JUEZ SOCIALISTA EN 3 BANQUILLOS: Garzón huye a La Haya para no ser suspendido como juez

MANUEL MARRACO / Madrid

Garzón huye a La Haya para no ser suspendido como juez

Su amigo Ocampo, fiscal del Tribunal Penal Internacional, le contrata 7 meses de consultor / Si el CGPJ lo autoriza, podría evitar ser apartado de la Audiencia cuando Varela abra juicio

Baltasar Garzón presentó ayer una oferta de trabajo temporal en La Haya para intentar eludir su suspensión cautelar como juez en España. El magistrado de la Audiencia Nacional ha reclamado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que autorice su traslado al Tribunal Penal Internacional como «consultor externo» en la oficina del fiscal jefe, su amigo Luis Moreno Ocampo.

Ese nuevo puesto supondría que Garzón dejaría de ejercer como magistrado, lo que a su vez podría dejar sin sentido la suspensión cautelar de funciones derivada de la decisión de sentarle en el banquillo por la investigación sobre el franquismo.Sigue en página 4

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La maniobra in extremis, que sucede a la fracasada recusación de Varela, no garantiza que el magistrado consiga eludir la suspensión. Fuentes del Consejo mantienen dudas sobre los requisitos y plazos para conceder la situación de «servicios especiales» que reclama, e incluso sobre si su concesión impide realmente una suspensión cautelar.

Sobre este último aspecto, esas fuentes subrayan que esa suspensión se produce sobre la condición de juez, que Garzón mantendría pese a no ejercer sus funciones.

Fuentes de la Audiencia Nacional explicaron ayer que el magistrado recibió el pasado día 6 de mayo una carta del fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, en la que le invitaba a «asistir» a la oficina que dirige con el objetivo de colaborar «en el desarrollo en nuevas técnicas de investigación», aprovechando su «larga experiencia» en la persecución de crímenes masivos.

El destino inicial de Garzón sería La Haya, aunque con probables desplazamientos a los lugares donde el Tribunal Penal Internacional tiene causas abiertas por crímenes contra la Humanidad, como el Congo, Uganda y Colombia.

El contrato de Garzón sería en concepto de «consultor externo» de la oficina del fiscal y por un periodo «inicial» de siete meses.

La Comisión Permanente del CGPJ tiene previsto tratar en su reunión ordinaria de hoy la petición del magistrado. Sobre las posibilidades de su concesión, fuentes del Consejo mostraron sus dudas sobre el hecho de que la plaza que reclama -«consultor externo», y no fiscal o magistrado-, sea una de las que dan lugar a la situación de servicios especiales, que comporta diversas ventajas. Además de seguir computando la antigüedad en la carrera judicial, Garzón tendría reservada su plaza de titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia. A diferencia de lo sucedido en los 15 meses que estuvo de permiso en Nueva York, esta vez el Estado no le seguiría pagando el sueldo. Fuentes citadas por Europa Press indican que Garzón ganaría en La Haya unos 3.000 euros netos más al mes que en la Audiencia Nacional.

El Consejo estudiará si ese puesto encaja en lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que indica que «los jueces y magistrados serán declarados en la situación de servicios especiales [...] cuando sean autorizados por el Consejo General del Poder Judicial para realizar una misión internacional [...] en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional».

La norma establece dos requisitos. El primero, que esas nuevas funciones se vayan a ejercer «por periodo determinado, superior a seis meses», una condición que Garzón cumple. Fuentes de la Audiencia indicaron que ese periodo es «inicial», lo que permite pensar que podría prorrogarse si las circunstancias de Garzón como acusado o imputado así lo aconsejan.

El segundo es que se deberá contar con la «previa declaración de interés» del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es decir, que el magistrado necesitará el visto bueno del Gobierno para acceder al puesto. Este último requisito arroja dudas sobre si el procedimiento para la concesión de servicios especiales podría concluirse antes de que se produzca la suspensión.

Contando con una fulgurante respuesta positiva del Gobierno, la próxima semana la Comisión Permanente podría conceder la solicitud, antes de la reunión del Pleno del jueves 19, posible fecha de suspensión de Garzón en el caso de que el magistrado del Supremo Luciano Varela ya haya ordenado una apertura de juicio oral que parece inminente.

Por el momento, la petición de Garzón ha llegado al Consejo con el informe favorable del presidente de la Audiencia Nacional. El todavía juez en activo comunicó ayer a Ángel Juanes su deseo de abandonar temporalmente la sede judicial. El magistrado encontraría así refugio como ayudante de un cargo, el de fiscal jefe del TPI, al que siempre había aspirado sin éxito.

