DELINCUENCIAS ZP, caso "escuchas ilegales": el operativo policial de escuchas a Barberá descubierto junto a su sede trabajaba sin autorización judicia
MARIANO GASPARET / Valencia
El PP valenciano no se fía de nadie
El PP valenciano se aferra a la sospecha de que el operativo policial de escuchas descubierto el jueves por escoltas de Rita Barberá junto a su sede trabajaba sin autorización judicial, lo que le permitiría, al cabo, dar sentido a su denuncia por un supuesto caso de espionaje y, de paso, propalar la idea de que al Ministerio del Interior no le duelen prendas en rebasar las garantías del Estado de Derecho en la consecución de sus fines; que es lo que rezuma, a su entender, el caso Gürtel.
Si no, no se entiende la perseverancia del partido en intentar reflotar una denuncia por un supuesto caso de escuchas ilegales que el lunes mereció carpetazo judicial, al concluir la juez de turno que los policías descubiertos «prestaban un servicio que nada tenía que ver con el PP ni con sus dirigentes» y que «no existe ni tipicidad ni reprochabilidad penal» en su conducta, según párrafos del auto leídos ayer ante los medios por el delegado del Gobierno en la Comunidad, Ricardo Peralta.
Tal como sucedió con las explicaciones ofrecidas por los agentes, o este sábado con el comunicado emitido por la Delegación del Gobierno, el PP desconfió ayer de las razones argüidas por la juez y anunció un recurso contra el archivo porque el partido «se siente espiado», dijo el secretario general de la formación, Antonio Clemente: «El PP quiere conocer los motivos y razones por los que los agentes establecieron este dispositivo frente a la sede y si contaban con autorización judicial, ya que, de no ser así, el Ministerio de Interior estaría vulnerando la ley».
Más aún, los populares acusan a Rubalcaba de «cercar» su sede y de «haber dado instrucciones para realizar grabaciones». La dirección del PP valenciano se siente ahora impelida, además, a mantener la tesis del «espionaje policial» porque ha implicado indirectamente a María Dolores de Cospedal en una denuncia prescindible -archivada-, que sólo pone de manifiesto las pésimas relaciones entre las distintas administraciones del Estado en la Comunidad Valenciana. Al respecto, Peralta aseguró que intentó ponerse en contacto con Rita Barberá el pasado sábado para deshacer el entuerto... y no lo logró.
El vehículo camuflado de la Policía Nacional fue localizado por un policía local en el Jardín Botánico, cerca de la sede del PP, cuando allí se proyectaba un documental que narra el viaje a Palestina de un grupo de músicos valencianos. La productora responsable de la película anunció ayer medidas legales si el Ministerio del Interior no les aclara el porqué de la vigilancia a la que fue sometida su emisión, según informa Efe.
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid
El PP busca una última vía para investigar a Bono
El PP no se rinde en su acoso político a José Bono, pese a que ayer la mayoría de los grupos parlamentarios dieron un primer carpetazo a su pretensión de investigar el patrimonio del presidente del Congreso.
A los pocos minutos de conocer que la Comisión del Estatuto del Diputado se declaraba incompetente para actuar de oficio en dicha investigación, en virtud del informe efectuado al efecto por los letrados de la Cámara, los populares invocaron una disposición parlamentaria de 29 de mayo de 1990, aprobada por entonces a iniciativa del CDS y bajo presidencia del socialista Félix Pons.
El acuerdo faculta a la propia Comisión del Estatuto del Diputado a «investigar los asuntos de interés público relacionados con el tráfico de influencias» cuando lo solicita, a petición de parte, cualquier grupo parlamentario o el propio diputado afectado.
Eso sí, el acuerdo limita el objeto de la investigación a las «actuaciones o comportamientos en los que los diputados pudieran incurrir en el ejercicio de responsabilidad política, y que puedan representar uso interesado o indebido de su condición».
En otras palabras, que de prosperar el escrito sobre el que ya trabaja la asesoría del Grupo Popular, la Comisión sólo podría investigar hechos que tuvieran que ver con su actuación desde que es diputado, y no desde que fue presidente de la Junta de Castilla-La Mancha.
Una circunstancia que, según fuentes populares, no impediría someter a investigación la reciente compra de inmuebles por parte del presidente de la Cámara y, sobre todo, el contraste entre la declaración de bienes registrada en el Congreso y el presunto incremento patrimonial del que han dado cuenta algunos medios de comunicación. Se trata, según aseguran en el equipo de dirección del grupo, de «preservar el buen nombre de la Cámara».
