sentencia, el idioma de «uso normal» en las instituciones y la «lengua vehicular» en la enseñanza.
Por el mismo motivo, por no incidir en los intereses de la Generalitat, es también probable que Montilla no dé la batalla por recuperar la idea de que las autonomías deben hacer «un esfuerzo fiscal similar», ya que la nueva financiación ya es para Cataluña pájaro en mano, lo que vale mucho más que ciento volando.
Montilla desarrollará este plan en paralelo con otros, todo ellos destinados a «canalizar el rechazo y la indignación» ante la sentencia del Constitucional. El más destacado es la manifestación que se prepara para el sábado 10 de julio por la tarde y que encabezará el propio president «detrás de la senyera y, a buen seguro, muy bien acompañado».
Acompañado como mínimo del resto de los líderes catalanistas, Artur Mas (CiU), Joan Puigcercós (Esquerra) y Joan Herrera (ICV), con quienes Montilla se reunirá este mismo jueves para articular «una reacción unitaria, serena, cívica y democrática» a esta sentencia que, pese a recortar sólo 14 artículos de 223, ha caído como un jarro de agua fría en las filas del nacionalismo catalán.
Ahora, habrá que ver cuál es la reacción del Ejecutivo central -que durante los últimos meses ha recibido presiones de la Generalitat para que cambiase a los miembros del Constitucional con el mandato caducado- ante las nuevas exigencias del president. Montilla reconoció ayer que sus colegas socialistas del resto de España no siempre le han entendido: «A veces no me he encontrado demasiado acompañado por la gente del PSOE. Aunque hay personas que sí me han respaldado», confesó.
A CONTRAPELO
SANTIAGO GONZÁLEZ
Sólo palabras
Vale la declaración preambular de Cataluña como nación, aunque el término nación carece de validez jurídica. O sea, vale, pero no vale. «Las palabras han de estar al servicio de la política y no al revés» (Zapatero, junio de 2005).
Rubalcaba ha realizado una valoración sorprendente: si lo tradujésemos al lenguaje del fútbol, el PP habría perdido por 290 a 1. 290 son, en su opinión, las impugnaciones presentadas por el PP y 1 es el artículo declarado inconstitucional en las cuentas del Gobierno. Ninguna de las dos cifras es cierta. Los populares opusieron 114 enmiendas, no 290. El Estatuto de 2006 consta de un preámbulo, 223 artículos y 15 disposiciones adicionales. Y los declarados inconstitucionales son 14, no 1, amén de otros 29 interpretables. Con la lógica de Rubalcaba podría decirse que el PP, al igual que el TC, considera constitucional la mayor parte del Estatuto: de 239 epígrafes, impugna 114, menos de la mitad.
Si el más listo del Gobierno razona así, no había motivos para grandes esperanzas al oír al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que se explayó ayer en Onda Cero. También dijo que tumbar, tumbar, sólo han tumbado uno. También es mala suerte que el artículo que se han cargado entero sea precisamente el de la Justicia, que él había avalado con conocimientos se supone que profesionales. En los otros 13 han cambiado algunas palabras, qué son apenas un centenar de palabras frente a las 38.000 que tiene el Estatuto, sostiene nuestro hombre.
Han eliminado, por ejemplo, la palabra «preferente» para el catalán. Ya no es la lengua normal y preferente. Pero el TC, al retirar el segundo calificativo, deja obscenamente desnudo al primero. ¿Qué es normal? El castellano, ¿es anormal o subnormal en Cataluña? Trate de decir el ministro «soy partidario de las relaciones sexuales normales» ante el ejecutivo Zerolo, a ver qué pasa.
Vamos a ponerle ejemplos más fáciles: cambiar un sí por un no, donde dije 'digo', digo 'Diego'. Una palabra es un mundo. A veces basta el orden para conferir sentido: hombre pobre y pobre hombre es un ejemplo de mi lejanísimo bachillerato. Otras, basta una coma, y no pensemos en el caso de los números. Se cuenta que Pedro el Grande tenía la misma fórmula para dar el visto bueno a una ejecución que para suspenderla. Bastaba con correr la coma: «Clemencia imposible, ejecución», en el primer caso, y «clemencia, imposible ejecución» en el segundo. Sí, ministro, es sólo una leyenda y en España no está vigente la pena de muerte.
