11-M : Acoso y persecución a los investigadores de la trama del 11-M
EL MUNDO / Madrid
El periodista que destapó al topo del 11-M, juzgado a puerta cerrada
La juez de Madrid Carmen Viñanas impidió ayer el acceso de los medios de comunicación al juicio contra el subdirector de EL MUNDO Antonio Rubio por revelación de secretos. Su delito habría sido, según la Fiscalía, destapar la existencia de un topo de la Policía que estuvo infiltrado en la célula islamista que acabó cometiendo la matanza del 11-M, el confidente Cartagena, y que su nombre real es Abdelkader Farssaoui.
La decisión de celebrar la vista a puerta cerrada es insólita en procedimientos que afectan a las libertades de información y de expresión y provocó un escrito de protesta que firmaron todos los periodistas que cubrían la noticia. Entre ellos, los representantes de las agencias Efe y Europa Press.
La juez evitó informar a las partes, en contra de lo que le impone la ley, que además exige que, en los casos excepcionales y por causas estrictamente tasadas en que se suprima la audiencia pública, se dicte antes un auto motivado, lo que tampoco se produjo ayer. Sigue en página 10
Sólo cuando el juicio ya había comenzado, los periodistas y el resto de personas que deseaban asistir a la vista fueron informados por un oficial del Juzgado de lo Penal número 5 de que la juez sustituta Carmen Viñanas había decidido celebrarla a puerta cerrada «por razones de orden público» que no especificó.
Al final del día, la juez rechazó aclarar su decisión a los periodistas. Su único argumento fue que se juzgaba un delito de revelación de secretos, aunque no hay ninguna previsión legal que justifique que, en esos casos, pueda excepcionarse la garantía que para el acusado representa su derecho fundamental a un proceso público, recogido en el artículo 24 de la Constitución. Además, la Audiencia Nacional retiró en 2008 al confidente Cartagena su condición de testigo protegido, precisamente por usarla de manera indebida, por lo que ninguno de los datos que afectan a su identidad, a su localización o a su imagen se encuentran ya acogidos por razones de seguridad.
Según explicaron fuentes de la defensa del periodista, la Fiscalía rebajó su reclamación inicial de tres años de cárcel y otros tantos de inhabilitación profesional por otra más liviana de 5.400 euros de multa, pero que sigue incluyendo la pena accesoria de 15 meses de inhabilitación, durante los cuales el subdirector de EL MUNDO no podría ejercer la profesión periodística.
La acusación particular que representa a Abdelkader Farssaoui -Cartagena- sí mantuvo los tres años de cárcel. En cambio, retiró su pretensión de recibir una indemnización de 512.738 euros por «graves secuelas psíquicas», lo que indicaría que, probablemente, tenga intención de plantear por separado una acción civil.
La fiscal fundamenta su acusación, primero, en la difusión de las notas informativas elaboradas por la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) de la Policía en las que se detallan todos los datos y precisiones que Cartagena fue aportando durante su infiltración en la célula islamista. Entre ellos, sus planes para atentar en España. La representante del Ministerio Público sostiene que esos documentos sólo pudieron obtenerse de los archivos policiales secretos, aunque durante el juicio pudo verse un vídeo de la vista del 11-M, en la que el controlador del confidente -el inspector Guillermo Moreno- reconoció que habían entregado esas fichas en el sumario de la operación Nova del Juzgado Central de Instrucción número 5, por lo que perderían ese carácter reservado. Además, otro inspector de la UCIE afirmó que las condiciones de seguridad en esa sede policial eran tales que «hasta la señora de la limpieza» podía haberse hecho con esos papeles.
El segundo pilar que sustenta la acusación pública es la difusión de la fotografía de Abdelkader Farssaoui. Durante el juicio, el periodista sirio Mazen Yaghi, amigo íntimo de Cartagena que sirvió de enlace entre el confidente y Antonio Rubio, admitió que él mismo le informó de que su imagen iba a publicarse, sin que el colaborador policial le hiciese ninguna objeción.
La relación de Yaghi con Cartagena es tan estrecha que hasta ha comido a solas con su mujer, sus hijos y su madre, según relató el mismo, circunstancia excepcional para los musulmanes que sólo se consiente si la amistad es cercana a la fraternidad.