No obstante, fuentes solventes del partido aseguraron a este diario que, con la apertura de esta nueva vía parlamentaria para la investigación de Bono, el grupo hacía ayer de la necesidad, virtud. Y es que la decisión de la Comisión del Estatuto de Diputados de no investigar a Bono no contó con la oposición del Grupo Popular sino con la mera abstención. Una posición demasiado confusa y decepcionante, a ojos de Génova, desde donde se aseguraba que el voto obedeció a que el propio Bono había convencido» a sus diputados.
Quien sí se reunió ayer con Bono, antes de la reunión de la Comisión del Estatuto del Diputado, fue su presidente, el socialista Francesc Vallès. Tras recibir de su mano la declaración de bienes y tener lugar la votación, Vallés declaró que «todos los hechos que se imputan a Bono son falsos». Además, descartó por completo la vía emprendida por los populares porque equivaldría a «judicializar» la política y «alargar una sospecha sobre un tema que no tiene mayor interés», según informa Servimedia.
M. S. / Madrid
No se regulará el uso de los Falcon
No se regulará la utilización de aviones militares en caso de usos exclusivamente particulares o partidistas por miembros del Gobierno y de altos cargos de la Administración del Estado, como ayer intentó el Grupo Popular con una Proposición no de Ley en el Pleno del Congreso.
La propuesta obtuvo, finalmente, 177 votos en contra y sólo 162 a favor, y el debate estuvo permanentemente salpicado de acusaciones mutuas entre los dos grandes partidos por la utilización de estos aviones.
El PP llevó esta propuesta al pleno tras conocer el último informe del Tribunal de Cuentas, que pedía un régimen jurídico «completo» sobre el empleo de esta clase de aviones.
El veterano diputado popular Ramón Aguirre denunció que la utilización que dio el presidente José Luis Rodríguez Zapatero al Falcon en la campaña electoral europea de 2009 resulta «un flagrante incumplimiento de la ley electoral». Aguirre indicó que usar aviones militares para acudir a actos electorales conllevaría, además, «una sanción política», ya que «en estos tiempos de austeridad la actuación del Gobierno en la campaña europea es un ejemplo flagrante de despilfarro», dijo. Pero si Ramón Aguirre estuvo sólido y duro, otro veterano diputado socialista, como Jesús Cuadrado, no se quedó atrás. Desde la boda de la hija de Aznar hasta el caso Gürtel aparecieron en su intervención para denuncia la doble vara de medir del PP.
Cuadrado, además, recordó que el el líder del PP, Mariano Rajoy, usó «94 veces en 94 días distintos» un avión similar cuando formaba parte del Gobierno, o los «940 vuelos del Estado» del propio Aznar cuando era presidente.
Jesús Cuadrado preguntó al PP si fue «irregular, ilegal, nepotismo o una gorronería» este tipo de uso de aviones militares.
El resto de grupos parlamentarios no entró en profundidad en el debate. El diputado Aitor Esteban, del PNV, propuso que, si se procede a regular el uso de aviones Falcon, también se incluya a la Casa Real o a los propios militares. CiU, por medio de Jordi Xuclá, abogó por discutir la cuestión en el seno de la subcomisión parlamentaria para la reforma electoral.
Al final, el tema seguirá sin estar regulado de forma clara, lo que a buen seguro seguirá provocando polémica en los próximos comicios autonómicos.
G. G. / Barcelona
Adjudicatarias de CiU hicieron donaciones a una fundación afín
Tres empresas constructoras adjudicatarias del último Gobierno de CiU en Cataluña realizaron después donaciones a la Fundación Catalanista i Demòcrata Trias Fargas, muy vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya, según explicó ayer el diputado autonómico del PSC Jordi Terrades en la comisión parlamentaria de investigación que trata las supuestas irregularidades en el caso del Palau de la Música y la supuesta financiación de partidos políticos.
Las empresas Natur System, Copisa y Rehac consiguieron la adjudicación de casi el 30% de la empresa pública Adigsa durante el último Govern de Jordi Pujol.
El gerente de Natur System, Roger Valsells, explicó que eran «los pintores» del Palau ya que se habían dedicado a esta actividad desde los años 70. Además, reconocieron que en 2005 entregaron 20.000 euros a la Fundación Trias Fargas, aunque desvincularon el donativo del hecho de que trabajase para esa sociedad Daniel Osàcar, que fue secretario de Finanzas de CDC y colaborador del actual líder de los nacionalistas, Artur Mas.
Pese a esto, Valsells recordó que Osàcar trabajó con ellos hasta el año 2000, cuando se jubiló, aunque después estuvo como apoderado en la empresa hasta 2006.
posted by e-pesimo | 06:09
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