Baltasar Garzón está acusado de prevaricación por haber confundido una letra con otra, según la ciencia jurídica parda del ministro de Justicia. La L.O.G. Penitenciaria dice en su artículo 51.2 que las comunicaciones de los presos con sus defensores «no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo». Donde hay una copulativa, 'y', el juez leyó una disyuntiva, 'o' y ahí empezó todo. Garzón pensaría como Caamaño: total, una letra u otra, qué más da. Los dos deberían saber que la interpretación de la cuestión copulativa viene a ser una jodienda, mayormente.
DANIEL G. SASTRE / Barcelona
El 'Parlament' se suma a la manifestación de Montilla
Ya parece claro que la principal respuesta política desde Cataluña a la sentencia del Estatuto será en forma de manifestación. Se están concretando los términos y las fechas: será el 10 de julio, en el centro de Barcelona y bajo el lema Somos una nación, nosotros decidimos. Después de que el presidente de la Generalitat, José Montilla, anunciara el lunes esa concentración de protesta por el fallo del Tribunal Constitucional (TC), ayer fue el Parlamento catalán quien secundó la manifestación.
El presidente de la Cámara, Ernest Benach, fue el encargado de exponer públicamente el apoyo de la Mesa del Parlament a la marcha, que convocará oficialmente la entidad Òmnium Cultural. Según dijo Benach, la decisión se tomó «por mayoría». Fuentes conocedoras de la reunión explicaron que se mostraron favorables los miembros de las formaciones que sostienen al tripartito y los de CiU; sólo se opuso el representante del PP, Rafael Luna.
En su discurso institucional, Benach sostuvo a grandes rasgos todas las tesis que ya había defendido Montilla el lunes. Con un añadido: el presidente del Parlament insistió en su percepción de que los recortes del TC provocan una «crisis de Estado», porque «se rompe el pacto entre los representantes del pueblo de Cataluña y los representantes del pueblo de España» -los diputados que aprobaron el Estatuto- y porque un referéndum avaló el texto. «Por tanto, se está ignorando la voluntad de la ciudadanía catalana», afirmó.
Para Benach es esencial que la respuesta de los partidos catalanes a los recortes se sostenga en la unidad. Cualquier oposición a la sentencia, dijo, pasa por sumar el mayor número de «fuerzas» posible, y recordó que el Estatuto aprobado el 30 de septiembre de 2005 -que luego fue recortado en La Moncloa mediante el pacto entre el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de CiU, Artur Mas- tuvo el respaldo del 90% de los diputados de la Cámara catalana. «Aquello nos hacía fuertes», aseguró.
«Si aceptamos con resignación que tanto el pacto político entre el Parlament y las Cortes como el referéndum sobre el Estatuto queden en falso estaremos traicionando nuestra condición de representantes del pueblo de Cataluña», sentenció Benach. En su opinión, los magistrados del Constitucional han dado «un golpe que desacredita el propio sistema institucional del Estado español».
En un tono más épico, el presidente de la Cámara -diputado por ERC- echó en cara al TC que «restrinja el derecho a decidir» de los catalanes: «Ningún Estado es libre si no acepta la libertad de los pueblos que lo componen. El pueblo exige respeto a su voluntad de autogobierno y a su condición de nación».
Además de la manifestación, Montilla explicó el lunes que reuniría con urgencia a «expertos juristas» para estudiar el fallo y sus efectos sobre el desarrollo del Estatut. Ayer se celebró la primera reunión de ese grupo, compuesto por dirigentes políticos del tripartito y CiU y otros letrados independientes.
A FONDO
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
Desactivación parcial
Un reloj consta de muchas piezas, pero, si carece de pila, no funciona. Por ello, analizar el fallo del Tribunal Constitucional sobre la base del número de artículos declarados inconstitucionales, como han hecho el Gobierno y el PSOE, es un error. Más que un error, es una forma de utilizar la sentencia contra el PP. No olvidemos que en este asunto la lectura política pesa tanto o más que la lectura puramente jurídica.