Al margen de la repercusión que acabe teniendo en su suspensión temporal, la maniobra del magistrado no frena en modo alguno la marcha de las tres causas en las que el Tribunal Supremo le tiene imputado: las vinculadas a la memoria histórica, los pagos del Santander y las escuchas ilegales de Gürtel.

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Manuel Marraco sobre la petición de Garzón.

A CONTRAPELO

SANTIAGO GONZÁLEZ

Se guarece

El fiscal del Tribunal de La Haya, Luis Moreno Ocampo, ha ofrecido a Baltasar Garzón una plaza de consultor en la Corte Penal Internacional que el juez se ha apresurado a aceptar. Es de suponer que vamos a asistir a una formalización del fichaje rapidísima. Tiene que estar nombrado antes de una semana con el fin de abortar la suspensión de funciones que el CGPJ iba a acordar contra él después de que el juez Varela abra la vista oral de la primera de las tres causas que le aguardan. Garzón dejará ese día el servicio activo para estar en situación de servicios especiales. Como es obvio, no tiene sentido suspender a nadie en unas funciones que no ejerce.

El contratador tenía una obligación moral. El segundo de los procesos que aguardan a Garzón le vino de su mano en cierto modo. Fue Moreno Ocampo quien le habló de organizar un curso en la Universidad de NY y le presentó a James D. Fernández. No le dio ninguna pista sobre Botín, es cierto, pero, ¿cómo no sentirse responsable del infortunio de un amigo? Ah, si yo no le hubiese dicho aquel día en Londres…

«El mundo necesita jueces como Garzón, que se enfrenten al poder», declaró solemnemente Luis Moreno hace seis meses. Tal vez sea ésta una caracterización del superjuez que extrañe un poco a quienes han seguido su carrera y les haya chocado que el titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional se haya dado tanta prisa para instruir el caso Gürtel y tan poca para el caso Faisán.

Eso es porque no se han fijado bien en que, en nuestro país, el poder de verdad, la responsabilidad de gobernar los asuntos públicos, no es tanto del Gobierno como de la oposición. La mano que mece la cuna es la mano que mueve el mundo. ¿Qué no diremos de la oposición que arrima el hombro o tira del carro, según esté detrás o delante del vehículo? ¿De quién es la culpa de todo? De la oposición, que ni mece la cuna, ni arrima el hombro, ni tira del carro.

El insobornable juez declaraba a la prensa amiga hace tres semanas: «Ahora y así no me puedo ir». Hermosa declaración de principios. «Ahora», dicho el 19 de abril, es un adverbio de tiempo muy preciso: no quiere decir «dentro de tres semanas». «Así» es adverbio de modo que entonces no incluía una plaza en el Tribunal de La Haya. Jacques Vergès definió dos estrategias clásicas de la defensa en los procesos políticos: la de connivencia, de quien acepta las reglas del juego, y la de ruptura, en la que el procesado niega legitimidad a sus juzgadores y aprovecha el juicio como plataforma propagandística. Entre ambas, Garzón ha elegido una intermedia: evitar la suspensión el día 19. No servirá para detener sus procesos, pero a corto plazo fortalece su posición a la sombra internacional del fiscal Moreno Ocampo. De usar este nuevo argumento para negar legitimidad al Tribunal Supremo ya se encargarán sus partidarios.

J. SOCÍAS / J. MANSO / Nairobi / Madrid

«Hace muchos años que vengo pidiéndole que acepte el cargo»

Ocampo dice que las imputaciones del TS no tienen «sustancia»

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, reconoció ayer en Nairobi que «hace muchos años» que lleva «pidiéndole a Garzón que acepte el cargo» de consultor externo en la Fiscalía de La Haya y que ahora, por fin, el juez español «ha aceptado».

«Yo le invité y él ha aceptado», aseguró, y añadió: «Hace muchos años que vengo pidiéndole a Garzón que acepte el cargo». Moreno Ocampo aclaró que el juez acudirá a La Haya para ayudarle en la labor de «revisión del manual de operaciones del tribunal», al que asesorará «en el procesamiento de crímenes masivos». «Tengo el privilegio de poder invitar a la gente con mejor reputación del mundo», explicó.

«El juez Garzón es el juez con más experiencia del mundo en la persecución de crímenes masivos y de Estado», abundó el fiscal, que se encuentra en Nairobi investigando crímenes contra la Humanidad cometidos en el país africano entre diciembre de 2007 y febrero de 2008.

En referencia a la circunstancia de que Garzón esté imputado en tres procedimientos penales ante el Tribunal Supremo, Moreno Ocampo declaró que no aprecia «sustancia en ninguno de los tres casos».