Pues bien: ese periodista sirio confirmó ayer que Cartagena exigió en fechas previas a la presentación de la querella una importante suma al subdirector de EL MUNDO a cambio de la información que le había facilitado, y que llegó a chantajear a Rubio, aunque lo intentó justificar en la mala situación económica por la que estaría pasando en 2007 el colaborador policial. Él mismo, aseguró, tuvo que prestarle dinero.
Yaghi contó, asimismo, cómo Cartagena contactó con Antonio Rubio a través de él para pedirle que le ayudase a denunciar que la Policía le estaba presionando para que no contase todo lo que sabía sobre el 11-M y, fundamentalmente, que con sus informaciones pudo haberse evitado la matanza de los trenes de Madrid.
El propio confidente reconoció que había utilizado su nombre auténtico -incluso después de haber puesto la querella- para pedir asistencia en un centro médico, o en una denuncia por coacciones que puso en la Audiencia Nacional en diciembre de 2006, y que también facilitó a Rubio. Por ese uso imprudente de su condición de testigo protegido, el tribunal se la retiró en 2008.
La defensa aportó, asimismo, la declaración del confidente ante Garzón por la operación Nova y el contraste entre las notas de la UCIE que contenían la información real que había dado Cartagena sobre los implicados en el 11-M y los documentos que la Policía había entregado inicialmente al juez, mucho más difusos y abstractos. Con todo ello, se puso de manifiesto la estrategia policial de declarar testigo protegido a Abdelkader Farssaoui para evitar que el juez del 11-M, Juan del Olmo, conociese su existencia.
Esa operación de ocultamiento quedó truncada cuando Cartagena contactó con Rubio y le contó lo que estaba pasando: el periodista, a la vista de las declaraciones del confidente en los juzgados, realizó un trabajo de investigación periodística para hacerse con las notas informativas y descubrió al topo del 11-M.
MANUEL MARRACO / Madrid
El Consejo elige a Pablo Ruz para sustituir a Garzón
Otegi, Usabiaga, los tres imputados del caso Faisán, la veintena de Pretoria y la multitud de afectados por Forum Filatélico... todos ellos deberán ahora estar pendientes de las decisiones de Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, de 34 años, ayer juez de Collado-Villalba y dentro de unos días responsable del juzgado más delicado de la Audiencia Nacional.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por unanimidad seguir la recomendación de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional y designar a Ruz para sustituir a Baltasar Garzón mientras éste siga suspendido de funciones.
Fuentes de la Audiencia Nacional indicaron ayer que su intención es que Ruz se incorpore cuanto antes al Juzgado Central de Instrucción número 5, del que hasta ahora se ha hecho cargo Santiago Pedraz. Es probable que ya esté en la sede judicial para iniciar la guardia que le correspondería a partir de la semana del 5 de julio.
Ruz, licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, ocupa actualmente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Collado-Villalba (Madrid). Anteriormente había ejercido en Navalcarnero (Madrid) y, durante dos años, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao.
En abril de 2008 se incorporó en comisión de servicio para sustituir al juez Juan del Olmo, puesto en el que estuvo durante un año. Ésa es la experiencia que esta semana le ha valido para ser el candidato de la Audiencia y el elegido del Consejo.
Durante el tiempo que ocupó el Juzgado Central de Instrucción número 6, Ruz abrió la investigación contra José Ignacio de Juana Chaos por enaltecimiento del terrorismo y rechazó la petición de volver a investigar los explosivos del 11-M.
Un año y dos meses después de abandonar la Audiencia Nacional, Ruz regresa para ocupar otro despacho equivalente una planta más arriba. A tenor del reciente informe del Servicio de Inspección del CGPJ, Ruz se encontrará con un juzgado en buena situación en el aspecto cuantitativo. En lo cualitativo, tendrá encima de la mesa, por ejemplo, la reciente petición de que urja a Francia a responder a la comisión rogatoria sobre el caso Faisán, que podría contener nuevos datos relevantes para la investigación. Después deberá decidir si practica nuevas diligencias, archiva la causa, como pide el fiscal, o procesa y sienta en el banquillo a los policías imputados.
posted by e-pesimo | 06:13
Links to this post:
Crear un enlace
Home