El ciudadano debe quedarse, en principio, con la idea de que Gobierno y PP han dado una valoración positiva a la sentencia, lo cual ya es mucho teniendo en cuenta que hablamos de un contencioso tan sensible como Cataluña y su margen de autogobierno.
El debate de fondo está en determinar si el Constitucional ha desactivado el soberanismo que contenía el Estatuto o lo ha dejado intacto, limitándose a retoques cosméticos. Es decir, si le ha quitado la pila al reloj de la independencia.
Para determinarlo con exactitud habrá que esperar a conocer la sentencia y los votos particulares. Pero, con todo, ya se pueden apuntar algunas cosas.
Es importante que se haya desactivado jurídicamente el término nación porque es de ahí de donde emana la soberanía.
Sin embargo, el TC ha podado algunos aspectos del Estatuto, quizás menos vistosos, pero de mayor relevancia práctica.
Por ejemplo, ha mutilado en gran parte todo lo referente a la financiación, no sólo por la eliminación del párrafo que condicionaba la participación de Cataluña en la nivelación de otras autonomías, sino porque elimina una disposición adicional que obligaba al Estado a fijar la inversión en infraestructuras en función del PIB catalán. Además, recorta las disposiciones sobre cesiones de IRPF, impuestos especiales y el IVA. Claramente, al Estatuto se le ha privado de la energía de la financiación, que era uno de sus pilares esenciales.
En cuanto a las competencias compartidas, el Constitucional ha eliminado el párrafo clave del artículo 111 que circunscribía los límites legislativos del Estado frente a la Generalitat a las normas con rango de ley. A partir de ahora, los decretos también serán de aplicación en Cataluña, lo que hubiera evitado, por ejemplo, la supresión de la tercera hora de castellano en la ley de educación. Esta desactivación tiene también enormes consecuencias en asuntos como legislación sobre cajas de ahorros, la regulación de la función pública, la organización administrativa, el medio ambiente, etc.
En cuanto a la lengua, es relevante la eliminación del término «preferente» en el uso del catalán en la administración. Pero es igualmente importante la reinterpretación del párrafo 1 del artículo 35, que es el que establece el catalán como lengua vehicular en la enseñanza.
También se han reconducido preceptos relativos a la bilateralidad y se ha privado a los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de su carácter vinculante.
¿Está totalmente desconectada la pila soberanista del Estatuto? Probablemente, no. Pero la exigencia de Montilla a Zapatero de que compense con nuevas leyes los recortes acordados por el TC demuestra que el Estatuto ha resultado seriamente desactivado.
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid
Rajoy pasa página y dice que la sentencia «mejora» el Estatuto
Faltaban pocos minutos para que terminara la reunión del Patronato de Faes cuando empezaron a repicar decenas de mensajes de móvil. Desde Mariano Rajoy hasta José María Aznar, pasando por María Dolores de Cospedal y Ángel Acebes, Javier Arenas y Eduardo Zaplana, Esperanza Aguirre y Jaime Mayor... Todos -el nuevo y el viejo PP nacidos del Congreso de Valencia- estaban reunidos en la tarde del lunes, cuando el Tribunal Constitucional alumbró su sentencia.
Ninguno, como era de esperar, cantó victoria porque el Alto Tribunal salvara parte del recurso. Pero la reacción de unos y otros fue bien distinta. Entre la vieja dirección, abierta preocupación por las consecuencias de la sentencia para el modelo de Estado autonómico. Entre la actual, un pragmático alivio que se resumía en corrillos con una frase: Podía haber sido mucho peor. O en palabras atribuidas al propio Rajoy: No es una buena sentencia, pero es la que hay.
Para Aznar, éste vendría a ser un momento histórico para volver al discurso político para reivindicar la batalla del PP por la «nación» española. Más de uno vaticinó en ese momento que el ex presidente del Gobierno aprovechará para ello la apertura del campus de verano de Faes de este próximo viernes.
Para Rajoy, al contrario, éste es el momento de pasar página a una batalla de la que no cabe renegar pero sí superar, para afrontar con eficacia electoral los muy próximos comicios en Cataluña, volviendo a centrar el debate en la crisis económica, el paro y la inmigración.