«Es importante que el Tribunal Supremo lo defina bien. Es importante para el juez, y también para España, porque España es seria», aseguró el fiscal jefe de La Haya.

Si hay un adalid en el mundo de la Justicia universal, ése es el juez Baltasar Garzón. Cuando la Corte Penal Internacional apenas había echado a andar, el juez ya había ordenado en 1998 el arresto en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet, reimpulsando así un concepto que llevaba adormecido desde los juicios de Nuremberg y de Tokio, al final de la Segunda Guerra Mundial.

El magistrado ha defendido con ahínco desde entonces la jurisdicción de la Corte en todos los foros internacionales en los que ha participado y en todos sus libros -singularmente en Cuento de Navidad, otro mundo es posible-, y nunca ha ocultado su aspiración de convertirse en fiscal jefe en La Haya.

Los genocidios cometidos durante las guerras en las repúblicas surgidas de la desintegración de Yugoslavia y en Ruanda, en la primera mitad de los años 90, motivaron a Naciones Unidas para impulsar la creación de un tribunal internacional permanente para enjuiciar crímenes de guerra, de genocidio y de lesa humanidad.

La iniciativa cristalizó en 1998. La Conferencia de Embajadores Plenipotenciarios de Naciones Unidas aprobó en Roma el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, pero condicionó su puesta en marcha a que 60 estados miembros ratificasen su contenido, lo que no sucedió hasta julio de 2002. La Corte sólo puede enjuiciar delitos de esa gravísima naturaleza que se hayan cometido después de esa fecha y por nacionales de alguno de los 110 países que han aceptado su jurisdicción. Entre ellos no están Estados Unidos, China, la India, Rusia o Israel. Estos vetos limitan considerablemente su ámbito de actuación, considerando también que la Corte es un tribunal de emergencia: sólo entra en juego si el Estado al que corresponde la jurisdicción renuncia a perseguir los delitos.

En la actualidad, los casos que investiga la Fiscalía de la Corte se limitan al Congo, Uganda, la República Centroafricana y Sudán, y hay diligencias preliminares sobre Colombia, Kenia, Afganistán y Palestina.

ALEJANDRO D. ZAJAC

Un fiscal muy amigo de las cámaras

Luis Moreno Ocampo, el fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI), siempre estuvo ligado a las cámaras. Su popularidad nació en la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires. Años más tarde, era seguido en miles de hogares argentinos a través de su propio programa de televisión.

En el juicio contra las juntas militares de la última dictadura argentina desempeñó el cargo de fiscal adjunto, secundando a Julio César Strassera. Era el año 1985, pleno amanecer de la democracia en el país suramericano. Poco más de una década más tarde presentaba el programa 'Forum: la corte del pueblo' en el canal 13 de su país. Allí dirimía, en calidad de árbitro, cuestiones como peleas de vecinos o pleitos familiares.

Esta faceta laboral de Moreno Ocampo es la única que no está recogida en su currículo, que puede consultarse en la página web de la CPI.

Lo que sí se destaca es su desempeño en procesos llevados contra militares -algunos relacionados con la Guerra de las Malvinas-. También incluye la actividad en su propio bufete, en Transparencia Internacional y otras ONG. Además, se enumeran los libros que ha publicado y su actividad académica.

Al poco tiempo de trasladarse a Holanda, en 2003, hizo pública su intención de sumar a Baltasar Garzón a la CPI. En una entrevista en 'El País' confesó que no pudo «proponerlo como fiscal adjunto». «Pero hablé con él de otras posibilidades», añadió. El pasado año, al ser consultado por el mismo diario acerca de la causa sobre los crímenes del franquismo, afirmó: «El mundo necesita jueces como Garzón, que se enfrenten al poder».

Según declaró el juez ante el Tribunal Supremo, fue el propio Moreno Ocampo quien «hizo la gestión» para su incorporación a la Universidad de Nueva York, donde impartió los cursos financiados por el BSCH.

JOAQUÍN MANSO / Madrid

Garzón acusa a otro juez del TS de 'vulnerar' sus derechos fundamentales

Denuncia el rechazo de su recusación a Varela para poder recurrir al Constitucional

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón presentó ayer ante la Sala Penal del Tribunal Supremo un escrito en el que argumenta que el rechazo de la recusación que planteó contra el instructor Luciano Varela «vulnera derechos fundamentales del imputado». Es decir: de Garzón. Esa denuncia es un requisito para poder presentar un ulterior recurso ante el Tribunal Constitucional basado en ese motivo, en caso de condena.

El magistrado Andrés Martínez Arrieta despachó la recusación de Garzón sin necesidad de tramitarla, devolvió la causa a Varela y sostuvo que el requerimiento del instructor del Supremo a Manos Limpias y Falange para que subsanaran sus escritos de acusación en la causa de los crímenes del franquismo «no son más que manifestación de un deber» y «no objetiviza una pérdida de imparcialidad». Lo que mantenía (y mantiene) el juez imputado es exactamente lo contrario: que Varela actuó de manera parcial y se convirtió en «autor intelectual» de los razonamientos de la acusación.

El escrito del defensor de Garzón, el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, enumera los siguientes derechos que considera vulnerados: a un proceso con todas las garantías, a la igualdad de partes y a un juez imparcial.

Según la denuncia, la recusación planteada por Garzón cumplía con todos los requisitos que exige la ley, lo que, a su juicio, obligaba a Martínez Arrieta a tramitarla para que fuese el Pleno de la Sala Penal el que examinase los argumentos del juez imputado.

«El Pleno de la Sala Segunda se ha visto privado indebidamente del conocimiento y decisión de este incidente. Ello ha privado a nuestro representado de una garantía fundamental, como es la de que su reclamación sea examinada por toda la Sala y no dependa del criterio de un solo magistrado», expone el escrito del defensor de Garzón.

Al no tramitar la recusación, añade Garzón, el Supremo habría renunciado a comprobar aquellos extremos que, en su opinión, «acreditan la pérdida de imparcialidad» de Varela: insiste en que los defectos que el instructor ordenó corregir a las acusaciones no eran simplemente formales, sino que afectaban al fondo de su argumentación, y en que Manos Limpias realizó después un «corta y pega» de la providencia de Varela, que acabó por convertir a éste en el «autor intelectual y voluntario del núcleo central del segundo escrito» de acusación, en el que el sindicato pide 20 años de inhabilitación para Garzón por prevaricación continuada al haber iniciado, sin competencia legal y aplicando retroactivamente normas penales desfavorables, unas diligencias sobre los desaparecidos del franquismo.

«Esta parte está convencida de que, si la recusación hubiera sido analizada en todos sus trámites, sometida a prueba o, simplemente, se hubieran contrastado las resoluciones del magistrado instructor recusado con los escritos de acusación, la resolución de la recusación habría tenido que ser otra», concluye la denuncia de Garzón.

AGUSTÍN YANEL / Madrid

El Congreso pide al Gobierno que asuma la búsqueda de fosas

IU-ICV logra más atención a las víctimas, con el apoyo de todos excepto el PP y UPN

El Congreso de los Diputados acordó ayer, a propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), instar al Gobierno a garantizar que las administraciones públicas se van a responsabilizar de la «localización, exhumación e identificación» de miles de personas que fueron víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y enterradas en fosas comunes.

La decisión no ha sido fácil, porque el Gobierno considera que este asunto quedó resuelto con la Ley de Memoria Histórica. Pero IU-ICV logró un acuerdo con el PSOE y la iniciativa fue aprobada.

La propuesta reconoce expresamente que la legislación española no sólo permite sino que «obliga» a perseguir «los crímenes contra la Humanidad y de genocidio».

En IU-ICV consideran que esta declaración supone un apoyo al juez Garzón, quien ha investigado los crímenes del franquismo y está imputado penalmente por esa y otras actuaciones.

En el mismo acuerdo, el Congreso insta al Gobierno a mejorar la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil, para que no se dedique únicamente a atender y asesorar a las familias sino que también asuma la dirección y coordinación de las políticas públicas relacionadas con la aplicación de esta ley.

Los diputados Gaspar Llamazares y Joan Herrera, de IU-ICV, consideran que el acuerdo aprobado abre la puerta a modificar la Ley de Memoria Histórica. En él se indica que, para garantizar la responsabilidad pública e institucional sobre las fosas, se reformarán las normas que sean necesarias.

En el Gobierno, por el contrario, consideran que no hay que reformar la ley y basta con cambiar la orden que desarrolla la Oficina para las Víctimas y dotarla de más competencias.

IU-ICV iba más allá en su propuesta, pero tuvo que ceder para lograr el acuerdo: renunció a que se cree una fiscalía especial y un alto comisionado para las víctimas, así como a un día anual para conmemorar a los represaliados del franquismo. La propuesta la aprobaron PSOE, IU-ICV, CiU, PNV, ERC, BNG, UPyD y Na-Bai. Votaron en contra el PP y el diputado de UPN, Carlos Salvador.

Jorge Fernández Díaz, del PP, pidió que, en una crisis económica como la actual, se suspendan las ayudas a las asociaciones de víctimas, que han recibido más de 19 millones de euros.