Y así lo hizo ayer el presidente del PP, al lanzar el más escueto mensaje que cabía presumir en quien, durante la pasada legislatura sacó a la calle a cientos de miles de personas en contra de la llamada «reforma encubierta de la Constitución».
Rajoy repitió hasta la literalidad el doble mensaje lanzado la víspera por Alicia Sánchez Camacho en Cataluña y Soraya Sáenz de Santamaría en Madrid. En primer lugar, reivindicó el fallo, pero sustituyendo el énfasis propio del patriotismo constitucional por la atonía de la mera eficacia constitucional: «El Tribunal cumplió la función que le marca la Constitución, adoptó su decisión con independencia, estimó parcialmente el recurso al Estatuto de Autonomía y mejoró aspectos muy importantes del mismo», dijo.
En segundo lugar, hizo un llamamiento a los partidos a pasar página como él, sin entrar en polémicas con José Montilla o María Teresa Fernández de la Vega: «Queríamos un Estatuto adecuado y adaptado a las reglas de juego y a la Constitución, que es de todos. Todos podemos estar más o menos de acuerdo con la decisión, pero nosotros la acatamos y pedimos a los demás que lo hagan; pedimos serenidad porque no es momento de excesos».
Más aún, y en tercer lugar, ante una amplia representación de inversores estadounidenses en España, Rajoy lanzó un mensaje de credibilidad - «En España las instituciones funcionan, aunque a veces , y eso habrá que corregirlo en el futuro, con retraso»-, y de futuro: «Ahora lo que toca es mirar al futuro, hacerlo con ánimo de concordia, ocuparnos de los problemas que tienen los españoles, que son muchos, y recuperar los grandes consensos de la Transición que se han plasmado en la Constitución y que nunca se debieron haber perdido».
Todo estaba medido en la posición política de Rajoy ante el que a partir de ahora será su Estatut. Todo, menos que el PP de Valencia se lanzara por libre a reabrir el melón de su propio Estatuto. En Génova el malestar sucedió a la sorpresa, y en el resto del PP, la noticia se apuntó al «epitafio político» de Camps.
MANUEL SÁNCHEZ / Madrid
El PSOE discrepa de Montilla y defiende la decisión del TC
El PSOE está más que satisfecho con el fallo del TC sobre el Estatuto de Cataluña y empieza a cuestionar la salida de tono del presidente de la Generalitat, José Montilla, en cuanto a la respuesta política a la decisión del más alto tribunal.
El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, compareció ante los medios para defender que es una «sentencia razonable, justa y positiva» y que, en su opinión, supone «toda una bofetada del Constitucional al PP». En su papel de mediador, Alonso no entró a ninguna pregunta sobre la actitud de Montilla, y dijo que le bastaba con que hubiera dicho que acataba la sentencia y que se mantenga el respeto a las instituciones.
Sin embargo, otros dirigentes del PSOE no fueron tan benévolos con el presidente de la Generalitat.
Así, el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, afirmó que el fallo es «bastante sensato». Por ello consideró «un poco extraño» que Montilla, diga que «se salva el 95%» del Estatuto catalán, al tiempo que llama a los ciudadanos a que se manifiesten. «No entiendo nada. Seguramente, están obligados ahora a hacer ruido pero, naturalmente, tendrán que acatar (la sentencia) y no pasará nada, como ocurre en un Estado de Derecho. Lo demás es ruido, que puedo entender, pero que no tiene ninguna trascendencia».
Guerra destacó que los artículos en cuestión «tienen una importancia cierta». Así, el fallo aclara definitivamente «que el término nación sólo se entiende como nacionalidad, suprime el Consejo de Justicia de Cataluña, cosa que habíamos advertido reiteradamente algunas personas, y sitúa en el justo término en que la Constitución lo permite conceptos como lengua o financiación».
Por su parte, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer no estar de acuerdo con algunas cosas que dice Montilla acerca de la sentencia emitida por el TC, aunque dejó claro que respeta su derecho a luchar por lo que reivindica. «Uno puede acatar la sentencia y decir que no le gusta y manifestarse y pelear, eso es parte del ejercicio de una democracia libre».
En el PSOE hay preocupación por la deriva del PSC, al que sólo disculpa por la inmediatez electoral.
posted by e-pesimo | 06:14
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